La maquinaria invisible
Los engranajes giran silenciosamente. Nadie los ve, pero están ahí. Funcionan con precisión suiza mientras el país entero mira hacia otro lado, distraído por el escándalo de turno. Así opera el «Sistema Silencioso» que conecta los pasillos del Congreso colombiano con algunos de los más notorios narcotraficantes del país. Un sistema tan bien aceitado que durante 20 años permitió que un presunto «narco invisible«, conocido como «Maracuyá«, lavara fortunas incalculables provenientes del tráfico de drogas.
Mientras usted, estimado lector, pensaba que el Congreso de la República se ocupaba de legislar para el bienestar de los colombianos, algunos de sus más poderosos funcionarios hacían malabares con millones de dólares provenientes de los carteles de Medellín, Cali y el norte del Valle. Y todo, por supuesto, bajo la apariencia de la más estricta legalidad.
El arquitecto del poder en las sombras
Emilio Otero Dajud no es un nombre que resuene en la memoria colectiva de los colombianos. Sin embargo, durante una década (2002-2012) fue uno de los hombres más poderosos del Legislativo como secretario del Senado. Un cargo aparentemente administrativo que, en realidad, le otorgaba un control casi absoluto sobre la maquinaria legislativa del país.
«Tuvo la influencia para definir si los proyectos avanzaban o se estancaban«, revelan fuentes del Senado. Era el hombre que «asignaba las oficinas y los carros blindados de los senadores«. Un poder discreto pero incuestionable.
Lo que no sabíamos —hasta ahora— es que ese mismo funcionario, respetado y temido a partes iguales, mantenía negocios millonarios con un hombre apodado «Maracuyá«, un presunto narcotraficante con vínculos con los hermanos Castaño y los carteles más sanguinarios de Colombia.
Una coima de $2.000 millones: el precio de la democracia
El megalote Alcalis de Cartagena, con sus 107 hectáreas estratégicamente ubicadas cerca al puerto de Mamonal, no es solo un pedazo de tierra valorado en $22.000 millones. Es la prueba tangible de cómo funciona la arquitectura de la corrupción en Colombia.
Según la Fiscalía, para adquirirlo fue necesario pagar «coimas por $2.000 millones» a funcionarios de CISA (Central de Inversiones), manipulando así una subasta pública. El dinero sucio se lavaba haciéndolo pasar por una transacción legal con una entidad estatal. La belleza perversa del sistema es que todo lucía impecable en el papel.
Y ahí entra en escena nuestro secretario del Senado. En 2007, adquirió el 21% de este predio por $10.000 millones, en asocio con alias «Poncho Berrío«, mano derecha del paramilitar Vicente Castaño. El poder legislativo, el paramilitarismo y el narcotráfico, todos juntos en un solo negocio inmobiliario.
El triángulo de las Bermudas de la justicia colombiana
La Corte Suprema de Justicia tiene desde enero de 2025 —hace casi cinco meses— el expediente contra «Maracuyá» en sus manos. Y ¿qué ha hecho? Nada relevante. El proceso está paralizado mientras los magistrados deciden un asunto aparentemente trivial: si el juicio debe adelantarse en Bogotá o en otra ciudad.
La lentitud judicial no es casualidad; es parte integral del «Sistema Silencioso«. Mientras los expedientes recorren pasillos, se apilan en escritorios y pasan de mano en mano, los involucrados siguen haciendo negocios, moviendo influencias y, en algunos casos, firmando nuevos contratos con el Estado.
Otero Dajud, por ejemplo, firmó en 2024 dos convenios por $93 millones con el Senado para «apoyar» y brindar su «experiencia«. El mismo Senado que debería estar vigilando que figuras como él no utilicen las instituciones democráticas como fachada para negocios turbios.
La defensa del indefendible
«Es fácil decir que mi defendido es narcotraficante cuando él no se puede defender«, proclama David Albarracín, abogado de «Maracuyá«. Una defensa que suena hueca frente a los testimonios de tres reconocidos narcotraficantes: Juan Carlos Sierra, alias «El Tuso«; Hernando Gómez Bustamante, alias «Rasguño«; y José Bayron Piedrahita, alias «El Árabe«.
Tres hombres que conocen desde adentro el funcionamiento del narcotráfico colombiano y que coinciden en señalar a «Maracuyá» como parte de ese mundo oscuro. Tres testimonios que la justicia parece no tener prisa en considerar.
EL ORIGEN
Los padrinos políticos de Otero Dajud
«Joche» Elías Náder
Fallecido
Ñoño Eías
Condenado
Julio Manzur
Condenado
Zulema Jattin
Condenada
Los políticos de siempre
El poder de Otero Dajud no surgió de la nada. Llegó al Senado desde Sahagún (Córdoba) apadrinado por «Joche» Elías Náder, tío del tristemente célebre «Ñoño» Elías, condenado por recibir sobornos de Odebrecht.
Su carrera continuó bajo la protección de otros políticos cordobeses como Julio Manzur y Zulema Jattin, ambos condenados por vínculos con paramilitares. Y cuando su estrella parecía apagarse en Bogotá tras escándalos de corrupción, sus viejos amigos lo rescataron nombrándolo contralor departamental de Córdoba en 2016.
El mensaje es claro: en Colombia, la corrupción no es un acto aislado; es un sistema de relaciones, favores y complicidades que se extiende por décadas y atraviesa generaciones enteras de políticos.
La fiesta continúa
Mientras «Maracuyá» espera su juicio en la cárcel de Jamundí, el «Sistema Silencioso» sigue funcionando. Los mismos mecanismos, los mismos actores, los mismos resultados. Solo cambian los nombres de los proyectos inmobiliarios, de los testaferros y, ocasionalmente, de los funcionarios públicos involucrados.
El caso Meritage, otro megapredio mencionado en la investigación contra «Maracuyá«, es solo otra pieza de este rompecabezas infinito. Un terreno que perteneció a alias «Perra Loca«, miembro de la Oficina de Envigado, y que ahora está en el centro de disputas legales internacionales.
Cuando contactamos a Otero Dajud para conocer su versión de los hechos, su respuesta fue escueta: «No sé de qué me está hablando«. Una amnesia selectiva que parece endémica entre los funcionarios señalados por corrupción en Colombia.
El verdadero costo para los colombianos
No se trata solo de millones de dólares lavados o de hectáreas de terreno adquiridas ilegalmente. El verdadero costo de este «Sistema Silencioso» es la degradación sistemática de las instituciones democráticas.
Cada vez que un funcionario como Otero Dajud usa su posición para facilitar negocios con narcotraficantes, cada vez que un juez demora inexplicablemente un proceso contra un poderoso, cada vez que un político condenado es reemplazado por su hijo o su primo, el sistema democrático pierde un poco más de legitimidad.
Y mientras tanto, 50 millones de colombianos siguen esperando que esas mismas instituciones resuelvan los problemas más básicos: seguridad, educación, salud. Una espera que parece eterna mientras el «Sistema Silencioso» sigue girando sus engranajes invisibles.
Este reportaje es parte de nuestra serie «Sistema Silencioso», que expone los engranajes invisibles que mantienen la corrupción en funcionamiento en Colombia.
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