Igual que otras empresas de Medellín, la constructora Conconcreto fue inventada pensando en la apuesta a las grandes obras dentro de Colombia y, a largo plazo, incursionar en América Latina, lo que equivale a situarse al lado de las mexicanas y brasileras –con la constructora Camargo Correa mantiene negocios en Hidroituango– en un desarrollo de amplio espectro que impresiona por su magnitud interviniendo en 2500 obras a lo largo de todo el país.

El grupo inici al de propietarios que constituyó la empresa en 1961 la conformaban los arquitectos Darío Aristizábal Correa, Carlos Echavarría, Darío Uribe y los ingenieros Bernardo Villegas y Javier Bernal.

Juan Luis Aristizábal Vélez

Tras retirarse algunos de los socios, Darío Aristizábal invita a su hermano J. Mario, ingeniero civil a integrar el grupo, así también al ingeniero Esteban Restrepo Moreno. Después llegaría otro familiar, Luis Jorge Aristizábal Correa, quien había trabajado previamente en empresas del sector de la infraestructura.

«Ellos vieron el potencial de crear una pequeña constructora. En esa época estaba casi naciendo la industria, la construcción en altura era incipiente, entre otras razones, porque no se construían las losas necesarias», recuerda Juan Luis Aristizábal Vélez, hijo de Darío y actual presidente de Conconcreto.

Pese a todo, seguía siendo una constructora centrada en proyectos en Medellín hasta que tomaron la decisión en la década de los 80 de ingresar a obras como el puente del kilómetro Cero en la glorieta de la autopista con la calle Barranquilla, el viaducto de la Avenida 33 que cruza el río y la Avenida Industriales que se convierte en la Avenida Guayabal, así como la construcción de la represa de Río Grande, en sociedad con la compañía Taisei de Japón.

Tras este “bautizo” en obras de envergadura en infraestructura toman la decisión –ya lo decíamos– de conquistar el mercado nacional brincando a Bogotá, desde donde se desplegaron al resto del país y fuera de él, con una filial en Panamá denominada Conconcreto Internacional.

A partir del 2000 Juan Luis Aristizábal toma el timón de la empresa. Diez años después entra a cotizar en la Bolsa de Valores que es en materia de desarrollo de empresas constructoras, una especie de título de acreditación financiero.

Sin embargo, pese a estar considerada como una de las 5 grandes empresas colombianas en el sector de la infraestructura fue la última que entró al floreciente negocio de las concesiones viales con el estado en 2016 logrando un importante porcentaje de participación total del negocio.

Las obras en que participan son:

Socios por mitad en la ampliación a tercer carril de la doble calzada Bogotá–Giradot (hasta 2046). 

Son socios minoritarios en las vías:

  • Buga–Buenaventura (hasta el 2046)
  • Ruta del Sol Sector 1 (hasta 2020)
  • Concesión Devimed / Oriente de Medellín y Valle de Rionegro (hasta el 2026)
  • Concesiones CCFC Faca–Los Alpes (hasta el 2024).

Ese año 2016 la multinacional francesa Vinci anunció la adquisición del 20% del capital accionario de Conconcreto S.A. que se hizo efectivo a través de una emisión privada de 226.850.988 acciones a un precio de $1.276 pesos cada una en un monto total que rondaba los $290.000 millones de pesos.

Desde el 2005 saltaron a otras áreas de negocios de Conconcreto: la construcción y arriendo de instalaciones logísticas, hoteles y propietarios y administradores de los centros comerciales Gran Plaza.

En la división de infraestructura tiene participación en el Proyecto Hidroeléctrico Bonyic en Panamá, a través de su filial Conconcreto Internacional, que incluyó una central hidroeléctrica (30 MW), un embalse (900.000m3) y una línea de transmisión (115 KW); en la construcción de las obras principales del proyecto hidroeléctrico Ituango (2,4GW) en Colombia, como parte del consorcio CCC Ituango; en el puerto multipropósito Darién International Port cuyo objetivo es disminuir distancias, tiempos de desplazamiento y costos de transporte de mercancías desde y hacia Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero.

En el 2018 empezaron las dificultades legales para Conconcreto cuando la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC– le impone en el 2017 una multa por $368 millones de pesos por el incumplimiento el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), específicamente en la construcción del Hotel Estelar Cartagena de Indias. La empresa interpuso los recursos de Ley.

Las alarmas surgieron en ese tiempo cuando el vicepresidente German Vargas Lleras denunció que el consorcio chino presentó una oferta el 68,8% más baja del valor propuesto: «Esta propuesta generó una presión a la baja sobre el valor medio, lo cual pudo resultar ser determinante para favorecer a Estructura Plural Vías a Girardot».

