Adlai Stevenson Samper
@AdlaiSteven
La crisis de las universidades en Colombia es inocultable, una realidad palpable que afecta tanto a las instituciones públicas como privadas. En las universidades públicas, grupos de control político perfectamente estructurados se han apoderado de presupuestos y manejos, desangrando recursos públicos que deberían ser destinados a la formación de los jóvenes del país.
Casos como el de la Universidad de Antioquia, que enfrenta una grave crisis financiera, mantienen a la institución al borde del cierre. Mientras tanto, en la Universidad Nacional de Colombia, los problemas derivados de la gestión de la antigua rectora Dolly Montoya continúan afectando el estado del campus y la infraestructura, sumados a una lucha interna por la rectoría, donde el gobierno de Gustavo Petro, como suele ocurrir en toda la educación superior en el país, perdió la batalla y tuvo que recurrir a mecanismos legales para intentar cumplir con sus promesas postergadas a los jóvenes que participaron en el estallido social, esperando un gobierno menos dogmático y más comprometido con la educación.
El abuso del poder y el desgaste institucional
En la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), la situación no es menos alarmante. Su rector Jaime Alberto Leal Afanador, quien lleva más de 20 años al frente de la institución, se enfrenta a varios procesos legales, acusaciones de nepotismo y malas prácticas. Su reelección como rector por sexta vez no ha sido suficiente para desmantelar el sistema clientelista y corrupto que ha marcado su gestión, perpetuando un modelo donde los recursos públicos son manejados como propiedad privada. La constitución y las leyes exigen una gestión ética y responsable de las universidades, pero aquí vemos lo contrario: un modelo de apoderamiento ilícito del bien público, donde nadie puede remover a los directivos, quienes se aferran al poder, incluso si tienen que dejar un “heredero” a cargo.
El saqueo en la costa Caribe
Si la situación es grave en el centro del país, en las universidades de la región Caribe la corrupción y el control por parte de grupos armados ilegales, tanto paramilitares como de la izquierda ortodoxa, empeoran la crisis. En instituciones como la Universidad del Atlántico, los presupuestos multimillonarios se han convertido en el centro de una guerra política por el control, lo que ha desvirtuado su misión educativa. A la crisis estructural se suman casos de corrupción, como el incremento alarmante de suicidios entre los estudiantes. Mientras tanto, el Ministerio de Educación, tras enviar una comisión de investigación, dio como respuesta la acreditación de alta calidad para el programa de Medicina, lo que provocó una disputa entre los aspirantes que, desesperados por acceder a los pocos cupos, recurren a todos los métodos posibles para ingresar, mostrando el nivel de descomposición del sistema educativo.
La caída de las universidades privadas
Las universidades privadas, que en el pasado se vanagloriaban de jugosos presupuestos provenientes de las matrículas, hoy enfrentan una drástica disminución de ingresos. La crisis económica y la saturación del mercado laboral, incapaz de absorber a los miles de profesionales graduados, ha precarizado aún más el panorama. Mientras las universidades en otros países ofrecen programas de tres años, en Colombia se exige una duración de hasta siete años en carreras tradicionales. Además, la expansión desmesurada de especializaciones, maestrías y doctorados ha convertido el sistema educativo en una fábrica de títulos que poco aportan a la calidad académica y que responden solo a intereses económicos, sin ninguna base en la formación genuina.
El negocio de la educación y la discriminación
El acceso a la educación superior se ha convertido en un privilegio de unos pocos. Los altos costos en universidades privadas obligan a los estudiantes a recurrir a créditos exorbitantes a través de Icetex, becas limitadas o, en el peor de los casos, a vivir en el sufrimiento económico. El programa “Ser Pilo Paga” del gobierno de Juan Manuel Santos, aunque con buenas intenciones, terminó generando una segregación social dentro de las universidades, creando un caldo de cultivo para el clasismo y el “bullying” entre los estudiantes. Y cuando el gobierno de Iván Duque terminó el financiamiento, muchas universidades quedaron al borde de la quiebra, recurriendo a convenios con entidades públicas para cuadrar sus finanzas y evitar el colapso total.
La hipocresía del sistema universitario colombiano
Lo que queda claro es que las universidades colombianas, tanto públicas como privadas, han dejado de ser un espacio de educación y formación. La corrupción, el clientelismo y el saqueo de recursos han reemplazado el verdadero propósito de estas instituciones: la educación. Las universidades se han convertido en un negocio para unos pocos, con políticas de reducción de gastos, despidos laborales masivos y el cierre de proyectos importantes en investigación, cultura y extensión. Todo esto se traduce en un sistema educativo obsoleto, que regresa a modelos de mediados del siglo XX, mientras la corrupción se asienta cómodamente en los pasillos de las rectorías.
La investigación científica y el teatro académico
Además de la verdadera investigación científica y académica, las universidades enfrentan el fenómeno de revistas depredadoras que venden espacios a profesores que buscan obtener títulos falsos para ascender en los escalafones internos y obtener suculentos salarios. Otros, por su parte, eluden la responsabilidad educativa, faltando a clases y haciendo malabares para evitar el trabajo real. En este gran teatro, cada actor desempeña el papel que más le conviene, mientras la misión educativa se diluye.
La lucha por el control y el futuro de las universidades
Las disputas por el control de las universidades se han convertido en luchas por los presupuestos y la burocracia, donde la educación ha quedado relegada. En lugar de centrarse en la formación de los estudiantes, el objetivo es controlar el poder y los recursos. Esto ha llevado a algunas universidades a acumular deudas impagables, enfrentando una disolución inminente, mientras otras buscan refugiarse en la ley 550 para salvar lo que queda de un sistema al borde del colapso.
¿Qué futuro nos espera?
A pesar de los esfuerzos de algunas universidades por mantener altos estándares de investigación y calidad, la realidad es que son una minoría frente a un panorama sombrío y deprimente. Ni siquiera el gobierno del cambio, con sus promesas de transformación, ha podido alterar este estado de cosas. El presidente Petro, más preocupado por sus luchas internas, no ha logrado implementar reformas efectivas, y su Ministro de Educación, como muestra su ausencia en compromisos cruciales, se ha alejado del verdadero objetivo: salvar la educación superior del país.
Llamada a la acción:
Es hora de que la sociedad exija respuestas. Las universidades colombianas se están desangrando, y los jóvenes merecen una educación de calidad, libre de corrupción y manipulación política. ¡Es momento de actuar y luchar por un sistema educativo que realmente forme y eduque a las futuras generaciones! No permitamos que el sistema siga cayendo en la corrupción y el abandono. La educación es un derecho, no un negocio.
