Nos encontramos en el Carmen
Nos encontramos en el municipio de El Carmen. Vamos a auscultar la gestión municipal de El Carmen, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde José Reinel Contreras Yaruro. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
El Carmen no es un municipio cualquiera. Está enclavado en las estribaciones de la cordillera Oriental, a 313 kilómetros de Cúcuta, con 15.080 habitantes según las proyecciones del DANE que cita su propio Plan de Desarrollo, de los cuales el 82,4 por ciento vive en zona rural. Es uno de los ocho municipios PDET del Catatumbo norte de santandereano, alberga parte del resguardo indígena motilón barí, y su casco colonial fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación mediante la Resolución 0929 de 2005. Un pueblo de arquitectura conservada, café y cacao, atravesado durante décadas por el conflicto armado y, desde 2016, por la promesa de la paz territorial.
Contra ese telón, la pregunta periodística es sencilla de enunciar y difícil de responder: ¿qué hizo el alcalde Contreras Yaruro, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, con el dinero de los carmelitanos? Para responderla, cruzamos cinco fuentes independientes: los 28 formularios oficiales del CUIP que la alcaldía reportó al CHIP del Ministerio de Hacienda entre diciembre de 2024 y junio de 2026; el Índice de Desempeño Institucional FURAG 2025 medido por el Departamento Administrativo de la Función Pública; el Plan de Desarrollo Municipal “Creo en El Carmen” 2024-2027; el informe oficial de rendición de cuentas PDET y de construcción de paz de la vigencia 2025; y la información pública disponible en portales de contratación, prensa regional y redes institucionales.
El veredicto cuantitativo, construido con la escala ponderada que esta casa de periodismo aplica a cada alcaldía del país, arroja una calificación de 8,04 sobre 10: una gestión BUENA, dentro del rango de 7,0 a 8,4. Un resultado que coloca a este pequeño municipio rural como el mejor expediente institucional de Norte de Santander y el número 27 de las 1.103 alcaldías evaluadas por la Función Pública. Pero la elegancia de los números no agota el análisis: en la caja de El Carmen hay una decisión de alto riesgo que ningún balance positivo debería omitir: el alcalde empeñó el 100 por ciento de la única renta de libre destinación que fluye del Sistema General de Participaciones para respaldar 8.000 millones de pesos de deuda. Los próximos años de esta administración, y parte del gobierno venidero, ya están hipotecados. Esta es la historia, línea por línea, de cómo se construyó ese equilibrio entre el mérito y el compromiso.
El municipio que mejor llena formularios también decidió gravar con hipoteca su única renta libre: 8.000 millones de deuda respaldados por el 100 por ciento del SGP de libre inversión.
El territorio: un bien cultural en zona de conflicto
Antes de abrir la caja hay que entender el territorio, porque en El Carmen la geografía es también una política pública. El municipio forma parte de la subregión PDET del Catatumbo, creada por el Decreto Ley 893 de 2017 entre los 170 municipios más golpeados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. De aquel ejercicio participativo de 2017 salieron 109 iniciativas territoriales, de las cuales la actual administración incorporó 31 a su Plan de Desarrollo, según lo registra el informe de rendición de cuentas de construcción de paz de la vigencia 2025, fechado el 25 de abril de 2026.
El diagnóstico social que el propio Plan de Desarrollo recoge del Censo 2018 es demoledor y obliga a medir cualquier gestión con esa vara: el 83,1 por ciento de las personas de 15 años o más registra bajo logro educativo y el 36,9 por ciento de esa misma población no sabe leer ni escribir, con brechas mucho más profundas en el campo, donde vive nueve de cada diez habitantes de la ruralidad carmelitana. Esa es la medida de la deuda histórica que cualquier alcalde recibe al jurar su cargo.
El contexto de seguridad tampoco es un detalle de ambientación. En enero de 2025 se registraron combates en la vereda Martillo y zonas aledañas al resguardo, el pueblo motilón barí vivió episodios de desplazamiento hacia Cúcuta y solo en julio de 2025 las autoridades del resguardo y el Estado firmaron un “Pacto Social para la Transformación” del Catatumbo. En medio de ese tablero, la alcaldía sostuvo mesas humanitarias y espacios de diálogo, y se propuso fortalecer la mesa humanitaria regional, según el inf Gobernar El Carmen no es gobernar un pueblo tranquilo: es administrar recursos escasos en una zona donde el Estado llega con retraso y la guerra cobra su tributo.
Hay, sin embargo, un antecedente institucional que conviene registrar y que la propia administración denunció en su informe oficial: la administración anterior (2020-2023) no presentó el informe de gestión y balance de su cuatrienio, no rindió cuentas finales sobre la implementación del Acuerdo de Paz y no realizó el ejercicio de empalme sobre los proyectos PATR. Sobre esa mesa rota, el alcalde Contreras Yaruro comenzó a gobernar en 2024. La comparación de su gestión no puede ser, por tanto, contra un punto de partida ordenado, sino contra un archivo vacío.
De dónde sale el dinero: la caja en dos años
La caja de El Carmen movió 47.687 millones de pesos en recaudo durante 2024 y 47.879 millones en 2025, un aumento marginal del 0,4 por ciento que en términos reales es una meseta: el presupuesto del municipio no creció, solo se recompuso. La gráfica 1 muestra de dónde salió cada peso, y ahí aparece el primer hallazgo de fondo de esta investigación.
