Radiografía de dos años de gobierno en el municipio donde el río es la única carretera: la plata llegó como nunca antes, la deuda se apagó, pero el agua sigue acarreándose a lomo de mula y la guerra decidió quedarse.
Por Hipólito Palencia — corrupcionaldia.com
Apertura
Nos encontramos en el municipio de Bajo Baudó, cuya cabecera municipal es Pizarro, en el suroccidente del departamento del Chocó, donde el río Baudó se abre como una vena ancha hacia el Pacífico y donde —lo diremos tantas veces como haga falta— no hay una sola carretera que conecte a la cabecera con el interior del país. Vamos a auscultar la gestión municipal de Bajo Baudó, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Faustino Murillo Ramírez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una radiografía profunda —una radiografía de las que duelen— construida con los datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) del Ministerio de Hacienda, del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I y II), del Índice de Desempeño Institucional (IDI-FURAG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Sistema General de Regalías (SGR), de TerriData del DNP, de los reportes humanitarios de OCHA y de la prensa local y nacional que ha documentado, entre confinamientos, paros armados y sequías, el sentir de una comunidad que lleva décadas esperando que el Estado llegue más allá del casco urbano de Pizarro.
La pregunta no es si el alcalde Murillo Ramírez robó o no robó. La pregunta es otra, más incómoda y más útil: ¿qué hace un municipio que recibió, en dos años, más de $141.500 millones de pesos entre presupuesto ordinario y regalías, cuando el 99,66 % de sus habitantes se autorreconoce como étnico, cuando siete de cada diez pesos que entran vienen de Bogotá y cuando, en abril de 2025, casi 6.000 personas tuvieron que esconderse del fuego cruzado entre el Ejército y grupos armados en los ríos Docampadó, Hijua y Orpua? Los números —esos testigos mudos que nunca mienten— cuentan una historia más compleja de lo que cualquier titular permite. Y la calificación final, lo veremos, no perdona pero tampoco castiga sin pruebas: 6,00 sobre 10. Regular. VIGILAR.
Este artículo se publica en corrupcionaldia.com, con la metodología que nos ha hecho referentes: más allá de los titulares, la corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Cada cifra aquí consignada tiene fuente verificable. Cada afirmación se respalda con documentos oficiales. Cada silencio —los hay, y son reveladores— se interpreta con la única herramienta que un periodista de investigación puede usar sin caer en la calumnia: la pregunta retórica y la cita de los hechos.
El municipio y el hombre que gobierna entre ríos
Bajo Baudó es la primera mano que estrecha al viajero que sube en lancha desde la desembocadura del Baudó en el Pacífico. Son 3.630 km² de selva húmeda atravesada por ríos que funcionan como calles, como mercado, como funeral y como notaría. Según las fichas de TerriData del DNP, el municipio tenía 33.930 habitantes proyectados para 2024, categorizado en la sexta categoría de la Ley 617 de 2000 —la más baja de la escala fiscal—, y una condición demográfica que lo define todo: el 99,66 % de su población se reconoce como étnica, mayoritariamente afrodescendiente, con comunidades indígenas wounaan y embera asentadas a lo largo de los ríos Docampadó, Purricha, Chintadó, Boca de Pepé y Togoromá, entre otros.
Hace parte de la Subregión del Baudó junto con Alto y Medio Baudó. Y aquí una precisión que importa para el lector: Bajo Baudó no es municipio PDET. Quedó por fuera de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial creados por el Acuerdo de Paz y la Ley 1885 de 2018 —las subregiones PDET del Chocó son Pacífico Medio y Pacífico Sur-Frontera Nariño-Putumayo—. Por tanto, no recibe los giros y las ventanillas especiales de los PDET. Su plata tiene tres fuentes: las transferencias del Sistema General de Participaciones y del sector salud, las regalías del Sistema General de Regalías —de las cuales ha sido uno de los municipios chocoanos mejor servidos en algunos años— y un recaudo propio modesto pero no despreciable para su tamaño.
Faustino Murillo Ramírez llegó a la alcaldía el 1 de enero de 2024 por el Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, en un territorio donde las estructuras armadas ilegales —ELN, Autodefensas Gaitanistas y disidencias— disputan desde hace años cada tramo de río. Su programa de gobierno, adoptado como Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 bajo el nombre «Unidos por el Cambio, y la Paz Política de Bajo Baudó» —sancionado por el Concejo en el primer semestre de 2024 y publicado en el portal oficial del municipio—, se ancla precisamente en esa palabra: paz. Paz política, paz territorial, paz de la vida cotidiana.
El alcalde, hijo de Sivirú, un corregimiento ribereño del municipio, se ha caracterizado por una presencia pública activa: rendición de cuentas pública en enero de 2025 por la vigencia 2024, presencia permanente en redes sociales oficiales, denuncias públicas ante medios nacionales —en febrero de 2025 declaró a un medio regional que «somos más víctimas del Estado que de los grupos ilegales armados«, y en abril de 2026 denunció en La FM los enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN en su jurisdicción—. Es, en términos periodísticos, un alcalde visible. La pregunta forense que este artículo responde es si esa visibilidad se tradujo en gestión medible.
Metodología: cómo calificamos la gestión municipal
Este artículo aplica la metodología de calificación de corrupcionaldia.com, una escala de 0 a 10 construida como promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. La escala no es absoluta: un 7,0 en Bajo Baudó no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. La metodología es pública, replicable y transparente: cualquier lector con acceso a las fuentes oficiales citadas puede verificar cada cifra.
Tabla 1. Escala de calificación corrupcionaldia.com
| Rango | Calificación | Indicador | Interpretación |
|---|---|---|---|
| 0,0 — 2,9 | PÉSIMO | 🔴 CRÍTICO | Gestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión |
| 3,0 — 4,9 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE | Gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa |
| 5,0 — 6,9 | Regular | 🟡 VIGILAR | Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0 — 8,4 | Bueno | 🟢 BIEN | Gestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos |
| 8,5 — 10,0 | Excelente | 🟢 BIEN | Gestión sobresaliente; referente regional o nacional |
Fuente: corrupcionaldia.com — Metodología de calificación.
Tabla 2. Componentes y pesos de la calificación
| Componente | Peso | Descripción |
|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25 % | Índice de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20 % | Ejecución de ingresos y gastos del presupuesto municipal (CHIP) |
| Avance Plan de Desarrollo | 20 % | Progreso en las metas y compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 |
| Transparencia SECOP | 15 % | Transparencia en la contratación pública y modalidades utilizadas |
| Cumplimiento ODS | 10 % | Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| Percepción ciudadana | 10 % | Percepción inferida de redes sociales, prensa local y participación |
Fuente: corrupcionaldia.com — Componentes y pesos de calificación.
La regla del Prevaricato por Omisión. La metodología contempla una regla crítica: si la calificación final es igual o inferior a 6,9 (Regular o peor), se desarrolla un análisis jurídico completo del delito de Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal Colombiano), examinando si hubo omisión dolosa de deberes funcionales, abuso de autoridad o favorecimiento ilícito. Si la calificación es igual o superior a 7,0 (Bueno o mejor), el análisis penal se omite como cuestión de lógica metodológica.
Spoiler necesario: la calificación final de Bajo Baudó en este informe es 6,00/10 — Regular. El análisis del prevaricato, por tanto, se desarrolla en la sección undécima de este artículo. Adelante.
