Una característica notable de megaconstratistas focalizados en determinadas regiones es su aparente capacidad inofensiva, disfrazados de asociaciones sin ánimo de lucro y empeñados en supuestas causas benéficas de servicios a la sociedad pero en su verdadero fondo, la realidad incuestionable, es su condición de auténticas devoradoras de contratación estatal en todos los niveles: nacional, departamental, local y en definitiva cualquier ente del estado susceptible de ser exprimido con sus proyectos y propuestas.

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Ese es el caso de la Asociación Servicure, afincada en el departamento de Arauca, que parte desde sus inicios en actividades de apoyo al agro y luego vira hacia todo tipo de actividades partiendo de la base que este ente territorial tiene inmensas regalías por las actividades desarrolladas en la extracción de hidrocarburos.

Su nivel de contratos -pese a su evidente escala de pequeñez- es de $250.000 millones repartidos en variopintos objetos –casi 1000- que oscilan en la protección del medio ambiente, la ganadería, protección infantil, promoción de derechos humanos, el arte, lectura y cultura. Sus ramificaciones pasan por más de 75 sociedades dispersas y estratégicamente ubicadas en 100 uniones temporales.

La razón social de Servicure es larga y de benéficas intenciones sociales en el marco del desarrollo profesional. Recordemos que el departamento de Arauca tiene escaso desarrollo universitario y una sigla como “Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad”, casi una agremiación, produce en administradores públicos y los contratos una excelente imagen, apuntalada además por su condición jurídica –aparente, por supuesto o de mera formalidad legalista- de entidad sin ánimo de lucro, ubicada –tiene varias direcciones- en la manzana B casa 6 Altos de la Sabana, Arauca, Arauca, una modesta urbanización estrato 3 donde algunas de las viviendas (no es sector comercial) tienen los desagües de aguas servidas hacia la calle.

Su representante legal y propietario, licitando a veces con su nombre de persona natural, de socio en uniones temporales o a través de Servicure es Cesar Omar Sarmiento Rozo identificado con la cédula de ciudadanía 79.262.074 Bogotá.

Cesar Omar Sarmiento Rozo

Es imposible describir por su cantidad todo el extenso nivel de alcance de de Servivure y Cesar Omar Sarmiento, por lo que nos limitaremos a forma de muestreo, de exponer sus negocios privilegiando su asombroso poder de inmiscuirse en los más variados objetos sociales en su gran mayoría sin aparente relación entre áreas de oficio y conocimientos soportados sobre una cuestionable experticia. 

Consultoría para frigomatadero de Arauca

El objeto técnico de esta licitación sucedida en el 2016 fue el “Estudios para la Viabilidad y Sostenibilidad Integral para Frigomatadero del municipio de Arauca” con una cuantía de $99,999,946 promovido por la alcaldía. Se trató de un concurso público abierto de méritos con el código Secop 14-15-3160904. En realidad, pese al pomposo y largo nombre del objeto se trata de una simple consultoría para determinar si hay necesidad, en un municipio con entorno agroganadero, la necesidad de las instalaciones de un matadero refrigeradas. Más nada.

El nombre del proponente escogido fue la Unión Temporal Arauca Industrial representada por Cesar Omar Sarmiento Rozo tenía de plazo un mes para entregar los resultados de su “consultoría”. Es de anotar que este contrato no tuvo interventores contraviniendo normativas al respecto. 

Fortalecimiento de las políticas contra el envejecimiento

Parece Macondo en su esplendor o una exposición de surrealismo tropical que un contratista y sus empresas se le midan a la viabilidad de frigoríficos mataderos para desembocar en uno cuyo objeto social es la “Fortalecimiento de la Política Nacional de Envejecimiento en el municipio de Arauca”.

Aparte de los perogrullesco –y ridículo- del título objeto que debería, en sano juicio de los entes de control, activar sus “alarmas” pues es materia de índole metafísica una “política nacional de envejecimiento” con todo lo que ello signifique.

Fue otorgado por la Unidad Especial de Salud de Arauca con una cuantía de $26,418,000 del tipo selección abreviada por menor cuantía según la Ley 1150 de 2007 con código Secop 15-11-4295420, concertado por las partes en el 2016 con un plazo de ejecución –semejante y heroico estudio para un plazo corto- de dos meses. Esta vez la contratista fue Servicure.

Servicure en calidad de interventor

El año 2016 fue muy bueno para Servicure y Cesar Omar Sarmiento. Por más de $630 millones fue contratado un parque en el municipio de Arauca frente a las instalaciones de la Defensa Civil y colindante con las instalaciones de lo que fue el Palacio de Justicia. El contrato fue en la administración de Luis Emilio Tovar Bello, a la firma “Consorcio Renovación de Parques 2015”, representando por la arquitecta Diana Martínez con un plazo de 5 meses de ejecución.

