El famoso Cartel de Medellín, de actividades ilegales basadas en el narcotráfico nunca tuvo tal carácter tal como lo señalan las teorías económicas. Por el contrario, se dedicaron a controlar, a segmentar el mercado, con asociaciones rivales como el Cartel de Cali disputándose el mercado de estupefacientes –la cocaína- de Estados Unidos en una lucha frontal con instituciones legales de ese país y Colombia. Sus miembros más conspicuos pertenenciam a los sectores medios y la legión de trabajadores las reclutaban en los barrios marginales de Medellín dispuestos a todos.

Pero existía, con otro nombre y basado en actividades legales, otro cartel llamado en ese momento el Sindicato Antioqueño y que después, para quitarle la grosera connotación del asociación del derecho colectivo laboral, fue renombrada como Grupo Empresarial Antioqueño (GEA cuyas ramificaciones empresariales incluían a diversas empresas megaconstratistas del estado colombiano aunque fungían, para efectos jurídicos, como independientes, algunas de ellas con una tradición de más de 65 años en la construcción de proyectos de obras públicas y privadas.

Para evitar malos entendidos sobre el concepto de cartel hay que remitirse a las teorías de la economía que se refieren a esta actividad como un acuerdo formal –sobre todo si se encuentran trianguladas entre si con los mismos accionistas– entre empresas de un mismo sector –o de la cadena productiva de esas actividades como es el caso de Cementos Argos, concesiones y contratistas de obras públicas– con el fin de reducir o eliminar la competencia de un específico mercado. El control sobre la producción y distribución se encaminan mediante la colusión para formar una estructura de mercado monopolística, con el protervo fin de obtener los mayores beneficios en perjuicio de los consumidores.

Nunca jamás sucede el caso inverso y por eso que en países como Estados Unidos estas prácticas se encuentran severamente vigiladas y restringidas. En Colombia también, donde la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando ha decidido sacar sus dientes, ha impuesto sanciones y multas –entre ellas a Argos– por este tipo de practicas.

Digamos que este Cartel de Medellín legal, que incluye un vasto portafolio de empresas y servicios, que se apalancan entre sí. Acuden a sus financieros, a sus propias aseguradoras, a los productores de cemento, a sus contratistas empresas de ingeniería, a sus interventores e incluso, a alcaldes y gobernadores de bolsillo, casi uno más de su nomina de empleados.

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En el fondo, ese es el motivo de la actual disputa entre Daniel Quintero, un alcalde de Medellín impensado que se les cruzó en el camino, y que los ha despojado de una empresa pública que bajo el esquema de “gobierno corporativo”, consideraban propia, las Empresas Públicas de Medellín, la poderosa multinacional latina –tal como la llaman con lambonería las revistas especializadas de economía– metida hasta los tuétanos –gracias a ambición monopolística de los antioqueños sobre el sector energético nacional– en el peor desastre ambiental y de ingeniería de toda su historia, la central Hidroituango sobre el devastado río Cauca.

Allí, en ese mega proyecto, demostrado en investigaciones, resoluciones y sanciones, se encuentran diversos miembros del Grupo Empresarial Antioqueño cuando controlaban las decisiones de esta empresa con el propósito, no de engrandecerla en beneficio de su propietario, el municipio y la ciudadanía de Medellín, sino de ellos mismos.

De Sindicato Antioqueño a Grupo Empresarial Antioqueño

El ente controlador de todos estos mega contratistas ha tenido varios nombres en su historia iniciada cuando foráneos –como Carlos Ardila Lulle- y Julio Mario Santo Domingo compraron empresas como Postobón, Coltejer, RCN, SAM, Banco Comercial Antioqueño e iban por otras. Ante la situación planteada se organizó una estrategia de blindaje para evitar que estas empresas nativas de la antioqueñidad cambiaran de manos.

Al final todas las prevenciones y políticas se plasmaron en un documento de seis páginas en donde se consignaron las reuniones realizadas entre el 28 de marzo y el 7 de abril de 1978 en las oficinas de Proantioquia en Medellín y que constituye el acta de nacimiento del entonces denominado Sindicato Antioqueño. Fueron 14 los empresarios integrantes del “Movimiento de defensa de la sociedad anónima y del patrimonio industrial de Antioquia” lo que plantearon el diseño de las políticas para defenderse en la Bolsa de Medellín de las incursiones silenciosas de tomas de paquetes de acciones por parte de Julio Mario Santo Domingo, quien compró Cerveunión, Cine Colombia y el Banco Comercial Antioqueño; Jaime Michelsen, caído posteriormente en desgracia, quien compró al grupo Grancolombiano y una participación en Nacional de Chocolates y Suramericana de Seguros y Carlos Ardila Lülle que se apoderó de la emblemática Coltejer, RCN, Sonolux y Postobón.

