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Avianca, la aerolínea que hace un mes pidió al gobierno colombiano un crédito por 370 millones de dólares para solventar su complicada situación financiera, la misma que se acogió a principios de año a una ley de quiebra y de reestructuración en Estados Unidos, pagó entre finales del 2019 y hasta abril de este año, un total de $7 millones de dólares en bonos a sus altos ejecutivos. 

Según el documento revelado por el portal La Nueva Prensa, entre los ejecutivos a los que se les entregó este bono figuran Adrian Neuhauser, vicepresidente Financiero de Avianca, quien recibió durante el periodo anteriormente nombrado la suma de USD 3.732.494; por su parte, Anco Van Der Werff, quien es CEO de la aerolínea, a mitad del presente año recibió una suma de USD 3.732.494. 

También figuran en el mismo documento pagos de bonos a otros ejecutivos de Avianca como: Eduardo Mendoza de la Torre quien recibió un bono de USD 82.000, Michael Anthony Swiatek quien recibió USD112.000, Renato Covelo Frutos quien adquirió un bono de USD 128.000 y Silvia Mosquera González a quien se le entregó un bono de USD 286.000, entre otros. 

En total estos bonos habrían beneficiado a 37 altos directivos de la compañía panameña. 

Lo llamativo del caso es que justo apenas dos meses después de haber pagado semejantes sumas de dinero, resultara la empresa aérea pidiendo prestados recursos para sus operaciones. 

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Sin contar con que tales privilegios económicos solo se aprobaron a sus más altos ejecutivos, mientras que, para su fuerza laboral, lo que hubo fue carta de despidos de sus trabajos. 

Mientras sus altos directivos recibían en medio de la pandemia del Covid -19 mucho más que el simple salario, al menos 450 pilotos y un número indeterminado de empleados de Avianca decidieron rechazar una convocatoria enviada por la empresa el 23 de junio pasado, para entrar voluntariamente a un programa de licencias no remuneradas (“permiso sin goce de salario”) de largo plazo. 

La negativa por parte de los trabajadores, respondió a que la mayoría de ellos ya se encontraba en licencia no remunerada desde el inicio de la pandemia, y enrolarse en el programa por segunda vez significaría permanecer en un limbo laboral durante, al menos, otros seis meses. 

Según una fuente anónima consultada por La Nueva Prensa, la empresa envió un correo corporativo a sus empleados solicitando tomar la licencia no remunerada bajo unas cláusulas específicas, entre las cuales había una en particular que los hizo declinar la propuesta: la empresa podría terminar el contrato unilateralmente durante la licencia no remunerada.

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Cuatro días después, el 30 de junio, a los pilotos que se negaron a aceptar el nuevo programa de permiso no remunerado les llegó otro correo, anunciando que les sería suspendido su contrato por “fuerza mayor”. Los empleados entendieron el mensaje como un acto de presión en contra del inconformismo de los trabajadores.

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Pero la gota que colmó el vaso, según la fuente, fue cuando les fue filtrada una copia del estado financiero de la compañía con corte al 9 de mayo de 2020, un día antes de que la empresa radicara formalmente la petición para entrar en proceso de reorganización, a la luz de lo establecido en el capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York, bajo el caso No. 20-11133 (MG). En el documento de la citada petición aparecen varios desembolsos por concepto de bonificaciones que superan los 10,2 millones de dólares. 

No solo para sus empleados, sino para cualquier entendedor de las relaciones laborales resulta inaudito y corrupto que mientras a los empleados se les pidió sacrificar su salario para apoyar a la empresa y poder tener dinero en la caja de cara al reinicio de las operaciones, o ramp-up, en el lenguaje de la aerolínea, más aún teniendo en cuenta la crisis financiera que ya arrastraba, se premie a los altos funcionarios, que seguramente no es que hayan hecho mucho por superar la crisis, con semejantes sumas de bonificación. 

Según se estableció, los sindicatos y trabajadores de Avianca decidieron aceptar las licencias no remuneradas y una reducción del 70% en los salarios de los trabajadores activos durante los meses de pandemia, con el compromiso, por parte de la administración, de que no hubiera pago de bonos a los ejecutivos de la compañía. Este acuerdo, que, según la fuente, quedó registrado en las actas de los sindicatos, fue incumplido. 

El comunicado de Avianca  

La aerolínea justificó estos pagos y señaló que “una parte está relacionada con obligaciones laborales correspondientes al año 2019 y con los resultados obtenidos en el proceso de reperfilamiento de la deuda en 2019”.

De acuerdo con la compañía, la Junta Directiva aprobó estos planes de retención antes de acogerse al Capítulo 11, precisamente para buscar que permanezca el equipo directivo de la empresa durante todo el proceso.  

“Con base en lo indicado por los asesores de la compañía, estos planes son mejores prácticas para las empresas que se encuentran en el proceso del Capítulo 11 y fueron desarrollados con la asistencia de un consultor de compensación independiente y mediante la evaluación de empresas con ingresos comparables”, argumentó la aerolínea al respecto.

Según la compañía, los ejecutivos “son fundamentales para completar el proceso del Capítulo 11 y para garantizar que Avianca Holdings continúe operando de manera rentable y segura al final de este proceso. Toda esta información se hizo pública hace unas semanas cuando fue presentada a la Corte de Nueva York, lugar en donde se está llevando a cabo el proceso del Capítulo 11, y desde el inicio de este proceso, Avianca Holdings ha sido abierta y ha cumplido con las normas, procesos y requisitos previstos dentro del Capítulo 11 sobre estos planes”. 

En este punto bien vale la pena recordar que la corrupción se viste de muchos colores para esquilmar el erario público. 

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