Tabla 1. Ingresos recaudados por origen, 2024 frente a 2025 (millones de pesos, CHIP-Cuipo)
| Fuente del recurso | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Sistema General de Participaciones (SGP) | 21.865,9 | 25.949,6 | +18,7% |
| Recursos de salud que se transfieren (ADRES, cajas) | 11.628,7 | 11.807,8 | +1,5% |
| Recursos de capital, balance y FONPET | 10.043,7 | 6.231,5 | -37,9% |
| Ingresos tributarios propios | 2.887,5 | 2.748,3 | -4,8% |
| No tributarios propios y otras transferencias | 1.260,9 | 1.141,2 | -9,5% |
| Total recaudado | 47.686,7 | 47.878,7 | +0,4% |
Fuente: formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS, Cuipo-CHIP, Ministerio de Hacienda. Elaboración propia.
Gráfica 1. Composición del recaudo 2025. Fuente: Cuipo-CHIP, elaboración propia.
De cada 100 pesos que entraron a la tesorería en 2025, 54,2 vinieron del Sistema General de Participaciones (25.950 millones, un 18,7 por ciento más que en 2024), 24,7 fueron recursos del sistema de salud que la nación transfiere y que el municipio administra sin discrecionalidad (ADRES, cajas de compensación y aportes para el aseguramiento, 11.808 millones), 13,0 fueron recursos de capital entre los que destacan los retiros del balance y del FONPET (6.232 millones), y solo 5,7 pesos de cada 100 fueron impuestos locales (2.748 millones). El resto, menos del 2,4 por ciento, son contribuciones, multas y ventas de servicios.
Esa arquitectura financiera tiene un nombre técnico y una consecuencia práctica: dependencia. Cerca del 80 por ciento de los ingresos de El Carmen llegan por transferencias del nivel central. La renta tributaria propia no solo es pequeña: está cayendo. El impuesto predial unificado recaudó 123,7 millones en 2024 y 113,3 millones en 2025, una caída del 8,5 por ciento. El impuesto de industria y comercio pasó de 222,6 a 183,7 millones, 17,5 por ciento menos en pleno primer bienio de gobierno. La sobretasa a la gasolina se desplomó un 39 por ciento. En contraste, las estampillas (adulto mayor, pro cultura y justicia familiar) crecieron un 12,8 por ciento hasta 1.432,9 millones, quizá la señal más honesta de que el recaudo carmelitano depende más de las normas nacionales de destinación específica que de la capacidad fiscal local.
¿Cuánto recauda 113 millones de pesos de predial para un municipio de 15.000 habitantes con 12.400 en zona rural? Unos 7.500 pesos por habitante al año. La comparación obliga a una pregunta incómoda que el equipo editorial se hace en cada caso: ¿está el municipio cobrando lo que debe cobrar, o está evitando el costo político de un catastro actualizado y una cobranza firme? El primer semestre de 2026 muestra un repunte notable, con 108,2 millones de recaudación predial a mitad de año, casi todo lo recaudado en 2025 completo, lo que sugiere una corrección de rumbo que merece seguimiento.
En cuánto se gasta: inversión récord y un costo que sube.
Si los ingresos son una meseta, los gastos son un termómetro de prioridades. En 2024 la alcaldía comprometió 44.213 millones, obligó 43.213 y pagó 43.193 millones: el 97,7 por ciento de lo comprometido se convirtió en pago. En 2025 la escala subió: 47.970 millones comprometidos, 46.653 obligados y 45.762 pagados, un 95,4 por ciento de conversión. Son tasas de ejecución altas, poco comunes en municipios PDET donde el remate de diciembre suele dejar obras y contratos atrapados en el papel, y donde las reservas de la vigencia siguiente cuentan la historia del presupuesto que no alcanzó a ejecutarse.
Gráfica 2. Estructura de los pagos en 2025. Fuente: Cuipo-CHIP, elaboración propia.
Tabla 2. Ejecución de gastos de la vigencia actual, 2024 frente a 2025 (millones de pesos)
| Categoría | 2024 pagado | % de 2024 | 2025 pagado | % de 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inversión | 39.422,8 | 91,3% | 40.717,3 | 89,0% |
| Funcionamiento | 3.770,2 | 8,7% | 4.626,9 | 10,1% |
| Servicio de la deuda | 0,0 | 0,0% | 417,9 | 0,9% |
| Total pagado | 43.193,0 | 100% | 45.762,0 | 100% |
Fuente: formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS, Cuipo-CHIP, sumando las secciones Administración Central, Concejo, Personería y Salud. Elaboración propia.
Gráfica 3. Ejecución presupuestal comparada 2024-2025. Fuente: Cuipo-CHIP, elaboración propia.
De hecho, las reservas contabilizadas al cierre de cada vigencia muestran una disciplina decreciente: 1.393 millones comprometidos en reservas al cierre de 2024 (1.358 obligados), 1.000 millones al cierre de 2025 (982 obligados) y solo 50 millones obligados a junio de 2026. Las cuentas por pagar, del mismo modo, pasaron de 32,5 millones en 2024 a 20,4 millones en 2025. El municipio termina el año debiendo poco y pagando casi todo, un hábito de tesorería que no es menor en la región.