Estaba en juego la hegemonía regional antioqueña con estas compras en una ciudad que se preciaba, gracias a su hinterland cercano a la rica zona cafetera, de industrial. Por ello no es casual que el 11 de septiembre de 1944 se den cita en Medellín varios gerentes de empresas (24 en su totalidad; entre ellas, Coltejer, Fabricato, Noel, Pepalfa, Cervunión, Coltabaco, Nacional de Chocolates e Imusa).

El objetivo final es crear la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) cuya sede principal se encuentra precisamente en esa ciudad. Fruto de esos propósitos fue la fundación del Banco Industrial Colombiano (BIC) constituidos por veintiuna sociedades, algunas de ellas también creadoras de la ANDI. Dentro de esa misma perspectiva se crea una aseguradora propia de las empresas locales, Suramericana (Sura) resultado de una constitución de firmas y empresarios regionales y, para consolidar el sistema financiero la evolución del Banco Alemán-Antioqueño (1919) en Banco Comercial Antioqueño (Bancoquia) comprado posteriormente por el llamado grupo Santo Domingo.

La fragilidad de las empresas antioqueñas era que estas preferían agruparse en sociedades anónimas con una propiedad muy diseminada en pequeños accionistas que eran susceptibles de vender cuando les ofrecían un valor significativamente más elevado por sus acciones. Así pasó. En 1968 Ardila Lülle compró Postobón a través de Gaseosas Lux de los Gaviría, previamente compradas por Gaseosas Hipinto de Santander, de donde es originario Ardila.

De allí pasó a comprar la mítica fábrica de tejidos Coltejer y a comprar una participación en Suramericana de Seguros. Para que no quedaran dudas que había un asalto coordinado de los grupos capitalistas en ascenso (ya Santo Domingo tenía en sus manos a Bavaria de Bogotá), el grupo mencionado y el Grancolombiano iniciaron una agresiva compra de porcentajes accionarios –a pequeños y medianos tenedores– de empresas consideradas como lo más granado y emblemático de Antioquia como Nacional de Chocolates, Noel, Suramericana, Argos, Coltabaco, Fabricato, Cadenalco, Cine Colombia y Simesa, entre otras.

Por supuesto que la política de protección a la industria nacional ayudó mucho cerrando fronteras a artículos considerados de prohibida importación –generando de paso los ilegales sanandresitos- y de paso a solidificar la industria antioqueña que movia sus alfiles políticos con estrategia calculada. Dice el investigador y periodista Aurelio Suarez que “En todo caso, la influencia antioqueña en la política económica de entonces no fue menor: nueve de los veintiún ministros de Hacienda entre 1950 y 1975 fueron antioqueños. En contraste, solo hubo tres ministros de Bogotá, dos del Valle del Cauca y el resto de otras seis regiones diferentes. Además, ocho de los nueve presidentes de la ANDI entre 1975 y 1994 fueron antioqueños”.

Casi nada o nada casual esa insistencia en el control de la hacienda pública y en el manejo de políticas económicas. Dice Suarez que “Para hacerlo, doce empresas antioqueñas se agruparon y empezaron a buscar formas para protegerse mutuamente. Esa agrupación se conoció como el Sindicato Antioqueño. De allí resultaron el “entrelazamiento” patrimonial y una “filosofía” común, que ya en 1985, cuando comienza la consolidación del Grupo Empresarial Antiqueño (GEA), se componía de 46 empresas. De ellas, seis eran de alimentos, diez de cementos-carbón, una de comercio, diez de seguros y finanzas, una de inversión y dieciocho de otros sectores”.

Pero el asunto de fondo era desindustrializar el rango común de las actividades a sabiendas que en una economía abierta, global, muchas de ellas no tendría capacidad de sobrevivir, como efectivamente sucedió con la apertura económica de Cesar Gaviria. Por ello en 1994 el GEA empieza una serie de mutaciones para fortalecer el sector financiero fusionando el Banco Industrial Colombiano (BIC), junto con el Grupo Gilinski, con el Banco de Colombia, lo que después daría lugar a una agria disputa legal sobre su contol. Dice Suarez que “Si en 1985 el sector de seguros y finanzas representaba el 24 por ciento de las utilidades del GEA, en 1995 ya significaba el 54 por ciento. Así se iba gestando la transformación de un conglomerado industrial en uno financiero”.

La idea era convertirse en capital financiero, inversionista, expandirse internacionalmente y la incursión –como terreno económico- en la industria de la construcción sobre todo en obras públicas apalancadas por el poderoso grupo Argos que lentamente fue comprando todas las cementeras del país para conformar una unidad monopolística que fijaba precios decididamente más altos que los del mercado internacional y que incluso compraba la posible competencia para ahogar cualquier posibilidad de desestabilizar el esquema de precios creados.

