Desde el pasado agosto del 2023 la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una investigación contra el actual representante de la Cámara de Boyacá por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca por liderar una presunta red de corrupción cuando se desempeñaba como Juez Quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja en el año 2008. La Corte lo indaga por los delitos de prevaricato y concierto para delinquir.
Y aunque el hecho ha pasado más bien desapercibido por los medios, el columnista de la revista Cambio Yohir Akerman ha seguido el rastro a la historia, revelando que habría más ex funcionarios judiciales vinculados a esta presunta red y que además hoy estarían ocupando cargos en otras dependencias como la Procuraduría y la Contraloría.
El ’negocio’ que habrían montado iba desde la alteración del reparto de los procesos, con el objeto de luego pedir ‘coimas’ para conseguir decisiones judiciales favorables a los procesados, en especial para conseguir la casa por cárcel.
Según relatos obtenidos por Akerman, hay un testigo que ahora vive en el exterior y otro es un hombre que trabajó de escolta del entonces juez y es quien ha testificado ante la Corte.
El caso se remonta al 2008 cuando Suárez era juez de ejecución de penas y tenía como función garantizar la legalidad de la realización de las sanciones penales, por lo que le era competente verificar las condiciones del lugar o del establecimiento de reclusión, y hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno, conociendo de sus peticiones.
Lo que investiga la Corte
Los hechos específicos que investiga el Alto Tribunal datan del 23 de enero de 2008, cuando le correspondió al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, controlar la pena impuesta en contra del narco Lelio Nevardo Ávila Santana, por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro, que le impuso el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá.
Según la evidencia, el entonces juez Suárez Vacca, a cambio de un soborno de $35 millones de pesos, le dio al condenado narco la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, beneficio completamente irregular para esos delitos. En particular porque este señor utilizó su estadía de casa por cárcel para seguir delinquiendo, ya que el 3 de mayo de 2018, en una operación en la que se incautó una tonelada de cocaína y $1.500.000 de euros en efectivo, cayó nuevamente Lelio Nevardo Ávila Santana, señalado como el enlace de la mafia albanesa en Colombia. El mismo que el entonces juez Suárez Vacca le dio casa por cárcel en 2008.
Sin embargo, ha revelado el columnista Akerman que el hecho no es aislado, sino que por el contrario, desde el juzgado que manejaba el ahora congresista por el Pacto Histórico, se organizaban este tipo de corruptas conductas.
Un testigo que le pidió reserva de su nombre señaló que el juez Suárez Vacca no sólo coordinaba lo de su despacho, sino también operaba como puente para cuadrar beneficios y sentencias en otros juzgados en Boyacá.
Aunque no detalló nombres de otros jueces que hacen parte de este cartel, sí explicó el modus operandi, el detalle de esta actividad y los funcionarios que estaban involucrados en el Juzgado Quinto y en la oficina de reparto.
El fortín de Suárez
“El andamiaje de corrupción era muy grande. Uno no ha querido salpicar gente porque por medio de Suárez Vacca existían otros jueces, de la misma categoría de él, que también vendieran justicia. Entonces no sólo era lo que él hacía como titular de su despacho, sino que facilitaba cosas. El fortín de él era el Centro de Servicios de Ejecución de Penas que tenía su andamiaje ahí con la negra Rocío”, explicó la fuente.
Dentro de esa red criminal figuraría una exfuncionaria del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de nombre Lesly Rocío Cruz Chacón, quien trabajó posteriormente como secretaria de Contratación de la Alcaldía de Tunja en 2017.
Según esta fuente, el mecanismo de ese cartel tenía varias tácticas: “una, Pedro decía: si llegan a saber de alguna situación que venga para Boyacá, o que yo tenga, me dicen. La otra es que su equipo estaba pendiente de reparto, que lo manejaba Rocío Cruz, y él le decía que estuviera pendiente de ciertos procesos. Ella es una persona supremamente inteligente, es ingeniera de sistemas y, además, con posterioridad se graduó como abogada. Llegó a trabajar en el Consejo de Estado donde también fue a hacer lo mismo: manejar reparto. Eso iban y le decían, direccione esto para tal magistrado y ella lo direccionaba. Eso era lo que hacía con Suárez Vacca”. Rocío Cruz trabajó en el Consejo de Estado en 2013 como operadora de sistemas grado 18.