La empresa interventora fue la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad, SERVICURE, representante por César Sarmiento. La obra se convirtió en un debate local en esa ciudad cuando la comunidad empezó una serie de protestas públicas inconforme con el pobre diseño y calidad de la obra que según expertos consultados por medios de comunicación de Arauca, no representaba en su interior la cantidad invertida de $630 millones. Lo que se denomina en la costa Caribe, un esplendoroso “fua fua”.

Promotor cultural

Sigan con el asombro. Después de mataderos frigoríficos, Sarmiento pasa de auscultador sobre las políticas de envejecimiento a nivel nacional, interventor de obras arquitectónicas a la función de promotor cultural.  Veamos dos ejemplos de este polifacético contratista Sarmiento, Servicure y sus empresas de efímera duración como es el caso de “Consorcio Cultura y Juventud” a quien la gobernación de Arauca en el 2019, a través de su gerencia técnica administrativa según Resolución 3698 de 2019 en el proceso de selección abreviada de menor cuantía de la convocatoria SA-06.10-2019, con el objeto de cumplir con los planes de la Secretaría de Educación de Arauca le otrogó el contrato “Desarrollo de Actividades que fomenten el emprendimiento cultural de los jóvenes en el departamento de Arauca”. El valor del contrato fue de $150 millones.

Otro contrato con el sector cultural de Servicure fue con el Ministerio de Cultura a través del “Grupo de Fomento y Estímulos a la Creación, Investigación a la actividad Artística y Cultural” por intermedio de la convocatoria 2021 del Programa Nacional de Concertación Cultural. Le fue entregado como ganador en el departamento de Arauca a Servicure con el registro C751-2021 en el Área de Patrimonio Cultural Inmaterial, sección cultura culinaria, entregado según la página respectiva del MinCultura a una supuesta organización del sector privado de carácter cultural y sin ánimo de lucro: Servicure.

Parece que los Ministerios el gobierno de Iván Duque carecen de equipos a intervenir para verificar si las  condiciones descritas en objetos y desarrolladas por contratistas son ciertas y si de verdad el ganador adjudicatario carece del respectivo y loable “ánimo de lucro” y es de verdad una entidad investigadora del patrimonio cultural. El contrato por $16.500 millones lleva por objeto el proyecto “Fogón y tradición culinaria llanera: Recuperación de nuestros platos típicos”, que parece ganador en cuatro ocasiones; o por lo menos eso se colige de los insumos informativos del Mincultura con la novedad, esta vez, que será incorporado a plataformas digitales. 

Usando dineros públicos de emergencia según la Contraloría

A raíz de las inundaciones de Arauca se le entregaron en una verdadera feria dineros a contratistas de ese municipio para labores de emergencia social. El informe sobre tales hechos es un auto por medio del cual se ordena la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF-80813-2017-31061 en una clase de proceso ordinario en donde resultó afectado el municipio de Arauca.

Las personas implicadas fueron ocho. Entre ellos está Servicure con representación legal de César Omar Sarmiento Rozo integrante del consorcio contratista Semillas Arauca con un porcentaje accionario del 40%. 

Según la Contraloría General de la República los hechos fueron: “El origen del proceso se encuentra en el antecedente Fiscal No. 80813-007- 027/2017, remitido a este despacho por la coordinadora de Responsabilidad Fiscal de Regalías el cual se inicia mediante denuncia anónima que la Contraloría General de la República recibió, mediante oficio No. 2016ER0003632 en la que solicitan se investigue el convenio No. 413 de 2015 suscrito entre la gobernación de Arauca y la alcaldía de Arauca, para la atención de la población afectada por la ola invernal. Mediante el convenio anteriormente anunciado, la Alcaldía de Arauca celebró el contrato de suministro calamidad pública No. 003 de 2013, por el valor de $3.959.649, en la denuncia se manifiesta que en desarrollo del mencionado contrato se atendió a las personas proporcionando dinero en efectivo y no en elementos o dotaciones como estaba previsto, además no fueron incluidos en el censo todos los agricultores y ganaderos afectados, no se fijaron criterios técnicos para reponer las pérdidas de los afectados y no se fijó interventoría por el departamento para el seguimiento del convenio”.

Para situarlo en su debida dimensión, la inundación de este municipio que fue noticia nacional e internacional, fue una inmejorable oportunidad para el municipio les diese recursos económicos sin ningún sustento, en el marco de la emergencia social, a ocho contratistas para que estos impulsaran una serie de frentes de solución a la problemática. Este informe auto No. 0841 de la Contraloría tiene fecha del 24 de agosto de 2020.

La técnica de la sumatoria de contratos

Servicure, según analistas y políticos como Vargas Lleras, tiene más de 1000 contratos cuyos montos oscilan entre 16 millones, 200 y más sumando, en total, un cuarto de billón de pesos, nada módica cantidad con este tipo de contratación de selección directa y menor cuantía en un departamento como Arauca que recibe ingentes recursos del sistema de regalías.

Un megacontratista convenientemente camuflado en pequeñas cuantías en un departamento de la periferia olvidada del centralismo capitalino.  

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