Componente 1 (25 %): FURAG — el termómetro de la Función Pública
El Índice de Desempeño Institucional (IDI) del FURAG es uno de los instrumentos más objetivos para medir la calidad de la máquina administrativa municipal: evalúa planeación, gestión presupuestal y financiera, talento humano, servicios al ciudadano, transparencia y control. En los resultados de la vigencia 2025 publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública —un consolidado de 1.102 alcaldías—, la Alcaldía de Bajo Baudó obtuvo un IDI de 77,85 puntos sobre 100.
¿Qué significa esa cifra? Vamos por partes, porque el diablo está en los comparativos:
Tabla 3. Bajo Baudó en el mapa del desempeño institucional (FURAG 2025)
| Referente | IDI | Posición de Bajo Baudó |
|---|---|---|
| Mediana nacional de alcaldías | 71,27 | Por encima de 741 municipios (67,2 % del país) |
| Promedio nacional | 70,19 | +7,66 puntos sobre el promedio |
| Mediana del Grupo 5 FURAG (317 municipios comparables) | 68,52 | Puesto 82 de 317 |
| Ranking departamental del Chocó (30 alcaldías) | — | Puesto 17 de 30 |
| Mejor del Chocó: Bahía Solano | 96,59 | −18,74 puntos |
| Peor del Chocó: Unguía | 53,34 | +24,51 puntos |
Fuente: Función Pública, Resultados FURAG vigencia 2025 (reporte del 17 de junio de 2026). Elaboración propia.
Gráfica 8. FURAG 2025: Bajo Baudó está por encima del promedio nacional, pero a media tabla en el Chocó.
La lectura honesta tiene tres capas. Primera: contra el país, Bajo Baudó rinde por encima de la media. En un departamento que suele copar el fondo de los rankings —13 municipios chocoanos están por debajo de él en este grupo—, un 77,85 es una señal de que la maquinaria administrativa responde, reporta y cumple los mínimos de la Función Pública. Segunda: contra su propio departamento, el municipio está a media tabla: dieciséis alcaldías chocoanas lo superan, desde la isla-bahía de Solano hasta municipios tan golpeados por el conflicto como Bojayá o Medio Atrato. Tercera, y es la que más le debe doler al alcalde: el FURAG mide la calidad del aparato, no la del alma. Un IDI de 77,85 convive perfectamente con comunidades confinadas, con niños sin clase y con agua acarreada en canoas, porque el índice premia que los formatos lleguen a tiempo, no que la vida mejore.
Puntaje del componente: 7,50/10 — conversión directa del IDI (77,85/10 = 7,79) con un ajuste contextual de −0,29 por su posición de media tabla departamental y porque el indicador no captura resultados territoriales en un municipio bajo confinamiento.
Componente 2 (20 %): CUIPO — la ejecución presupuestal, línea por línea
Aquí empieza la carne del análisis forense. Analizamos los 30 reportes que la Alcaldía envió al CHIP del Ministerio de Hacienda: ejecución de ingresos y gastos del presupuesto ordinario (CUIPO) de 2024, 2025 y lo corrido de 2026, deuda pública, renta pignorada, vigencias futuras y el circuito completo de regalías.
El salto del 28,8 %: de dónde salió la plata
En 2024, el municipio recaudó $54.096,5 millones. En 2025, $69.680,0 millones: un crecimiento del 28,8 % en un solo año, para un municipio de categoría sexta y 33.930 habitantes. En términos per cápita, la alcaldía administró en 2025 unos $2.054.000 por habitante, una cifra que se explica en parte porque por su presupuesto pasan los recursos de salud que luego se transfieren a las EPS del régimen subsidiado.
Tabla 4. Ingresos recaudados del presupuesto ordinario (CUIPO-CHIP), millones de pesos
| Concepto | 2024 | 2025 | Variación | 2026 (a junio) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos tributarios (propios) | 10.721,3 | 12.563,9 | +17,2 % | 1.703,7 |
| No tributarios propios (contribuciones, monopolios, tasas) | 1.433,0 | 569,0 | −60,3 % | 404,3 |
| Transferencias corrientes de la Nación (SGP, salud, FONPET) | 40.931,5 | 47.763,4 | +16,7 % | 25.409,5 |
| Recursos de capital, balance y superávit fiscal | 1.011,0 | 8.783,8 | +768,7 % | 8.105,1 |
| TOTAL RECAUDADO | 54.096,5 | 69.680,0 | +28,8 % | 35.622,6 |
Fuente: CHIP — CUIPO, formulario B de ejecución de ingresos. 2024 con corte a diciembre; 2025 con corte a diciembre; 2026 a junio. Las cifras incluyen recaudos de vigencias anteriores recargados.
Gráfica 1. ¿De dónde sale la plata de Bajo Baudó? La dependencia de las transferencias nacionales es estructural.
Detrás del salto hay cuatro motores que el forense no puede obviar. Primero, el recaudo tributario propio creció un 17,2 %, impulsado por los impuestos indirectos —industria y comercio, avisos y tableros, registro— que pasaron de $1.657,5 a $3.285,4 millones (+98,2 %): señal de fiscalización activa o de actualización de cartera, en ambos casos una práctica saludable. Segundo, los recursos de capital se multiplicaron: las transferencias de capital de otras entidades del Estado pasaron de $66,2 a $1.506,2 millones, lo que indica que la Nación y el departamento canalizaron proyectos directamente por la alcaldía. Tercero, las estampillas recaudadas se duplicaron ($921,0 a $1.927,3 millones). Y cuarto —atención, porque aquí hay una bomba de tiempo fiscal—, el municipio empezó a gastarse sus ahorros: los «recursos del balance» o superávit fiscal utilizados pasaron de $830,3 millones en 2024 a $3.880,9 millones en 2025, y a junio de 2026 ya habían sido consumidos $7.428,5 millones. La alcaldía de Bajo Baudó está viviendo, en parte, de la plata que no gastó antes.
También hay una caída que merece interrogatorio: la contribución sobre contratos de obra pública —el porcentaje que se cobra sobre cada obra que se ejecuta en el municipio— se desplomó de $1.192,1 a $299,9 millones (−74,8 %). La lectura directa: en 2024 hubo obras grandes de terceros (la Nación, el departamento, proyectistas externos) gravadas con la contribución; en 2025, mucho menos movimiento de obra nueva. ¿Menos inversión de terceros en el territorio? ¿Obreros y contratistas esperando giros? Los datos del SGR, más adelante, alimentan esa sospecha.
La dependencia: siete de cada diez pesos vienen de Bogotá
El CUIPO permite calcular con precisión quirúrgica la dependencia fiscal. En 2024, las transferencias corrientes de la Nación representaron el 75,7 % de lo recaudado; los ingresos propios (tributarios más no tributarios) apenas el 22,5 %. En 2025 la dependencia se moderó al 68,5 %, no por un salto del recaudo propio —que creció, pero menos que el resto— sino por la avalancha de recursos de capital y de superávit gastado.
Tabla 5. ¿Qué tanto se sostiene solo Bajo Baudó?
| Indicador de autonomía | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos propios / ingresos totales | 22,5 % | 18,8 % |
| Transferencias Nación / ingresos totales | 75,7 % | 68,5 % |
| Ingresos propios / gasto de funcionamiento (regla de oro) | 3,24 veces | 2,48 veces |
| Recaudo propio por habitante | $358.100 | $387.000 |
Fuente: elaboración propia a partir de CHIP-CUIPO. Población de referencia: 33.930 hab. (TerriData-DNP 2024).
