Tras lograr un cuestionado acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el excongresista Otto Bula solo pagará la mitad de la pena que le iba a aplicar, es decir, 5 años y 5 meses de cárcel, por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
El fallo fue proferido por el el juez 15 de conocimiento de Bogotá, luego de que el ente acusador ya no lo señalara de autor, sino de cómplice de los mencionados delitos. Además lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 82 meses y le negó la casa por cárcel, como lo había solicitado Bula.
El excongresista, que reconoció su participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht, también debe pagar $6.600 millones de pesos para reparar las víctimas, según se indicó en medios de comunicación.
No obstante, también se supo que la Procuraduría apeló la decisión del juez por lo que el fallo final quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá.
Otto Bula fue capturado en 2017 por los sobornos que recibió de la corrupta constructora brasileña, y así se convirtió en testigo clave para revelar detalles de las maniobras que se utilizaron en para mover dinero corrupto.
El preacuerdo con la Fiscalía se había logrado desde el año pasado, conforme lo había revelado la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo.
En ese preacuerdo además de conseguir la rebaja de la pena a la mitad, se le permite pagar la multa en cómodas cuotas. La Fiscalía terminó por aceptar un polémico lote en Montería, que para expertos avaluadores vale más de $5.000 millones de pesos, pero para otros es un predio que se inunda y que tiene poco futuro.
El lote se recibirá por $3.000 millones de pesos y el resto de la deuda será diferida a 36 meses. La defensa logró estos beneficios para Bula, un poderoso ganadero de Sahagún que se abrió paso en los círculos de poder al lado de su socio político Mario Uribe.
Lo curioso del caso y del arreglo hecho con la Fiscalía, es que ahora lo considere cómplice y no autor de los hechos relacionados de corrupción, cuando él mismo terminó confesando que estuvo detrás de la aprobación, a punta de coimas, del contrato de la Ruta del Sol II, de la adición de la vía Ocaña-Gamarra y hasta del contrato de estabilidad jurídica que los brasileños obtuvieron pagando sobornos.
Será ahora el Tribunal Superior de Bogotá quien decida si se mantiene o no el fallo del Juez.