Ahora bien, ¿en qué se fue esa plata? El 89,0 por ciento de los pagos de 2025 (40.717 millones) fue inversión; el 10,1 por ciento (4.627 millones) funcionamiento; y solo el 0,9 por ciento (418 millones) servicio de la deuda. En 2024 la proporción fue aún más radical: 91,5 por ciento de inversión. Cualquier lector acostumbrado a las alcaldías que se devoran el presupuesto en nómina y papeleo verá ahí una anomalía positiva. Pero hay una trampa de lectura: una parte sustancial de esa “inversión” son los recursos de salud que transitan por el municipio hacia el aseguramiento y la atención (cerca de 19.000 a 20.000 millones anuales entre régimen subsidiado, ADRES y salud pública). La inversión discrecional, la que el alcalde decide realmente, ronda los 21.000 a 23.000 millones al año.
El costo de operar la alcaldía, sin embargo, sí está subiendo con fuerza. El funcionamiento creció 25,3 por ciento en un año, de 3.772 a 4.726 millones, y los gastos de personal de la administración central pasaron de 1.619 a 2.193 millones, un alza del 35,4 por ciento. Sobre una base tan pequeña, esos porcentajes son manejables en términos absolutos, pero marcan una tendencia: si el gasto de funcionamiento sigue creciendo al 25 por ciento anual mientras el total recaudado crece solo al 0,4, la ecuación no cierra al final del cuatrienio. Es el tipo de cifra que las contralorías subrayan y que esta redacción deja anotada para las audiencias de rendición de cuentas.
La deuda: 8.000 millones y la renta empeñada
Aquí está el corazón del caso. El 9 de septiembre de 2024, con apenas ocho meses de gobierno, la alcaldía firmó con Bancolombia un crédito de 6.000 millones de pesos registrado ante el Ministerio de Hacienda con el número 2024542450032, destinado al sector transporte para la “Modernización de la Infraestructura vial municipal urbana y rural” del Plan de Desarrollo. Las condiciones del formulario CRÉDITOS del FUT son precisas: plazo de 72 meses, 24 meses de período de gracia, tasa IBR a tres meses más 2,10 puntos, y una garantía que da frío leer despacio: la totalidad de las transferencias del Sistema General de Participaciones de propósito general de libre inversión, pignorada al 100 por ciento, con respaldo adicional de la Nación por el 100 por ciento del valor.
Tabla 3. Los dos créditos del bienio (formulario FUT Deuda Pública-Créditos)
| Condición | Crédito 1 (sep-2024) | Crédito 2 (oct-2025) |
|---|---|---|
| Entidad financiera | Bancolombia | Bancolombia |
| Monto aprobado y desembolsado | $6.000 millones | $2.000 millones |
| Destino (sector) | Transporte: infraestructura vial | Vivienda: VIP mejoradas |
| Plazo / período de gracia | 72 meses / 24 meses | 24 meses / 0 meses |
| Tasa | IBR 3 meses + 2,10% | IBR 3 meses + 1,63% |
| Renta pignorada | 100% SGP propósito general libre inversión | 130% SGP propósito general libre inversión |
| Registro MinHacienda | 2024542450032 | 2024542450010 |
Fuente: formularios CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA, CHIP. Elaboración propia.
La renta pignorada reportada es categórica: los 6.000 millones del crédito tienen como respaldo la línea “SGP – Propósito general Libre inversión” con el 100 por ciento de pignoración. Traducida al lenguaje de los hogares: la única plata realmente libre que recibe El Carmen cada año de la nación, unos 6.000 a 6.800 millones según la vigencia, está toda, absolutamente toda, empeñada hasta que pague El cronograma reportado al cierre de 2025 proyecta saldos de 7.000 millones al final de 2026, 4.500 al final de 2027, 3.000 al final de 2028, 1.500 al final de 2029 y la cancelación total en 2030. Los intereses pagados solo en 2025 fueron 409,6 millones, y los proyectados para 2026 superan los 430 millones.
Tabla 4. Saldo de deuda reportado y proyección de cancelación (millones de pesos)
| Cierre de | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo de deuda | 8.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 0 |
Fuente: formulario de CRÉDITOS al cierre de 2025. Intereses pagados en 2025: $409,6 millones; proyectados para 2026: $430,7 millones.
Gráfica 4. Saldo de deuda y proyección de cancelación. Fuente: FUT Deuda Pública-CHIP, elaboración propia.
El 10 de octubre de 2025, la administración volvió al banco por una segunda operación: $2.000 millones de pesos para el sector de vivienda, ciudad y territorio, específicamente el proyecto “Vivienda de Interés Prioritario mejoradas”, a 24 meses, con IBR más 1,63 puntos y una pignoración del 130 por ciento de la misma renta. Con esta segunda firma, el saldo de deuda cerró 2025 en 8.000 millones de pesos, y la renta de libre inversión del SGP quedó pignorada en su totalidad, por un período que trasciende este gobierno.
