Más de 57 registros del Departamento de Justicia de EE. UU. documentan la relación de Andrés Pastrana con la red criminal de Jeffrey Epstein. Colombia mira hacia otro lado. Ese silencio no es inocencia: es complicidad institucional.
LO QUE COLOMBIA PREFIERE NO VER
Hay una frase que Andrés Pastrana pronunció el 24 de febrero de 2026 en su cuenta de X, y que resume con una elocuencia involuntaria décadas de impunidad de clase dirigente en Colombia: «La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de Estado«.
No, señor expresidente. No es un secreto. Es una confesión.
Confesión de que usted organizó para Ghislaine Maxwell —hoy condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por reclutar menores para la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein— un vuelo en un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana. Confesión de que existió una relación lo suficientemente íntima como para que usted, presidente de la República entre 1998 y 2002, pusiera a disposición de una proxeneta los recursos militares de la Nación. Confesión de que ese hecho, en efecto, ocurrió.
Lo que el expresidente llama «siete minutos en Tolemaida«, los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos —más de 3,5 millones de archivos desclasificados el 30 de enero de 2026— lo llaman de otra manera: una relación documentada en 57 registros que incluyen correos electrónicos, bitácoras de vuelo, directorios personales y testimonios judiciales, extendida desde 2002 hasta abril de 2009, cuando Epstein ya era un delincuente sexual convicto.
La pregunta que Colombia no está haciendo —y que este artículo se propone formular con toda la contundencia que la evidencia exige— no es solamente qué hizo Pastrana. Es: ¿por qué las instituciones colombianas guardan un silencio que huele a pacto, y no a inocencia?
EL MECANISMO EXPUESTO: CRONOLOGÍA DE UNA RED, PIEZA A PIEZA
«El corrupto gana cuando la sociedad aprende a perder. El poderoso se perpetúa cuando las instituciones aprenden a mirar al techo.»
Toda red de impunidad tiene una arquitectura. La del caso Pastrana-Epstein no es una teoría conspirativa: es una secuencia documental verificable, registrada en los archivos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Veamos la estructura, paso a paso.
Junio de 2002 — El primer contacto y los paquetes misteriosos. Según documentos identificados por Cuestión Pública, el entonces presidente de Colombia intercambió correos con Ghislaine Maxwell pocas semanas después de conocerse en Dublín. Maxwell le escribió: «Al parecer, tu paquete debería llegar hoy. Avísame». Un año después, Jeffrey Epstein envió otro paquete al expresidente, documentado en un comprobante FedEx del 21 de abril de 2003: dos libras, enviado desde Flushing, Nueva York, a Madrid, donde Pastrana residía tras dejar la presidencia.
Nadie ha explicado el contenido de esos paquetes.
Marzo de 2003 — El vuelo que lo dice todo. Los registros de vuelo del avión de Epstein —el mismo que hoy todo el mundo conoce como el Lolita Express— consignan que el expresidente Andrés Pastrana viajó en él los días 20 y 21 de marzo de 2003. En ese viaje, sus compañeros de travesía no eran simples conocidos: eran Jean-Luc Brunel —proxeneta y reclutador de menores, hallado «suicidado» en su celda de la prisión parisina de La Santé en 2022— y Sarah Kellen, señalada como la coordinadora logística de los encuentros con las víctimas de Epstein.
Pastrana ha reconocido el viaje. Lo justifica como un trasbordo para visitar a Fidel Castro en Cuba, aceptado por invitación de un amigo de Ghislaine que distribuía cigarros. La ruta: Nueva Jersey → Palm Beach (la mansión de Epstein) → Nassau, Bahamas → La Habana. En un correo posterior, el expresidente agradeció las «atenciones recibidas en Palm Beach y Nueva York» y confirmó que «el Comandante [Castro] pasó muy feliz con ustedes».
Lo que el expresidente omite mencionar: para esa fecha, las primeras acusaciones contra Brunel por violación de menores ya circulaban en publicaciones especializadas. Y la ruta Palm Beach → Nassau era, precisamente, la misma que usaba Epstein para trasladar víctimas a su isla privada, Little St. James.