En la actualidad, mediante una reconfiguración societaria, esta concesión a 30 años, está a cargo del contratista Vía 40 Express conformado en un 25% de Constructora Conconcreto, un 25 % de Industrial Conconcreto y un 50 % de la francesa Vinci Highways que compró una importante porción accionaria de Conconcreto.

Después; en medios de comunicación, apareció un rumor no certificado en el sentido que en un whatsapp Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto dio orden de «borrar todos los correos» relacionados con este contrato.

Este rumor aparece a raíz que la Superintendente de Industria y Comercio divulga el resultado de una investigación pedida por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien había denunciado lo que sería un posible pacto entre oferentes para quedarse con el contrato para la construcción del tercer carril Bogotá – Girardot.

Lo que examinaba el Superintendente era que si la oferta tan baja de uno de los proponentes de la licitación, –que generalmente es descartada por tener poca probabilidad de éxito– se presentó para afectar el promedio y favorecer al consorcio en el que estaba Conconcreto

Según el entonces vicepresidente Vargas Lleras «Esta propuesta generó una presión a la baja sobre el valor medio, lo cual pudo resultar ser determinante para favorecer a Estructura Plural Vías a Girardot».

Sin embargo, el 17 de junio de 2020 el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, decidió archivar la investigación contra la Constructora Conconcreto por una presunta colusión en el proceso de licitación del proyecto Tercer Carril Bogotá – Girardot.

El curioso resultado de la denuncia de un vicepresidente de la República con control de ministerios y competencia para el control de obras de infraestructura quedaron en el más perfecto vacío luego de una actuación administrativa de cerca de tres años que derivó en que el entonces superintendente Barreto acogiera la recomendación que le había hecho el superintendente delegado en enero del 2020, para el correspondiente archivo al considerar que no existían méritos para sancionar a Conconcreto. Nada de rumores y componendas licitatorias.

Ese caso de exoneración fue el considerado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López cuando la atacaron desde las redes sociales y medios de comunicación por otorgarle un contrato a Conconcreto por valor de $40.890.789.547.00, para las obras de la calle 116 entre carrera Novena hasta la Autopista Norte y desde la calle 116 con avenida Boyacá hasta la Autopista Norte. 

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) del Distrito, indicó que «conforme a los procedimientos y verificación de las sanciones e incumplimientos en el Registro Único Empresarial RUES (registro en el que las entidades están en la obligación de registrar sanciones e incumplimientos), se constató que a la fecha de adjudicación de la licitación Pública IDU–LP–SGI–008–2020, la empresa Constructora Conconcreto S.A. no reportó sanción o incumplimiento alguno.  Por ende no se dan los presupuestos de ley para considerar que la citada empresa estuviera incursa en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad. El IDU hará seguimiento permanente tanto a posibles incumplimientos y acciones judiciales que tenga el contratista, como a la ejecución del contrato con el fin de mitigar cualquier riesgo contractual que pueda poner en riesgo la ejecución y los recursos públicos». 

Habría que agregar a esta argumentación un marco contextual político. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se encuentra alineada con la precandidatura presidencial de Sergio Fajardo, quien fue, casualmente en sus pasos por la gobernación de Antioquia y alcaldía de Medellín, uno de los promotores del mal desarrollo del proyecto Hidroituango en donde Conconcreto es la principal empresa constructora.

Hidroituango

El segundo socio de la empresa constructora Consorcio CCC es Conconcreto con un 35 % (los brasileños Camargo Correa con el 55 %, y Coninsa Ramón H con el 10%).  

Aunque se cree que los problemas de este consorcio se iniciaron con la inundación de la sala de máquinas e inundaciones en el río Cauca en el proyecto Hidroituango en 2018, realmente la primera advertencia que algo no encajaba en el panorama se dio el 21 de febrero de 2017 cuando un escándalo de corrupción salpicó al socio mayoritario brasilero Camargo Correa denunciada por ofrecer sobornos a funcionarios y manipulación de pliegos para quedarse con licitaciones en Brasil y Perú.

El entonces alcalde de Medellín solicitó prestamente una investigación “a fondo” pidiendo en calidad de máxima autoridad directiva de la EPM un detallado informe sobre el tema.

La empresa de servicios públicos de Medellín en un comunicado señaló que «el contrato adjudicado a este consorcio es el resultado de una licitación pública internacional, que contó con pluralidad de oferentes y con el acompañamiento en acción preventiva de la Procuraduría General de la Nación».