Según el relato del testigo, hacían parte de esto en el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas la señora Lina María Mora Roa, como judicante, y Sandra Jiménez como escribiente. “Pedro le decía a Lina: necesito que me proyecte esa domiciliaria así. Y Lina ahí se daba cuenta de que había negocio, pero el negocio siempre era directamente con Pedro. Y Sandra Jiménez, era la otra muy allegada a Pedro José, y ellas también eran las encargadas de conseguir, llamémoslo así, porque eso no se puede denominar, pero en el argot popular se les dice: ‘clientes’. Pedro se encargaba de la plata. Después de que hizo todo el andamiaje, decidió contratar también y meter a las filas a un señor Abraham, que fue toda la vida el conductor de Gilberto Rondón, que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y político de Boyacá y él fue el que le metió el polvorín a esto porque llegaron muchos clientes”.
Es importante aclarar que el señor Gilberto Rondón ha sido conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja y Sandra Cecilia Jiménez Zamudio es actualmente oficial mayor o sustanciador del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja. Un documento del Juzgado Civil del Circuito de Funza, del 9 de septiembre de 2021, prueba la cercanía de ambas funcionarias, ya que, según esa constancia, Sandra Jiménez renunció como abogada de un proceso y le concedió poder a Lina María Mora.
Según la fuente la idea era hacer también los repartos cuando les tocara al Ministerio Público que lo llevaba Ageofir Solanilla, que era la esposa de Filemón Jiménez, que murió, pero llegó a ser magistrado del Consejo de Estado y director del Inpec.
“La viejita que era procuradora en Tunja, la tenían manejada entre Sandra Jiménez y Rocío Cruz y le pasaban los expedientes abiertos donde ella tenía que firmar. Era una viejita que hasta en las audiencias se quedaba dormida. A ella la ponían a firmar porque no leía. Por eso ellos procuraban que todos los procesos fueran con ella”, contó.
Sin embargo, la cosa comenzó a ir mal para esta banda cuando llegó Oscar Becaria a la procuraduría judicial y denunció Pedro José Suárez por estas irregularidades, luego de que el 5 de mayo del 2010, el coordinador de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja, Alberto Aconcha Cuadrado, presentara denuncia penal por manipulación indebida del soporte técnico de reparto, denunciado por la funcionaria María Romelia Romero Gómez.
Romero Gómez era una funcionaria encargada de manejar el sistema de cómputo del reparto de los despachos de ejecución de penas de Tunja. Ella estableció que el caso del narco Lelio Nevardo Ávila había sido asignado por el sistema al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas.
Cuenta que Romero Gómez se retiró de su puesto de trabajo y al regresar encontró que el radicado se había redireccionado al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas, el de Suárez Vacca, con lo que se habían adulterado los registros originales creados por el sistema.
Por estos hechos, el procurador 174 judicial penal, el señor Oscar Mauricio Becaría, mencionado por la fuente, envió denuncia a la Fiscalía, entidad que cruzó información con otros despachos judiciales a fin de verificar si se adelantaban investigaciones relacionadas con el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas, logrando establecer que efectivamente a la Fiscalía 15 seccional correspondió conocer de esas irregularidades.
Denuncia en el congelador
Pero, sin saber cómo o por qué, este proceso no avanzó y tal como lo reconoció el propio congresista ni siquiera se le abrió investigación formal por parte de la Fiscalía, el caso duró 14 años en etapa de instrucción, pero no se archivó y solo quedó inactivo. Solo lo desempolvó una denuncia anónima que llegó a la Corte Suprema de Justicia en agosto del 2024 justo cuando Suárez Vacca logró ganar una curul como representante del Pacto Histórico.
En concreto lo que hacía el exjuez era “vender a sus ‘clientes’ la prisión domiciliaria’ aprovechando que como juez de ejecución de penas era el que vigilaba el cumplimiento de la condena, entonces cuando le llegaban los procesos de las personas condenadas, pues él veía y decía, ese es un buen prospecto de cliente. Y ofrecía justicia como vender mercado en la plaza de mercado, como si hubiera oferta y demanda. Pero lo que él ofrecía en el cuarto piso era eso, domiciliarias. Y en el primer piso cuadraban los repartos”, continuó el testigo.
“Pedro tenía un andamiaje tan bravo, se lo voy a decir, con confianza, que tenía contactos en Medicina Legal para eso. Cuando era muy delicada la conducta, cuando no se podía por ser jefe cabeza de familia, que era la primera opción, entonces la sacaba por enfermedad grave terminal no compatible con el establecimiento carcelario. Y entonces los enviaba a ciertas oficinas de Medicina Legal y allá les certificaban que Pedrito o Fulanito estaba enfermo y que el Inpec no podía darle el tratamiento y ahí se negociaba la domiciliaria”. Al narco Lelio Nevardo Ávila le concedió este beneficio por ser padre cabeza de familia.