¿Es ilegal? No. La Ley 358 de 1997 fija topes de solvencia, y el Ministerio de Hacienda registró ambas operaciones, con lo cual el marco normativo se cumplió. ¿Es riesgoso? Sí, y mucho, y aquí vale la pena la pedagogía: cuando un municipio pignora el 100 por ciento de su SGP de libre inversión, cada decisión de inversión de los próximos cinco años debe pasar por el filtro del servicio de la deuda. Si un invierno golpea las vías, si una emergencia de salud rural exige recursos que no son del sistema de aseguramiento, si el costo de funcionamiento sigue creciendo al 25 por ciento anual, el margen de maniobra será cero o casi cero. La administración canjeará, en efecto, flexibilidad futura por infraestructura presente. Puede ser una buena negociación; sin duda no es una gratis. Los formularios de vigencias futuras refuerzan esa lectura de prudencia fiscal: ni en 2024 ni en 2025 la alcaldía autorizó vigencias futuras distintas de las de mantenimiento de servicios (formulario AUTORIZACIONES: “no reporte de información”), es decir, no compró plazos adicionales ni adelantó gasto de las vigencias siguientes.
Vigencias futuras: la caja que no pide prestado el futuro.
Existe una casilla silenciosa en los formularios del CHIP que esta redacción revisa en cada municipio: la de vigencias futuras, el mecanismo con el que una administración compromete recursos de las vigencias siguientes. En El Carmen, los formularios AUTORIZACIONES de 2024 y 2025 (períodos octubre-diciembre) reportan literalmente “no reporte de información” con montos en cero: la alcaldía no autorizó vigencias futuras de inversión en ninguno de los dos primeros años de gobierno.
La lectura tiene dos caras y ambas conviene decirlas. Como disciplina, es una señal de salud: el municipio no compró plazos contables, no adelantó gasto de gobiernos futuros por vía de autorizaciones y cerró cada año sin dejarle cuentas por pagar relevantes al sucesor (32,5 millones en 2024 y 20,4 millones en 2025, cifras simbólicas frente a un presupuesto de 47.000 millones). Frente a la administración anterior, que ni siquiera entregó balance de su cuatrienio, el contraste es ostensible. Como prudencia presupuestal, sin embargo, el dato también sugiere que la administración prefirió resolver sus grandes apuestas de infraestructura por la vía del crédito pignorado en lugar de la vía de vigencias futuras: en lugar de comprometer gasto futuro por decreto, lo comprometió por contrato bancario. El resultado financiero es equivalente; la diferencia está en el costo (intereses) y en la garantía (la renta pignorada). Vigilaremos esa casilla en 2026 y 2027: si las vigencias futuras aparecieran junto a una deuda al tope, sería la señal de que la caja perdió holgura.
Regalías: la paz construida en tubos y bosques
El Sistema General de Regalías llegó a El Carmen por dos puertas, y ambas tienen sello de paz. En 2024, el municipio recaudó 855,0 millones de pesos, el 100 por ciento provenientes de la Asignación para la Paz que corresponde a los municipios PDET, y los aplicó a un único proyecto con BPIN 20181719000026: la construcción de alcantarillas y plantas de tratamiento de agua, el producto institucional “Alcantarillados construidos”. La ejecución fue un tiro limpio: compromisos, obligaciones y pagos por los mismos 855,0 millones. Cada peso de regalías de 2024 quedó efectivamente girado a obra.
Tabla 5. Regalías por proyecto, 2024-2025 (millones de pesos)
| Vigencia | Asignación | Proyecto (BPIN) | Ingreso | Pagado a dic-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Para la Paz | Alcantarillas y plantas de tratamiento (20181719000026) | 855,0 | 855,0 (100%) |
| 2025 | Inversión Local – Ambiente | Protección de ecosistemas (2024542450047) | 361,3* | 361,3 (100%) |
| 2025 | Inversión Local – Ambiente | Protección de ecosistemas (2025542450002) | 309,9 | 0 (comprometido; pagado jun-2026) |
| 2025 | Para la Paz | Alcantarillado, continuidad (20181719000026) | 83,0 | 83,0 (100%) |
| Total 2025 | 754,2 | 444,3 (58,9%) |
Fuente: formularios EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS del Sistema General de Regalías, CHIP. *Cifra de recaudo asociada al proyecto; el saldo de 2025 se liquidó por completo a junio de 2026.
Gráfica 5. Recaudo y ejecución de regalías 2024-2025. Fuente: SGR-CHIP, elaboración propia.
En 2025 el tonelaje cambió de rumbo. Entraron 754,2 millones: 671,2 millones de la Asignación para la Inversión Local en la categoría Ambiente y Desarrollo Sostenible y 83,0 millones adicionales de la Asignación para la Paz para continuar con el alcantarillado. La plata ambiental se repartió en dos proyectos de “Servicio de protección de ecosistemas”: el BPIN 2024542450047, que cerró 2025 con 361,3 millones efectivamente pagados, y el BPIN 2025542450002, que al 31 de diciembre estaba comprometido por 309,9 millones pero sin obligaciones ni pagos. Resultado: al cierre de la vigencia, el municipio había pagado el 58,9 por ciento de sus regalías (444,3 millones). El faltante se liquidó en el primer semestre de 2026, cuando el informe de junio muestra los 754,2 millones completos en compromisos, obligaciones y pagos.
Hay dos lecturas posibles de ese rezago, y un periodista honesto debe exponerlas ambas. La benévola: en obras de ecosistemas y alcantarillado en zona rural, comprometer en diciembre y pagar entre enero y junio siguiente es cronograma normal, no anomalía; el ciclo completo se cerró y el dinero llegó a destino. La exigente: un municipio que presume de ejecución presupuestal del 95 por ciento en su caja general no puede permitir que su tercera fuente de recursos (las regalías, que además son marca de identidad PDET) cierre el año pagada a medias. La pregunta de vigilancia ciudadana es concreta: ¿a qué contratistas se les pagó en 2025 y cuáles quedaron esperando 2026? Los contratos están en el SECOP; la veeduría tiene tarea pendiente.
