Bojayá (Chocó): la gestión de Hailton Perea Chaverra calificó 5,42/10 🟡— REGULAR (VIGILAR)

Apertura

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

Nos encontramos en el municipio de Bojayá, en el corazón fluvial del Medio Atrato chocoano, un territorio al que solo se llega en lancha o en avioneta y donde el río es calle, mercado, escuela y cementerio. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Hailton Perea Chaverra (Partido Liberal), posesionado en enero de 2024 para el período 2024-2027 y responsable de un presupuesto que superó los $39.000 millones en su primera vigencia. Bojayá no es un municipio cualquiera: es el lugar donde, el 2 de mayo de 2002, 79 personas que buscaban refugio dentro de la iglesia de Bellavista fueron asesinadas por un cilindro bomba, en una de las masacres más crueles de la guerra colombiana.

Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una radiografía profunda —una de las que duelen— construida con los datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) del Ministerio de Hacienda, del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I y II), del Índice de Desempeño Institucional (IDI-FURAG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Sistema General de Regalías (SGR), de las cifras del DANE y de las alertas de la Defensoría del Pueblo.

La conclusión anticipada es incómoda y reveladora al mismo tiempo. Bojayá obtuvo en 2025 un IDI de 92,18 puntos que lo ubica entre los 50 mejores municipios de Colombia —puesto 50 de 1.099, mejor que el 95,4% del país—, pero detrás de ese expediente brillante el CHIP muestra un municipio que en 2025 no recibió ni ejecutó un solo peso de regalías, que no reportó información de deuda ni de vigencias futuras, y cuya contratación pública sigue viviendo en la plataforma SECOP I, sin migrar a SECOP II, pese a que la migración es obligatoria desde 2022. La administración califica 5,42/10 — REGULAR (VIGILAR), y esa distancia entre el titular estadístico y la realidad documental es, precisamente, la historia que este artículo se propone contar.

Bojayá: el municipio que buscó refugio en la iglesia y encontró la guerra

La masacre de Bellavista: la herida que ordena el territorio

Para entender cualquier cifra de este artículo hay que entender primero el territorio. Bojayá es un municipio de categoría sexta —la más baja de la escala territorial colombiana— con cerca de 13.700 habitantes según las proyecciones del DANE, de los cuales la gran mayoría se reconoce como población afrodescendiente e indígena Embera Dobida. Su cabecera, Bellavista, está asentada sobre la ribera del río Atrato, y la mayor parte de sus centros poblados se comunica únicamente por agua. La economía es de sustento: pesca, pan coger, minería artesanal y comercio fluvial de primera necesidad.

El 2 de mayo de 2002, en medio de los enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la guerrilla de las FARC, un cilindro bomba lanzado hacia la iglesia de San Pablo Apostol de Bellavista —donde cientos de familias se refugiaban— mató a 79 personas dentro del templo, entre ellas 45 niños, y dejó cifras totales de víctimas que algunas fuentes elevan a 98 muertos. La masacre provocó el desplazamiento masivo de 5.771 personas hacia Quibdó y convirtió a Bojayá en símbolo nacional del desamparo. Cuando en 2016 los colombianos votaron el acuerdo de paz, el 96% de los bojayaseños lo aprobó: ninguna comunidad respaldó con mayor fuerza la promesa de que el Estado llegaría de verdad.

Hailton Perea Chaverra: el alcalde y su Plan «Porque Bojayá Somos Todos»

Hailton Perea Chaverra llegó a la Alcaldía por el Partido Liberal, sucediendo a una administración caracterizada por la emergencia permanente del conflicto y la precariedad de servicios. En campaña presentó un programa de gobierno denominado «Otro Bojayá es posible», y una vez posesionado su equipo tradujo ese programa en el Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «Porque Bojayá Somos Todos», aprobado por el Concejo Municipal a mediados de 2024 —es decir, varios meses después de iniciada la vigencia, un retraso de planeación que luego penalizamos en el componente correspondiente—.

El Plan se estructura alrededor del fortalecimiento institucional, la ampliación de la oferta de servicios sociales e infraestructura y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambiental del territorio. Es un discurso coherente con las necesidades del municipio. El problema, como veremos, no está en las palabras sino en la trazabilidad: el presupuesto total del Plan no resulta verificable en las fuentes abiertas oficiales, y los formularios financieros que deberían evidenciar su ejecución llegan a las plataformas públicas incompletos. En un municipio PDET, donde cada peso convocado a mesa tiene oro de dignidad, la opacidad tiene dueño y la demora tiene víctima.

Un territorio PDET y ZOMAC: el dinero que llega y el que falta

La condición PDET y ZOMAC convierte a Bojayá en un imán de recursos excepcionales: regalías del SGR con destinación prioritaria, fondos de paz, cooperación internacional y programas de la unidad de víctimas. La evidencia reciente muestra que el flujo existe: en diciembre de 2024 el Gobierno Nacional entregó a la Gobernación del Chocó la obra física del Hospital 2 de mayo de Bojayá, con capacidad para habilitar servicios hospitalarios que beneficiarían a por lo menos 13.000 personas, y en julio de 2026 el programa PDET anunció cuatro nuevos proyectos por más de $84.200 millones para los municipios de Medio Atrato, Istmina, Carmen del Darién, Bojayá y Unguía.