La «regla de oro» de las finanzas territoriales —que el recaudo propio cubra el funcionamiento— sí se cumple con holgura: por cada peso de nómina y administración entraron $2,48 de recaudo propio en 2025. El problema no es que la alcaldía no pague sus sueldos con plata propia; es que todo lo demás —cada obra, cada bodega de salud, cada programa social— depende de que Bogotá gire. Para bajar la dependencia al 60 % manteniendo las transferencias constantes, el recaudo propio tendría que multiplicarse 2,4 veces, hasta cerca de $31.900 millones. Ese es, en números, el tamaño del esfuerzo pendiente.
A dónde fue la plata: inversión del 90 %, pero con matices
En 2024, de $44.616,4 millones de obligaciones, el 90,7 % fue inversión ($40.460,1 millones), el 8,4 % funcionamiento ($3.748,7 millones) y el 0,9 % servicio de la deuda ($407,6 millones). En 2025, de $57.629,2 millones obligados, la inversión siguió en 90,8 % ($52.327,6 millones), el funcionamiento subió a 9,2 % ($5.301,5 millones) y el servicio de la deuda desapareció del presupuesto. Ejecución de pagos: $43.551,7 millones (2024) y $56.056,1 millones (2025), equivalentes al 80,5 % y 80,4 % de lo recaudado: un municipio que gasta ocho de cada diez pesos que entran, con caja holgada al cierre de ambos años.
Gráfica 2. El circuito completo del presupuesto ordinario 2024-2026.
Gráfica 3. Nueve de cada diez pesos van a inversión, pero el gasto de deuda desapareció en 2025.
Tres hallazgos forenses dentro de esa «inversión» del 90 %:
Primero: el 40 % de la inversión es salud, plata que transita. El producto «servicio de atención en salud a la población» sumó $21.037,2 millones en 2024 y $21.751,9 millones en 2025 —ejecutados al 100 %, convenio tras convenio con las EPS del régimen subsidiado—. Es plata que la Nación envía con nombre y apellido y que la alcaldía gira: la ejecuta de impecable, pero no es mérito de gestión discrecional. La inversión real, decidida por el alcalde, fue de unos $19.400 millones en 2024 y $30.600 millones en 2025. Aún así, cifras enormes para un municipio de 34 mil habitantes.
Segundo: la nómina de planta creció 70 % en el segundo año. Los gastos de personal pasaron de $1.246,2 millones en 2024 a $2.123,9 millones en 2025 (+70,4 %), elevando el funcionamiento total un 41,4 % en un solo año. Nada ilícito hay de entrada en fortalecer la planta —un municipio con FURAG alto necesita talento—, pero el momento y el ritmo exigen explicación pública: ¿qué cargos se crearon, con qué estudios técnicos y soportando qué nuevas funciones? El Concejo de Bajo Baudó debería pedir el detalle, línea por línea.
Tercero: $9.108 millones en «servicio de asistencia técnica» en dos años. Es el tercer mayor concepto de gasto del bienio: $3.601,1 millones en 2024 y $5.506,9 millones en 2025. La «asistencia técnica» es la categoría MGA donde duermen las consultorías, interventorías y estudios. En un municipio sin carreteras, ¿qué tallos de asistencia técnica requieren casi $10.000 millones? ¿Interventoría de qué obras? ¿Estudios de qué proyectos? El CHIP registra el producto, no los contratistas; el SECOP, que analizamos más adelante, debería poder responder. Si no puede, hay un problema de trazabilidad que la Contraloría debe mirar de frente.
Tabla 6. Los diez mayores destinos de gasto del presupuesto 2025 (producto MGA, millones de pesos)
| Producto de inversión/funcionamiento | Obligado | Pagado |
|---|---|---|
| Atención en salud a la población | 21.751,9 | 21.751,9 |
| Sin producto MGA asociado (administración y varios) | 5.980,6 | 5.551,9 |
| Servicio de asistencia técnica | 5.506,9 | 5.380,0 |
| Atención y protección integral al adulto mayor | 2.456,8 | 2.455,9 |
| Vía terciaria mejorada | 2.257,0 | 2.257,0 |
| Acueductos optimizados | 2.238,9 | 2.079,0 |
| Servicio educativo (gratuidad y calidad) | 1.918,7 | 1.914,8 |
| Educación informal en temas de salud pública | 1.741,1 | 1.741,1 |
| Apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 1.044,8 | 1.044,8 |
| Subsidios al consumo de servicios públicos domiciliarios | 1.010,0 | 863,8 |
Fuente: CHIP — CUIPO 2025, formulario D, ejecución de gastos, sección administración central.
Deuda pública y vigencias futuras: la cancelación silenciosa del crédito FINTE
El archivo de deuda pública del CHIP cuenta una historia de dieciséis años que termina en 2025 con un «cero» que nadie anunció en actos públicos. El único crédito del municipio es el contrato FINTE-Findeter de noviembre de 2010, por $2.912,3 millones desembolsados, reestructurado en agosto de 2014, indexado a IPC más 7 puntos, con plazo de 168 meses, para el financiamiento de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, con renta garantía pignorada sobre el 40 % de las transferencias del SGP de agua potable. Es decir: durante más de una década, cuatro de cada diez pesos que la Nación giraba para el agua de Bajo Baudó se los llevaba primero Findeter.
Tabla 7. La deuda pública de Bajo Baudó, según el FUT-CHIP (millones de pesos)
| Concepto | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial de la deuda | 1.152,8 | 910,1 |
| Intereses pagados en la vigencia | 164,9 | 28,9 |
| Amortizaciones pagadas en la vigencia | 242,7 | 910,1 |
| Saldo al cierre | 910,1 | 0,0 |
| Rubro de servicio de la deuda en el CUIPO | 407,6 | No existe |
| Créditos nuevos suscritos | 0 | 0 |
| Vigencias futuras autorizadas (FUT) | $0 | $0 |
Fuente: CHIP — FUT Deuda Pública 2024 y 2025 (créditos, créditos por sector, renta pignorada) y FUT Vigencias Futuras (autorizaciones).
Gráfica 5. La deuda de Findeter por el acueducto quedó a cero: ¿la pagó el municipio o la descontaron en la fuente?
Dos lecturas. La positiva: el municipio cerró 2025 sin deuda pública, algo que pocos municipios chocoanos pueden decir, y sin solicitar ni un peso en vigencias futuras. La incómoda: en 2025 el pago de $939,0 millones (amortización total más intereses) no aparece en ninguna línea del presupuesto ordinario —no existe el rubro 2.2 de servicio de la deuda en el CUIPO de ese año, y una búsqueda línea por línea en los formularios no lo encuentra—. La explicación más plausible es técnica: la cuota se descontó directamente en la fuente, sobre el giro del SGP de agua, antes de que entrara a la alcaldía (para eso existe la pignoración). Pero entre «explicación plausible» y «documento público que lo acredite» hay una distancia que en corrupcionaldia.com nos gusta medir. La Secretaría de Hacienda debería publicar el extracto de la cancelación. ¿Cuánta plata del SGP-Agua de 2025 se fue en saldar esa deuda? Si el descuento fue en fuente, el municipio recaudó ese año $7.597,4 millones del SGP de agua ya descontada la cuota. La plata del agua de la gente sirvió, al final, para pagar el agua que nunca llegó completa.