Vale anotar también el cambio de filosofía entre vigencias: en 2024 las regalías fueron 100 por ciento agua y saneamiento (alcantarillado); en 2025 fueron 89 por ciento ambiente y 11 por ciento alcantarillado. Pasar de tuberías a ecosistemas puede ser coherente con la línea estratégica “Creo en una sostenibilidad ambiental” del Plan de Desarrollo, con su capítulo de inversiones SGR, pero también reduce la inversión directa en el servicio que más urge en la ruralidad. El municipio deberá explicar a sus comunidades, con datos y no con discursos, por qué la protección de ecosistemas mereció casi nueve de cada diez pesos de regalías en 2025.
Plan de Desarrollo: lo prometido contra lo ejecutado
El Plan de Desarrollo “Creo en El Carmen” 2024-2027 nació de un ejercicio de participación que la alcaldía difundió con razón: por primera vez, las mesas de formulación salieron del casco urbano y se hicieron en las veredas y en el resguardo, con intercambio de símbolos entre autoridades, según recogió la prensa regional en febrero de 2024. De esas mesas salieron las prioridades que ordenan el plan: educación, salud, agua potable y saneamiento, vivienda, vías, agro, cultura y turismo, deporte, y grupos vulnerables con enfoque de paz. La estructura programática se organizó en cuatro líneas (“Creo en el desarrollo y la producción”, “Creo en la calidad de vida”, “Creo en nuestras instituciones” y “Creo en una sostenibilidad ambiental”) más un capítulo de inversiones con cargo a regalías.
El plan plurianual de inversiones cifra la ambición en 125.159 millones de pesos para el cuatrienio. El 58,7 por ciento (73.471 millones) está en salud, lo que revela honestidad contable: la mayor parte de ese rubro son las transferencias del sistema de aseguramiento que pasan por el municipio. Después vienen instituciones (10.041 millones), vías de comunicación (9.383 millones), agua potable y saneamiento (8.277 millones), educación (4.975 millones), grupos vulnerables (4.069 millones), desarrollo agropecuario (2.786 millones), cultura y turismo (2.990 millones), deporte (2.302 millones), vivienda (1.552 millones) y sostenibilidad ambiental (1.975 millones). Contra un presupuesto anual de 47.879 millones, el plan pronostica ejecutar cada cuatro años el equivalente a dos años y medio del presupuesto total. Es la primera señal de que el cuatrienio dependerá de recursos extraordinarios: créditos, regalías, cofinanciación nacional y departamental.
¿Y qué se ejecutó realmente en los dos primeros años? El informe oficial de rendición de cuentas PDET 2025, entregado en abril de 2026, permite reconstruirlo pilar por pilar. En infraestructura vial, el proyecto “Modernización de la Infraestructura vial municipal urbana y rural” ejecutó 1.629,2 millones del crédito y 240,6 millones del impuesto de transporte de oleoducto, con perfilado y afirmado de la red terciaria en 18 veredas (entre ellas Zaragoza, Bella Luz, El Cobre, Chamizón, Vegas de Motilonía, La Bogotana, Quebrada Honda y Las Águilas) en beneficio reportado de 540 víctimas del conflicto y la comunidad rural. En el agua potable, la construcción de la planta de tratamiento y la red principal del barrio La Paz del corregimiento de Guamalito consumió 3.361,3 millones de recursos del SGP de agua potable, en beneficio reportado de 400 personas, entre ellas 17 adultos mayores. En vivienda, 1.000 millones del crédito interno financiaron mejoramientos para 200 familias en pobreza extrema. En paz y derechos humanos, 191,1 millones en buen gobierno y garantías, y 19,9 millones en atención a víctimas; en inclusión social, 317,2 millones que alcanzaron a 6.800 personas (6.700 de ellas víctimas); en salud pública, 229,6 millones que la propia administración asocia a la disminución de casos de dengue.
Faltan, y no son menores, las piezas que no se arrancaron. El pilar 1 del PDET, el ordenamiento social de la propiedad rural, cierra en 2025 con una frase que el propio informe escribe sin eufemismos: “en este pilar el municipio no ejecutó ninguna acción para la vigencia 2025”. Para un municipio PDET, donde la formalización de tierras es la matriz de la transformación rural, ese cero es la mancha más visible del bienio. Y la educación rural, pilar 4 del PDET y segunda preocupación de las mesas veredales, muestra ejecución de programas alimentarios (2.693,6 millones en PAE) pero sin una obra estructural que redefina la cobertura. La tensión entre lo urgente (vías, agua) y lo estructural (tierras, educación) definirá el juicio histórico sobre este gobierno.
Los cinco problemas de la gente y sus cinco indicadores
La metodología de esta casa exige traducir el sentir de las comunidades en indicadores verificables. Las mesas de participación de 2024 y los diagnósticos del Plan de Desarrollo coinciden en cinco problemas centrales que el alcalde se comprometió a atacar. Para cada uno presentamos el indicador de gestión construido con los datos CHIP y los informes oficiales, con su evolución 2024-2025 y la nota asignada.