Pero el flujo también es frágil y está bajo sospecha regional. En diciembre de 2025 la Contraloría General de la Nación reveló presuntos hallazgos fiscales por más de $70.000 millones en el Fondo Todos Somos Pazcífico, el principal instrumento de inversión para los territorios PDET del Pacífico. La lección para Bojayá es directa: cuando los controles del municipio se debilitan —formularios sin reportar, contratación sin competencia, plataformas anticuadas—, el dinero de la paz encuentra en la opacidad su mejor aliado. Con ese telón de fondo, examinemos las cifras.

Componente 2 (20%): CUIPO — la ejecución presupuestal, línea por línea

Ingresos: $39.046 millones en 2024 y $42.192 millones en 2025

El Consolidador Único de Informes Presupuestales (CUIPO) de Bojayá muestra un municipio que crece en dinero y decrece en diversidad de fuentes. En la vigencia 2024 el municipio registró ingresos totales por $39.046 millones, de los cuales $37.522 millones fueron ingresos corrientes y solo $1.525 millones de capital. En 2025 la cifra subió a $42.192 millones, un crecimiento del 8,1%, impulsado casi por completo por las transferencias de la Nación. Traducido a habitantes: cada bojayaseño dispone de $2.846.133 anuales en 2024 y de $3.102.368 en 2025, cifras nominalmente altas para un municipio de categoría sexta, pero que llegan casi enteras marcadas desde Bogotá.

Gráfica 1. Estructura de los ingresos municipales 2024: las transferencias representan el 90,4% del total.

Gráfica 2. Estructura de los ingresos municipales 2025: la dependencia de las transferencias sube al 93,5%.

La dependencia de las transferencias: 90,4% y 93,5%

En 2024, el 90,4% de los ingresos de Bojayá provinieron de transferencias —Sistema General de Participaciones (SGP), Sistema General de Seguridad Social en Salud, compensaciones del Fondo de Solidaridad Pensional y otras menores—. En 2025 esa dependencia subió al 93,5%, con el SGP representando el 68,9% del presupuesto total. La tendencia es la contraria a la sana diversificación: cuanto más depende un municipio de la Nación, menos margen tiene para sostener su planta, sus convenios y sus planes cuando una convocatoria falla o una transferencia se retrasa.

El dato de fondo es la estructura del SGP: en 2024 el municipio recibió $1.771 millones para educación, $7.271 millones para salud, $2.954 millones para agua potable y $12.117 millones de propósito general. En 2025 las cifras subieron en bloque ($2.838, $7.601, $3.424 y $14.225 millones, respectivamente), pero la pregunta forense no es cuánto llegó sino con qué velocidad y con qué condiciones. Un municipio que recibe el 93,5% de su plata por transferencias tiene una sola obligación indeclinable: reportar, ejecutar y demostrar. Las secciones siguientes muestran que en eso, Bojayá 2025 cojea.

El gasto: 87% de inversión, pero con reservas dormidas

Del lado del gasto, el CUIPO 2024 registra compromisos por $38.196,4 millones, obligaciones por $36.377,6 millones y pagos por $34.505,5 millones. La composición es, en apariencia, ejemplar: el 87,7% del gasto comprometido fue inversión y apenas el 12,3% funcionamiento, proporción que se mantiene en 2025 (87,9% y 12,1%). Pocos municipios chocoanos muestran esa vocación inversora en el papel. Dentro del funcionamiento, el municipio destina subsidios explícitos a los servicios públicos: $1.008 millones en 2024 ($585 millones de acueducto, $215 de alcantarillado y $208 de aseo) y $1.455 millones en 2025, un reconocimiento de que el sistema no es autosuficiente y de que el municipio asume la factura.

Gráfica 3. Cadena de ejecución del gasto 2024-2025: compromisos, obligaciones y pagos, en millones de pesos.

La cadena compromisos-obligaciones-pagos, sin embargo, muestra un descenso sistemático que en 2024 dejó una brecha de $3.691 millones entre lo comprometido y lo pagado. Esa brecha no es abstracción contable: son convenios firmados que no se facturan, obras adjudicadas que no avanzan y proveedores que esperan. En 2025 la brecha se estrecha a $2.909 millones, señal de una ejecución algo más ágil, pero el patrón de fondo persiste: Bojayá compromete más de lo que logra convertir en bienes y servicios en el mismo año.

Reservas y cuentas por pagar: el dinero que se compromete y no se paga

Aquí está una de las cifras más incómodas del expediente. En 2024 el municipio reservó compromisos por $1.833,9 millones —dinero apartado para obligaciones pendientes— y solo pagó $205,8 millones: el 88,8% de las reservas ($1.628 millones) quedó sin ejecutar dentro del año. Las cuentas por pagar cuentan la misma historia: $2.535,3 millones comprometidos frente a $1.944,6 millones pagados, dejando un saldo de $590,7 millones arrastrado a la vigencia siguiente. Un municipio PDET que deja dormido casi el 90% de sus reservas está, en los hechos, postergando bienes y servicios que su población necesitaba ya.

Gráfica 4. Reservas presupuestales y cuentas por pagar: comprometido frente a pagado, 2024 y 2025.

En justicia, el dato positivo también se reporta: en 2025 el comportamiento mejoró de forma notable, con el 83,7% de las reservas pagadas y cuentas por pagar prácticamente netas. La corrección es real y merece reconocimiento. Pero el resultado neto del bienio sigue siendo un superávit corriente de apenas 2,2% en 2024 y 5,1% en 2025 —holguras pequeñas para un municipio sin deuda ni amortización que absorber—, y una proyección 2026 alarmante: ingresos presupuestados por $23.302 millones (44,8% menos que 2025) con un resultado fiscal proyectado de −$3.978 millones en déficit. La fiesta de las transferencias 2025 no deja colchón para 2026.

