Mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, la Alcaldía de Valledupar abrió el pasado viernes 22 de noviembre, una convocatoria para contratar la “Construcción de componentes de la segunda etapa y mantenimiento del parque Casa en el Aire”, en la capital del Cesar.
El plazo de ejecución de estas supuestas nuevas obras será de 75 días, es decir, dos meses y medio y demandarán una inversión de $1.104.959.744.
Es decir, como si fuera ya poco los miles de millones gastados en una obra que se lleva en construcción al menos 6 años, la Alcaldía pretende meterle otros mil millones a prácticamente lo que es hoy un elefante blanco.
La administración municipal se justifica en la necesidad de poder “colocar al servicio de la comunidad vallenata la administración municipal se comprometió a realizar unas obras complementarias que permitan desarrollas con toda comodidad las actividades allí previstas. En este sentido “El Parque Casa en el Aire” del municipio de Valledupar requiere intervención en las obras construidas en la primera etapa debido a actos de vandalismo ocurridos durante el período de transición administrativa del alcalde Ernesto Miguel Orozco y la administración inmediatamente anterior. Los daños identificados demandan atención inmediata para garantizar la seguridad y funcionalidad del espacio. También se harán los respectivos mantenimientos normales en cualquier instalación de este tipo”.
Millonario robo
Como se recordará esta obra arrancó en el 2018, cuando la administración municipal de Augusto Ramírez Uhía (Hoy con casa por cárcel por corrupción), firmó el contrato 1613 de 2018, para la primera fase del proyecto ‘Parque Casa en el aire’.
El contrato se firmó el 29 de noviembre de 2018 entre la alcaldía de Valledupar representada por el secretario general de ese entonces José Juan Lechuga Zambrano y el consorcio Broers Constructores representada en ese entonces por la señora Johana Patricia Vergara Abello.
El valor inicial del contrato fue de $6.398.499.993 luego se dieron cuenta que el dinero al parecer no alcanzaba y le hicieron una adición de $2.897.333.062, es decir, que antes que terminara el mandato de Ramírez Uhía, se estableció que el monto total de la obra era de $9.295.833.055, no obstante.
El contratista, suspendió la obra en varias oportunidades al igual que pidió varias adiciones de tiempo, una de esas prórrogas fue cuando se posesionó como alcalde el Jose ‘el Mello’ Castro.
La obra fue suspendía en varias oportunidades, el 12 de abril de 2019, el 17 de marzo de 2020 el 24 de diciembre del mismo año, y pidieron al contratante es decir a la alcaldía tres prorrogas, la primera de dos meses el 13 de noviembre de 2019, la segunda 19 de septiembre de 2020 y la última por 45 días a comienzos de 2021.
Por estos hechos y tras comprobarse varias irregularidades contractuales, viciadas de corrupción, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, abrieron sendas investigaciones.
Todas las ías
En noviembre del 2022, la Procuraduría vinculó a la investigación a: José Juan Lechuga Zambrano, exsecretario general de Valledupar en la época; Juan Pablo Morón, María Raiza Fuentes Lacouture y Alfredo Quintero Ternera, en sus condiciones de secretarios de obras públicas y supervisores de los contratos de obra 1613 y de interventoría 1632 de 2018 y Gerín Fernando Picaza Montero, quien para la época de los hechos ejerció el apoyo a la supervisión del mencionado contrato.
El ente disciplinario investigó posibles deficiencias e insuficiencias técnicas en los estudios y diseños; retrasos en la realización de las obras, presuntas inconsistencias en los actos modificatorios del contrato y en la fijación de precios unitarios no previstos.
También inculpó a ‘Mello’ Castro González, en su condición de alcalde de Valledupar; Augusto Daniel Ramírez Uhía, exalcalde; Jorge Armando Maestre, en su condición de secretario de Obras Públicas y supervisor de los contratos de obra de interventoría mencionados, y Carlos Andrés Lozada Contreras, en su condición de representante legal del Consorcio Caye – Cinco.
Ese mismo año la Fiscalía les libró orden de captura a esos mismos implicados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Por su parte la Contraloría el año pasado determinó que había un detrimento patrimonial de más de 13 mil millones de pesos en el fracasado proyecto por el abandono en que quedó lo poco que se hizo en la primera fase y la cantidad de irregularidades que se descubrieron en cada prórroga y adición a lo inicialmente planeado.
Así mismo, dio un plazo perentorio a la Alcaldía de Valledupar para terminar las obras.
Se supone que eso es lo que pretende la administración local con esta nueva convocatoria que abrió apenas la semana pasada.
Sin embargo, nada garantiza que finalmente el famoso parque de ‘La Casa en el aire’ termine como su nombre, en el aire. Y serán otros millonarios recursos enterrados en el cemento.