Abril de 2003 — El helicóptero militar y los «terroristas». En un correo cuyo destinatario aparece censurado en los archivos del DOJ, Maxwell relata su visita a Colombia con un detalle que debería haber detonado una crisis institucional en este país: «Tengo fotos (…) en las que estoy con el presidente, que me invitó y organizó todo el convite, incluido que los terroristas corrieran a mi alrededor para que yo les disparara». Maxwell confirmó además que sobrevoló la selva amazónica y que se guardó «unas balas como recuerdo».
En su declaración ante el fiscal Tom Blanche en 2025, Maxwell dijo con toda naturalidad: «Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloté un Black Hawk en Colombia». Pastrana, en su respuesta del 24 de febrero, confirmó el hecho sin inmutarse, como si organizar para una proxeneta internacional el uso de un helicóptero militar fuera apenas un detalle de protocolo.
Las fotografías publicadas por el Reporte Coronell muestran a Maxwell vestida con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana. Esas prendas, esos aviones, esos combustibles: son del Estado colombiano. Son de todos los colombianos.
Marzo de 2004 — Maxwell como agente logístico del expresidente en Nueva York. Según un cruce de correos documentado por El Espectador, Pastrana informó a Maxwell de su viaje a Nueva York. Ella respondió en minutos: «He recibido tu correo. El conductor estará en la zona de equipajes con un cartel con tu nombre. Hazme saber si ya tienes la información del apartamento en el que te vas a quedar». Para entonces, Pastrana ya no era presidente, sino un particular. Y Maxwell ya no era una simple conocida: era la socia de un hombre al que ya se investigaba por explotación sexual.
Abril de 2009 — La relación sobrevive la condena. El capítulo más grave, documentalmente, es el más reciente. El 10 de abril de 2009, Epstein le escribió a Brunel: «Llama a Pastrana sobre una gran casa en Cuba». Para ese momento, Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor de edad y por trasladar personas con fines de prostitución. Era, legalmente, un delincuente sexual registrado. Cinco días después, en otro correo (EFTA01827215), Brunel propone a Epstein reunir a Pastrana con el empresario Tommy Mottola para hacer negocios en Cuba.
El 20 de abril, Brunel le escribe directamente al expresidente desde Lima, celebrando que «está muy contento de verlo de nuevo».
Estos no son contactos episódicos de alguien que no sabía con quién hablaba. Son comunicaciones activas, cordiales y planificadas con el círculo de un depredador sexual convicto, un año después de su sentencia.
LOS ACTORES Y SUS ROLES: RED DE COMPLICIDADES VISIBLES
La anatomía de este caso no se entiende viendo a Pastrana de forma aislada. Se disecciona entendiendo el ecosistema que lo rodea y lo protege.
Jeffrey Epstein: Inversionista, magnate y operador de la red de explotación sexual de menores más documentada de la historia reciente. Condenado en 2008. Detenido en 2019. Hallado muerto en su celda en agosto de 2019, en circunstancias oficialmente calificadas como suicidio, pero cuestionadas por expertos forenses internacionales.
Ghislaine Maxwell: Reclutadora, operadora logística y cómplice directa de Epstein. Condenada a 20 años de prisión en 2022 por tráfico sexual de menores. Declaró ante el fiscal Tom Blanche en 2025 que Pastrana la invitó a Colombia, organizó su acceso a la Fuerza Aérea Colombiana, y viajó con ella a Cuba junto con Epstein. Afirmó también que nunca presenció a Pastrana en conductas inapropiadas con las víctimas, lo que no excluye el análisis sobre el uso irregular de recursos militares o la continuidad de la relación con la red.
Jean-Luc Brunel: Agente de modelos francés, operador de redes de captación de menores para Epstein. Sus conversaciones con el expresidente están documentadas en los archivos del DOJ. Murió en su celda en 2022 mientras enfrentaba cargos por violación de menores.
La Fuerza Aérea Colombiana: Una institución del Estado cuya integridad quedó comprometida cuando sus uniformes, sus helicópteros y sus instalaciones fueron puestos a disposición de una extranjera sin ningún cargo oficial, que más tarde sería condenada por crímenes contra la infancia. Nadie en la institución ha sido llamado a cuentas. Nadie ha explicado quién autorizó esa visita.