Tabla 6. Los cinco problemas de las comunidades y sus indicadores de gestión
| Problema priorizado | Indicador verificado | 2024 | 2025 | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable y saneamiento | Inversión SGP agua potable + regalías de paz en alcantarillado | $1.914,8 M | $2.986,3 M (+55,9%) y planta Guamalito ($3.361,3 M) | 8,0 |
| Vías e infraestructura productiva | Red terciaria intervenida y recursos ejecutados | Arranque del crédito | $1.869,8 M en 18 veredas + diseños | 7,5 |
| Salud rural | Afiliación al régimen subsidiado y salud pública ejecutadas. | $18.4 M administrados. | $19.456,2 M y $229,6 M. | 7,5 |
| Vivienda digna. | Familias mejoradas según la meta. | Proyecto definido. | 200 familias; $1.000 M pagados. | 7,5 |
| Paz, víctimas y grupos vulnerables. | Inversión en garantías, reparación e inclusión. | $855,0 M de regalías. | $528,2 M (DD.HH., víctimas, inclusión) | 6,5 |
Fuente: Cuipo-CHIP 2024-2025 e Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz 2025. Calificación editorial 0-10 por indicador.
Primero, agua potable y saneamiento básico. Indicador: inversión ejecutada con recursos del SGP de agua potable y saneamiento. Pasó de 1.914,8 millones en 2024 a 2.986,3 millones en 2025, un aumento del 55,9 por ciento, al que se suman los 855,0 millones de regalías de la Paz invertidos en alcantarillado en 2024 y los 83,0 millones de 2025. La obra emblema, la planta del barrio La Paz de Guamalito, entregó agua tratada a 400 personas. Nota: 8,0. Es el capítulo más sólido del bienio.
Segundo, vías e infraestructura productiva. Indicador: hectómetros de red terciaria intervenida y recursos ejecutados. Los 1.869,8 millones ejecutados en 2025 (crédito más impuesto de transporte) cubrieron 18 veredas con perfilado y afirmado, más estudios y diseños para obras de arte en la zona cafetera de La Osa y la cacaotera de La Esperanza y Culebras (199,6 millones). El reverso: la vía El Carmen-Ocaña sigue dependiendo del mantenimiento articulado con la gobernación, y la pignoración del 100 por ciento del SGP convierte el programa vial en una apuesta sin plan B. Nota: 7,5.
Tercero, salud rural. Indicador: cobertura y acción pública. El municipio administró 19.456,2 millones para la afiliación al régimen subsidiado en 2025 y ejecutó 229,6 millones de salud pública con resultado reportado de disminución de dengue en una población de referencia de 11.200 personas. Es, en su mayoría, dinero que transita: la gestión propia del servicio es departamental y de la ESE. La nota reconoce la celeridad administrativa y castiga la dependencia. Nota: 7,5.
Cuarto, vivienda digna. Indicador: familias atendidas contra meta. El crédito de 2.000 millones de octubre de 2025 comprometió 2.100 millones en el proyecto “Vivienda de Interés Prioritario mejoradas”, con 1.000 millones pagados en 2025 y 200 familias de pobreza extrema beneficiadas según el informe oficial. La meta del plan plurianual (1.552 millones en cuatro años) quedó virtualmente cumplida en dinero, pero el ritmo de pagos al cierre (48 por ciento) exige verificación de la obra en campo. Nota: 7,5.
Quinto, paz, víctimas y grupos vulnerables. Indicador: inversión en garantías, reparación y convivencia. Las regalías de la Paz sumaron 938,0 millones entre 2024 y 2025 (alcantarillado y ecosistemas), los proyectos de derechos humanos 191,1 millones, la atención a víctimas 19,9 millones y la inclusión de población vulnerable 317,2 millones para 6.800 personas. Contra esos números está la realidad del territorio: combates en enero de 2025, desplazamiento de comunidades barí y un acuerdo de paz departamental aún frágil. El municipio no controla la guerra, pero sí el ritmo de la reparación. Nota: 6,5. Es el indicador más rezagado y el que más vigilancia exige.
FURAG: el mejor expediente institucional del departamento
Si las finanzas son la fotografía de un año, el Índice de Desempeño Institucional es la radiografía de la casa. En la medición FURAG 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública, publicada en junio de 2026, la Alcaldía de El Carmen obtuvo un IDI de 94,74 sobre 100. Para dimensionarlo: es el puesto 27 entre las 1.103 alcaldías del país, el primero de los 40 municipios de Norte de Santander, muy por encima del promedio de su grupo (67,43 entre las 317 alcaldías del Grupo 5) y en la misma liga que Funza (98,9), Sabaneta (98,74) o Bogotá (98,63). En el departamento, la distancia con el segundo lugar, San Cayetano (92,12), y con la capital Cúcuta (85,03), es holgada.
El FURAG no mide popularidad ni obras: mide la capacidad institucional del aparato público en tres dimensiones agregadas, desempeño legal e institucional, desempeño administrativo y financiero, y resulta especialmente revelador en municipios PDET, donde la debilidad institucional es parte del diagnóstico. Que un municipio de 15.000 habitantes, rural y en zona de conflicto, alcance un IDI superior a 94 implica planificación operante, sistemas de información al día, control interno activo y gestión financiera ordenada. Los datos CHIP que cruzamos en este reporte son consistentes con esa lectura: reportes oportunos en los 28 formularios consultados, ejecución alta, reservas bajas y cuentas por pagar mínimas.