Sistema General de Regalías: de $3.438 millones a cero

2024: $3.438,6 millones recibidos y 71,8% ejecutados

En la vigencia 2024 Bojayá recibió $3.438,6 millones del Sistema General de Regalías y ejecutó $2.467,9 millones, equivalentes al 71,8%. Para un municipio de categoría sexta y condición PDET, las regalías son el combustible de los proyectos estructurales: acueductos, puestos de salud, infraestructura educativa. Un 71,8% de ejecución en el primer año de gobierno es un desempeño aceptable pero discreto, sobre todo considerando que los municipios PDET tienen prioridad de asignación y acompañamiento del DNP para estructurar y ejecutar proyectos.

2025: el año sin regalías — y el archivo que llega dañado

Y entonces llegó 2025. El formulario oficial del CHIP para el SGR de la vigencia 2025 reporta, en negro sobre blanco, $0 recibidos y $0 ejecutados. Ningún peso de regalías ingresó a Bojayá en todo el año: ni asignaciones directas, ni proyectos de impacto regional aprobados por los OCAD, ni recursos de ventanilla. En un municipio que en 2024 había captado $3.438 millones, el desplome a cero no es una fluctuación: es un golpe a la planeación que debió reflejarse en recortes, reprogramaciones y acuerdos con la Nación. El CUIPO 2025 registra el efecto espejo: los ingresos de capital cayeron 74,3%.

Gráfica 5. Recibido y ejecutado del SGR por vigencia: el desplome de 2025 a $0.

La historia tiene un epílogo kafkiano. Al intentar verificar en el CHIP la planeación de regalías para 2026 —el archivo oficial de asignaciones de la vigencia siguiente—, el documento descargado de la plataforma pública llega dañado («Error 50»), ilegible para cualquier auditor, veeduría o periodista. El resultado es que hoy nadie puede verificar en fuentes abiertas cuántas regalías planeó recibir Bojayá para 2026 ni con qué proyectos. La cadena 2024-$3.438 millones, 2025-$0, 2026-archivo ilegible es, en sí misma, un retrato de la calidad del control: el dinero se apaga y la información se apaga con él.

Deuda pública y vigencias futuras: el silencio de los formularios

Créditos y renta pignorada: formularios vacíos

El Formulario Único Territorial (FUT) de deuda pública, que todos los municipios deben diligenciar anualmente para reportar créditos, renta pignorada y distribución sectorial del pasivo, llegó para Bojayá con sus tres secciones vacías en 2024 y en 2025. La lectura optimista dice que Bojayá no debe nada: cero créditos, cero renta pignorada, cero pasivo. Y en efecto, ninguna de las demás fuentes revisadas —CUIPO, informes de MinHacienda— evidencia operación de endeudamiento en el bienio. Un municipio sin deuda, en un país donde los municipios pequeños suelen estar asfixiados por ella, es prima facie un dato de higiene fiscal.

Vigencias futuras: «NO REPORTE DE INFORMACION»

Pero la lectura optimista choca con el segundo formulario. El FUT de vigencias futuras —las autorizaciones que el Concejo concede para comprometer recursos de vigencias siguientes, instrumento clave para estructurar proyectos plurianuales— reporta literalmente «NO REPORTE DE INFORMACION» para 2024 y 2025. Dos formularios en blanco no son lo mismo que dos formularios diligenciados con ceros: uno afirma, el otro calla. Y en la metodología de este portal, el silencio oficial también se califica: los datos faltantes penalizan el puntaje, porque en gestión pública no existe la neutralidad de la ausencia.

Componente 3 (20%): el Plan de Desarrollo «Porque Bojayá Somos Todos»

Un plan aprobado tarde y con presupuesto difícil de rastrear

El Plan de Desarrollo «Porque Bojayá Somos Todos» fue aprobado por el Concejo Municipal a mediados de 2024, es decir, cuando ya corrían entre cuatro y seis meses de la vigencia. En municipios pequeños el retraso tiene una justificación recurrente —el empalme, la demora en la conformación del gabinete, la lentitud del debate—, pero sus efectos son objetivos: el primer presupuesto de la administración se ejecutó con un plan en tránsito, y los proyectos estructurales arrancaron sin el mapa aprobado que debería guiarlos. La planeación tardía es una forma silenciosa de subejecución.

El segundo problema es de trazabilidad. El presupuesto total del Plan no resulta verificable en las fuentes abiertas oficiales: el documento técnico no está disponible con cifras consolidadas en los portales del municipio ni en los agregadores nacionales, y los formularios financieros del CHIP —como se vio— llegan incompletos. Cuando el plan de un municipio PDET no tiene cifra pública consolidada, cada promesa queda flotando sin ancla. Este vacío penaliza directamente el componente: la calificación de este eje no mide buenas intenciones, mide evidencia documental.

Los cinco indicadores de gestión, analizados

Para calificar este componente seleccionamos los cinco frentes de gestión que la administración misma prioriza en su discurso y que concentran el gasto municipal: salud, agua potable, vías, educación y seguridad. Cada indicador se calificó de 0 a 10 con base en evidencia documental de las vigencias 2024 y 2025. El promedio ponderado de los cinco —4,5 en salud, 4,0 en agua, 4,5 en vías, 5,5 en educación y 3,0 en seguridad— produce la nota del componente: 4,3/10.