Y sobre las vigencias futuras: cero en 2024 y cero en 2025. Para un municipio que necesita obras plurianuales —acueductos regionales, muelles, vías de dos años—, la ausencia total de autorizaciones de vigencias futuras revela que la administración no está amarrando la continuidad de sus proyectos más allá del cuatrienio, o que simplemente no tiene proyectos lo suficientemente grandes como para necesitarlos. Ninguna de las dos hipótesis es halagadora.
Sistema General de Regalías: del viento del 2024 al goteo del 2025
Aquí el forense se detiene, porque el caso de Bajo Baudó es atípico y revelador. Primero: los recursos del SGR no atraviesan el presupuesto ordinario municipal —el CUIPO no registra ni un peso de «rentas de regalías directas»—: entran y salen por el circuito especial del Sistema, como manda la Ley 2056 de 2020. Segundo: el municipio no es PDET y no recibe giros de ese programa, pero sí ha sido usuario intensivo de las asignaciones de inversión local, regional (Región Pacífico/AIRON) y ambiental.
En 2024, el municipio recibió $15.423,9 millones en giros del SGR —$12.423,7 millones de asignación para la inversión local, $2.992,7 millones de la asignación regional de la Región Pacífico para el proyecto de obras de protección del malecón (BPIN 2017000030043, aprobado hace casi una década), $7,5 millones de asignaciones directas y $1.257,3 millones de la ambiental— y obligó $13.049,3 millones: 84,6 % de ejecución. Fue el gran año: la plaza de mercado de Pizarro, los centros de acopio, la vía terciaria, los muelles fluviales avanzaron con plata fresca.
En 2025, el viento se acabó: los giros cayeron a $2.378,5 millones (−84,6 %) y el municipio solo obligó $254,1 millones: el 10,7 % de lo recibido. A junio de 2026, sin un peso adicional girado, la ejecución acumulada apenas llega a $416,1 millones (17,5 %). Dicho en criollo: de cada $100 de regalías que llegaron en 2025, $89 siguen parados.
Tabla 8. Los proyectos SGR de Bajo Baudó y su ejecución (BPIN, millones de pesos)
| Proyecto (producto MGA) | BPIN | Asignación | Ejecutado 2024 | Ejecutado 2025 | Acumulado a jun-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de la plaza de mercado de Pizarro | 2021270770053 | Inversión local | 2.361,9 | 154,7 | 2.833,3 |
| Centros de acopio construidos | 2022270770006 | Inversión local | 3.461,8 | 47,2 | 3.509,0 |
| Vía terciaria construida | 2023270770003 | Inversión local | 2.150,4 | 0,0 | 2.150,4 |
| Muelle fluvial construido | 2022270770002 | Inversión local | 1.309,6 | 6,0 | 1.315,5 |
| Obras de protección del malecón (Región Pacífico) | 2017000030043 | Inversión regional | 1.743,1 | 0,0 | 1.743,1 |
| Muelle fluvial construido | 2022270770003 | Inversión local | 812,7 | 0,0 | 812,7 |
| Recuperación y protección de ecosistemas | 2022270770001 / 2023270770002 | Ambiental | 1.209,8 | 46,3 | 1.256,1 |
| TOTAL | 13.049,3 | 254,1 | 416,1 (2026) |
Fuente: CHIP — SGR, ejecución de gastos 2024, 2025 y 2026. La columna 2026 corresponde a obligaciones adicionales reportadas a junio.
Gráfica 4. En 2024 llegaron $15.424 millones; en 2025, $2.379 millones y solo se gastó el 10,7 %.
El patrón es el clásico de las regalías en el Pacífico: un boca a boca de aprobaciones viejas —el proyecto del malecón es de 2017, los de la plaza y los muelles de 2021-2022— que se ejecutan a tirones cuando llega el giro, sin pipeline nuevo visible en el reporte. Cuando los proyectos aprobados se acabaron, los giros se acabaron. La pregunta que la alcaldía debe responder ante los OCAD y ante la comunidad: ¿qué proyectos nuevos de regalías presentó la administración en 2025-2026 para reponer el portafolio? Porque un municipio que deja de recargar el tanque de regalías no está perdiendo plata: está perdiendo su único motor de inversión grande.
Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo y los cinco problemas de la gente
El Plan de Desarrollo «Unidos por el Cambio, y la Paz Política de Bajo Baudó» 2024-2027 —aprobado por el Concejo Municipal y publicado en el portal único de la alcaldía en julio de 2024— pone en su propio título la palabra que más le duele al territorio: paz. Su arquitectura programática gira alrededor del cambio social y la paz política que el Pacto Histórico llevó a la Presidencia, y en un territorio 99,66 % étnico, ribereño y sitiado por actores armados, eso se traduce en cuatro frentes operativos que se leen tanto en el plan como en la ejecución presupuestal: agua y saneamiento para las comunidades; vías y conectividad fluvial; salud y educación con enfoque étnico; y protección de la vida frente al conflicto.
Pero el «sentir de la gente» no se lee solo en los documentos oficiales. Se lee en la Evaluación a Prioridades Comunitarias (EPC) que el Equipo Humanitario País de OCHA publicó el 12 de junio de 2025 sobre Bajo Baudó, y en la cadena de alertas de la Defensoría del Pueblo, Noticias Caracol y El Tiempo que documentaron el confinamiento de 5.974 personas (1.393 familias) de 26 comunidades afrodescendientes e indígenas de los ríos Docampadó, Hijua y Orpua desde el 23 de abril de 2025, y el paro armado del ELN de marzo de 2026 que dejó más de 6.800 personas encerradas, escuelas cerradas y comunidades sin agua ni comida. Con ese cruce —plan oficial contra prioridades documentadas— calificamos los cinco indicadores de gestión vinculados a los cinco problemas que más le preocupan a las comunidades y en los que el alcalde puso su firma.
Gráfica 7. Los cinco problemas de la gente, calificados: promedio 5,2/10.
Indicador 1 — Agua potable y saneamiento: 5,0/10. La promesa que se bebe a cuentagotas
El deber-ser: con el crédito FINTE de 2010 la alcaldía se comprometió hace quince años a financiar infraestructura de acueducto; el SGP de agua le transfirió en el bienio $12.106,8 millones ($4.509,4 millones en 2024 y $7.597,4 millones en 2025). El ser: la ejecución presupuestal del sector mejoró visiblemente —los «acueductos optimizados» pasaron de $226,9 millones obligados en 2024 a $2.238,9 millones en 2025, se presupuestaron $500 millones en acueductos nuevos, $445,4 millones en alcantarillados y se duplicaron los subsidios al consumo ($742,5 a $1.010,0 millones)— y la alcaldía reportó avances en obras de acueducto comunitario durante 2025. Pero el día después: en marzo de 2026, la prensa nacional documentó que en Pizarro «conseguir agua es una tarea diaria», con familias que la acarrean en canoa y bidones mientras proyectos de acueducto «siguen sin terminarse», y la sequía convirtió la cabecera en un catre de enfermedades. Además, una parte de esa plata del agua de 2025 se fue, descontada en fuente, en pagar el crédito FINTE del agua de hace quince años. Ejecutar el rubro no es lo mismo que abrir la llave. La deuda está saldada; la deuda con la gente, no.