Las instituciones colombianas: La Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, competente para examinar conductas de quienes ejercieron altos cargos del Estado; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General: ninguna ha abierto formalmente una investigación. Colombia Reports confirma que «la Comisión de Investigación y Acusación será ahora la encargada de decidir si abre o no el expediente, en un caso que promete tener profundas repercusiones». Hasta el momento: silencio.
Los grandes medios colombianos: Con honrosas excepciones —Cuestión Pública, El Espectador, La Silla Vacía, Cambio Colombia, Volcánicas— el grueso del establecimiento mediático colombiano ha tratado este escándalo con una tibieza que contrasta con la cobertura internacional. El País de España, Rolling Stone en inglés, Infobae y la BBC han dado más espacio a las preguntas sobre Pastrana que varios de los principales noticieros nacionales.
Eso no es neutralidad periodística. Eso es el pacto de silencio en acción.
ANOMALÍAS QUE EXIGEN RESPUESTA: LOS PUNTOS SIN EXPLICACIÓN
Un periodismo investigativo serio no solo narra: localiza las inconsistencias que deberían ser el objeto de una investigación formal. Las siguientes anomalías son verificables, documentadas y permanecen sin respuesta oficial:
Anomalía 1 — Los 17 archivos eliminados. Cuestión Pública identificó que, de los 55 documentos que inicialmente mencionaban a Pastrana en los archivos del DOJ, 17 fueron eliminados del expediente público el 2 de febrero de 2026, apenas días después de su publicación. El DOJ justificó retiros masivos de documentos alegando protección de identidades de víctimas. Pero el patrón de eliminaciones selectivas, que también afectó los registros de vuelo del Lolita Express que incluían el nombre del expresidente, merece una explicación oficial que hasta ahora no existe.
Anomalía 2 — La contradicción del piloto Visoski. El detective Joseph Recarey declaró en 2016 que el piloto Larry Visoski identificó a Pastrana como «pasajero habitual» que «probablemente presenció a Epstein con menores a bordo». Sin embargo, en su interrogatorio de 2009, el mismo Visoski afirmó no recordar ese viaje. La bitácora de vuelo, firmada por el copiloto David Rodgers, confirma la presencia del expresidente. Esta contradicción testimonial —en un caso judicial internacional de esta magnitud— debería ser investigada de oficio.
Anomalía 3 — El uso irregular de bienes militares. El Código Penal Militar colombiano (Ley 1407 de 2010) y las normas institucionales de la Fuerza Aérea establecen con claridad que el uso de aeronaves militares, uniformes e instalaciones por parte de particulares extranjeros requiere autorización de la más alta jerarquía institucional. La pregunta que ninguna autoridad colombiana ha formulado públicamente es simple: ¿bajo qué acto oficial, qué mando y qué reglas de enfrentamiento se autorizó a Ghislaine Maxwell a pilotar un helicóptero Black Hawk de la FAC y disparar supuestamente contra objetivos en territorio colombiano? Si esa autorización existió, constituye una irregularidad de primera magnitud. Si no existió, estamos ante un posible delito de usurpación de funciones y uso indebido de bienes del Estado.
Anomalía 4 — La relación post-condena. La correspondencia de 2009 documenta que Pastrana mantuvo comunicación activa con el círculo de Epstein tras la condena de 2008. El artículo 441 del Código Penal colombiano establece la obligación de denunciar delitos de los que se tiene conocimiento. Más allá del debate sobre si Pastrana sabía o no los crímenes de Epstein antes de 2008, la pregunta para 2009 es diferente: cuando un ciudadano colombiano, ex presidente de la República, mantiene comunicación con el entorno de un delincuente sexual convicto que le propone negocios en Cuba, ¿qué hace con esa información?
Anomalía 5 — La víctima que no quiso responder. En una declaración de 2010 —incluida en los archivos del DOJ— a una víctima del caso Epstein se le preguntó si conocía al expresidente Pastrana. Su abogado estableció que se negarían a responder cualquier pregunta. El protocolo de defensa que rodea esa negativa plantea interrogantes que sólo una investigación judicial formal podría despejar.
Los Archivos Epstein develan una de las mayores barbaries de exploración sexual y tráfico de niñas y jóvenes. Silenciarse frente a estos delitos hace eterna la cadena de complicidad. #NoAlPactoDeSilencio #NoEsHoraDeCallar pic.twitter.com/So1mXFypct
— Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) February 24, 2026
ANÁLISIS JURÍDICO: LO QUE LA LEY COLOMBIANA DICE Y LO QUE LAS INSTITUCIONES CALLAN
Este análisis no pretende establecer responsabilidad penal —esa es función exclusiva de la jurisdicción competente— sino mapear el marco normativo que debería orientar una investigación formal.
