En meses anteriores habíamos notificado una estupidez que cometió el representante a la cámara por el Atlántico Cesar Lorduy con una seguidora de sus tweets, y ahora de nuevo sale este miembro del clan Char a ser ponente de una ley a todas luces abominable.
Y con su cara de “yo no fui” ha logrado que la Cámara de Representantes de Colombia apruebe en segundo debate un artículo de una nueva ley anticorrupción que enmendará el Código Penal para aumentar las penas de injurias y calumnias contra funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abre la puerta a sanciones por la labor periodística.
En todo un misterio se convirtió quién redacto la preposición que se metió en el proyecto de ley anticorrupción, que habla de castigos severos contra quienes calumnien a funcionarios públicos y sus familias. #CódigoCaracol pic.twitter.com/epOa3rlQsk
— Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) December 7, 2021
Dispuesta a integrar grupo de periodistas y columnistas fin denunciar ante @CConstitucional y @CIDH a corruptos que pretenden callarnos para que no denunciemos sus tropelías y abusos de poder. @CamaraColombia y @SenadoGovCo que no responden ante nadie, tendrán quién los enfrente
— CeciliaOrozcoTascón (@CeciliaOrozcoT) December 7, 2021
El Código Penal colombiano actualmente estipula la calumnia y la injuria de forma general y no solo para servidores públicos con penas de prisión de 16 a 72 meses, después de otra enmienda de 2004.
En total, 73 congresistas rechazaron a última hora del lunes con su voto una proposición que buscaba eliminar el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, que contiene el aumento de penas y modifica el Código Penal.
73 congresistas encontraron la fórmula perfecta para combatir la Corrupción: meter a la cárcel a quien se atreva a decirles corruptos a los corruptos.Lo hace un Congreso con índices de desaprobación históricos y con la presidenta de la Cámara acusada de plagio por su universidad.
— Félix de Bedout (@fdbedout) December 7, 2021
«El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses», dice el artículo de la futura ley anticorrupción, que sigue su trámite legislativo.
Además, aseguró el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, que considera que «lo que votaron 73 congresistas abre la puerta a sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua».
«¡Es censura; una vergüenza!», lamentó Bock. La FLIP ya había pedido que se eliminara dicho artículo del proyecto de ley anticorrupción porque «viola las garantías básicas de la libertad de expresión al impartir medidas penales desproporcionadas».
Esta organización considera que la ley «promueve el uso de la vía penal como sanción a la libertad de expresión», con penas de hasta 10 años, por lo que desalienta a los periodistas en sus investigaciones de funcionarios públicos que puedan estar incurriendo en actos de corrupción.
Además, la ley crea «un fuero extraordinario de protección de las y los funcionarios públicos, lo que resulta contrario al propósito de promover estrategias de transparencia», y que antes no existía.
«La libertad de expresión no puede verse menoscabada por la presunta vulneración a la moral de un o una funcionaria», denunció la FLIP en un comunicado.
También se imponen multas millonarias, de hasta $1.359 millones de pesos (unos 345.000 dólares), para quienes sean condenados por estos nuevos delitos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también había alertado la semana pasada del peligro que entraña este proyecto de ley y pidió que se eliminara porque representa un «peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas».
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para «erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa».
La iniciativa se radicó con el respaldo de los Ministerios Públicos y con el apoyo del gobierno de Iván Duque. El pasado 24 de noviembre, la Comisión Primera aprobó el texto y pasó a segundo debate. Le correspondió al representante César Augusto Lorduy de Cambio Radical radicar la ponencia.
Lorduy se ha defendido de quienes lo señalan de ser el autor del artículo y aseguró en la emisora Blu Radio que «No sé quién redactó el artículo. Entiendo que es una proposición que firmaron siete congresistas».
Además aseguró que no son ciertas las versiones que señalan que la aprobación del artículo busca proteger a la exministra de las TIC´s Karen Abudinen, quien salió del Gobierno en medio de un grave escándalo de corrupción en un billonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.
Por su parte, el representante José Daniel López aseguró que cuando fue designado ponente en el tercer debate en comisión Primera, advirtió el ‘mico’.
«A mí me pasan el texto que aprobó el Senado. En el texto venía un artículo muy parecido al de la controversia y yo como ponente tomo la decisión de excluirlo», declaró.