Viene al cuento lo anterior pues Argos es fuerte accionista de mega contratistas como Odinsa y de concesionarios de vías y aeropuertos como Opain, en el aeropuerto El Dorado.

La cartelización de cementos Argos

Una imagen es la que da cementos Argos en sus relaciones públicas ejecutadas con una eficiencia notable de buenas prácticas corporativas y otra muy distintas, ya lo mostraremos, su verdadera casta de capitalismo salvaje y despiadado con sus comunidades de consumidores. Según la Resolución No. 81391 del 11 de diciembre de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio se sancionaron por cartelización empresarial (una forma de corrupción privada) para la fijación de precios del cemento gris Portland Tipo 1 en el mercado nacional a las empresas Argos, Cemex, Holcim y a 6 altos directivos de estas empresas por un valor total de a $200.000 millones de pesos. Estas cementeras representan el 96% del mercado colombiano y tiene como causa, según la SIC “la existencia de un acuerdo en la modalidad de paralelismo consciente para la fijación de los precios ex fábrica del cemento gris Pórtland Tipo 1 en el mercado nacional durante el período objeto de la investigación, es decir, entre enero de 2010 y diciembre de 2012 (3 años)”.

La SIC encontró que los precios del cemento gris  Portland tipo 1 tuvieron en el mercado nacional un comportamiento paralelo de precios y que las empresas sancionadas ofrecieron una explicación económicamente razonable ni verídica que justificara el paralelismo de precios, ni la manera como se fijan los precios al interior al interior de dichas empresas.

Ademas la SIC descubrió que las “características y la estructura del mercado del cemento en Colombia, convierten a este mercado en un escenario altamente propenso a la colusión o cartelización empresarial, de acuerdo con los marcadores propuestos por la doctrina económica más utilizada por las autoridades de protección de la libre competencia económica en el mundo, tales como los de Posner, Harrington, Kovacic y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En vez de entablar una sana competencia empresarial que se reflejará en variedad de precios, hicieron todo lo contrario. Mantuvieron un sistema de colegaje, de compinchería empresarial ajeno a un mercado competitivo, coordinando entre si los precios para mantenerlos en un nivel artificial perjudicando a los consumidores. La excelsa jugarreta para birlarle de sus bolsillos a los compradores del cemento –encareciendo de paso los costos en la industria de la construcción- fue que el precio del cemento Portland Tipo 1 en el mercado nacional en el periodo de investigación (2010-2012) aumento en un 29,9% mientras que la inflación en el mismo periodo de tres años fue de 9,3%, es decir, que el precio del cemento aumentó más del 20% de a inflación en un mercado que en el periodo auscultado reportó ventas superiores a 8 billones de pesos.

Por supuesto que las empresas cementeras afectadas, entre ellas Argos, apelaron por la vía administrativa y luego judicial la sentencia impuesta en su contra aduciendo persecución o producto de una investigación que no tuvo en cuenta diversos factores.

Es importante presentar estos hechos sobre cementos Argos que es en la práctica propietaria de varias empresas mega contratistas del estado colombiano. Nada memos.

No es la primera sanción al respecto. El Consejo de Estado confirmó la cartelización de Argos con sus respectiva sanción en sentencia del 9 de agosto de 2018 expuesta en la Resolución No. 5194 del 4 de diciembre de 2018 por haber integrado junto con Holcim y Cemex un cartel empresarial en la modalidad de paralelismo consciente para fijar artificialmente los precios del cemento entre junio y diciembre de 2005 en el mercado de cemento de Colombia y repartírselo.

Nada ético ni de responsabilidad empresarial de esta empresa.  Las sanciones en el 2008 fueron de $923 milloncitos para Argos y de $138 millones de pesos para el entonces representante legal de esta empresa  José Alberto Vélez Cadavid. Esta decisión se suma a las sentencias previas proferidas por el Consejo de Estado el 14 de junio de 2018 y 21 de junio de 2018 ratificando las sanciones impuestas por esos hechos a Cemex y Holcim con sus respectivos representantes legales.

Reiteramos que es necesario exponer los antecedentes del proceso de conformación del llamado Grupo Empresarial Antioqueño, el criterio monopolico y de cartelización en sus algunas de sus áreas productivas pues este conglomerado controla importantes compañías mega contratistas cuestionadas y son el verdadero eje de la confrontación entre el actual alcalde de Medellín Daniel Quintero y los representantes y voceros del GEA involucrados en procesos de todo tipo en el desastroso proyecto Hidroituango.

Próximo:  Los megacontratistas del GEA: Odinsa (II)

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