Investigación: HERNANDO JOSÉ ESCOBAR MEDINA
La Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, con el concurso de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional dispuso investigar penalmente a Mallath Paola Martínez Cantillo, alcaldesa de Fundación, y Luz Stella Durán Manjarrez, quien fuera mandataria de ese municipio en el período 2012-2015, por la comisión del delito tipificado como enriquecimiento ilícito y otras conductas punibles conexas con ocasión de la ilegal contratación del Programa de Alimentación Escolar “PAE” durante las vigencias fiscales del 2014 al 2018, con la apertura del proceso penal radicado con el No. 110016000096201800193.

La Fiscalía General de la Nación indaga cómo fue estructurada la ilegal contratación directa de la Unión Temporal Infamil-Asocomufo para la suscripción de los convenios de cooperación y cofinanciaciónNos. 003 de 12 de agosto de 2014 y 005 de 28 de mayo de 2015 y cuyos objetos fueron la “CONTRATACIÓN PARA LA PROVISIÓN iNTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA NIVEL 1 Y 2, por valor de $713´858.217,00 y $833´141.869,00, respectivamente.
A pesar de que la Ley exige la implementación de un proceso de selección pública, abierta y transparente, estas funcionarias aprovecharon su posición de mando con una ilegal contratación directa a través de presumiblemente fraudulentos e ilegales convenios. Esos dos convenios fueron celebrados con la autorización, aprobación y ordenación de la entonces alcaldesa Durán Manjarrez.
De igual manera, la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, por conducto de una de sus Fiscalías adscritas, busca establecer cuáles son las responsabilidades penales imputables a Mallath Paola Fernández Cantillo, actual mandataria del municipio de Fundación (Magdalena), dada la comisión del delito tipificado como enriquecimiento ilícito y otras conductas punibles, con ocasión de la presunta contratación ilegal directa de la Fundación Por Mejoramiento Social De Las Familias “INFAMIL”.
La mandataria Fernández Cantillo firmó con INFAMIL el Convenio de Asociación, Cooperación y Aportes No. 006-2016 (Recursos del municipio de Fundación por un valor de $829´128.300,00), violando los Principios de Publicidad, Transparencia, Economía, Igualdad, Moralidad, Imparcialidad, Selección Objetiva y del Principio de la Función Administrativa, por cuanto la celebración directa solo procedía si el objeto contratado hubiera sido el impulso y ejecución de programas y actividades propias de la Fundación sin ánimo de lucro y que fuera de interés público.
No obstante, el convenio de asociación se firmó para el suministro de raciones alimentarias y de la prestación del servicio de transporte de las mismas.
Además, no era posible celebrar de manera directa ese Convenio de Cooperación. La selección del Contratista debió surtirse mediante la implementación y estructuración de un proceso de selección público, abierto, publicitado y transparente, tal como lo exigen las normas de contratación contenidas en la Ley 80 de 1993.
Con la celebración directa de ese Convenio deliberada y dolosamente se burló la selección objetiva del Contratista que bien hubiera podido ser una Persona Jurídica o Natural con ánimo de lucro.
Para firmar ese tipo de convenio, la mandataria debió abrir un proceso de Licitación Pública, dada la naturaleza de la contratación, al tratarse de suministro y transporte de complementos alimentarios a los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Fundación, acorde con los lineamientos técnicos, administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar “PAE”. Por ello, con la suscripción directa del referido convenio, dolosamente se desbordó la autorización contemplada en el inciso 2º del artículo 355 Superior y sus ordenamientos reglamentarios.
Fundación de papel
La Fundación Pro Mejoramiento Social de las Familias INFAMIL fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación como una Entidad Sin Animo de Lucro de papel o de fachada, utilizada para burlar las normas que rigen los procesos de la selección de contratistas en la Administración Pública, con la aquiescencia de Julián Esteban Henríquez Navarro, su representante legal.
La Fiscalía indaga los nexos de Henríquez Navarro con Dahud Rapag Martínez, quien vendría a ser el oculto determinador de las presuntas ilegales y delictivas conductas para apropiarse de los recursos públicos del municipio de Fundación en connivencia con las mandatarias Luz Stella Duran y Mallath Paola Martinez.
INFAMIL funciona en la carrera 2 No. 15-22, oficina 401 del edificio Banco Ganadero, de la ciudad de Santa Marta, y dicha oficina al parecer ha sido facilitada a la Fundación por Dahud Rapag Martínez.
“INFAMIL” es una fundación carente de idoneidad financiera y técnica, pues su patrimonio es de tan solo un millón de pesos ($1´000.000,00) y sus activos ascienden a $126.955.123 tal como lo certifica la propia Cámara de Comercio de Santa Marta. De ello se colige, teniendo en consideración la ecuación contable ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO, que el PASIVO de “INFAMIL” es de $125´955.123, ya que su CAPITAL es de tan solo $1´000.000.
Como referente de la incapacidad financiera de la citada Fundación, se ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación que el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, con ocasión de la Convocatoria Pública para conformar la lista de habilitados y seleccionar Operadores para el Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor “Juan Luis Londoño de la Cuesta”- PNAAMNº 001 DE 2012, rechazó la propuesta presentada por la Fundación Pro Mejoramiento Social de las Familias “INFAMIL”, al carecer de la idoneidad técnica, financiera y administrativa.
Al celebrarse de manera directa, sin procesos de selección alguno, los CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN Y APORTES Nos. 003 de 12 de agosto de 2014, 005 de 28 de mayo de 2015 y 006 de 30 de junio de 2016, con recursos del municipio de Fundación por valor de $713.858.217, $833.141.869 y $829.128.300, respectivamente, se incurrió en violación de las normas legales que rigen la Contratación Pública para privilegiar con amaño e inocultable direccionamiento a la Fundación Pro Mejoramiento Social de las Familias “INFAMIL”.
Por ello, tanto la alcaldesa de Fundación Mallath Paola Martínez Cantillo, como Luz Stella Durán Manjarrez, exmandataria de ese municipio, al igual que los funcionarios que intervinieron en los cuestionados e investigados procesos contractuales, entre ellos Jorge Eliécer Perez Rada, Secretario General y de Gobierno Municipal de Fundación, Carlos A. Sierra Sánchez, Secretario de Hacienda Municipal, Marth Patricia Alarcón Sánchez, Secretaria de Educación, Cultura y Deportes del Municipio de Fundación, y Julián Esteban Henríquez Navarro y Dahud Rapag Martínez, vinculados a la citada Fundación, deberán responder penalmente por la comisión de las conductas punibles endilgadas e investigadas por la Fiscalía General de la Nación.