En junio de 2022 durante el gobierno de Iván Duque, la Superintendencia de Notariado y Registro era liderada por Goethny Fernanda García  

Para ese entonces, su administración decidió liquidar por mutuo acuerdo el contrato con UT Super Data, supuestamente para así verificar el cumplimiento de las partes y lograr un paz y salvo, por lo que la supernotariado García aprobó una liquidación donde aceptó pagarle al contratista $5.315 millones de pesos por una fase inconclusa.

La misma acta de liquidación reconocía esa fase inconclusa al avalar más de 120 actividades para ejecutar posteriormente. 

Sin embargo, en concepto de la Contraloría, la Superintendencia de Notariado y Registro no atendió los principios de economía, si se tiene en cuenta que los recursos públicos invertidos y el tiempo transcurrido no conllevaron a satisfacer el objeto contratado.

También se hizo caso omiso a la eficacia y la eficiencia, dado que los objetivos específicos y las actividades del contrato no se cumplieron dentro de los términos en que fueron programados y la inversión de los recursos no generó un beneficio para la entidad

Tomando posesión

Goetthny Fernanda García

Lisandro Junco Riveira (director de la Dian) y Goethny Fernanda García (superintendente de Notariado y Registro) tomando juramento ante el presidente Iván Duque.

La licitación amañada 

Este contrato fue suscrito en 2016 luego de una controvertida licitación y que ahora tiene embolatados $26.000 millones; que tuvo dos suspensiones, 15 prórrogas de estas suspensiones, así como procesos sancionatorios por incumplimientos.  

Además, con un proceso disciplinario que se archivó en la Procuraduría en menos de ocho meses. 

Desde que comenzó a cuestionarse este contrato, la exsuperintendente Fernanda García precisó que lo recibió de su antecesor ya terminado y con un proceso sancionatorio por un supuesto incumplimiento en curso. Y considera como su gran logro, haber «evidenciado las falencias y superarlas tecnológicamente». 

El asunto se remonta al 28 de julio de 2016 cuando la Superintendencia de Notariado publicó el aviso de convocatoria de la licitación 07 de 2016, así como los estudios previos y 82 documentos más, entre el análisis económico del sector, el proyecto de pliego de condiciones, el equipo de trabajo requerido y la matriz de riesgos. 

Para realizar el estudio de mercado le enviaron solicitud de cotización a cuatro empresas, Supercomp, Futuver, Trimble y Thomson Reuters. Los valores ofertados oscilaron entre los $25.395 millones de Thomson hasta $110.477 millones de Trimble. Incluso se estableció que en la entidad se habían realizado procesos de contratación similares con ETB y Oracle. 

Días después recibieron observaciones de 10 compañías que mostraron interés en participar en la licitación. La mayoría se encaminaba a solicitar una prórroga pues consideraban que el proyecto del pliego de condiciones tenía 1.400 páginas, muchas de las empresas eran extranjeras y se requería la traducción completa. 

«A la fecha, esto es 9 de agosto de 2016, a dos días del cierre de fecha máxima para observar el pliego, esto es 11 de agosto de 2016, es algo imposible y lo único qué hace es que sociedades extranjeras no podamos participar», señaló uno de los interesados. 

Curiosamente, y a pesar de que en la audiencia de socialización del proceso asistieron 13 compañías, 20 empresas presentaron observaciones. Solamente la Unión Temporal Súper Data 2016, alcanzó a presentar propuesta el 28 de octubre de 2016 a las 10:00, todos los demás quedaron por fuera. 

Incluso, Gerardo Vélez Aldana de la firma Lookers solicitó se decretara la nulidad del proceso porque a su juicio la licitación no cumplió con la libre concurrencia y participación de los proponentes, pero esta fue negada mediante resolución 12831 del 22 de noviembre de 2016. 

Mientras que Thomson Reuters, una de las más prestigiosas empresas de información con oficina principal en Canadá y que cotiza en las bolsas de Toronto y New York envió un derecho de petición a la Superintendencia solicitando no tener en cuenta la propuesta presentada por la mencionada Unión Temporal porque no describió el módulo de biometría de lectura de huella dactilar, uno de los componentes exigidos. Ni tampoco con los requisitos de acreditación de experiencia.  