Indicador 2 — Vialidad y conectividad: 6,0/10. Invertir en ríos cuando no hay carreteras
En un municipio sin carreteras hacia afuera, la conectividad es fluvial, y ahí la administración invirtió con decisión: $5.220,5 millones en vías terciarias mejoradas entre 2024 y 2025, $1.084,5 millones en vías urbanas de Pizarro, más de $1.000 millones en estudios de preinversión de la red vial regional —$568,2 millones en 2025 y $520,9 millones adicionales—, y con plata de regalías la vía terciaria del proyecto BPIN 2023 ($2.150,4 millones), dos muelles fluviales ($2.128,2 millones entre los proyectos BPIN 2022) y las obras de protección del malecón de Pizarro ($1.743,1 millones, proyecto AIRON de la Región Pacífico). En SECOP quedó registrada además la contratación del mejoramiento y mantenimiento de la vía Pizarro-Piliza por $899,9 millones. Es el componente más consistente del bienio: plata ejecutada, obras verificables, preinversión para el futuro. Lo que falta es la prueba de durabilidad: el mantenimiento periódico en ríos que crecen cada invierno es una carrera contra la corriente, y los estudios de preinversión, si no se convierten en proyectos bancables ante la Nación, terminan siendo papel costoso.
Indicador 3 — Salud y acceso a la atención: 6,0/10. La plata gira, el confinamiento impide
El presupuesto de salud —$22.700,5 millones recaudados y $21.751,9 millones pagados en 2025 en atención a la población— es el bloque más grande y más puntual del municipio: giró al 100 %, sin traslados ni rezagos visibles en los reportes CHIP, complementado con $1.741,1 millones en educación informal en salud pública (2025) y la atención especializada en comisarías de familia ($469,7 millones en 2025). En junio de 2026, Pizarro fue sede del encuentro departamental de salud mental, señal de agenda activa. Pero el acceso real se mide en las comunidades, y ahí la EPC de OCHA del 12 de junio de 2025 describe la trampa: actividades académicas suspendidas por presencia de actores armados, riesgos de reclutamiento, salud mental desbordada, comunidades pidiendo «ser escuchadas y acompañadas». La máquina presupuestal de la salud funciona; el territorio, cuando se enciende la guerra, no deja pasar ni lanchas ni pacientes. Un 6,0 que reconoce la disciplina financiera y castiga la indefensión territorial.
Indicador 4 — Educación y alimentación escolar: 6,0/10. Gratuidad que crece, aulas que se cierran por la guerra
El bienio muestra un esfuerzo educativo measurable: la gratuidad educativa pasó de $360,1 a $1.902,6 millones (+428 %), la alimentación escolar se sostuvo en torno a $1.000 millones anuales ($946,3 y $1.044,8 millones), el transporte escolar se aumentó de $450,7 a $550,0 millones, y la infraestructura educativa —construcción, dotación y mejoramiento— sumó cerca de $1.000 millones en 2025, además de $380,3 millones en 2024 en servicio educativo. El síntoma incómodo: las mismas fuentes humanitarias documentan la suspensión reiterada de clases en los ríos del sur como medida de autoprotección, y la propia EPC recomienda capacitar docentes en comportamientos seguros y formar Agentes Educativos Comunitarios, señal de que la educación en Bajo Baudó se administra también bajo fuego. El alcalde prometió cambio; las escuelas recibieron plata y paros armados.
Indicador 5 — Seguridad, conflicto armado y protección de la vida: 3,0/10. El tablero que nadie controla
Aquí la calificación se desploma, y conviene decir con precisión qué le corresponde a quien. La seguridad ciudadana y el confrontamiento armado son, por mandato constitucional, responsabilidad de la Nación: la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y la inteligencia estatal. Un alcalde de municipio sexta categoría no tiene policía suficiente, ni tropas, ni potestad de negociar la paz. Pero sí tiene deberes: activar la gestión del riesgo de desastres —la UNGRD visitó Pizarro en diciembre de 2024 por la emergencia de erosión e inundaciones—, sostener la protección de menores desde el nivel municipal ($160 millones en 2024 y más de $650 millones en gestión de oferta social para población vulnerable en 2025), fortalecer las comisarías de familia, y alzar la voz con evidencia. El alcalde la alzó —»somos más víctimas del Estado que de los grupos ilegales» (febrero de 2025); denuncia pública de enfrentamientos (abril de 2026)—, y aun así, entre abril de 2025 y marzo de 2026 el municipio vivió confinamientos sucesivos de casi 6.000 y luego más de 6.800 personas, desplazamientos de comunidades indígenas y un paro armado que paralizó el sur. La suma municipal de convivencia y seguridad ($284,7 millones en 2024; $639,9 millones en 2025) es una gota frente al desborde. El resultado para la gente: 3,0/10. No porque el alcalde disparara, sino porque en su terreno, en sus dos primeros años, la vida siguió valiendo menos que el miedo.
Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública (SECOP)
La contratación de la Alcaldía de Bajo Baudó está registrada en los portales SECOP I y II, y las consultas públicas permiten verificar procesos recientes: el mejoramiento y mantenimiento de la vía Pizarro-Piliza ($899,9 millones), los procesos de contratación directa del cuatrienio y la administración delegada de recursos del SGR reportada en 2026. En el universo revisado para este informe no aparecen, a la fecha, contratos de la alcaldía denunciados públicamente por irregularidades ni procesos disciplinarios contratistas notificados en prensa. Eso, que parece poco, en el Chocó es una anomalía positiva.
Ahora, las advertencias del forense. Primera: en municipios de sexta categoría, la contratación directa es la regla —por cuantía y por ley—, y Bajo Baudó no es la excepción: la modalidad minora la competencia y concentra el mercado en proveedores locales que saben navegar la burocracia. Segunda: el monto opaco de $9.108 millones en «asistencia técnica» y otros $5.980,6 millones de 2025 en rubros sin producto MGA asociado son los dos agujeros de trazabilidad del bienio: el CHIP dice «qué» se compró (servicios técnicos) pero no «a quién» ni «para qué obra»; eso solo lo puede responder el SECOP con los contratos nominales, y ese cruce —nombre de contratista contra nombre de familia política— es la verificación ciudadana que le recomendamos a las veedurías de Pizarro. Tercera: la gobernación del Chocó administra proyectos en el territorio —la vía de conexión regional y los proyectos de red hospitalaria anunciados para la subregión en 2026— cuya ejecución no depende de la alcaldía pero sí afecta su balance político; el cruce de contratación departamental con municipios es una tarea que este portal ha hecho en otros casos y que seguiremos siguiendo.
Puntaje del componente: 5,50/10 — registro vigente y sin banderas rojas públicas, pero con opacidad de fondo en los grandes rubros de servicios y una dependencia estructural de la contratación directa.
Componente 5 (10 %): cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Con la lupa de los ODS, el bienio deja avances y deudas bien tipificados:
- ODS 3 (Salud y bienestar): avance en gestión. El 100 % del presupuesto de salud girado y la agenda de salud mental posicionada. La contracara es la cobertura real bajo confinamiento.
- ODS 6 (Agua y saneamiento): deuda estructural. Más de $12.000 millones de SGP de agua en dos años y una cabecera donde el agua sigue acarreada en época de sequía. El ODS 6 no se cumple con giro presupuestal sino con llaves abiertas.
- ODS 4 (Educación de calidad): esfuerzo creciente. Gratuidad cuadruplicada, PAE estable, transporte e infraestructura en aumento; parálisis recurrente por violencia.
- ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 13 (Acción por el clima): parcial. Viviendas mejoradas ($360-398 millones por año), muelles, malecón y respuesta a emergencias ($470,0 millones en 2025) frente a una erosión fluvial que la UNGRD tuvo que venir a mirar en diciembre de 2024.
- ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): el gran déficit. El FURAG da fe de instituciones que reportan; los confinamientos dan fe de instituciones que no protegen.
- ODS 1 y 2 (Pobreza y hambre cero): en riesgo. Adulto mayor con el segundo mayor rubro social ($2.456,8 millones en 2025), alimentación escolar estable, pero la economía de los ríos —pesca, plátano, coco— quedó rehén de los paros armados.
Puntaje del componente: 5,00/10 — inversión social real y verificable, coartada territorial para los ODS 6 y 16.
Componente 6 (10 %): percepción ciudadana — el sentir de la gente
La percepción en Bajo Baudó se construye en canoa, en los grupos de WhatsApp de los ríos y en las redes de la alcaldía, que son notablemente activas: rendición de cuentas pública de la vigencia 2024 convocada en enero de 2025, publicaciones permanentes de obras —acueductos, vías, la plaza de mercado—, participación en escenarios departamentales de salud y del Paro Cívico del Chocó, gestos institucionales con municipios hermanos. La comunidad de Sivirú, tierra natal del alcalde, lo celebra como hijo pródigo. En paralelo, las voces críticas documentadas son de otro calibre: comunidades confinadas que denuncian abandono, líderes que piden presencia estatal, la declaración del propio alcalde reconociendo que su gente es «más víctima del Estado que de los grupos ilegales» —una confesión institucional de impotencia que, viniendo de la primera autoridad municipal, es también una autocrítica—.
Tabla 9. Termómetro de percepción documentada del bienio
| Señal | Fecha | Fuente |
|---|---|---|
| Rendición de cuentas 2024 convocada públicamente | enero 2025 | Alcaldía de Bajo Baudó (redes oficiales) |
| «Somos más víctimas del Estado que de los grupos ilegales» | febrero 2025 | YC Noticia / declaraciones del alcalde |
| Confinamiento de 5.974 personas en 26 comunidades | abril-junio 2025 | OCHA, EPC Bajo Baudó |
| UNGRD visita Pizarro por emergencia de erosión | diciembre 2024 | UNGRD |
| Paro armado del ELN: +6.800 confinados, comunidades sin agua ni comida | marzo 2026 | Noticias Caracol, Defensoría, El Tiempo |
| Sequía en Pizarro: «conseguir agua es una tarea diaria» | marzo 2026 | Noticias Caracol |
Fuente: registro propio de fuentes públicas.
Puntaje del componente: 5,00/10 — una administración visible y comunicadora, una población que la ve trabajar y que al mismo tiempo sigue viendo llegar la guerra primero que el Estado.
Radar integral: la calificación final ponderada
Con los seis componentes evaluados, aplicamos la fórmula de calificación ponderada de corrupcionaldia.com.
Gráfica 6. Radar integral de calificación — los 6 componentes de la gestión Murillo Ramírez 2024-2025. Final: 6,00/10 → REGULAR (VIGILAR).
Tabla 10. Calificación final ponderada de la gestión municipal de Bajo Baudó 2024-2025
| Componente | Peso | Puntaje | Ponderado |
|---|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25 % | 7,50 | 1,8750 |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20 % | 6,50 | 1,3000 |
| Avance Plan de Desarrollo | 20 % | 5,00 | 1,0000 |
| Transparencia SECOP | 15 % | 5,50 | 0,8250 |
| Cumplimiento ODS | 10 % | 5,00 | 0,5000 |
| Percepción ciudadana | 10 % | 5,00 | 0,5000 |
| CALIFICACIÓN FINAL | 100 % | 6,00 / 10 |
Fuente: elaboración propia con metodología corrupcionaldia.com.
Cálculo detallado
La fórmula es: Calificación final = Σ (puntaje componente × peso).
Calificación final = (7,50 × 0,25) + (6,50 × 0,20) + (5,00 × 0,20) + (5,50 × 0,15) + (5,00 × 0,10) + (5,00 × 0,10) = 1,8750 + 1,3000 + 1,0000 + 0,8250 + 0,5000 + 0,5000 = 6,00 / 10.
Ubicación en la escala: Regular (VIGILAR) 🟡. La calificación queda 1,0 puntos por debajo del umbral de «Bueno» (7,0) y 3,0 por encima de la zona «Mediocre». La distancia hasta el aprobado no está en la maquinaria administrativa —que rinde— sino en tres esquinas del tablero: la planeación plurianual inexistente, la opacidad de los grandes rubros de servicios y el terreno de guerra donde la inversión municipal se disuelve sin tocar la vida cotidiana. La nota activa la regla del Prevaricato por Omisión, que desarrollamos a continuación.
Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Art. 414 CP)
La calificación final de 6,00/10 — Regular activa la regla metodológica de corrupcionaldia.com: el análisis jurídico del delito de Prevaricato por Omisión, tipificado en el Artículo 414 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000). Este análisis no acusa: examina. No condena: indaga. No es un requerimiento fiscal: es un ejercicio periodístico de verificación de los deberes funcionales del alcalde.
Tipificación legal del Prevaricato por Omisión
El Artículo 414 del Código Penal establece: «El servidor público que omita, retarde o rehúse la realización de un acto propio de sus funciones, será acusado penalmente con pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de trece punto treinta y tres (13,33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses, si por razón de su conducta se causare daño o lesión a la administración pública o a un particular».
Para que se configure el delito deben concurrir los siguientes elementos:
Tabla 11. Elementos del tipo penal del Prevaricato por Omisión aplicados al caso Bajo Baudó
| Elemento | Descripción | Verificación en Bajo Baudó |
|---|---|---|
| Conducta omisiva de un acto propio de funciones | Deberes del alcalde en garantía de servicios públicos mínimos, planeación plurianual y gestión de recursos del SGR | Documentada en tres frentes: agua potable, vigencias futuras cero y ejecución del 10,7 % de regalías 2025 |
| Antijuridicidad | Daño o lesión a la administración o a un particular | Daño potencial documentado: sequía crítica en Pizarro (mar-2026), proyectos de acueducto sin terminar, confinamientos con suspensión de servicios |
| Culpabilidad | Dolo (conocimiento y voluntad) o culpa grave | No acreditada en fuentes públicas; la administración ejecutó los rubros y denunció públicamente las carencias del Estado central |
| Relación causal | Vínculo entre omisión y daño | Parcial: el confinamiento tiene autores armados y Responsabilidad nacional primaria; la lentitud de obras sí es gestionable desde la alcaldía |
Fuente: elaboración propia sobre el Art. 414 CP. Este análisis no constituye acusación penal.
Omisiones documentadas que merecen examen jurídico detallado
Omisión 1: la garantía del derecho al agua potable. Entre 2024 y 2025 el municipio recibió $12.106,8 millones del SGP de agua potable —además de pagar quince años de cuotas del crédito FINTE contraído precisamente para esa infraestructura—, y sin embargo la prensa nacional documentó en marzo de 2026 que en Pizarro conseguir agua «es una tarea diaria», con proyectos de acueducto sin terminar. La Constitución (arts. 365 y 366), la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1575 de 2007 ponen en cabeza del municipio la prestación y supervisión del servicio. Si se demostrara que la administración conocía el colapso y omitió los actos a su alcance —interventoría de las obras, ejecución del rubro, gestión ante Findeter y el Ministerio—, la omisión tendría los primeros dos elementos del tipo penal. Lo que hoy no está documentado públicamente es el dolo; lo que sí está documentado es el derecho de la gente incumplido.
