Por: Investigación Especial
19 de mayo de 2025

Fuad Char

La amnesia selectiva del Estado colombiano

En Colombia, hay empresas que nacen dos veces. O al menos, eso es lo que sucede en el papel. Durante 15 años —entre 1979 y 1994— Éticos Serrano Gómez Ltda. operó en una especie de limbo jurídico: existía sin existir realmente. La empresa carecía de personería jurídica plena, lo que en términos prácticos significa que los actos que realizó durante ese período flotaban en un vacío legal, sin soporte jurídico societario.

¿Una pequeña irregularidad administrativa? No según los expertos en derecho mercantil, quienes califican esta situación como una «grave anomalía«. Pero esta historia tiene un giro aún más peculiar: en 1997, como quien inventa un gemelo idéntico, la empresa volvió a «constituirse» en otra Cámara de Comercio, sin cancelar su registro anterior. Una situación que genera «graves dudas jurídicas» y posible «duplicidad o simulación».

Ahora, imagine usted que una entidad con semejante historial registral —que expertos describen como «una situación crítica de riesgo legal, contable y tributario»— recibe un contrato del gobierno colombiano por valor de entre 1.7 billones de pesos. No tiene que imaginarlo, sucedió.

El regalo de despedida: 1.7 billones en 16 días

No hace falta ser un detective para levantar las cejas ante una adjudicación que ocurre exactamente 16 días antes de un cambio de gobierno. El 21 de julio de 2022, cuando ya se sabía que el presidente Iván Duque dejaría su cargo en poco más de dos semanas, su administración firmó un Convenio Marco de Precios para la adquisición de medicamentos destinados a entidades estatales.

Lo curioso no es solo el momento, sino los beneficiarios. Entre ellos, nuestra ya conocida Éticos Serrano Gómez Ltda., vinculada a la familia Char, un clan con considerable poder político en el Atlántico.

«¿Por qué se tomó una decisión de esta magnitud tan cerca del cambio de gobierno?", "¿Por qué a políticos?«, son preguntas que flotan en el ambiente, como el aroma persistente de algo que comienza a descomponerse.

Cuando el vigilante denuncia a quien debía vigilar

La ironía alcanza cotas insospechadas cuando descubrimos que la misma entidad que adjudicó el contrato —Colombia Compra Eficiente (CCE)— en el gobierno de Iván Duque, posteriormente (en el gobierno Petro) denunció formalmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio una presunta colusión entre Éticos Serrano Gómez Ltda. y la Unión Temporal Audidrogas.

Según la denuncia, la estrategia sería digna de un manual de triquiñuelas contractuales: Audidrogas presentaba ofertas, pero luego «desistía» alegando falta de capacidad, lo que resultaba convenientemente en la adjudicación a Éticos Serrano Gómez Ltda. CCE documentó que Audidrogas solicitó no ser adjudicado por «falta de capacidad» en 10 oportunidades desde julio de 2023.

Es como si una tienda anunciara una promoción, pero cuando llegamos a la caja nos dijeran: «Oh, lo sentimos, no tenemos stock. Pero pueden comprar este otro producto (casualmente del mismo dueño) al precio regular«.

El Sistema Silencioso que todos ven pero nadie detiene

¿Cómo es posible que una empresa con un historial registral tan irregular pueda participar en —y ganar— licitaciones multimillonarias del Estado? ¿Por qué las alarmas que debieron sonar ante la primera revisión de antecedentes permanecieron en silencio?

La respuesta yace en lo que podríamos llamar un «Sistema Silencioso»: ese entramado invisible donde los nexos políticos, las omisiones estratégicas y los vacíos legales se entrelazan para sostener un ciclo de contratación que premia no necesariamente a los más capacitados, sino a los mejor conectados.

La Ley 80 de 1993, que establece el estatuto general de contratación estatal en Colombia, contempla causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones. Sin embargo, parece que las irregularidades históricas en el registro mercantil —por sí solas— no constituyen una causal específica que impida la contratación.

