El 21 de diciembre de 2015, la entonces alcaldesa de Fundación (Magdalena), Luz Estella Durán Martínez, adjudicó el contrato para la “Adecuación de aulas, comedor, batería sanitaria y área administrativa para la nueva sede del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el sector de los Rosales”, un barrio de estrato 1 de esa población.
Se suponía que este lugar, por cuya construcción se pagaron $611 millones 448 mil pesos, y otros $18 millones de pesos por la interventoría técnica, albergaría a unos 80 menores de 0 a 5 años, de la zona y les iba a ofrecer una mejor calidad de vida con alimentación y cuidados integrales.
Sin embargo, pasados ya cuatro años desde que se adjudicó este contrato, y una administración municipal distinta, más la que acaba de empezar en enero, aún los pequeños están a la espera de pisar el lugar.
Eso sin contar que la pasada administración de la alcaldesa Mallath Martínez, realizó en el 2018, un contrato por $100 millones de pesos para la “Adecuación y mantenimiento de los CDI infantiles La Luz sedes 1 y 2, Los Rosales y La Esperanza”.
Preocupados por la situación y el abandono en que quedó la estructura, lo cual podría calificarse como un lucro cesante, entendido como el no provecho que se la ha debido dar por parte de los beneficiarios de la obra, la comunidad aledaña, acudió a medios de comunicación para exigir explicaciones sobre el tema.
El periodista de esa localidad, Jorge Nieto, conocido como Tachi Nieto se dio a la tarea de indagar a las autoridades locales y a los organismos de control, sobre las razones por las cuales este CDI no está funcionando.
Las respuestas vacías y torpes
A mediados del año pasado envió un derecho de petición al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de operar los CDI.
En su respuesta el ICBF dio las razones por las cuales no ha recibido a satisfacción la estructura por parte de la Alcaldía de Fundación.
Lo primero que advierte el ICBF es que desde el 2017 se realizaron visitas de inspección al CDI. El 27 de mayo la regional Magdalena del Bienestar, hizo una lista con las recomendaciones y adecuaciones que debían hacer para poder recibir la obra. Y se realizaron varias mesas de concertación y seguimiento.
Casi un año después, en marzo del 2018, fue que la Alcaldía, a través de la secretaria de Salud, Educación, Cultura y Deporte, Martha Alarcón Sánchez, en respuesta, envió la información al ICBF donde sustentaba que estaban ya subsanados los reparos.
En mayo, con el propósito de constatar lo documentado, se desplaza al lugar una ingeniera del Bienestar, encontrando que la estructura no tenía rampas de acceso para personas en condición de discapacidad, le faltaba una salida de emergencia en la parte trasera, baterías sanitarias para niños, y la acometida de gas natural para la cocina.
En diciembre nuevamente la administración local vuelve a requerir al Bienestar Familiar, asegurando que ya habían hecho las modificaciones que faltaban.
Se programa nuevamente la visita por parte del Bienestar, la cual solo se hace efectiva el 23 de mayo del 2019, es decir se cumplieron dos años en el mero proceso de verificar si una estructura cumple o no con la normatividad.
En esta última inspección el ICBF determina que las condiciones de la cocina, no cumplen con lo exigido para la atención de primera infancia y que “es deber de la entidad velar por la integridad y los derechos de los niños (…) por lo tanto sería un acto de irresponsabilidad de nuestra parte, recibir una infraestructura, que no cuenta con los espacios necesarios y exigidos por los lineamientos de la atención de la primera infancia”.
Dado que esta información le fue suministrada a Tachi Nieto en diciembre del 2019, luego de interponer un derecho de petición, el comunicador entabló una queja en enero de este año ante la Contraloría del General del Departamento del Magdalena, pidiendo su intervención en el caso, en virtud a las respuestas donde Alcaldía aduce el no recibo de la infraestructura por parte del Bienestar y éste a su vez, alega lo ya explicado.
Pero en respuesta el ente fiscalizador le informa que “no procede aperturar denuncia de carácter fiscal, por los hechos informados sobre el CDI Los Rosales (Fundación) porque el ICBF está a la espera de que el área de cocina está apta para la manipulación y preparación de alimentos, dado que no cumple con las medidas establecidas para esta actividad y que la institución debe salvaguardar los derechos de los niños (…) y no plasma con claridad un daño patrimonial al Estado en los términos en que regulan la norma”. Y añade que en cambio “se da traslado a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe el atraso por no prestar el servicio correspondiente en el CDI Los Rosales y la responsabilidad de los funcionarios competentes”.
Dos años infelices
En síntesis, la alcaldía demoró dos años para finalizar la obra y el Bienestar Familiar ha durado otros dos para verificar si la edificación está en condiciones o no de recibir a los menores. ¿Podría haber mayor negligencia e indolencia por parte del Estado, bien del nivel territorial o local para con los 80 niños que esperaban beneficiarse con este CDI?
No se compadece lo que hoy viven estos menores ni la espera a que han sido sometidos, cuando según la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal, que acaba de revelar el departamento Nacional de Estadísticas (DANE), evidenció que los pobladores de Fundación padecen una pobreza entre el 50’1 y 75%, y por lo tanto sin el acompañamiento real y efectivo del Estado difícilmente la superarán.