Omisión 2: cero planeación plurianual. Dos años seguidos sin autorizar ni un peso en vigencias futuras —$0 en 2024, $0 en 2025, según el FUT-CHIP—, en un municipio que necesita obras de dos o tres años. La Ley 152 de 1994 y el propio Plan de Desarrollo exigen amarrar la continuidad de las obras estratégicas más allá del cuatrienio. No configura delito por sí misma, pero sí es la omisión de planeación estratégica que deja a las comunidades con obras a medio caminar cuando cambia el ritmo de los giros —exactamente lo que pasó con las regalías en 2025—.
Omisión 3: la ejecución paralizada de las regalías. En 2025 el municipio recibió $2.378,5 millones del SGR y solo obligó el 10,7 % ($254,1 millones). La Ley 2056 de 2020 impone a los entes territoriales el deber de gestionar, tramitar y ejecutar oportunamente los recursos del Sistema. Un 89 % de plata de regalías parada, con proyectos que arrastran BPIN de 2017, 2021 y 2022, es la fotografía exacta de un deber funcional ejercido a media máquina. Si esa parálisis respondiera a una decisión deliberada de dejar girar la plata sin ejecutarla —para reintegrarla, resignarla o moverla de destino—, el cuadro jurídico cambiaría de naturaleza. Hoy es, ante todo, una alerta de control fiscal que la Contraloría General debería priorizar.
Omisión 4: la trazabilidad de los grandes rubros de servicios. $9.108 millones en «asistencia técnica» y $5.980,6 millones sin producto MGA asociado en 2025 no configuran por sí mismos irregularidad: configuran opacidad. La Ley 1712 de 2014 de transparencia y el deber de publicidad activa obligan a que el ciudadano pueda saber quién recibió esa plata y para qué. Si las veedurías no pueden cruzar gasto con contrato, la omisión es de publicidad, y la publicidad es, en la arquitectura jurídica colombiana, el derecho donde descansan todos los demás controles ciudadanos.
Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito
En las fuentes públicas revisadas para este informe no encontramos indicios de favorecimiento ilícito a contratistas determinados, tráfico de influencias ni enriquecimiento asociado a la gestión del alcalde Murillo Ramírez. Sí registramos, en sentido contrario, prácticas de rendición de cuentas y denuncia pública. Sería periodísticamente deshonesto estirar la tela jurídica donde no hay trama. Lo que hay —y es mucho— es una gestión que ejecuta bien lo administrable y tolera mal lo decisivo.
Conclusión del análisis jurídico
Los elementos objetivos del Artículo 414 están parcialmente documentados —hay deberes funcionales incumplidos en agua, planeación y regalías, con daño potencial a particulares—, pero el elemento subjetivo (dolo o culpa grave) no tiene hoy soporte público suficiente, y la responsabilidad primaria de la crisis de seguridad y humanitaria excede con creces la órbita municipal. Nuestra conclusión periodística: no podemos sostener que la gestión de Murillo Ramírez sea criminal; sí podemos sostener que contiene omisiones graves y verificables que, de no corregirse en el segundo bienio, preparan las condiciones para que lo sean. La palabra que corresponde no es «delictuosa»; es «inconclusa». Y en los territorios donde la plata corre más rápido que el río, lo inconcluso siempre acaba pagándolo la comunidad.
Conclusiones: Bajo Baudó, la verdad diseccionada
Nos encontramos al final del recorrido forense. Hemos auscultado las finanzas del municipio a través del CUIPO-CHIP, hemos examinado la deuda pública y las vigencias futuras del FUT, hemos cruzado la información de regalías del SGR, hemos calificado el desempeño institucional FURAG, hemos revisado la contratación SECOP, hemos evaluado el cumplimiento ODS y hemos registrado el sentir de la comunidad en informes humanitarios y titulares de prensa. La calificación final es: 6,00 sobre 10. Regular. VIGILAR.
Lo que la administración Murillo Ramírez hizo bien
El balance no es enteramente negativo, y decirlo es parte del rigor. Cuatro logros merecen reconocimiento honesto: (1) la cancelación total de la deuda pública: el crédito FINTE-Findeter de 2010 —la pignoración del 40 % del SGP de agua que asfixiaba la caja— quedó en cero al cierre de 2025, y el municipio no contrató un peso nuevo de deuda; (2) el crecimiento del recaudo con fiscalización: +28,8 % de ingresos en un año, con impuestos indirectos duplicados y una «regla de oro» holgada (el recaudo propio cubre 2,5 veces el funcionamiento); (3) el desempeño institucional FURAG de 77,85, por encima del promedio nacional y de 741 alcaldías del país, en un departamento que suele copar el fondo de los rankings; (4) la inversión territorial grande y verificable: plaza de mercado, centros de acopio, muelles, malecón, vías terciarias, gratuidad educativa cuadruplicada, adulto mayor con el segundo mayor rubro social, y nueve de cada diez pesos del presupuesto en inversión. En un municipio sexta categoría del Chocó, esto no es poca cosa.
Lo que la administración Murillo Ramírez no hizo o hizo mal
El saldo pendiente es, sin embargo, más profundo que los aciertos. No garantizó el agua: $12.106,8 millones de SGP-Agua en dos años y una cabecera que en sequía sigue comprando agua en canoa, con proyectos sin terminar y quince años de crédito acueductero ya pagados. No planeó a futuro: cero vigencias futuras en dos años, portafolio de regalías sin recarga (en 2025 llegó el 15 % de lo que llegó en 2024) y la inversión grande condenada a acabarse cuando se acaben los proyectos aprobados hace una década. No blindó la trazabilidad: $9.108 millones en «asistencia técnica» y $5.980,6 millones sin producto asociado que el CHIP no puede explicar y el SECOP debe nombrar. Dejó crecer la nómina un 70 % en el segundo año sin explicación pública visible. Y no pudo —nadie puede solo— detener la guerra: 5.974 confinados en 2025, más de 6.800 en 2026, escuelas cerradas, salud mental desbordada; un municipio que el Estado nacional protege con la misma intensidad con la que le transfiere plata: mucho giro, poca presencia.
La calificación final y su adjetivación
6,00 / 10 — REGULAR (VIGILAR) 🟡. Una gestión que en lo administrativo merece el aprobado y en lo territorial no lo merece. Que canceló la deuda con Findeter y sigue debiéndole agua a Pizarro. Que cuadruplicó la gratuidad educativa y no pudo evitar que las clases se suspendieran por miedo. Que ejecuta el 90 % de un presupuesto de $57.629 millones mientras 26 comunidades del sur esperan corredores humanitarios. La metodología no mide intenciones: mide resultados. Y el resultado del bienio 2024-2025 en Bajo Baudó es una administración competente atrapada —no eximida— por un territorio que el país entero ha decidido administrar a distancia.