Este vacío legal es parte del problema. Pero el verdadero problema es la voluntad política para cerrarlo.

Cuando el país cambia de manos, pero los contratos no

El convenio no solo benefició a empresas con cuestionables historiales y conexiones políticas, sino que también ató las manos del gobierno entrante hasta 2025, limitando su capacidad para contratar con otros proveedores.

Es una jugada que trasciende lo administrativo y entra en lo político: un gobierno saliente asegurando que sus aliados mantengan una tajada significativa del presupuesto público incluso después de su partida.

El presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente el contrato, señalando su momento de adjudicación, los precios y los vínculos políticos de los beneficiarios. Mientras tanto, Éticos Serrano Gómez Ltda. sostiene que participó «de manera objetiva, pública y competitiva", ofreciendo "el mayor descuento y el menor precio«.

La defensa de lo indefendible

«Participamos en el proceso de selección de manera objetiva, pública y competitiva«, argumenta Éticos Serrano Gómez Ltda. en su defensa. «Ofrecimos un mayor descuento y el menor precio«, añaden, como si el mero hecho de ofrecer precios competitivos lavara cualquier otra consideración.

Lo que no mencionan es su peculiar historial registral o la denuncia formal que pesa sobre ellos por presuntas prácticas anticompetitivas. Tampoco abordan el elefante en la habitación: ¿por qué se firmó un contrato de tal magnitud a 16 días de un cambio de gobierno?

La necesidad de un cambio sistémico

El caso de Éticos Serrano Gómez Ltda. no es una anomalía aislada; es un síntoma de un sistema que parece diseñado para permitir exactamente este tipo de situaciones. Un sistema donde:

  1. Las irregularidades históricas de las empresas no son impedimento para acceder a contratos públicos millonarios.
  2. La adjudicación puede ocurrir en momentos políticamente convenientes para quienes ostentan el poder.
  3. Las denuncias de colusión y prácticas anticompetitivas llegan después de que el daño está hecho.
  4. Los vínculos políticos pesan tanto o más que la idoneidad técnica o administrativa.

La radiografía de un sistema enfermo

¿Qué dice de nuestro sistema de contratación estatal que una empresa que operó durante 15 años en un limbo jurídico, que luego se «reinventó» registralmente, y que ahora enfrenta denuncias por presunta colusión, haya sido la elegida para manejar recursos públicos por valor de miles de millones?

Dice que tenemos un problema sistémico que va más allá de este caso particular. Dice que nuestros mecanismos de control están fallando —o peor aún, funcionando exactamente como fueron diseñados para funcionar: protegiendo intereses particulares bajo una fachada de legalidad.

De cara al futuro: ¿Qué debe cambiar?

Para evitar que casos como este sigan repitiéndose, es necesario:

  1. Fortalecer los criterios de elegibilidad: El historial registral, tributario y legal de las empresas debería ser un factor determinante en su habilitación para contratar con el Estado.
  2. Establecer períodos de «enfriamiento»: Limitar la capacidad de gobiernos salientes para firmar contratos de gran magnitud en sus últimos meses.
  3. Transparencia total: Todos los vínculos políticos y empresariales de los participantes en licitaciones deberían ser declarados públicamente.
  4. Mecanismos de revisión independientes: Entidades verdaderamente autónomas que evalúen la idoneidad de los contratistas.

La verdad que nadie quiere ver

La verdadera «bandera de corrupción» no es solo esta contratación específica, sino un sistema que permite —e incluso incentiva— este tipo de prácticas. Un sistema que mira hacia otro lado cuando las empresas tienen historiales irregulares, que permite adjudicaciones apresuradas en momentos políticamente convenientes, y que parece diseñado para beneficiar a quienes tienen las conexiones correctas.

Mientras los ciudadanos comunes cumplen meticulosamente con cada requisito administrativo bajo amenaza de sanciones, algunas empresas parecen operar bajo un conjunto diferente de reglas —o la ausencia de ellas.

Éticos Serrano Gómez Ltda. es solo la punta del iceberg. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ver lo que hay debajo de la superficie?


Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.