No existe en Colombia el registro de que una Asamblea de alguno de los 32 departamentos, o un concejo de cualquiera de los 1.102 municipios haya realizado un debate de moción de censura contra un funcionario corrupto. Solo hasta ahora la Asamblea de Santander ha reaccionado de manera sorpresiva y ha utilizado este mecanismo para dejar sentado su rechazo a la gestión delincuencial de a ex Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación.
Estas corporaciones de elección popular son inútiles, no ejercen la verdadera función de control político, son mediocres en su esencia y se han convertido en los socios de gobernadores y alcaldes para aprovecharse en lo que más puedan del presupuesto público. Para nada les conviene una política anticorrupción y de transparencia.
Por ello, nos hemos asombrados que con 12 votos positivos y dos negativos, la Asamblea de Santander aprobó la moción de censura con la ex Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, Mery Luz Hernández, quien ya había renunciado previamente a su cargo, tras las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación estatal.
El diputado Giovanni Leal, del Partido Verde, uno de los promotores del debate de moción de censura confirmó la decisión de los corporados.
“La secretaria de Cultura estaba en la obligación de asegurar que los contratistas que escogió para ejecutar estos proyectos, elegir las instituciones idóneas y eso fue lo que se vulneró“, señaló.
La Procuraduría también abrió una investigación contra la exsecretaria por estas presuntas irregularidades.
Es esta la primera vez que prospera en una corporación de ese departamento una moción de censura, y tal vez en Colombia.
La moción de censura se contempla en el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política. Este mecanismo se puede aplicar sobre ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por parte del Senado y Cámara de Representantes. Y a secretarios de despacho, por parte de Asambleas y Concejos municipales o distritales.
Dicho recurso se puede solicitar por dos razones: la primera, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo; y la segunda, por desatención a los requerimientos y citaciones de las respectivas corporaciones.
La idea es que haya un debate previo, en el cual el funcionario entregue sus explicaciones de los temas por los que se le pretende censurar y, según la norma, máximo diez días después deberá haber una votación en la que se decide si estos argumentos fueron convincentes y el funcionario puede seguir en su cargo.
Se supone entonces que una moción de censura busca apartar de su cargo al funcionario citado.
Pero, la realidad es que en Colombia este mecanismo nunca ha servido para sacar de sus cargos a funcionarios corruptos, o cuestionados.
En el Congreso por ejemplo, nunca ha prosperado una moción de censura. Sin embargo, sí se utiliza para ejercer presión y obligar a la renuncia del citado, y así ha ocurrido con varios ministros de varios gobiernos, desde que fue establecido este mecanismo.
En el caso de asambleas o concejos, es más incipiente el tema.
De ahí la importancia que reviste lo votado en la asamblea santandereana, a pesar de que la censurada, ya estaba fuera del gabinete.
Las denuncias
En septiembre del 2022, la Secretaría de Cultura departamental Mary Luz Hernández, junto con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social suscribieron el convenio de asociación 4294793 del 28 de septiembre del 2022, entre para apoyar la estrategia memorias históricas de tradición para el departamento, por valor de $2.859 millones. Contrato que tenía que ser ejecutado en tan solo 20 días.
Aunque el convenio se ejecutó, liquidó y canceló en su totalidad en diciembre del año pasado por parte de la administración de Aguilar Hurtado, el diputado de la oposición y precandidato a la Gobernación, Ferley Sierra denunció presuntas irregularidades en la facturación presentada por la Fundación encargada de la ejecución el convenio, inconsistencias que habrían suscitado sobrecostos de hasta el 4.000 por ciento del valor real pagado a varios de los artistas que trabajaron en el polémico contrato.
“Este es el mayor escándalo de corrupción de la administración de Mauricio Aguilar, con firmas adulteradas cobraron facturas por $3 y hasta $4 millones por artista, mientras que a cada artista le pagaron $100 mil pesos. Es un sobrecosto de hasta 4.000 por ciento. El modus operandi era el mismo, buscaban a artistas o artesanos de escasos recursos en las diferentes provincias del departamento y le entregaban $100 mil pesos como incentivo por participar en un evento, por la entrega de ese incentivo les hacían firmar una factura en blanco que posteriormente era llenada por el contratista de la Gobernación encargado de la ejecución del contrato”, advirtió Ferley Sierra.
Es así como Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, denunció haber sido estafada por la administración departamental en un encuentro de artesanos en diciembre del año pasado.
“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos que no me alcanzó ni para el pasaje ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado $4 millones por esa participación. No nos estafen de esa manera, porque nosotros sí trabajamos con las manos”,
Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara.
