Mandan a la cárcel al alcalde de Quibdó por caso de corrupción en salud

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Un contrato, el 139, firmado el 7 de julio de 2017, entre la alcaldía de Quibdó, bajo la administración de Chalá Ibargüen —elegido para el período 2016 – 2019—, y Emir Borja Palacios, cuyo objeto era la construcción de la Unidad Intermedia de Salud El Careño, fue lo que llevó a la cárcel, por orden de la Fiscalía General de la República, al mandatario chocoano Isaías Chalá Ibarguen.

El proyecto de construcción de la unidad de salud tenía una disponibilidad presupuestal de 5 mil millones de pesos por parte de la Administración. Pero para poder ejecutar la obra se requería el aval y el concepto positivo del Ministerio de Salud, requisito con el cual no se cumplió, pero aún así se comenzó con la obra.

Según revelaron las informaciones de la Fiscalía, en agosto de ese año se firmó un contrato de interventoría con el señor César Augusto Mosquera Hurtado, quien debía hacer seguimiento de la obra, pero al mismo tiempo la administración nombró a Rodolfo Nelson Córdoba Pino, funcionario de la alcaldía de Quibdó, como supervisor del contrato.

Para noviembre del mismo año, la Alcaldía pagó al contratista 901 millones de pesos aproximadamente, para que invirtiera en materiales, mano de obra y comenzara la construcción. Posteriormente, se desembolsaron 326 millones de pesos más; dineros que también eran para la continuación de la obra pero que no fueron pagados al contratista sino a un tercero.

El 27 de diciembre de 2017, se tuvo que suspender la obra porque no contaba con el soporte técnico que emitía el Ministerio de Salud, que a su vez solicitó la liquidación de dicho contrato, lo cual solo se hizo efectivo el 12 de marzo de este año, cuando ya se adelantaban sendas investigaciones contra el burgomaestre chocoano.

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Se supone que desde que el momento en que el Minsalud solicitó la liquidación del contrato, la administración municipal no podría adelantar ningún tipo de modificación o acción sobre la obra.

Sin embargo, entre las irregularidades detectadas, de acuerdo con la investigación realizada por el CTI de la Fiscalía Seccional Bogotá, después de esa fecha se le hicieron incluso cambios a la construcción pues el 19 de marzo de 2017 había unas vigas de hierro descubiertas, pero para el 17 de mayo de 2019, estas vigas ya habían sido tapadas con concreto; lo que era contrario a lo que se afirmaba en el acta de liquidación del contrato.

Además el alcalde Chalá Ibargüen, el 13 de diciembre de 2018, al parecer entregó firmadas cuatro certificaciones en las que legitimaba que los pagos realizados al contratista estaban acordes con la realización del proyecto, pero resultó ser falso porque existían varias modificaciones en el tamaño del área intervenida y en la cantidad de materiales utilizados.

Se determinó además que el municipio de Quibdó pagó en total al contratista $1.226 millones de pesos, de los cuales solo había utilizado $821 millones de pesos porque no todo fue para la construcción de la unidad de salud. Así, el contratista debía devolver $406 millones de pesos, pero solo devolvió $1’600.000 pesos.

Para la Fiscalía, este contrato desde la etapa de licitación presentó maniobras ilegales, pues no contó nunca con el aval del Ministerio de Salud, el valor pagado al contratista no fue equivalente al trabajo realizado y, además, continuó la intervención del terreno después del acta de liquidación.

Frente a estas pruebas, y después de seis meses de investigación el CTI materializó las capturas, el pasado 22 de agosto, de Isaías Chalá Ibargüen, Emir Borja Palacios, Rodolfo Nelson Cordoba Pino y César Augusto Mosquera Hurtado, quienes no admitieron su responsabilidad en estos hechos de corrupción contra el sector de la salud en el municipio de Quibdó.

Y ayer 3 de septiembre, el Juzgado 14 Penal Municipal, con función de garantías, impuso medida de aseguramiento en contra del alcalde de Quibdó Chalá Ibargüen; y tres personas más, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, agravado por el uso.

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