Al término del proceso, el 23 de noviembre de 2016, la entidad declaró desierta la licitación. Pero, ese mismo día, fueron publicados los estudios previos del mismo proceso pero esta vez con la modalidad de selección abreviada.

Así funcionaba la enorme corrupción que caracterizó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Veinte días después, el contrato le fue adjudicado a la misma Unión Temporal Superdata 2016, la misma a la que no se le adjudicó la licitación por no cumplir con los requisitos que la habilitaban para tal fin. Es decir, pese a todos los reparos y alertas sobre el tema, finalmente para la fecha de los hechos se le termina adjudicando el contrato al menos capacitado. 

El contrato de prestación de servicios 926 de 2016 fue suscrito por el secretario de la entidad Alberto Ferrer y por Oscar Muñoz Garzón, representante legal de dicha unión temporal. 

Con un plazo de ejecución pactado hasta el 30 de junio de 2018, por un valor de $26.575 millones y se acordó la entrega de un anticipo de $10.630 millones con el perfeccionamiento del contrato y la aprobación del plan de inversión del anticipo y siete pagos por $1.594 millones con el diseño, las dos fases de desarrollo, las dos fases piloto, la fase de implementación y la fase de cierre. 

Pero los problemas empezaron casi de inmediato, típico de los procesos corruptos. Faltando cuatro meses para cumplirse el plazo pactado, la interventoría en cabeza del Consorcio Interventores Tecnológicos SNR, solicitaron se iniciara un proceso con fines sancionatorios, pues a febrero de ese año ni siquiera se había aportado el RUT y la resolución de facturación de cada una de las empresas que integraban la unión temporal, así como los documentos que acreditarán la sucursal Supercom en Colombia

Toda esta información fue revelada por el portal Agencia de Periodismo Investigativo en el 2022.  

La unión temporal pidió se convocara a una reunión, pero en dos ocasiones no asistieron. En la cuarta citación realizada el 20 de abril de 2018, la unión temporal alegó que no tenían la obligación legal de constituir una sucursal en Colombia, a pesar de que una de las empresas que tiene el 60% de participación tiene domicilio en Israel

El 29 de junio de 2018 terminó el proceso sancionatorio con una multa, pero también ese mismo día, mediante resolución 7386 se declaró el incumplimiento del contrato, para ese entonces se habían desembolsado $8.122 millones. Sin embargo, según la interventoría, 16 meses después la ejecución del contrato iba en fase cero cuando debió ser en la sexta fase. 

No obstante, la sanción no generó celeridad en el contrato. Al contrario, la unión temporal argumentando que estaba intentado buscar alternativas para cumplir con el contrato solicitó una suspensión del contrato por un mes, es decir, este se reanudaría en la fase cero el 27 de agosto. 

Ello no sucedió, pues vino una cascada de suspensiones. Una del 27 de agosto hasta el 3 de septiembre, otra hasta el 26 de septiembre, alegando que continuaban en la búsqueda de alternativas.  

Sin embargo, lo que sobrevino no fue una terminación del contrato, si no una prórroga del mismo. Adicionalmente, una disminución en la sanción que quedó en $807 millones y la posibilidad de que dicha unión temporal continuara ejecutando el contrato con un nuevo término, el 30 de noviembre de 2019

Se esperaba que la prórroga y la modificación del contrato impulsara su ejecución, pero no fue así. En abril de 2019, la unión temporal empezó una vez más a solicitar reiteradas suspensiones del contrato, 15 en total hasta febrero de 2020. 

A pesar de que el contrato estuvo más tiempo suspendido que ejecutado, el pasado 29 de junio del 2022, la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de Camila Lucía Montes, directora de contratación liquidó por mutuo acuerdo y mediante resolución 06962 del 16 de junio se autorizó una compensación por $701 millones a la unión temporal

Así mismo, en la liquidación se les reconoció $5.315 millones correspondientes a la fase tres, desarrollo dos. Según la entidad, la fase cero de inicio del proyecto, la fase uno de diseño y la segunda de desarrollo fueron cumplidas, recibidas y pagadas. 