La nota de este componente no admite sutilezas: 94,74 sobre 100 equivale a 9,47 sobre 10, el mejor puntaje de la fórmula. Y sin embargo, el propio FURAG advierte contra el triunfalismo: el índice no mide resultados sociales ni cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. Un municipio puede tener el mejor expediente de Colombia y seguir con el 36,9 por ciento de analfabetismo que El Carmen arrastra. El IDI mide si la máquina funciona; no mide cuánto avanza la gente. Por eso esta calificación lo pondera con 25 por ciento, no con el 100.
La calificación: 8,04, buena, con vigilancia.
La escala de calificación de esta casa calcula la nota final como promedio ponderado de seis componentes, cada uno de 0 a 10, evaluados en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles, pero con estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley igualmente exigibles. Aplicada a El Carmen, la fórmula arroja el siguiente resultado.
Tabla 7. Calificación ponderada de la gestión 2024-2025
| Componente | Peso | Nota 0-10 | Aporte ponderado |
|---|---|---|---|
| FURAG (Índice de Desempeño Institucional) | 25% | 9,47 | 2,37 |
| Ejecución presupuestal Cuipo | 20% | 7,8 | 1,56 |
| Avance del Plan de Desarrollo | 20% | 7,7 | 1,54 |
| Transparencia SECOP | 15% | 7,4 | 1,11 |
| Cumplimiento de ODS | 10% | 7,6 | 0,76 |
| Percepción ciudadana | 10% | 7,0 | 0,70 |
| CALIFICACIÓN FINAL | 100% | 8,04 – BUENO |
Escala editorial: 0,0-2,9 pésimo; 3,0-4,9 mediocre; 5,0-6,9 regular; 7,0-8,4 bueno; 8,5-10,0 excelente.
Gráfica 6. Radar de la calificación por componentes. Elaboración propia.
FURAG (IDI), 25 por ciento: 94,74 sobre 100 equivalen a 9,47. Ponderado: 2,37. Ejecución presupuestal Cuipo, 20 por ciento: recaudo estable, pagos del 97,7 y 95,4 por ciento de lo comprometido, reservas decrecientes, regalías con rezago de pagos al cierre de 2025 y recaudo tributario en descenso; ponderamos 7,8, ponderado 1,56. Avance del Plan de Desarrollo, 20 por ciento: obras verificables y de alto impacto social (planta de Guamalito, 18 veredas, 200 viviendas, alcantarillado de paz) contra un plan plurianual de 125.159 millones que supera ampliamente la caja disponible, el pilar de tierras en cero y la educación rural sin obra estructural; 7,7, ponderado 1,54. Transparencia SECOP, 15 por ciento: rendición de cuentas publicada de manera continua (informes de paz territorial 2024 y 2025, series PDET desde 2016, respuestas a audiencia pública), mesas de participación documentadas por prensa externa; descontamos por la verificación pendiente de modalidades de contratación del bienio; 7,4, ponderado 1,11. Cumplimiento de ODS, 10 por ciento: avances tangibles en ODS 3 (salud), 6 (agua y saneamiento), 11 (comunidades sostenibles) y 16 (instituciones sólidas), rezagos en ODS 1 y 2 (pobreza, seguridad alimentaria y tierra); 7,6, ponderado 0,76. Percepción ciudadana, 10 por ciento: participación veredal elogiada y presencia institucional activa en redes oficiales, contrapesada por el clima de conflicto, el desplazamiento indígena y críticas públicas de abandono que la alcaldía debió desmentir con comunicados; 7,0, ponderado 0,70.
La suma ponderada es 8,04 sobre 10: BUENA, dentro del rango 7,0 a 8,4 de la escala editorial. Conforme a la regla metodológica que esta casa aplica con transparencia desde el caso de Agua de Dios, cuando la calificación final es igual o superior a 7,0 el análisis penal del delito de prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal se omite como cuestión de lógica metodológica: no hay, en los datos verificados, la inacción dolosa frente a deberes funcionales que ese delito sanciona. No es una absolución: es una exclusión de competencia. El periodismo forense no fabrica delitos donde hay gestión, y tampoco disfraza de gestión lo que es abandono.
Quedan, eso sí, las alertas de vigilancia ciudadana, que no son jurídicas sino democráticas: la renta de libre inversión pignorada al 100 por ciento hasta 2030, el crecimiento del gasto de funcionamiento (+25,3 por ciento) y de la nómina (+35,4 por ciento) muy por encima del crecimiento del recaudo total (+0,4), el recaudo predial y de industria y comercio en caída, el 58,9 por ciento de regalías pagado al cierre de 2025 y el pilar PDET de tierras sin ejecución. Ninguna de estas cifras es un delito; todas son, juntas, el mapa de los riesgos del segundo bienio. La diferencia entre una gestión buena y una gestión que se corrompe suele escribirse exactamente ahí, donde termina la buena cifra y empieza el mal hábito.
Lo que viene: dejar de depender del centro
Esta investigación pedía ponderar los esfuerzos que debe hacer el municipio para no depender en un 100 por ciento del gobierno central. Los datos permiten dimensionar la tarea: cerca del 80 por ciento de los ingresos de El Carmen son transferencias, y solo el 5,7 por ciento son impuestos propios. La independencia fiscal de El Carmen no se construye con discursos de soberanía sino con catastro, cobranza y economía productiva.
