Publicidad

Esos pedidos extracontractuales de aumento de los costos de construcción del nuevo puente sobre el río Magdalena fueron pronosticados desde el mismo preciso momento en que se le otorgó el contrato de construcción a la empresa española SACYR, dada su metodología probada en diversos antecedentes, entre ellos el muy sonado pleito por las obras del nuevo canal de Panamá. Fueron desoídas bajo el invalido pretexto de los contratantes (Invías, Vicepresidencia de Colombia, Ministerio de Obras) que los hispanos presentaron la propuesta de menores costos los que siempre, invariablemente; merced a argucias jurídicas, terminan siendo la de mayores costos.

En Corrupción al Día hay ocho reportajes en diversas fechas en donde se alertaban sobre paros en las obras, problemas de diseño, traslados presupuestales, cronograma con retrasos, el silencio displicente de los interventores, la carencia de presupuesto en su etapa final cubierto en el gobierno de Iván Duque con $150.000 millones más que sumados a los $650.000 millones iniciales pactados en el contrato llegaron a la suma de $800.000.

Subió el presupuesto como se ve. Así que no fue la más barata ni cumplidora ya que las obras tuvieron un retraso en su entrega de 19 meses. Casi dos años, pues el pacto del contrato figuraba con entrega en mayo del 2018 y los actos de puesta en servicio ocurrieron el 19 de diciembre de 2019.

Hasta este momento todo parecía normal en su anormalidad de desarrollo contractual de obras públicas, hasta que en enero de 2020, un mes después de la entrega del puente, se conoció que SACYR reclamaba por una vía no pactada inicialmente en el contrato (Tribunal de arbitramento), la suma de $200.000 millones lo que elevaría los costos de la obra a un billón de pesos.

Germán Vargas Lleras, fue uno de los impulsores más importantes del nuevo puente Pumarejo. Pareciera que él lo sabe todo.

La cláusula modificatoria no pactada fue denunciada en una columna del diario El Tiempo por Germán Vargas Lleras, uno de los protagonistas, desde el sector público, de la construcción del nuevo puente. Rememoramos que esta obra apareció en acto de magia, sin haberla pedido en paro, protestas, comisiones, juntas por parte de las llamadas “fuerzas cívicas” de los barranquilleros. Se informó que el nuevo puente era obsoleto y era necesario uno nuevo con especificaciones técnicas nuevas generosas y altura conveniente para el paso de embarcaciones río arriba.

Publicidad ver mapa

Vargas estuvo en todos esos procesos señalando incluso, cuando hubo amenazas de paralizar la obra y era todavía Vicepresidente, que, solucionado el impasse, SCYR no tendría ninguna excusa para la feliz culminación. Pero los españoles las tuvieron. Ya fuera del gobierno, Vargas LLeras, en acto de su campaña presidencial, se contradijo en Barranquilla sobre su anterior parte de tranquilidad contractual y financiera de la obra, lanzando la voz de alerta sobre un faltante de $100.000 millones que fueron precisamente los que sacó el presidente Duque mágicamente y con los cuales se pudo entregar la obra.

Para decirlo en palabras sencillas, a Vargas, que conoce perfectamente por dónde le entra el agua al coco en las lides de construcción del proyecto del nuevo puente, le pareció un negociado oscuro que el actual director del Invías, Juan Esteban Gil, hubiese acordado con SACYR acudir a un mecanismo contractual que no estaba pactado para cubrir un faltante de la constructora española calculado en $200.000 millones que pueden convertirse en un poco menos o quizás en mucho más.

Gil, que de gil no tiene nada, aduce que este tipo de mecanismo de solución de conflictos contractuales en obras públicas llamado Tribunal de Arbitramento se ha usado en otras obras tales como el proyecto Cruce de la Cordillera contrato #3460 del 24 de diciembre de 2008, al cual se le adicionó el 9 de agosto de 2012, la inclusión de este mecanismo de arbitramento. Otro contrato similar en el sentido de acudir a la instancia de una clausula arbitral fue el # 1883 del 23 de diciembre del 2014, proyecto Terminación del túnel piloto de La Línea. Dos años después, el 9 de diciembre del 2016 se firmó la modificación de este para incluir cláusula de tribunal, la cual inicialmente no estaba prevista.

Tiene razón el director del Invías Gil en su argumentación, arrostrándole además a Vargas Lleras que tales hechos contractuales sucedieron durante el período de tiempo en que controló las obras públicas del país, pues en proyectos de estas dimensiones hay múltiples variables durante su construcción que modifican los términos, objeto y montos pactados inicialmente.

En donde se equivoca Gil es que estos procesos sucedieron durante la construcción de la obra y no después, tras su entrega formal, tal como sucede con la reclamación extemporánea de SACYR con el nuevo puente sobre el Magdalena. Así que la rabieta de Vargas Lleras parece justificada pues a los constructores se les entregó, sin necesidad de acudir a tribunales de arbitramento, más recursos y resulta inaceptable que ahora pidan más.

Gil se confunde y aduce, en una entrevista que “aunque se agotaron los mecanismos establecidos en el contrato, como es el arreglo directo para solucionar tales divergencias que en consideración del contratista merecían un reconocimiento económico, estas, a pesar de haber sido negadas en su momento, fueron revisadas nuevamente a solicitud del consorcio en el 2019”.

¿En donde se agotó el arreglo directo? Tras culminarse las mesas de arreglo directo —que entre otras cosas fueron convenientemente escondidas en los pliegos contractuales— se emitió por parte del Invías el 30 de agosto de 2019 su posición a la que SACYR, en aras de no armar más escándalos a los cuestionamientos desde diversos frentes sobre la calidad, costos y retraso de la obra, creyó conveniente guardar prudente silencio. Solo en noviembre del 2019 la empresa constructora con Carlos Rosado a la cabeza (ya contamos que fue director de Invías y estuvo en diversas etapas desde el gobierno en la estructuración del proyecto), solicitó formalmente la inclusión de una clausula compromisoria para resolver los problemas ante un tribunal de arbitramento. A escaso mes de entrega de la obra, como quien dice, aunque las controversias provenían desde el año 2017.

Convocado el Tribunal de Arbitramento tras la extemporánea solicitud extracontractual de SACYR y “aceptada” por Invías, el desenlace parece también previsible aunque a las argumentaciones de la litis acudirán la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa del Estado.

SACYR conoce bien estos vericuetos y se encuentra asesorada al respecto. Cualquier decisión que se adopte dentro del marco de deliberaciones del tribunal, es ganancia neta. Para el estado, para los ciudadanos que pagan estas obras con sus impuestos, será un nuevo raponazo a sus bolsillos dentro de los esquemas tan conocidos de corrupción dentro de las grandes empresas de ingeniería, cuyos abogados son más importantes que sus calculistas. Por eso le salen tan mal las obras y tan buenos los contratos.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.