Gráfica 6. Los cinco indicadores de gestión del Plan de Desarrollo, calificados de 0 a 10.

Indicador 1 — Salud: un hospital nuevo sin habilitar (4,5)

La historia de la salud en Bojayá en este bienio es la historia de una promesa física entregada y de un servicio todavía ausente. En diciembre de 2024 el Gobierno Nacional entregó a la Gobernación del Chocó la obra física del Hospital 2 de mayo, una edificaciónconcebida para habilitar servicios hospitalarios que beneficiarían a por lo menos 13.000 personas. Es la inversión más significativa en infraestructura de salud del municipio en décadas. Pero la obra física no es el servicio: la habilitación sanitaria, el personal, la dotación y el esquema de financiación dependen de una cadena en la que el municipio es eslabón y no dueño, y a la fecha de cierre de este análisis la habilitación plena sigue siendo la espera principal de la comunidad.

Mientras tanto, la atención cotidiana sigue atada a la geografía: las urgencias serias viajan en lancha hacia Quibdó, con los costos humanos que eso implica, y el municipio asume subsidios y convenios para sostener la red de primer nivel. La gestión municipal no puede resolverse por la falla estructural del sistema de salud departamental —cuyo colapso documentó la prensa regional en 2025—, pero sí responde por la lentitud de los convenios interadministrativos y por la debilidad de la atención primaria en las veredas. Un 4,5 reconoce el hito del hospital y castiga el estado permanente de transición.

Indicador 2 — Agua potable: 20 horas prometidas y un sistema que depende de aliados externos (4,0)

Para un municipio cuyo nombre resonó en el país por la tragedia, el agua potable tiene valor simbólico y material simultáneo. En el bienio se registraron dos hitos positivos: la puesta en operación de un nuevo acueducto con promesa de 20 horas diarias de servicio para la cabecera, y el apoyo técnico para la prestación del servicio en el marco de una subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Además, el municipio incrementó los subsidios al servicio: de $1.008 millones en 2024 a $1.455 millones en 2025 entre acueducto, alcantarillado y aseo.

El problema es la arquitectura de la dependencia. El sistema funciona apalancado en cooperación internacional y en subsidios municipales, no en una empresa de servicios públicos con capacidad propia de operación, inversión y mantenimiento —la EDUR Bojayá, la empresa industrial y comercial del municipio, opera con limitaciones evidentes—. En las zonas rurales y en los ríos interiores, el acceso sigue siendo por soluciones individuales o comunitarias sin vigilancia técnica permanente. El ODS 6 de agua limpia, en consecuencia, avanza en la cabecera y se estanca en el resto. La nota: 4,0.

Indicador 3 — Vías: 4,5 en un territorio fluvial (4,5)

Bojayá no tiene carreteras que conecten su territorio: tiene ríos. La «malla vial» municipal es, en realidad, una red de embarcaderos, motorrutas, canoas y senderos, y la inversión municipal en infraestructura de transporte se concentra en plataformas urbanas, mejoras a muelles y mantenimientos menores. En 2024 y 2025 la ejecución de inversión (87% del gasto) incluyó rubros de infraestructura, pero no hay evidencia pública de una obra vial estructural completada por la administración en el bienio; la apuesta mayor —la carretera Quibdó-Medellín por el Atrato, las vías PDET— es competencia nacional y departamental.

El 4,5 del indicador es un reflejo de esa mitad-realidad: la administración mantiene y habilita lo existente sin poder transformar la conectividad estructural, y la población sigue pagando la tarifa más alta del país en costo de transporte fluvial para llegar a salud, mercado y escuela. Cualquier calificación aquí debe ser modesta: ni el esfuerzo municipal es suficiente para cambiar el mapa, ni la ausencia de obras mayores es del todo responsabilidad municipal. Es el territorio, una vez más, mandando sobre el presupuesto.

Indicador 4 — Educación: 10 de 16 sedes intervenidas (5,5)

La educación es el frente con mejor desempeño del bienio, y el dato tiene dueño y fecha: en agosto de 2025 la propia administración reportó la intervención de 10 de las 16 sedes educativas de las instituciones del municipio —un 62,5%— en apenas 20 meses de gobierno, mediante mejoras de infraestructura, dotación y adecuación. Para un municipio donde la mayoría de los estudiantes llega a sus aulas por río, cada sede recuperada es una promesa cumplida, y el ritmo reportado es superior al de las vigencias anteriores según la misma vocería oficial.

El 5,5 reconoce ese avance pero señala el techo: quedan 6 sedes sin intervenir —el 37,5%—, la cobertura de educación media y la conectividad digital siguen siendo precarias, y la deserción en zonas con confinamiento armado (ver indicador 5) compromete la continuidad escolar. La educación es, además, la puerta de entrada de la cooperación: varios de los avances están apalancados en convenios y programas externos. Sostenibilidad, entonces, es la palabra pendiente.