Sobre las pruebas, el columnista de Cambio publicó en noviembre del año pasado un manuscrito firmado por Pedro José Suárez Vacca que establece que el entonces juez y el narco Lelio Nevardo Ávila se cruzaron comunicaciones, en las que negociaron el beneficio de casa por cárcel para el delincuente.
Y es aquí donde aparece la versión de la otra fuente que es el entonces escolta del ex juez, John Carlos Mancipe Puerto, el único autorizado para hablar en persona y servir de correo entre el juez y el narco.
“Cuando lo nombraron juez quinto de ejecución de penas yo estuve ahí con él. Era como el saca micas de él, duré seis años. Ahí tengo la constancia que trabajé con él, porque me dio una carta laboral de recomendación. Y fui testigo presencial de lo que hizo con don Lelio Nevardo Ávila Santana”, dijo en entrevista exclusiva Mancipe Puerto a Akerman.
La certificación laboral del 15 de septiembre de 2009, dice que John Carlos Mancipe Puerto se desempeñó como escolta desde el 1 de junio de 2005.
Según su relato de los hechos: “un martes, estando en la oficina del juzgado, me dijo: Johncito mañana madrugamos para Bogotá. Ah bueno, doctor, hágale. Lo espero a las 05:00 en la casa. Ya, perfecto, doctor. Llegué al otro día, un miércoles, más o menos a las cinco de la mañana a recogerlo. Cuando me dijo no Johncito nos vamos en bus. Ah bueno doctor. Bajamos como a cuatro o cinco cuadras a la avenida oriental de Tunja y esperamos el bus que nos llevara para Bogotá. En Bogotá nos bajamos en la 170. Fuimos en TransMilenio hasta el Palacio de Justicia. Ahí se encontró con un señor Abraham, que era un señor que mantenía en los juzgados de Tunja.
“Cuando nos encontramos con Abraham ahí al ratico nos llegó una camioneta. Nos recogió con dos personajes. Doctor Pedrito, se saludaron muy efusivamente ¿cómo está? Bien, bien. Nos llevaron hacia el sur de Bogotá. (…) Ahí nos metimos a una casa, salió un señor que se saludaron. Doctor Pedrito, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Encantado pláceme saludarlo. El señor Pedro José Suárez me presentó, vea le presento a John Carlos mi hombre de confianza, mi mano derecha. Bien pueda siga. Ahí estuvimos póngale desde las 9:30 de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde. Yo me quedé afuera porque estaban esperando a otro señor, a un señor que le decían El Padrino. Después me fui por allá para atrás a fumar un cigarrillo. Ya llegó el tal padrino y se pusieron a hablar y a tomar whisky”, narró Mancipe.
Cuenta el testigo que Suárez Vacca se reunió con Lelio Nevardo Ávila Santana y posterior a eso se movilizaron en una de las camionetas del narco.
Y añadió que tres meses después, yendo para el Juzgado, Suárez se acercó a una papelería a comprar una hoja cuadriculada para enviarle de su puño y letra un mensaje al confeso narco.
En el 2011, en versión libre rendida ante el Consejo Seccional de Boyacá con ocasión del proceso disciplinario N201100120-J, Suárez Vacca negó conocer a Lelio Nevardo Ávila Santana por fuera de lo relativo al proceso que cursó en su despacho. Sin embargo, “admitió que le escribió la carta con referencias a su familia, porque según sus palabras exactas: es mi manera de ser, con absolutamente todas las personas, y especialmente con aquellos que están privados de la libertad”. El relato de este testigo y la confirmación de que el entonces juez escribió esa carta demuestran las mentiras del ahora representante a la Cámara.
En otra ocasión el escolta dijo haberse encontrado con Lelio Nevardo, con quien almorzó y le entregó $10 millones de pesos en efectivo. “Me dijo tomé llévele esto al doctor Pedrito, muchas gracias”.
También existe una segunda carta que prueba la consecución de otro delito. Esta vez el juez Suárez Vacca como receptor del manuscrito en el mismo tipo de hoja cuadriculada. En ese segundo documento, el narco Lelio Nevardo Ávila Santana de su puño y letra, le solicitó a su amigo el juez, la redosificación de la pena de otro condenado llamado Dumar Campos Sabogal. La carta inclusive da la cédula del criminal y el número de proceso, con una solicitud clara: “por favor ver domiciliaria”.
