La corrupción continúa desangrando a las instituciones públicas de Colombia, y el caso de la Registraduría del Magdalena es una de las pruebas más preocupantes. Los funcionarios Ricardo Montoya Infante y Ruth María Escobar de Reyes, denunciados por destituciones injustificadas que costaron al erario público la suma de $961.006.737, siguen sin recibir la atención adecuada de las autoridades. La Procuraduría Regional del Magdalena ha mostrado una alarmante falta de acción, pese a la evidencia abrumadora que apunta a estos funcionarios por mal manejo de sus cargos.
El denunciante, Kevin Castaño Escalante, ha señalado en reiteradas ocasiones la inacción del sistema judicial, advirtiendo que la Procuraduría no ha realizado una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de Montoya Infante. “No se ha llevado a cabo una investigación integral, lo que genera un perjuicio tanto en lo económico como en la moralidad de la institución”, indicó Castaño, aludiendo a los múltiples pagos millonarios que la Registraduría ha tenido que hacer debido a fallos judiciales que revocan las destituciones ilegales realizadas bajo el mando de Montoya y Escobar.
El Impacto en el Erario Público y la Sociedad
Desde el año 2013, más de 30 funcionarios han sido víctimas de estas destituciones injustificadas. Las condenas judiciales por estos actos han provocado pagos millonarios de dinero público, afectando seriamente las arcas del Estado y exponiendo la ineficacia de un sistema de control que parece haber sido diseñado para proteger a los culpables en lugar de a las víctimas.
Además de los costos económicos, el daño social es incalculable. Estos abusos no solo afectan a los funcionarios destituidos sino también a la integridad de las instituciones públicas, erosionando la confianza de la ciudadanía en los órganos del Estado. La Procuraduría General de la Nación debe tomar cartas en el asunto y evitar que esta red de corrupción siga prosperando sin control.
¿Por Qué la Justicia No Actúa?
Uno de los aspectos más alarmantes es la lentitud del sistema judicial en abordar estos casos. Lilia Erazo López y Elkin Castaño Escalante, ambos denunciantes, han solicitado medidas preventivas como la suspensión provisional de Montoya Infante, al considerar que su permanencia en el cargo podría interferir en el desarrollo de la investigación. La respuesta, sin embargo, ha sido la omisión y la falta de celeridad en la actuación disciplinaria.
La corrupción dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil no es un hecho aislado, sino un patrón de comportamiento que se ha mantenido durante años, permitiendo que los responsables se beneficien de la impunidad mientras los recursos públicos se siguen malgastando. El nepotismo y el abuso de poder han sido la norma, lo que ha perpetuado un sistema en el que la justicia se vuelve cada vez más inaccesible para los ciudadanos comunes.
El Llamado a la Acción: Exigir Justicia
Es imperativo que la sociedad colombiana demande una investigación integral sobre estos hechos de corrupción, que se está llevando a cabo con una lentitud alarmante. No podemos permitir que los fondos públicos sigan siendo mal manejados por funcionarios que abusan de su poder y eludieron la justicia durante tanto tiempo.
Los ciudadanos deben hacer valer sus derechos y exigir que las autoridades responsables de velar por el bien público actúen con celeridad. No más impunidad. No más corrupción.
Llamada a la acción: La lucha contra la corrupción debe ser colectiva. Exige a las autoridades que investiguen a fondo este caso y que los responsables paguen por sus actos. ¡Es hora de que la justicia se haga valer!