Sobre el uso de recursos militares por civil extranjero: La Ley 1407 de 2010 (Código Penal Militar) tipifica en su artículo 72 el «empleo o utilización ilícita de equipos transmisores o receptores» y normas conexas sobre el uso de material bélico. El Decreto 1512 de 2000, vigente durante la presidencia de Pastrana, regulaba el acceso a instalaciones militares. Ningún marco jurídico habilita a un presidente de la República para autorizar a una ciudadana extranjera —sin cargo diplomático ni misión oficial— a usar uniformes militares, pilotar aeronaves de la FAC y disparar contra objetivos en territorio nacional, bajo cualquier justificación.
Sobre la omisión de denuncia: El artículo 441 del Código Penal colombiano establece hasta seis años de prisión por omisión de denuncia cuando se tiene conocimiento de delitos contra menores de edad. La pregunta no es si Pastrana participó en los delitos de Epstein —eso no está documentado— sino si, conociendo la naturaleza criminal documentada del círculo con el que siguió relacionándose después de 2008, incurrió en omisión.
Sobre la competencia para investigar: Aunque Pastrana ya no ostenta un cargo que lo haga aforado, las conductas presuntamente ocurridas durante su mandato presidencial (1998-2002) —como el uso de recursos militares en favor de Maxwell— corresponderían históricamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Existen precedentes en derecho comparado para que este tipo de investigaciones prosperen aun después de terminado el mandato.
Sobre el prevaricato institucional: El silencio sistemático de las instituciones colombianas ante una acumulación de evidencia documental de esta magnitud —verificada, internacional y en expansión— configura lo que el análisis jurídico-político denomina prevaricato por omisión: la negativa deliberada de una institución a actuar conforme a su mandato legal. La Fiscalía General, la Procuraduría y la Comisión de Acusación del Congreso tienen el deber constitucional de actuar. Su inacción no es neutralidad: es una decisión política disfrazada de silencio administrativo.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE: CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL, ESTADO PROFUNDO Y EL SESGO QUE NOS PARALIZA
Este caso no es una anomalía. Es la expresión más visible de un sistema que ha aprendido a funcionar exactamente así.
El Estado Profundo en Colombia —esa red de intereses económicos, mediáticos, judiciales e institucionales que sobrevive a los gobiernos y protege a sus propios— opera aquí con una precisión clínica: el expresidente da declaraciones evasivas, los medios tradicionales cubren el tema con pinzas, las instituciones guardan silencio, y los ciudadanos terminan preguntándose si no habrá «algo de desinformación» en todo esto. El sesgo del statu quo hace el resto: preferimos que las cosas sigan igual porque el esfuerzo de exigir cambio «parece demasiado arriesgado».
El sesgo de confirmación actúa también como escudo del poder: quienes apoyan al expresidente solo consumen las declaraciones en las que niega haber visitado «la infame isla»; quienes ya desconfiaban de él solo ven el lado más oscuro. Entre esos dos extremos, la evidencia documental —que no exige odio ni devoción para ser leída— queda flotando en un limbo donde nadie la procesa con la seriedad que merece.
La corrupción estructural no necesita que todos los actores sean criminales. Necesita que suficientes sean cobardes. Que el director de noticias decida que la nota «ya está muy trabajada». Que el fiscal decida que «no hay mérito suficiente para actuar de oficio». Que el congresista decida que «es mejor no meterse en ese avispero». Pastrana no gana por ser más inteligente ni porque el sistema lo proteja. Gana porque la sociedad se acostumbró a perder, y porque en Colombia «el que roba pero hace» resulta siempre más atractivo que el que propone con decencia.
EL IMPACTO REAL: LO QUE EL SILENCIO PERPETÚA
Mientras el debate político se centra en si Pastrana «sabía o no sabía», hay un costo social de este silencio que nadie está calculando.