Mancipe presentó denuncia penal por estos hechos en contra de Suárez Vacca y ha colaborado con las autoridades corroborando esta denuncia y declarando ante la Corte Suprema. Por esta razón ha sido víctima de múltiples llamadas con amenazas de muerte. También, según él, varias veces, camionetas pertenecientes o asignadas al esquema de seguridad del señor Suárez Vacca, han hecho vigilancia a la casa de su familia, con el propósito de asustar y amedrentar a los miembros de su entorno cercano.
El séquito del cartel
Este fin de semana Akerman ha revelado nuevos hechos sobre este cartel de corrupción judicial afirmando que funcionarios actuales de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República habrían hecho parte de él en 2007 y 2008.
Además de las funcionarias antes mencionadas que cumplían las órdenes de Suárez Vacca, el periodista Yohir Akerman afirma que hay otros dos presuntos involucrados en ese cartel departamental de la toga. Camilo Ernesto Jiménez Bernal, hoy procurador provincial de Tunja y su esposa, Betsy Johana Barrera Coronado, hoy funcionaria de la Contraloría General de la República en el Fondo de bienestar social de la gerencia de esa oficina en el departamento de Boyacá.
Resulta que el 11 de diciembre de 2007, se envió la solicitud de prisión domiciliaria para el condenado Lelio Nevardo Ávila Santana, y una semana después, el 19 de diciembre del mismo año se ordenó practicar inspección judicial al lugar de la residencia del narco.
Para ese momento, en la etapa previa a la concesión de la prisión domiciliaria del capo, el señor Camilo Ernesto Jiménez Bernal, hoy procurador provincial de Tunja, era el asistente jurídico del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas. Hay que recordar la frase popular, la ruana no hace al arriero ni la toga al justiciero.
Las funciones de un asistente jurídico en esos despachos judiciales, según el artículo quinto del acuerdo número 605, del 21 de octubre de 1999, por medio del cual se establecen las plantas de personal de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, están bien claras. Estos funcionarios deben asistir al titular del despacho, entre otros, en lo relacionado con el concepto jurídico sobre la ejecución de las sentencias condenatorias.
Es decir, Jiménez Bernal asesoró al juez Suárez Vacca en todo el proceso de acreditar la calidad de padre cabeza de familia del narcotraficante, pues este era el asistente jurídico del juez para ese 19 de diciembre de 2007, cuando se emitió la providencia en la cual se dispuso a realizar visita a la residencia del narco Ávila Santana.
El asunto es que Camilo Ernesto Jiménez renunció a su cargo el 21 de enero de 2008, para cederle su puesto a su propia esposa, Betsy Johana Barrera Coronado, hoy funcionaria de la Contraloría General de la República, quien empezó el 22 de enero de 2008 a ejercer como asistente jurídico del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
Tan solo un día después, el 23 de enero de 2008, ese juzgado liderado por el togado Suárez Vacca autorizó la sustitución de la prisión intramural por la de prisión domiciliaria al narco Ávila Santana.
Fuera de esto, existen fotografías que demuestran que el representante Suárez Vacca es también amigo íntimo del señor Camilo Ernesto Jiménez Bernal, procurador provincial de Tunja, y de su esposa, Betsy Johana Barrera Coronado, funcionaria de la Contraloría en Boyacá.
Tales hechos corroborarían que en efecto lo que tenía Suárez Vacca en el mencionado juzgado era todo un andamiaje corrupto.
Y como para rematar, recuerda Akerman que Suárez Vacca saltó a la fama nacional, en noviembre de 2002, cuando, sin haber cumplido los 30 años y como juez segundo de ejecución de penas y medidas de Tunja, otorgó la libertad condicional a los condenados capos del narcotráfico, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Según el criterio del —en ese momento—, magistrado auxiliar Suárez Vacca, los exlíderes del Cartel de Cali, presos para ese momento hacía siete años, ya habían cumplido con las tres quintas partes de su pena y, por lo tanto, tenían derecho a la libertad condicional. Además, el juez argumentó en su decisión, que los Rodríguez Orejuela habían cumplido su sentencia con comportamiento ejemplar. Repitamos la palabra: ejemplar.
En diciembre de 2004 los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados a los Estados Unidos y el 26 de septiembre de 2006, los mismos del comportamiento ejemplar, fueron condenados por la corte federal en Miami a 30 años adicionales de prisión, por los delitos de conspiración, narcotráfico y lavado de dinero.
Y entonces queda la duda desde cuándo el ex juez hoy congresista del Pacto Histórico vendría utilizando su toga para cualquier fin, pero menos para impartir justicia.
Por ahora el Pacto Histórico no se ha pronunciado, ni el presidente Gustavo Petro, sobre este representante a la Cámara, que deja en entredicho la supuesta lucha contra la corrupción que han enarbolado desde sus respectivas campañas políticas.