6,00 / 10 REGULAR — VIGILAR
Cierre periodístico: la pregunta que queda
En Bajo Baudó la plata llegó como nunca: $141.579 millones entre presupuesto ordinario y regalías en dos años, un récord para un municipio que no tiene ni una carretera. La deuda se apagó, el FURAG subió, la plaza de mercado avanza, los muelles se construyen. Y sin embargo, en marzo de 2026, a días de navegación río arriba de cualquier capital de provincia, hubo niños que no fueron a clase porque había combates, y madres que hirvieron agua de río porque la llave de casa sigue siendo un tubo de PVC sin presión. El alcalde tiene dos años y medio por delante para responder la única pregunta que esta calificación deja abierta: ¿cuándo va a llegar el Estado a Bajo Baudó, o va a seguir llegando solo su plata? Entra a corrupcionaldia.com e infórmate sobre este tema. ¡Te sorprenderás!
Anexo: fuentes, metodología y limitaciones
Fuentes oficiales consultadas
- CHIP — Consolidador de Hacienda e Información Pública (chip.gov.co): 30 formularios oficiales descargados por la fuente primaria de este informe: CUIPO ejecución de ingresos y gastos 2024, 2025 y junio-2026 (vigencia actual, reservas y cuentas por pagar); FUT Deuda Pública 2024 y 2025 (créditos, créditos por sector, renta pignorada); FUT Vigencias Futuras 2024 y 2025 (autorizaciones); SGR ejecución de ingresos y gastos 2024, 2025 y junio-2026. Envíos 4541980, 4541987, 4557927, 4570085, 4668913, 4708161.
- Departamento Administrativo de la Función Pública: Resultados de Desempeño Institucional 2025 — Territorio (FURAG, reporte del 17 de junio de 2026). Alcaldía de Bajo Baudó: IDI 77,85; 1.102 alcaldías evaluadas.
- TerriData — DNP: Ficha territorial de Bajo Baudó (código DANE 27077): categoría 6 de la Ley 617 de 2000, 33.930 habitantes (2024), 99,66 % de población étnica, 3.630 km².
- SECOP I y II (colombiacompra.gov.co) y espejos de consulta: procesos de la Alcaldía de Bajo Baudó/Pizarro, incluida la vía Pizarro-Piliza ($899,9 millones) y contratación delegada de recursos SGR.
- OCHA / Equipo Humanitario País Colombia: Informe de Evaluación a Prioridades Comunitarias (EPC) en Bajo Baudó, 12 de junio de 2025.
- Defensoría del Pueblo: alerta y seguimiento del paro armado del ELN en Bajo Baudó (marzo de 2026).
- UNGRD: registro de visita técnica a Pizarro por emergencia de erosión e inundación (diciembre de 2024).
- Alcaldía Municipal de Bajo Baudó (bajobaudo-choco.gov.co): Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 «Unidos por el Cambio, y la Paz Política de Bajo Baudó», y registros de gestión.
Prensa y medios consultados
Noticias Caracol (paro armado y sequía en Pizarro, marzo de 2026); El Tiempo (levantamiento del paro y miedo persistente, marzo de 2026); Infobae (crisis humanitaria del paro armado, marzo de 2026); La FM (declaraciones del alcalde sobre enfrentamientos, abril de 2026); YC Noticia (declaración «somos más víctimas del Estado», febrero de 2025); Pizarro Puro Emisora (aprobación del proyecto de plaza de mercado, $2.632 millones); Radio Nacional de Colombia y medios regionales del Chocó.
A.3 Tabla A-1. Ejecución consolidada del presupuesto ordinario (CUIPO, millones de pesos)
| Concepto | 2024 | 2025 | 2026 (a junio) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recaudados (total) | 54.096,5 | 69.680,0 | 35.622,6 |
| — Ingresos corrientes | 53.085,5 | 60.896,2 | 27.517,6 |
| — Recursos de capital y balance | 1.011,0 | 8.783,8 | 8.105,1 |
| Compromisos (gastos) | 47.444,2 | 62.967,1 | 33.140,2 |
| Obligaciones | 44.616,4 | 57.629,2 | 23.562,4 |
| Pagos | 43.551,7 | 56.056,1 | 22.196,7 |
| Funcionamiento (obligaciones) | 3.748,7 | 5.301,5 | 2.155,8 |
| Servicio de la deuda (obligaciones) | 407,6 | 0,0 | 0,0 |
| Inversión (obligaciones) | 40.460,1 | 52.327,6 | 21.406,6 |
| % inversión / obligaciones | 90,7 % | 90,8 % | 90,9 % |
| Pagos / ingresos recaudados | 80,5 % | 80,4 % | 62,3 % |
Fuente: CHIP-CUIPO, formularios B y D. Elaboración propia.
A.4 Tabla A-2. Reservas y cuentas por pagar según el reporte de cada vigencia (millones de pesos)
| Concepto | Reporte 2024 | Reporte 2025 | Reporte a junio 2026 |
|---|---|---|---|
| Reservas presupuestales: compromisos | 620,1 | 2.827,8 | 5.322,7 |
| Reservas presupuestales: pagos | 620,1 | 2.218,9 | 705,7 |
| Cuentas por pagar: compromisos | 10,6 | 1.068,9 | 1.573,1 |
| Cuentas por pagar: pagos | 1,0 | 1.058,8 | 1.269,6 |
Fuente: CHIP-CUIPO, formulario D (secciones de reservas y cuentas por pagar de cada reporte). A junio de 2026, de $5.322,7 millones de reservas acumuladas solo se habían pagado $705,7 millones (13,3 %).
A.5 Tabla A-3. Principales ingresos por fuente de financiación (millones de pesos)
| Fuente | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos corrientes de libre destinación (propios) | 14.602,6 | 16.448,9 |
| SGSS en salud — otros recursos de administración municipal | 10.779,2 | 10.674,1 |
| SGP Salud — régimen subsidiado | 8.736,4 | 9.757,6 |
| SGP Agua potable y saneamiento básico | 4.509,4 | 7.597,4 |
| SGP Propósito general — libre inversión | 6.031,3 | 7.348,8 |
| SGP Propósito general — libre destinación mun. cat. 4,5,6 | — | 735,8 |
| Estampillas | 921,0 | 1.927,3 |
| Transferencias de capital de otras entidades | 66,2 | 1.531,2 |
| SGP Educación — gratuidad | 360,1 | 1.902,6 |
| SGP Educación — calidad por matrícula | 943,7 | 1.142,1 |
| Contribución sobre contratos de obra pública | 1.192,1 | 299,9 |
Fuente: CHIP-CUIPO, formulario B, hojas de detalle por fuente.
Limitaciones y declaración de transparencia
Este análisis se construyó exclusivamente con información pública verificable a la fecha de corte. El Plan de Desarrollo Municipal se consultó en su versión publicada en el portal oficial; el documento técnico completo con metas productivas puntuales no estuvo accesible en línea durante la investigación, por lo cual el componente de avance se calificó cruzando ejecución presupuestal con productos MGA verificables y con las prioridades comunitarias documentadas por fuentes humanitarias independientes. El cruce nominal contrato-por-contrato del SECOP (contratistas, familiares, proveedores repetidos) requiere descarga masiva de datos que excede el alcance de este informe y se recomienda a veedurías ciudadanas. Las cifras del CHIP son las reportadas por la propia administración al Ministerio de Hacienda; toda inconsistencia entre formularios (por ejemplo, la ausencia del rubro de deuda en el CUIPO 2025 pese a la cancelación reportada en el FUT) se documenta tal como aparece. Este artículo es un ejercicio de periodismo de investigación basado en datos; no constituye acusación penal ni administrativa contra persona alguna. Cualquier error material detectado será corregido públicamente.