Indicador 5 — Seguridad: el confinamiento de 2.250 personas (3,0)

Ningún indicador de este plan puede calificarse por encima de la realidad humanitaria. En 2025 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 008-2025 advirtiendo riesgo inminente para la vida, la libertad y la integridad de las comunidades de Bojayá, y documentó que al menos 2.250 habitantes de comunidades negras e indígenas permanecían confinados por la disputa territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo). Los Grupos Armados No Estatales restringieron o impidieron el movimiento y el acceso de las comunidades a sus cultivos de pan coger y a los caminos fluviales, y en mayo de 2025 el anuncio de paro armado del ELN paralizó de nuevo la vida del Medio Atrato.

Un alcalde no gana la guerra y no controla las estrategias de la Fuerza Pública. Pero sí es responsable de la protección diferencial de su población civil: activar comités de ordenamiento, coordinar con la Defensoría y la ONU, mantener servicios esenciales durante los confinamientos, acompañar las rutas humanitarias y denunciar con fuerza ante la Nación. En el bienio analizado, la respuesta municipal a la crisis fue discreta, sin plan público de contingencia humanitaria ni gestión visible de la emergencia. El 3,0 es la nota más baja de los cinco indicadores, y la más dolorosa: es la calificación de un territorio donde la promesa de paz del 96% sigue esperando.

Componentes 5 y 6 (20%): los ODS y la percepción ciudadana

El quinto componente mide el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y produce una nota de 4,0/10. En pobreza multidimensional, Bojayá sigue muy por encima del promedio nacional, con la pobreza rural como rasgo estructural; en salud efectiva y desigualdad los avances son marginales; en agua rural el ODS 6 apenas arranca en las veredas; en educación el avance es parcial (10 de 16 sedes); y el ODS 16 —instituciones sólidas y acceso a la justicia— está directamente comprometido por la presencia armada activa y el confinamiento. No hay, en las fuentes oficiales, una estrategia municipal de alineación con los ODS con metas e indicadores públicos: el componente se sostiene sobre evidencia indirecta, y eso también es un hallazgo.

El sexto componente —percepción ciudadana— califica 5,0/10 y registra un empate entre dos narrativas. De un lado, la vocería oficial es activa y favorable: la administración difunde avances en educación, obras y convenios, y mantiene relaciones fluidas con medios locales y con la cooperación. Del otro, la vida cotidiana de 2024 y 2025 estuvo marcada por confinamientos, paros armados, alertas tempranas y una crisis humanitaria que el municipio no logra sortear; no hay evidencia documental de protestas masivas contra el alcalde, pero tampoco de una aprobación organizada y sostenida. Percepción mixta, nota media: el 5,0 es exactamente eso.

Componente 4 (15%): transparencia en la contratación pública (SECOP)

El municipio que no migró a SECOP II

Comencemos por el dato estructural: a la fecha de cierre de este análisis, la Alcaldía de Bojayá no ha migrado su proceso contractual a SECOP II. La entidad sigue publicando en el SECOP I —identificador f789-7hwg, NIT 800070375—, la plataforma de primera generación que la Ley 1530 de 2020 y la regulación del Colombia Compra Eficiente ordenaron reemplazar, con migración obligatoria desde 2022. Cuatro años después de la fecha límite, un municipio PDET continúa operando en el sistema antiguo, con menos campos de trazabilidad, menos datos abiertos, menos filtros de riesgo y una visibilidad muy inferior para veedurías ciudadanas, periodistas y órganos de control.

Gráfica 7. Contratación municipal en SECOP 2024-2025: número de contratos, valor y peso de la contratación directa y mínima cuantía.

416 contratos por $22.356 millones: el reino de la contratación directa

Entre 2024 y 2025 la Alcaldía publicó en SECOP 416 contratos por $22.355,8 millones. El desglose modal es elocuente. En 2024 se celebraron 303 contratos por $10.136,4 millones, de los cuales 185 fueron contratación directa y 110 de mínima cuantía: el 97,4% de todos los contratos —y el 75,8% del valor— se canalizó por las dos modalidades sin competencia estructural del sistema. En 2025 el patrón se ajusta pero no cambia de naturaleza: 113 contratos por $12.219,4 millones, con 34 directos y 60 de mínima cuantía (83,2% de los contratos) y un 38,0% del valor en esas modalidades.

La contratación directa y la mínima cuantía son figuras legítimas cuando se usan para lo que fueron diseñadas —urgencias manifiestas, prestaciones de bajo valor—. El problema es la escala. Cuando casi la totalidad de los procesos de 2024 evitó la licitación pública y las selecciones abiertas, el efecto agregado es un mercado adjudicado por discrecionalidad, donde la competencia no fija precios ni calidad, y donde la rotación de proveedores depende de la confianza administrativa más que del mérito. Que en 2025 el valor en modalidades directas bajara al 38% sugiere que los procesos grandes sí pueden salir a competencia cuando la administración lo decide, lo que hace aún más cuestionable el patrón de 2024.

Los proveedores que concentran el negocio

El otro extremo de la misma historia son los nombres. En el tope del acumulado 2024-2025 aparece el Consorcio Alcantarillado Piedra Candela, con un único contrato de $1.769,4 millones —el mayor contrato municipal del bienio—. Le sigue la Fundación Pacífico en Paz, con 39 contratos por $1.728,5 millones: casi cuarenta procesos con una sola entidad sin ánimo de lucro es un patrón que exige revisión de objeto, plazo y valor unitario, porque las fundaciones-cliente son la figura clásica por donde la mínima cuantía se convierte en contrato cautivo. Ingepro S.A.S. registra 4 contratos por $1.619,2 millones, la EDUR Bojayá —la propia empresa industrial y comercial del municipio— firma 3 contratos por $1.541,1 millones como contratista, y la Fundación Chocó en Libertad y Desarrollo (CHOLIDES) suma $1.470,0 millones en un solo proceso.