Como colofón risible de todo lo anterior y del desastre posterior –empresarial, ambiental, de inversionistas y constructores– la EPM indica que «bajo una política de cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno, rechaza todo aquello que se aleje del cumplimiento de la ley, la ética y el propósito superior de servicio a la comunidad».

La constructora brasilera está involucrada en el escándalo de Petrobras, tras pagar $15,6 millones de dólares en coimas y por este hecho, 40 de sus ejecutivos son investigados por las autoridades brasileñas.

Además, la firma es acusada de transferir $90.000 dólares a un socio del expresidente peruano Alejandro Toledo por haber ganado contratos para construcción de carreteras. Toledo tiene orden de arresto por el escándalo de Odebrecht.

Pero lo peor estaba por venir con la hecatombe que colocó en duda la obra de Hidroituango con todo tipo de señalamientos a constructoras, políticos y la EPM de Medellín, en una espiral de reconstrucciones, rediseños y arreglos de la gigantesca “empanada” de este proyecto de la cual todavía no salen.

El otro componente adverso para los intereses de Conconcreto es que quien ganó la alcaldía fue un candidato que había centrado su discurso electoral en la desgracia de este proyecto y que tras posesionado, decidió revista cada componente de la estructura de las obras entre los que se encontraba la plana mayor de EPM y los constructores, encontrando curiosas coincidencias de triangulación entre los diversos actores involucrados.

La pelea se centra entonces entre la élite de Medellín y el Grupo Empresarial Antioqueño, Conconcreto y el alcalde en torno a los desatinos y responsabilidades del proyecto entre los cuales recae en parte sustancial en Conconcreto.

Ante la inminencia de acontecimientos en el sentido del pago de una responsabilidad compartida en la obra por $4,5 billones de pesos, la constructora Camargo Correa Colombia y Coninsa Ramón H. deciden acogerse a la ley de reorganización empresarial.

Viendo Conconcreto que quedaba solitaria en el panorama de responsabilidades responde el 10 de octubre de 2021 con su solicitud de ingreso a un proceso de reorganización empresarial en Colombia ante la Superintendencia de Sociedades. 

Días antes, ante la inminencia de este hecho cumplido, la constructora Conconcreto había afirmado que no se encontraba en ningún proceso con la Superintendencia de Sociedades después de múltiples rumores sobre avances para los trámites de insolvencia.

La empresa declaró en su momento que «a la fecha la sociedad no ha presentado solicitud alguna para su admisión en un proceso de insolvencia».

Pero lo hizo presionada por el fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría General de la República contra 26 personas jurídicas y naturales vinculadas con las obras de Hidroituango el 6 de septiembre de 2021 debido a las contingencias de la obra en 2018.

La estrategia consiste en blindarse jurídicamente contra fallos adversos en materia económica y así diluir el pago de responsabilidades, aunque públicamente se aduzcan otras importantes razones y fundamentos.

Se agrega que se determina que las empresas participantes del Consorcio CCC serán retiradas del proyecto para buscar nuevos contratistas que partan desde otros parámetros de finalización de obras o, como señalan algunos especialistas, un estancamiento no declarado permanente. A su turno las constructoras y sus amigos han señalado que esta propuesta coloca a Colombia en grave riesgo energético.

Por otra parte el alcalde Daniel Quintero Calle continuó con sus denuncias. El abogado de Concreto, Fabio Humar se refirió a los señalamientos en el sentido que «contratistas constructores habrían cambiado los materiales, hierros y pernos por unos más económicos y de menor calidad, además de rediseñar y hacer cambios irresponsables».

En su momento, el mismo consorcio se pronunció al respecto y dijo a través de un comunicado que rechazaban «enfáticamente los juicios del alcalde de Medellín, en los que realizó falsas afirmaciones sobre la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras y cambios en los diseños, entre otros aspectos».

Por todas estas circunstancias Concreto contrata al abogado Humar para que incoe una denuncia sobre injuria y calumnia con el alcalde de Medellín.

Lo cierto es que Concreto sale muy mal librado como empresa de ingeniería e infraestructura en este proyecto de Hidroituango. Todos los cálculos –con sus socios– salieron errados o nocivos y es la razón fundamental por la que pasan a contratacar jurídicamente buscando distraer o compensar los diversos problemas que tuvo este proyecto.

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1 Comentario

  1. […] Tras retirarse algunos de los socios, Darío Aristizábal invita a su hermano J. Mario, ingeniero civil a integrar el grupo, así también al ingeniero Esteban Restrepo Moreno. Después llegaría otro familiar, Luis Jorge Aristizábal Correa, quien había trabajado previamente en empresas del sector de la infraestructura, reseñó corrupcionaldia.com. […]

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