Colombia es uno de los países de América Latina con mayor prevalencia de trata de personas y explotación sexual de menores. Según el ICBF, en 2024 se registraron más de 12.000 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La trata de personas —el crimen para el cual Maxwell fue condenada, el mismo que operaba Epstein con sus «contactos de alto nivel»— no desaparece porque el expresidente diga que nunca visitó «la infame isla».
Lo que el silencio institucional le dice a cada niña colombiana víctima de estas redes es esto: cuando el poderoso está involucrado, las reglas no aplican. Cuando el expresidente tiene conexiones, la ley mira para otro lado. Cuando el Estado Profundo cierra filas, los derechos de las más vulnerables son lo primero que se sacrifica en el altar de la conveniencia política.
Ese es el verdadero impacto de este caso. No son las relaciones diplomáticas. No es la imagen del país. Son las niñas cuyos abusadores saben que, si tienen los contactos correctos, la institucionalidad colombiana aprenderá a callarse.
METODOLOGÍA Y TRANSPARENCIA EDITORIAL
Este artículo fue construido con base en cinco fuentes independientes verificadas, cruzadas entre sí para garantizar la solidez de cada afirmación:
Fuente 1: Cuestión Pública — Investigación primaria directa sobre los 57 registros documentales (publicada el 6/02/2026). Medio especializado en periodismo investigativo colombiano.
Fuente 2: El Espectador — Análisis detallado de los archivos y guía cronológica. Medio de referencia nacional con 139 años de historia editorial.
Fuente 3: El País (España) — Cobertura internacional con acceso a declaraciones del expresidente y contexto global del caso Epstein.
Fuente 4: La Silla Vacía — Análisis de los nuevos archivos desde perspectiva política colombiana.
Fuente 5: Colombia Reports — Confirmación en fuente anglófona de los vínculos documentados por el DOJ, con acceso a declaración oficial de Maxwell.
Fuente 6: Rolling Stone Colombia — Análisis editorial sobre el pacto de silencio y sus implicaciones.
Fuente 7: Infobae Colombia — Las 20 preguntas del colectivo de periodistas.
Fuente Primaria: Archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicados el 30 de enero de 2026, accesibles en justice.gov y analizados por los medios mencionados.
Todas las afirmaciones de este artículo están respaldadas por al menos dos fuentes independientes. Las citas textuales corresponden a documentos publicados oficialmente o declaraciones en medios de comunicación verificados. El análisis jurídico es de carácter periodístico y no constituye un concepto jurídico vinculante.
CIERRE: LA PREGUNTA QUE COLOMBIA DEBE HACERSE
Cuando Bill Clinton y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein, nadie habló de «pactos de silencio». Hablaron de transparencia y obligación institucional.
Cuando el príncipe Andrés fue despojado de sus títulos ante el peso de las evidencias, nadie habló de «teorías conspirativas». Hablaron de responsabilidad pública.
Colombia tiene frente a sí 57 registros documentales, una declaración judicial de la cómplice condenada, fotografías con uniformes militares de la nación, correos que atraviesan siete años de relación con un delincuente sexual convicto, y el silencio estruendoso de sus instituciones.
El expresidente Pastrana tiene derecho a la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano. Pero la presunción de inocencia no es una licencia para el silencio institucional. No es un escudo que exima a la Fiscalía de investigar. No es una razón para que la Comisión de Acusación del Congreso mire para otro lado. No es una excusa para que los medios dejen de preguntar.
La corrupción no se perpetúa porque los poderosos sean invencibles. Se perpetúa porque suficientes personas, en suficientes instituciones, deciden que hoy no es el momento. Que hay temas más urgentes. Que mejor no meterse.
#NoAlPactoDeSilencio no es un hashtag. Es la descripción más precisa de lo que ocurre en Colombia cada vez que alguien con apellido y conexiones enfrenta una pregunta incómoda y el sistema —mediático, judicial, político— decide que la respuesta puede esperar.
Las niñas colombianas que han sido víctimas de redes de trata no tienen ese lujo.
Colombia merece respuestas con documentos.
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.» — corrupcionaldia.com
📌 Nota editorial: Este artículo fue construido aplicando metodología de periodismo investigativo multicapa, con cruce de fuentes independientes, verificación documental y análisis jurídico especializado. Toda petición de corrección o derecho de respuesta con sustento documental será atendida en la dirección editorial de corrupcionaldia.com.