Esto último habría que verlo con lupa y hacer un estudio forense contable, pues todo parece indicar que estos delincuentes se llevaron en total $14.138 millones de pesos y no hicieron nada, o prácticamente nada.

La Unión Temporal 

La Unión Temporal Súper Data 2016 estaba integrada por las empresas Data Tools SA con el 40% de participación y Supercom Ltda con sede fiscal en Israel y con un 60% de participación. El consorcio está representado legalmente por Oscar Alfonso Muñoz Garzón

Según la Agencia de Periodismo de Investigación API, Data Tools había suscrito hasta el 2022, 27 contratos con el Estado que suman más de $171.000 millones. El de menor valor por $120 millones es con la alcaldía de Neiva para prestar el servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico del aplicativo Circulemos de la Secretaria de Movilidad. Este fue suscrito el 27 de diciembre de 2017. 

Este compañía, además, aparece como contratista en época de pandemia.  El 17 de junio de 2020, con el Adres por $104.980 millones por la modalidad de contratación directa y con resolución de urgencia manifiesta.  

Actualmente los socios son Inversiones San Francisco Enterprise SA con el 85.37%, Carlos Eduardo Muñoz Garzón con el 13.41% y Oscar Alfonso Muñoz Garzón con el 1.22%. 

Desde 2014 esta empresa es controlada por su principal accionista Inversiones Francisco Enterprise SA sociedad constituida en Panamá y representada legalmente por Valentina Ríos Arango; con una junta directiva integrada por Valentina Ríos Arango, Clara Marcela Arango López y Francisco Javier Ríos Velilla

Siete años después de este multi millonario contrato, y que pretendía que esa entidad contara con un avanzado sistema tecnológico para registrar predios y evitar el fraude, hoy solo queda un sofwfare en desuso, costoso y con un contratista indemnizado por la Superintendencia porque sencillamente no cumplió el objeto contratado.  

Eso, también sencillamente, se llama corrupción.

En cambio, la Contraloría ha determinado un detrimento patrimonial por $8.975 millones de pesos. 

Otra perla 

En mayo de este año, la Superintendencia de Notariado y Registro decidió dar por terminado un contrato que se suscribió a mediados del 2018, sin ninguna licitación de por medio, con la firma Proyectos Legales y al cual se le denominó “Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS)”

Mediante este “acuerdo”, la firma en cuestión, fue habilitada para que adelantara la venta presencial de certificados de tradición, certificados de no propiedad y consulta del índice de propietarios en los denominados Centros de Atención Distrital Especializados en Bogotá (Cade).  

Sin embargo, el contrato fue cancelado recientemente, luego de que la Contraloría General de la República, corroborara una serie de irregularidades. 

La Contraloría encontró que el operador Proyectos Legales venía realizando la comercialización de certificados de tradición y libertad de forma virtual, pese a no tener la autorización para ello. Además, evidenció que cometía esta irregularidad con los mismos precios inferiores autorizados para comercializar estos documentos, pero de forma física y presencial. 

Bajo esta irregularidad, la empresa logró adquirir, expedir, y comercializar 1.256.324 certificados, y los ingresos que dejó de percibir la Superintendencia de Notariado y Registro por estos hechos, los calculó la Contraloría en $3.524 millones de pesos, «dando lugar a una lesión al patrimonio público», concluyó la entidad. 

Al incumplir el contrato, la Superintendencia decidió terminarlo el pasado 13 de febrero de 2023.  

La empresa Proyectos Legales, fue creada por cuatro personas el 18 de octubre de 2013. Entre las fundadoras estaban Piedad Martínez Martínez y Silvia Eugenia Palacios Martínez, mamá y hermana, respectivamente, de Daniel Palacios, exministro del Interior del gobierno de Iván Duque. En la actualidad, su único dueño es Juan José Meza Daza, esposo de Silvia Eugenia Palacios y cuñado de Daniel Palacios 

Y aunque el cuestionado contrato se firmó en febrero de 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la Contraloría es clara en asegurar que todas estas irregularidades terminaron pasando debido a que no se hizo una oportuna supervisión y seguimiento por parte de la Superintendencia. Esa tarea le correspondía al gobierno de Duque, cuya superintendencia de Notariado y Registro terminó liderada por Goethny Fernanda García, hoy funcionaria de la Procuraduría de Margarita Cabello, también exsubalterna de Duque. 