La primera tarea es tributaria y no admite espera: actualizar el catastro rural, que en municipios cafeteros suele estar rezagado décadas, y recuperar el predial (113,3 millones en 2025, menos que los 123,7 de 2024) y el impuesto de industria y comercio (183,7 millones, un 17,5 por ciento menos). Con una cobranza profesional, el municipio podría sumar 100 a 200 millones anuales adicionales sin crear un solo impuesto nuevo: es plata para maintener las vías que el crédito construyó, sin pedir un tercer crédito. La segunda es productiva: el convenio con el Comité de Cafeteros, el proyecto de fortalecimiento del frijol con enfoque de “permanencia y paz” impulsado con la Agencia de Renovación del Territorio, y la cadena cacaotera de las veredas La Esperanza, Culebras y Maracaibo son las palancas declaradas; su éxito se medirá en ICA recaudado, no en afiches.
La tercera es patrimonial y turística: El Carmen es Bien de Interés Cultural de la Nación desde 2005 y su plan asigna 2.990 millones al binomio cultura-turismo en el cuatrienio. Convertir el centro histórico restaurado en un destino de rutas del Catatumbo es la única vía visible para generar renta local no transferida. La cuarta es de prudencia financiera: no firmar un tercer crédito mientras la pignoración del SGP siga al 100 por ciento, renegociar los calendarios si el funcionamiento sigue creciendo al 25 por ciento anual, y culminar el ciclo completo de las regalías 2025-2026 verificando ante las comunidades el giro a cada contratista. La quinta es institucional y la más barata de todas: mantener el estándar FURAG por encima de 90, porque ese expediente es, literalmente, la credencial con la que El Carmen puede solicitar cofinanciación nacional y departamental.
El segundo bienio de José Reinel Contreras Yaruro se jugará en ese tablero. Tiene a su favor un aparato administrativo afilado, una caja que paga y una calificación aprobada con holgura. Tiene en su contra una renta empeñada, un conflicto que no descuenta y una deuda social (analfabetismo, tierra, educación rural) que ningún IDI captura. El Carmen demostró que sabe administrar el Estado que tiene. La pregunta ética que cierra esta investigación, como acostumbra esta casa, es para sus habitantes y su alcalde: ¿sabrá el municipio convertir la eficiencia en libertad fiscal antes de que el empeño venza?
Metodología, fuentes y paquete editorial
Fuentes primarias y trazabilidad
Este análisis se construyó exclusivamente con fuentes primarias verificables. Los datos presupuestales provienen de 28 formularios oficiales que la Alcaldía de El Carmen (código CHIP 214554245) reportó al sistema del CHIP del Ministerio de Hacienda: Cuipo, categorías B (ejecución de ingresos) y D (ejecución de gastos, vigencia actual, reservas y cuentas por pagar) para diciembre de 2024, diciembre de 2025 y junio de 2026; FUT Deuda Pública, formularios Créditos, Créditos por Sector y Renta Pignorada (2024 y 2025); FUT Vigencias Futuras, formulario Autorizaciones (2024 y 2025); y Sistema General de Regalías, formularios de Ejecución de Ingresos y Gastos (2024, 2025 y junio de 2026). Todos los cruces fueron realizados línea por línea sobre los archivos originales.
El componente FURAG proviene de la publicación oficial de Resultados de Desempeño Institucional 2025 (FURAG, Función Pública, reporte del 17 de junio de 2026), base de 1.103 alcaldías ordenadas por IDI. El Plan de Desarrollo “Creo en El Carmen” 2024-2027 se tomó del documento aprobado publicado en el portal oficial del municipio (221 páginas), del cual se extrajeron la estructura programática, el plan plurianual y el diagnóstico censal. La ejecución PDET proviene del Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz vigencia 2025 (58 páginas, fechado el 25 de abril de 2026). La información de contexto (mesas de participación, programa de gobierno, noticias regionales) proviene de portales periodísticos regionales, del portal institucional y de la hoja de vida del alcalde en el Sistema SIGEP de Función Pública.
Limitaciones declaradas
Limitaciones declaradas: la desagregación ítem por ítem del FURAG no acompaña la base pública utilizada, por lo que el análisis del índice se realiza sobre el agregado; la verificación de las modalidades de contratación del SECOP I y II se realizará en un seguimiento específico de un bienio completo; la percepción ciudadana se infiere de fuentes públicas y no incluye una encuesta de opinión; y los valores de la inversión en salud incluyen transferencias por opción del sistema de aseguramiento que no constituyen discrecionalidad municipal. Ninguna cifra de este informe fue estimada por extrapolación: cada dato puede replicarse descargando los mismos formularios en chip.gov.co.
Regla de calificación y análisis penal
METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN: promedio ponderado de seis componentes (FURAG 25 por ciento; ejecución presupuestal Cuipo 20; avance del Plan de Desarrollo 20; transparencia SECOP 15; cumplimiento ODS 10; percepción ciudadana 10), cada uno en una escala de 0 a 10. Escala: 0,0-2,9 pésimo; 3,0-4,9 mediocre; 5,0-6,9 regular; 7,0-8,4 bueno; 8,5-10 excelente. Regla editorial: calificación igual o inferior a 6,9 activa el análisis jurídico del prevaricato por omisión (artículo 414 del Código Penal colombiano); igual o superior a 7,0 lo omite.
Hipólito Palencia — periodismo investigativo | corrupcionaldia.com
