Como si se tratara de un mal chiste en época de pandemia, justo cuando debe primar la austeridad y la racionalización en el gasto por parte del Gobierno nacional, que viene argumentando la falta de recursos económicos para tramitar ante el Congreso de la República una reforma tributaria, el mismo Gobierno aprobó recientemente una prima del 30% del salario mensual a varios funcionarios de alto rango de la Rama Judicial en el país.
El pasado 11 de marzo, el presidente Iván Duque y sus ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela firmaron el decreto 272, mediante el cual se establece una prima especial equivalente al 30% del salario básico, para los magistrados auxiliares, magistrados de todo orden de los tribunales superiores de distrito judicial y contencioso administrativo; de los consejos seccionales de la judicatura, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, jueces de la República, magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar; auditores de guerra, jueces de instrucción penal militar, fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante jueces penales de circuito especializados, ante jueces del circuito, ante jueces municipales y promiscuos.
El beneficio económico también cobija a los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del distrito capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La prima será adicional a la asignación básica correspondiente a cada empleo y se pagará mensualmente y constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Esta prima tiene como punto de partida la Ley 4 de 1992 que la creó en aquel entonces cuando nació la Fiscalía General de la Nación.
Es decir, pasaron 29 años para que el Consejo de Estado, después de varios conceptos y jurisprudencia emitida, demandas y contrademandas, finalmente señalara que era obligación del Estado darla.
Lo curioso del caso es no solo el tiempo que pasó para ser implementada, sino que justo se hace en el peor momento financiero del gasto fiscal que atraviesa el país en las últimas décadas.
Solo entre la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, consideradas las altas cortes del país, 97 magistrados tendrán este beneficio.
Los togados de estas cortes ganan un promedio de $8 millones de pesos mensules, representados un supuesto sueldo básico de algo más de $2,5 millones de pesos y los restantes gastos de representación y una prima técnica de $4,5 millones de pesos.
Ahora con esta nueva prima que les reconoce el Gobierno, su remuneración mensual pasará a unos $16.500.000 pesos.
Es decir que solo por estos 97 magistrados de las llamadas altas cortes, sin incluir al resto de magistrados y funcionarios de la Registraduría Nacional que menciona el Decreto, el Estado colombiano deberá sacar más de $241 millones de pesos mensuales para cancelarles esta prima.
Este regalito como caído del cielo, demandará a las finanzas estatales la bicoca de $2.900 millones de pesos anuales, solo para corresponder por el pago de la obligación salarial de estos magistrados.
¿A qué juega entonces el Gobierno Nacional cuando por un lado habla de la urgente necesidad de austeridad en el gasto público y del trámite de una reforma tributaria por la inminente iliquidez del Estado por los gastos en que ha incurrido por la pandemia de Covid-19, y por otro lado no ha hecho más que aumentar de manera exponencial los cargos burocráticos en distintas entidades del orden nacional y de paso aumentar salarios de manera desmedida?
Tiene el Estado colombiano recursos para aumentar la planta de personal de la Superintendencia Nacional de Salud, la de la Procuraduría General de la Nación, aumentar en un 30% el ingreso de cientos de magistrados que ya de por sí ganan muchísimo más que el funcionario promedio colombiano; pero no tiene para aprobar una renta básica mensual para las familias más vulnerables del país durante cinco meses, como se lo han propuesto varios congresistas de la oposición.
Queda en el aire la pregunta: ¿Qué motivación real tiene el Gobierno al autorizar el pago de una prima que llevaba años esperando ser implementada?
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=160167
| Decreto 272 de 2021 – funcionpublica.gov.coDepartamento Administrativo de la Función Pública Decreto 272 de 2021 2 EVA – Gestor Normativo La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes,www.funcionpublica.gov.co |