El caso de la EDUR Bojayá merece párrafo propio. Cuando una empresa de propiedad estatal municipal actúa simultáneamente como brazo operativo de servicios y como contratista de la Alcaldía, la frontera entre operador y proveedor se difumina: el municipio se contrata consigo mismo bajo figuras interadministrativas o de apoyos técnicos, y la vigilancia del gasto pierde el contrapeso de un proveedor externo que defienda su margen. No es ilegal por sí mismo; es estructuralmente conflictivo, y en un municipio sin SECOP II ni estándares de publicación robustos, la opacidad se multiplica.

La Gobernación del Chocó: 20 contratos por $93.324 millones

El mapa contractual de Bojayá no termina en la Alcaldía. La búsqueda en SECOP de los procesos del orden departamental relacionados con el municipio arroja 20 contratos de la Gobernación del Chocó por $93.324,2 millones —más de cuatro veces toda la contratación municipal del bienio—. Concentrar esa magnitud en pocas intervenciones, con el historial regional de hallazgos fiscales que la Contraloría ha documentado en instrumentos como el Fondo Todos Somos Pazcífico, convierte a Bojayá en un caso donde el riesgo agregado supera con mucho la capacidad de vigilancia local. Para las veedurías, la recomendación es directa: el dinero grande de Bojayá está en Quibdó y en Bogotá, no en Bellavista.

Componente 1 (25%): FURAG — la paradoja del salto de 41,6 puntos

La serie 74,81 → 62,40 → 50,61 → 92,18

El Índice de Desempeño Institucional del FURAG es la medición oficial de la calidad de la gestión pública municipal, y en 2025 Bojayá obtuvo 92,18 puntos, que corresponden al puesto 50 de 1.099 municipios evaluados —mejor que el 95,4% del país— y al cuarto lugar del Chocó, por detrás de Bahía Solano (96,59), Medio Atrato (93,54) y Río Quito (93,17) y por delante de Tadó (91,71). El promedio nacional de la vigencia fue 70,19: Bojayá quedó 22 puntos por encima de Colombia.

Gráfica 8. Serie del IDI-FURAG de Bojayá 2022-2025 frente al promedio nacional 2025.

La serie histórica, sin embargo, convierte el titular en paradoja. Bojayá registró 74,81 en 2022, cayó a 62,40 en 2023, se hundió a 50,61 en 2024 —uno de los peores registros del departamento en esa vigencia— y saltó a 92,18 en 2025. Son 41,57 puntos de mejora en un solo año, la mayor oscilación de toda su serie reciente, en el primer ciclo de medición plena de esta administración. Ninguna transformación institucional verificable —ni una planta reestructurada, ni un sistema de gestión implantado— se despliega con esa velocidad en municipios de esta escala.

Lo que el FURAG no dice pero sugiere

La explicación más plausible no está en un milagro de gestión sino en la mecánica de la encuesta. El FURAG mide, en gran parte, la calidad y oportunidad con que el municipio responde el instrumento y documenta sus procesos: planes, actos administrativos, reportes. Un municipio que en 2024 no respondió con rigor obtiene 50,61; el mismo municipio que en 2025 organizó una respuesta exhaustiva y oportuna obtiene 92,18. Es indudable que la coordinación de la respuesta es también gestión —y de la buena—, pero el salto coincide, año de por medio, con reportes CHIP incompletos: SGR en cero sin explicación, formularios de deuda y vigencias futuras vacíos, y un archivo SGR 2026 dañado en la plataforma pública.

Por eso la calificación de este componente no es 9,2 sino 7,1: el promedio de los dos años de gobierno —(50,61 + 92,18) / 2 = 71,40, que redondea a 7,1 sobre 10—, con una advertencia explícita de cautela. Cuando el desempeño documental es tan volátil y la información financiera pública tan intermitente, el IDI mide el pulso del reporte más que el latido del territorio. La recomendación al lector es tratar el 92,18 como un buen indicador de capacidad administrativa —algo real y valioso— y no como certificado de resultados en salud, agua, vías o seguridad, que es donde la gente siente el Estado.

Radar integral: la calificación final ponderada

Cálculo detallado

La metodología de corrupcionaldia.com pondera seis componentes: FURAG (25%), CUIPO (20%), Plan de Desarrollo (20%), SECOP (15%), ODS (10%) y percepción ciudadana (10%). La siguiente tabla consolida las notas de cada componente y su contribución al puntaje final. Los datos faltantes penalizan: donde el municipio no reportó —SGR 2025, deuda, vigencias futuras, presupuesto consolidado del Plan—, la nota asume el costo de la ausencia.

Gráfica 9. Radar integral de la gestión municipal de Bojayá 2024-2025, con los seis componentes de la metodología.

5,42/10 — REGULAR (VIGILAR)

El resultado es 5,42/10, categoría REGULAR (VIGILAR): una gestión sin el colapso flagrante que caracteriza a las calificaciones críticas, pero con patrones documentados —opacidad de reporte, concentración contractual, planeación tardía— que, de no corregirse en 2026, encauzan al municipio hacia la franja inferior. La categoría VIGILAR significa, en el lenguaje de este portal, que el punto crítico no está en un escándalo específico sino en la acumulación de silencios verificables: cada formulario en blanco, cada contrato directo, cada vigencia sin reporte es una puerta que la administración puede cerrar —o abrir— en la vigencia que viene.

Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal)

Tipificación legal

Conforme a la metodología del portal, toda calificación igual o inferior a la franja media obliga a evaluar el encaje de conductas u omisiones en el tipo penal del Prevaricato por Omisión, artículo 414 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), que sanciona al servidor público que «omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones». La omisión, para configurar el tipo, debe ser dolosa: el funcionario debe haber querido incumplir el deber propio de su cargo. La evidencia que sigue documenta la materialidad de las omisiones —el hecho verificable de no haber actuado—; la valoración del dolo corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y, en su caso, a los jueces. Este análisis no afirma que exista delito: afirma que hay elementos que, en un Estado serio, ameritan indagación.

Omisiones documentadas que podrían configurar el tipo penal

Omisión 1: el reporte incompleto de la información financiera oficial

El deber de reportar al CHIP no es discrecional: es una obligación legal de todos los municipios, condición para transferencias y base del sistema nacional de datos fiscales. El expediente 2025 muestra SGR con $0 recibidos y $0 ejecutados sin explicación pública, formularios FUT de deuda y vigencias futuras sin reporte («NO REPORTE DE INFORMACION») y un archivo de planeación SGR 2026 dañado en la plataforma pública. Omitir, retardar o denegar el acto propio —diligenciar y publicar la información— es exactamente la conducta que el artículo 414 describe; el elemento dolo, si existiera, tendría un escenario probatorio claro: la ventaja de operar sin escrutinio externo.

Omisión 2: reservas dormidas y cuentas por pagar arrastradas

En 2024, el 88,8% de las reservas presupuestales ($1.628,1 millones) quedó sin pagar dentro de la vigencia, con cuentas por pagar netas de $590,7 millones arrastradas. El deber del ordenador del gasto es perfeccionar y ejecutar las obligaciones que comprometió con la población; la reserva masiva sin pago —que en 2025 se corrigió, y ese hecho también sedocumenta— es un retardo verificable de la función. La corrección de 2025 apaga el riesgo hacia adelante pero confirma que en 2024 el acto propio se dejó de cumplir: la plata estaba apartada, la obligación estaba hecha y el pago no llegó.

Omisión 3: la garantía de derechos en territorio confinado

La Alerta Temprana 008-2025 de la Defensoría del Pueblo y el confinamiento documentado de al menos 2.250 personas generan para la Alcaldía deberes concretos de protección civil: planes de contingencia humanitaria, continuidad de servicios esenciales, coordinación activa con los sistemas de alerta. La ausencia de un plan público de contingencia y de gestión visible de la emergencia en el bienio puede subsumirse en la omisión del acto propio cuando el deber legal de protección existe y la capacidad administrativa —que el FURAG certifica como sobresaliente en 2025— estaba disponible. Aquí el contraste es el más severo de todo el expediente: capacidad alta, respuesta discreta.

Omisión 4: la transparencia contractual

La permanencia en SECOP I cuatro años después de la migración obligatoria, el 97,4% de contratos sin competencia estructural en 2024 y la operación contractual de la empresa municipal como contratista configuran omisiones de deberes de publicidad y transparencia cuya consecuencia objetiva es la degradación del control. No cada contrato directo es irregular; el patrón agregado sí es auditable, y la omisión de migrar no admite lectura alternativa: es un acto propio del cargo —aplicar la regulación de contratación pública— que simplemente no se cumplió.

Conclusiones del análisis jurídico

El expediente de Bojayá 2024-2025 no contiene, hasta donde alcanzan las fuentes abiertas, indicios de apropiación patrimonial, contratos con precio inflado adjudicado a cercanos o pagos sin soporte: las cifras del CUIPO son coherentes y el municipio no carga deuda. Lo que contiene es la forma menos fotografiada de la corrupción en Colombia: la omisión sistemática del deber de informar, competir y garantizar, que no deja cheques sino silencios verificables. Por eso la puerta procesal adecuada es la indagación por prevaricato por omisión y las alertas administrativas: petición formal al Ministerio de Hacienda por el reporte CHIP, oficio al Colombia Compra Eficiente por la migración SECOP, solicitud de auditoría al DNP sobre la vigencia 2025 y seguimiento de la Procuraduría a los deberes de protección civil en contexto de confinamiento.

Conclusiones: Bojayá, la verdad diseccionada

Lo que la administración Perea Chaverra hizo bien

El balance positivo existe y se enuncia con la misma claridad que el negativo. Primero, la capacidad administrativa: el 92,18 del FURAG 2025 y el cuarto lugar del Chocó demuestran que la Alcaldía sabe responder, documentar y organizarse cuando se lo propone. Segundo, la corrección financiera de 2025: reservas pagadas al 83,7% frente al 11,2% de 2024, cuentas por pagar prácticamente netas y un superávit corriente del 5,1%, con inversión sostenida del 87% del gasto. Tercero, los frentes físicos que avanzaron: 10 de 16 sedes educativas intervenidas en 20 meses, el Hospital 2 de mayo entregado al territorio (obra de la Nación gestionada en conjunto) y un acueducto de cabecera con promesa de 20 horas de servicio. Cuarto, la higiene financiera: ni un peso de deuda pública en dos años, rareza virtuosa en un país de municipios endeudados.

