Por fin la Procuraduría atiende las denuncias sobre el saqueo al Hospital San Rafael de Fundación: formuló cargos a exgerente

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Diana Esther Celedón Sánchez por fraccionar contratos con Sode Ingeniería SAS. Cada dato del pliego estaba publicado en este portal desde octubre de 2024.

El esquema es tan simple que cabe en una servilleta. Un hospital público necesita reparar y adecuar su planta física. La ley exige que una necesidad de ese tamaño se atienda con una convocatoria pública, donde varias empresas compiten y la entidad escoge la mejor oferta. La gerente encargada hizo otra cosa: partió la necesidad en pedazos, cada pedazo quedó por debajo del umbral que obliga a licitar, y cada pedazo fue a parar a la misma empresa por contratación directa.

La Procuraduría lo describe con precisión notarial. Dos contratos de obra por 580 millones de pesos cada uno, firmados en enero y abril de 2023, con objetos similares para la reparación y adecuación del hospital. El Ministerio Público concluyó que esa duplicación permitió fraccionar una necesidad contractual que podía ser atendida mediante un solo proceso. A eso se suman dos contratos de prestación de servicios de mantenimiento por 220 y 330 millones de pesos, con el mismo contratista, y con un detalle que desarma cualquier explicación técnica: el segundo se firmó mientras el primero todavía se ejecutaba. Nadie contrata dos veces el mismo mantenimiento del mismo edificio en la misma fecha salvo que el objetivo no sea el mantenimiento.

Porque claro, dos contratos idénticos de 580 millones suenan mucho mejor que un contrato de 1.160 millones con licitación abierta. La coincidencia de los montos es la firma del método. Cuando una necesidad real se cotiza, los valores salen distintos porque las obras son distintas. Cuando la cifra se fija primero y el objeto se redacta después, los valores salen calcados.

Lo que la Procuraduría llama fraccionamiento, este portal lo llamó en 2024 corrupción a la vista. La diferencia entre los dos nombres es el tiempo que tarda el Estado en escribir lo que cualquier ciudadano puede leer en el Secop.

Diana Esther Celedón Sánchez ocupaba dos sillas a la vez. Era gerente encargada del Hospital San Rafael y secretaria de Salud del Magdalena. La primera silla firma los contratos; la segunda vigila a quien los firma. Cuando la misma persona ocupa ambas, la vigilancia se convierte en un espejo. Corrupción al Día señaló esa doble condición en 2024 como el corazón del problema, y documentó además que la funcionaria ya arrastraba una investigación por la contratación de un falso médico intensivista en plena pandemia, sin consecuencias visibles. Su nombre siguió apareciendo en nuevos nombramientos bajo la administración del gobernador Carlos Caicedo, un respaldo que este portal describió sin eufemismos.

SODE Ingeniería S.A.S., con NIT 900989084-8 y domicilio en Barranquilla, es la contraparte. Según la denuncia de 2024, su objeto social se limitaba a terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, sin experiencia acreditada en infraestructura hospitalaria y sin inscripción en el Registro Único de Proponentes. Una empresa que no aparece en el RUP no puede competir en una licitación pública. Por eso la contratación directa no fue un atajo administrativo: fue la única puerta por la que esa empresa podía entrar.

La Procuraduría formuló cargos por cuatro contratos que suman 1.710 millones de pesos. Corrupción al Día contó cinco por 2.110 millones, incluido uno de noviembre de 2022. La diferencia de 400 millones no es un error de nadie: el Ministerio Público acota su pliego a las conductas de 2023 que puede probar con mayor solidez, y deja abierta la pregunta sobre el primer contrato. Esa pregunta sigue vigente en este portal.

Conviene decirlo con claridad jurídica: un pliego de cargos no es una sanción. La señora Celedón conserva la presunción de inocencia y tendrá la oportunidad de presentar descargos. Lo que el pliego confirma es que la Procuraduría, después de revisar las pruebas, encontró mérito para acusar por la falta más grave del catálogo disciplinario y con la modalidad más severa de culpabilidad, el dolo. Eso significa que el Ministerio Público no ve descuido; ve intención.

Fundación tiene unos 60 mil habitantes y el Hospital San Rafael es la puerta de entrada a la salud pública de ese municipio y de los corregimientos de la zona bananera que dependen de él. Los 1.710 millones de pesos que la Procuraduría pone bajo sospecha equivalen a 1.710.000 pesos por cada una de mil familias de Fundación. Es el dinero de la sala de urgencias, de los baños que funcionan, de las paredes sin humedad donde se atiende a un recién nacido o a un anciano con presión alta.

El daño de un contrato fraccionado no se mide solo en pesos. Cuando la empresa que repara un hospital no tiene experiencia en hospitales, la obra sale con las reglas de un edificio cualquiera y no con las de un lugar donde la ventilación, los acabados lavables y las redes de gases medicinales son cuestión de vida. Cuando se paga dos veces el mismo mantenimiento, una de las dos veces no se hizo o las dos se hicieron a medias. Y cuando la gerente es a la vez la secretaria de Salud, ningún paciente tiene ante quién quejarse.

La próxima vez que un habitante de Fundación espere seis horas en urgencias en una silla plástica, bajo un techo que gotea, conviene recordar que 580 millones de pesos se firmaron dos veces con el mismo objeto y con la misma empresa. El costo de oportunidad tiene rostro: es cada procedimiento que no se hizo con ese dinero.

La pregunta incómoda no es por qué la Procuraduría formuló cargos. Es por qué tardó 23 meses en hacerlo cuando toda la evidencia era pública desde 2024, y por qué tuvo que ser un portal ciudadano el que la ordenara primero. El Secop está abierto para cualquiera. El RUP se consulta en línea. Las fechas de los contratos estaban a la vista. La única pieza que faltaba era alguien con la voluntad de juntar las piezas y publicarlas con nombre propio.

Ese es el ciclo secreto de la corrupción municipal en Colombia. La entidad contrata a dedo. Los órganos de control reciben la información pero no la leen hasta que la presión pública se los exige. La funcionaria cambia de cargo, recibe respaldo político y el caso envejece. Cuando por fin llega el pliego, la administración que la nombró ya terminó su periodo y la responsabilidad política se diluyó. El tiempo no es un accidente del sistema; es su mejor aliado.

Corrupción al Día rompió ese ciclo en un punto preciso: el de la documentación. Nuestra metodología no consiste en gritar más fuerte, sino en leer el Secop con lupa, cruzar el NIT con el RUP, comparar objetos contractuales y fechas, y publicar antes de que el expediente se enfríe. El pliego de la Procuraduría reproduce esa misma lógica: contratos con objetos similares, montos calcados, un contratista único y un segundo contrato firmado durante la ejecución del primero. Lo que cambió no fue la evidencia. Cambió el sello institucional que la acompaña.

Y aquí aparece la puerta transparente. La vigilancia ciudadana no reemplaza a la Procuraduría, pero la obliga a llegar. Cada denuncia documentada es una carga de prueba puesta sobre la mesa del Estado, y el Estado, tarde o temprano, tiene que responder por lo que ya no puede decir que no sabía. En Fundación respondió a los 23 meses. La próxima vez, con más ciudadanos leyendo el Secop, la respuesta tendría que llegar antes de que los contratos se paguen, no después.