En noviembre del 2018, en Santa Marta, a Marcela Aminta Piña* (Nombre cambiado para proteger su identidad) le fue detenido y llevado a los patios su vehículo marca Chevrolet, por orden de un juzgado que lo embargó por la deuda de pago que mantenía con una entidad bancaria.

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Al cabo de una semana Marcela logró reunir el dinero que debía al banco, por el orden de los $11 millones de pesos, con los que canceló la deuda.  El banco emitió el respectivo paz y salvo para ser presentado en el Juzgado.

A la semana siguiente se presentó ante el despacho judicial que emitió la orden de salida del vehículo, pero para su sorpresa, al llegar al parqueadero, el carro había desaparecido y nadie supo darle una respuesta sobre su paradero.

Molesta empezó a hacer las diligencias para instaurar la respectiva denuncia penal por robo contra los encargados del parqueadero, la Policía y contra el Juzgado.

En eso andaba cuando al cabo de unos días fue contactada por teléfono y le informó que su vehículo estaba en Sincelejo (Sucre) y que rápidamente se trasladara hasta allá antes de que fuera vendido. No le pidieron ningún dinero. El carro le fue devuelto por personas que no conocía. Dice que eso fue un milagro.

Entre las muchas versiones que Marcela escuchó por esos días está la de una supuesta red que integrarían uniformados con personas vinculados a despachos judiciales y a los parqueaderos que se dedicaba a robar vehículos embargados para cambiarles las placas y venderlos. Pero nunca pudo comprobar que eso fuera cierto.

No obstante el caso de Marcela no es único, por el contrario desde hace ya varios años muchos colombianos han denunciado haber sido víctimas de este delito.

Por eso, lo ocurrido en Medellín recientemente donde 23 uniformados de la Policía Nacional vinculados a la Metropolitana de Medellín, dos guardas de tránsito de la Secretaría de Movilidad y 11 civiles hayan sido llamados a juicio por la Fiscalía para que respondan por delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho propio e impropio, ratifica las versiones que a modo de rumor le contaron a Marcela.

En este proceso, cuyas investigaciones datan desde el 2017, las personas capturadas están acusadas de comercializar de forma irregular vehículos que, al parecer, se encontraban en proceso de embargo, y estaban confiscados en diferentes parqueaderos de la ciudad.

La mayoría de los policías fueron detenidos en el propio comando central de la Policía Metropolitana, ubicado en pleno centro de la capital antioqueña.

La audiencia de legalización de captura de los uniformados, se cumplió en el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en el palacio de justicia José Félix de Restrepo de Medellín.

No es la primera vez que se habla de la posible corrupción que se da en instituciones que tienen en encargo bienes embargados. Ya en el pasado se habla de cómo se estarían utilizando y comercializando carros que estaban en condición de embargo.

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