Lo que la administración no hizo o hizo mal

La lista de deudas consigo mismo es más larga. No migró a SECOP II pese a la obligación vigente desde 2022, y en 2024 adjudicó el 97,4% de sus contratos sin competencia estructural, con 39 procesos a una sola fundación y su propia empresa operando como contratista. No explicó por qué en 2025 no recibió ni ejecutó un peso de regalías, ni reportó deuda ni vigencias futuras, y dejó un archivo SGR 2026 dañado en la vitrina pública. Aprobó su Plan a mitad de 2024 y no publicó un presupuesto consolidado verificable. Permitió que en 2024 el 88,8% de las reservas quedara dormida. Y frente al confinamiento de 2.250 personas, la respuesta humanitaria municipal no alcanzó a verse en las fuentes oficiales: silencio sobre silencio, con una población de por medio.

Cierre periodístico: la pregunta que queda

Bojayá aprendió, a costa de 79 vidas dentro de una iglesia, que el Estado que no llega también es una forma de violencia. Cuatro años después del plebiscito en el que el 96% de sus habitantes dijo sí a la paz, el municipio que responde mejor a las encuestas de la Función Pública sigue sin poder responder la pregunta más simple de todas: ¿dónde están las regalías de 2025, cuáles son las vigencias futuras autorizadas por el Concejo y por qué el archivo que lo explica llega dañado a la plataforma pública? El 92,18 del FURAG demuestra que la Alcaldía puede reportar todo, y perfecto, cuando decide hacerlo. La calificación 5,42 — REGULAR (VIGILAR) existe precisamente porque esa decisión, hasta hoy, no se ha tomado de manera completa. En Bojayá, como en el Atrato, la opacidad también corre por el río: y este portal seguirá midiendo su caudal.

Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales consultadas

La totalidad de los datos financieros y contractuales citados en este artículo proviene de

Bojayá (Chocó) · Análisis de gestión municipal 2024-2025 · corrupcionaldia.com

fuentes oficiales públicas, consultadas en línea entre agosto y septiembre de 2026. Se listan a continuación por orden de peso en el análisis:

CHIP — Consolidador de Hacienda e Información Pública (Ministerio de Hacienda): 21 formularios oficiales de Bojayá correspondientes a CUIPO, SGR, FUT de deuda y FUT de vigencias futuras, vigencias 2024, 2025 y 2026.

FURAG — Índice de Desempeño Institucional (Departamento Administrativo de la Función Pública): resultados 2022-2025, posición nacional y departamental.

SECOP I y SECOP II (Colombia Compra Eficiente): 416 procesos contractuales de la Alcaldía 2024-2025, modalidades, proveedores y 20 contratos de la Gobernación del Chocó relacionados con el municipio.

DANE: proyecciones de población, perfil de pobreza multidimensional y censo nacional 2018.

Defensoría del Pueblo: Alerta Temprana 008-2025 y comunicados sobre confinamiento en el Medio Atrato.

PRESI / DNP: información PDET del Medio Atrato y anuncios de proyectos 2026.

Centro Nacional de Memoria Histórica: reporte del 30 de abril de 2025 sobre Bojayá.

Contraloría General de la Nación: comunicado del 12 de diciembre de 2025 sobre hallazgos en el Fondo Todos Somos Pazcífico.

Prensa y medios consultados

Los hechos de contexto —entrega del Hospital 2 de mayo, anuncios de acueducto, intervención de sedes educativas, paros armados y confinamientos— se corroboraron en al menos dos fuentes independientes entre sí. Se consultaron boletines de la Gobernación del Chocó y de la Presidencia de la República, portales de prensa regional del Pacífico y medios nacionales de referencia, así como los canales oficiales de la Alcaldía Municipal de Bojayá y comunicados de la cooperación internacional (AECID) vinculados al sector de agua potable.

Metodología de calificación

La calificación 5,42/10 resulta de la ponderación de seis componentes: FURAG con peso del 25% (nota 7,1), CUIPO con 20% (6,8), Plan de Desarrollo con 20% (4,3), SECOP con 15% (3,5), ODS con 10% (4,0) y percepción ciudadana con 10% (5,0). Las notas individuales se construyen con base en reglas explícitas: los datos faltantes penalizan la nota del componente correspondiente —no existe la neutralidad de la ausencia—, los valores se contrastan entre fuentes cuando es posible, y toda cifra citada en el texto se verifica contra el formulario original del CHIP o el registro primario de SECOP. La adjetivación sigue la escala del portal: ACEPTABLE (7,0-10,0), REGULAR (VIGILAR) (5,0-6,9) y CRÍTICA (0,0-4,9).

Limitaciones y declaración de transparencia

Este análisis se elaboró exclusivamente con fuentes abiertas y no contó con declaraciones de la administración municipal ni con acceso a documentos internos. Las omisiones de reporte se documentan tal como aparecen en las plataformas oficiales: cuando un formulario llega vacío, el artículo lo registra como vacío, sin especular causas. Ninguna afirmación del texto debe leerse como imputación penal o disciplinaria contra persona identificada; la valoración del dolo y la responsabilidad, si las hubiera, corresponden a las autoridades competentes, y toda persona goza de presunción de inocencia. El archivo SGR 2026 dañado puede haber sido reemplazado por el Ministerio de Hacienda después del cierre de este análisis; si ello ocurre, este portal actualizará el apartado correspondiente. Los datos de SECOP se cortaron a la fecha de consulta y pueden variar por republicaciones o adiciones posteriores.