Muchos congresistas del Centro Democrático, alegaron por redes sociales que el Gobierno de Gustavo Petro había eliminado la posibilidad de expedir certificados de tradición vía digital. Pero, si se ingresa a la página de la Superintendencia de Notariado, cualquier persona podrá pagarlos y descargarlos. 

Lo que hizo el actual Supernotariado fue quitar el lucrativo negocio a los intermediarios privados, entre ellos, a la empresa de la familia del exministro del Interior Daniel Palacios. 

Festín de notarías 

En agosto del año pasado, periodistas de La Liga contra el Silencio revelaron cómo una de las últimas “jugadas” de la Superintendente Goethny Fernanda García, antes de abandonar su cargo, y de que acabara el gobierno de Iván Duque, fue la creación de nuevas oficinas sin cumplir requisitos legales. 

Varios funcionarios de esa entidad la señalaron además por maltrato laboral y la acusan de favorecer a quien sería su pareja. 

Uno de los conflictos laborales que se dio al interior de la entidad, se presentó cuando una funcionaria se negó a avalar estudios que no cumplirían los requisitos para crear más notarías. 

El 19 de mayo el Ministerio de Justicia decretó la creación de nuevas notarías, aunque la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro rechazó la decisión porque ninguna pasó el estudio de viabilidad. 

Marcela Garavito, quien para la época de los hechos coordinaba la Oficina consideró improcedentes las notarías de Rivera (Huila), El Rosal (Cundinamarca), Piamonte (Cauca) y San José de Isnos (Huila) porque no cumplían los requisitos del Decreto Ley 960 de 1970. A lo que la superintendente García, le respondió que esas notarías era «una decisión del Gobierno Nacional». 

Y en efecto, el 19 de mayo del 2022, se crearon las tres notarías por decreto, sin el aval de la Oficina asesora: Piamonte, Rivera y San José de Isnos. 

A esas se le sumó una cuarta: la de Madrid, Cundinamarca, cuya solicitud fue del 11 de mayo y en solo ocho días fue decretada.  

Después de rechazar las otras cuatro, Garavito nunca supo nada de la nueva solicitud. «Esta notaría tampoco cumple las condiciones del Decreto Ley 960 de 1970», señaló. 

Premiada en la Procuraduría 

Y ya como para confirmar su talante, la exsuperintendenta de Notariado y Registro, antes de que terminara el mandato de Duque, fue nombrada como Procuradora 119 judicial, por la procuradora Margarita Cabello

En ese cargo, en abril de este año, García le envió al despacho de Sergio París, director de la Aerocivil, un recurso de 91 páginas en el que le solicita que revoque la resolución del pasado 21 de marzo, la cual autorizó con condicionamientos la integración entre Avianca-Viva.

Según el Ministerio Público, actuando para “proteger el interés de la ciudadanía”, la Aerocivil cometió un error jurídico al admitir en el proceso la inclusión de la figura de terceros interesados, hablamos en este caso de Latam, Ultra Air y otras aerolíneas que participaron por considerarse directos afectados de una integración que afecta la libre competencia en el mercado aéreo. 

«La autoridad no debió guiar el proceso en el marco de la Ley 1340 de 2009 sino bajo la normatividad del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo -CPACA. Es decir, la figura de terceros interesados no daba a lugar», señaló la procuradora. 

Y así mismo solicitó el inicio de un proceso que no incluya la figura de terceros interesados, y así se pudiera tomar una decisión de fondo que no tenga en cuenta posibles apelaciones ni solicitudes de personas jurídicas diferentes a Avianca y Viva. Es decir, sólo deberían conversar las dos aerolíneas solicitantes y el gobierno. Nadie más. 

Y la pregunta que surge es: ¿por qué la Procuraduría está tan presta y preocupada por asuntos que a la postre competen a empresas privadas? Conociendo los antecedentes de la funcionaria, causa suspicacia tal interés. 

Lo cierto es que pese a las trapisondas de las que ha hecho gala, la exsuperintendente sigue campante, y ahora, con el poder que le otorga hacer parte de la entidad que se dedica a vigilar a otros funcionarios. 

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