Cali y Candelaria finalmente tienen su conexión prometida, pero el Puente de Juanchito es todo menos una obra para celebrar. Diez años, más de $70 mil millones de pesos (el doble del presupuesto original), y una lista interminable de “otrosíes” y suspensiones, lo convierten en un ejemplo de cómo la corrupción campea sin castigo en Colombia.
Un calvario de 10 años y 70 mil millones de pesos
La historia comenzó en 2014 con un contrato de $27.900 millones, 30 meses de plazo y la promesa de un puente de cuatro carriles sobre el río Cauca. Sin embargo, menos de un año después, llegaron las excusas: un adicional de $200 millones y ocho meses más de plazo. Así comenzó el viacrucis de esta obra, plagada de improvisaciones y sobrecostos.
La Unión Temporal Juanchito, primera encargada del proyecto, dejó un desastre tras cobrar más de $25 mil millones. En 2019, la obra estaba paralizada, y la indignación ciudadana forzó la cesión del contrato a otra firma. La nueva promesa vino con un precio adicional de $28.046 millones, pero el resultado fue el mismo: retrasos, excusas y corrupción a borbotones.
Un sistema de control que no controla
¿Y los organismos de control? Brillaron por su ausencia. La Procuraduría tardó ocho años en abrir una indagación previa que, por supuesto, sigue sin avances. La Contraloría llegó a la fiesta en 2023, cuando ya no quedaba pastel que partir, anunciando una “vigilancia especial”.
Entre tanto, el contratista de turno argumentaba iliquidez porque la fiduciaria no pagaba, los diseños se modificaron tres veces, y hasta tuvieron que demoler una losa mal hecha. Mientras tanto, los responsables del desfalco siguen cómodos, disfrutando de la “eficiencia” de nuestra justicia.
¿Elefante blanco o sistema podrido?
El Puente de Juanchito es un testamento de lo que sucede cuando contratistas y funcionarios forman alianzas mafiosas para esquilmar recursos públicos. Pero lo más grave es la complicidad de los organismos de control, que parecen diseñados para hacer la vista gorda.
Con 36 “otrosíes”, ocho suspensiones y un resultado que llegó “a retazos”, este proyecto es un monumento a la improvisación y a la impunidad. Queda la duda de cuánto se invirtió realmente en la obra y cuánto fue a parar a los bolsillos de los corruptos.
El Triángulo de la Impunidad: Supervisores, Interventorías y Pólizas de Cumplimiento
La danza de la corrupción en obras como el Puente de Juanchito no sería posible sin el juego sucio de los supervisores, interventorías y funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de las pólizas. Estas figuras, en lugar de ser guardianes del interés público, suelen convertirse en cómplices silenciosos —o activos— de los contratistas. Las interventorías, muchas veces elegidas a dedo, simulan fiscalizar mientras hacen la vista gorda ante retrasos, sobrecostos y pésima ejecución. Los supervisores, encargados de verificar cada detalle, fingen desconocer los incumplimientos y omiten activar las pólizas de garantía, cuyo propósito es salvaguardar los recursos públicos. Peor aún, los funcionarios públicos responsables de exigir estas pólizas parecen estar más interesados en proteger a sus aliados que en hacer valer los derechos de la ciudadanía, perpetuando un sistema donde la impunidad no solo se tolera, sino que se premia.
