Al igual que hacen con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), o con los recursos de salud, millonarios dineros que se destinan para llevar agua potable a los colombianos, terminan volviéndose agua, pero en los bolsillos de los corruptos. 

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Así lo ha vuelto a poner en evidencia la Contraloría General de la República que tras adelantar 17 Actuaciones Especiales de Fiscalización donde evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA) de igual número de departamentos, estableció 62 hallazgos con presunta incidencia fiscal en cuantía de $32.282 millones

En total determinó 226 hallazgos administrativos, de los cuales 210 tienen posible connotación disciplinaria, 2 presunto alcance penal, 16 dan lugar a la apertura de indagación preliminar y 9 tienen Otras Incidencias.  

Adicionalmente se lograron 5 Beneficios de Auditoría por $1.444 millones.  

Las auditorías realizadas en el 2021 se adelantaron en Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.  

Uno de los departamentos con la mayor cuantía de hallazgos fiscales es Magdalena (2 por $11.290 millones). También resaltan Cauca (5 por $3.823 millones), Córdoba (4 por $3.313 millones) y La Guajira (6 por $2.010 millones).  

Las principales deficiencias encontradas por la Contraloría tienen que ver con:   

  • Deficiencias en la planeación y ejecución contractual  
  • Persistencia generalizada de incumplimiento de cronogramas  
  • Obras inconclusas  
  • Posibles daños al patrimonio público  
  • Manejo inadecuado de los recursos públicos  
  • Debilidades en la planeación de los proyectos  

Deficiencias en la planeación y ejecución contractual  

La Contraloría evidenció deficiencias en la planeación y ejecución de las obras contratadas, así como en el ejercicio de las funciones de interventoría, supervisión, seguimiento y control.   

Algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos adecuados y fueron contratados sin contar con los permisos, concesiones y licencias ambientales o sanitarias.    

También hay falta de liquidación de contratos con plazo de ejecución vencido, los cuales no cuentan con las correspondientes actas de liquidación y terminación. Además, hay pago de bienes o servicios no recibidos o instalados.  

Persistencia generalizada de incumplimiento de cronogramas  

Muchos de los contratos evaluados presentan retrasos relevantes y han sido objeto de frecuentes suspensiones, lo que genera incertidumbres sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades sociales de los servicios de acueducto y saneamiento básico.   

Los retrasos en estas obras mantienen elevados los niveles de riesgos sanitarios y ambientales para la población e impiden elevar su calidad de vida.  

Obras Inconclusas  

Se identificaron numerosas obras concluidas y contratos liquidados sin que se hayan puesto en funcionamiento y al servicio de la comunidad a la que están destinadas.  

Posibles daños al patrimonio público   

También se advierten otras deficiencias, como sobrecostos en la contratación y adquisición de bienes y servicios, el pago de anticipos que no fueron debidamente amortizados, ni manejados adecuadamente en las cuentas bancarias abiertas al efecto, debilidades en la supervisión e interventoría y en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos, e insuficiencia en el seguimiento, monitoreo y evaluación.  

Manejo inadecuado de recursos públicos  

Pago de anticipos con debilidades en su control, amortización y en la gestión y contabilización de los rendimientos financieros, y con manejo inadecuado de las cuentas bancarias abiertas al efecto.  

Debilidades en la planeación y ejecución de los Proyectos  

La mayoría de los proyectos auditados presentaron debilidades en planeación, especialmente en lo relacionado con:   

• Proyectos formulados sin el cumplimiento de los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para su correcta viabilización. Y también sin cumplir las normativas ambientales.  

• Proyectos contratados sin contar con las necesarias servidumbres o concertaciones con los propietarios de los predios por los que deben pasar los tendidos de las redes de conducción, o inadecuada gestión de legalización de predios.  

• Obras recibidas sin el servicio de electricidad adecuado para su funcionamiento, en algunos casos por incumplir los requisitos técnicos de certificación RETIE y en otros aún contando con la certificación, evidenciándose picos de voltaje que ponen en riesgo los equipos conectados, o ausencia de conexión a redes de energía y carencia de funcionamiento de las plantas eléctricas instaladas.  

• Proyectos de agua potable que no cumplen con los indicadores de calidad del agua para consumo humano (IRCA), presentando riesgos para la salud por presencia de patógenos (coliformes)  

• Y proyectos contratados sin estudios integrales que permitieran compatibilizar las capacidades instaladas, con las características de la demanda y la infraestructura existentes, lo que conlleva a la existencia de capacidades instaladas ociosas o subutilizadas, en tanto que en ocasiones la potencia de las presiones originadas en las plantas construidas resulta excesiva frente a redes obsoletas, antiguas o deterioradas.  

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