Con la imputación de cargos que realizó el fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia al Magistrado de la Sala Penal del Tribunal superior de Barranquilla Jorge Eliecer Mola Capera, el pasado viernes 21 de Febrero, en plenas fiestas de Carnaval de Barranquilla, se destapa otro escándalo en la Rama Judicial en la arenosa.
Para este jueves 27 de febrero, a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Superior de Bogotá se dará continuación a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el Magistrado Jorge Eliecer Mola Capera, la cual fue sido aplazada por una posible maniobra dilatoria del imputado.
A estos hechos escandalosos se une el Magistrado Demóstenes Camargo De Ávila, investigado por el caso de la Universidad Metropolitana, quien al parecer es solamente otro eslabón más en la larga cadena del posible “Cartel de la Toga en Barranquilla”.
El nuevo escenario jurídico ha terminado de levantar la tierra en el posible “Cartel de la Toga del Caribe”, con la imputación de Cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Doctor. Jorge Eliecer Mola Capera, y con la compulsa de su compañero de sala Demóstenes Camargo De Ávila por si restaba algo de la credibilidad y confianza en la Justicia de Barranquilla.
Aunque si bien es cierto que el mal comportamiento de unos miembros no debería afectar a toda la corporación; pero el caso del Magistrado Mola Capera, también suspendido por el Consejo superior de la Judicatura, por tres meses para ejercer el cargo, y las postulaciones que hace para hacer nombrar jueces a su antojo, muestra que el problema también es estructural.
Los eslabones que se han sumado a esta cadena de funcionarios denunciados e investigados, son la fiscal 58 de la unidad de delitos contra el patrimonio económico Danys De La Cruz Arteta y su asistente Betzaida Guerra Martinez, ademas de los recomendados de Reginaldo Bray Bohórquez, quien al parecer hizo nombrar a Ivan Lorduy Ratyvatt como juez (e) 13 penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, mientras el titular de ese despacho tomaba sus vacaciones, con el fin de favorecer a los Acosta.
Lorduy es oriundo de la ciudad de Cartagena de Indias, por lo que este medio se dio a la tarea de investigar y encontró que ha sido cuestionado y denunciado en los otros despachos que ha fungido como Juez de la República, quien de manera exprés y ágil, es decir en menos de 24 horas de haberse posesionado, tomó lectura rápida de más de dos mil folios (2000 páginas) de un expediente, se atrevió a suspender los efectos de un restablecimiento del derecho otorgado por el Juez titular del despacho a las víctimas en el caso de la Universidad Metropolitana y Fundación Hospital Universitario Metropolitano, razón por la cual, fue denunciado penal y disciplinariamente, actuando con el mismo modos operandi del hoy magistrado imputado Mola Capera.
¿QUIEN ES REGINALDO BRAY Y QUE TAREAS CUMPLE EN ESTE PROCESO?
Reginaldo Bray Bohórquez es aquel hombre cuestionado por un contrato irregular para el dragado en el canal de acceso a Barranquilla, hoy vuelve a ser noticia en los judiciales, por posibles hechos de corrupción y tráfico de influencias en el caso de la Universidad Metropolitana. Su ex esposa Lourdes Escobar Araújo, fue uno de los abogados en este sonado proceso, es hermana del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo y este último primo hermano Rodrigo Escobar Gil, ex magistrado de la Corte Constitucional, con quienes al parecer mueven sus tentáculos.
Bray fue capturado en su momento por una acusación de peculado por apropiación por el viejo caso de las famosas dragas y un juez ordenó que lo trasladarán a la Picota.
EL MARQUÉS DE SADE
La historia parece propia de un personaje del Marqués de Sade, donde el vicio prevalece sobre la virtud gracias a la acción, entre otros, de infames jueces y magistrados administrando justicia, capaces de las peores atrocidades. Pero además de una inexplicable inclinación a hacer el mal a conciencia, el problema revela que el ahora Magistrado imputado Jorge Mola Capera y Demóstenes Camargo, investigado por los mismos hechos, son unos títeres más que cumplen con un solo fin, favorecer a los primos Acosta Osio, Acosta Pérez y Acosta Moreno, convirtiéndose en eslabón en la larga cadena de la injusticia en Barranquilla, a la que también se suman abogados y otros funcionarios judiciales que han manipulado el reparto a su antojo.
Lo que se puede dejar ver en este caso con los hechos ocurridos recientemente, es que, previsiblemente todas las piedras de la opinión han caído sobre la magistratura Mola Capera, pero hay unos togados que pensaban pasar desapercibido, y es la Juez Séptima de Familia Maria Antonia Acosta Borrero, y el Juez Séptimo Administrativo Oral de Barranquilla Jesús Hernández Gamez. Debido a sus osadas decisiones, abiertamente en contra de la Ley y de las víctimas, fueron expuestos a la luz pública.
Según lo manifestado por las víctimas, estos jueces confesaron en sus recientes providencias dictadas en el mes de diciembre, que lo hicieron apasionados por la “justicia”, por actuar en “Derecho” y por bañar de “legalidad” sus actuaciones, no sin antes darse cuenta que el laberinto jurídico que lideran los imputados e indiciados, declarados contumaces, ( Juan Jose Acosta Osio, Maria Cecilia Acosta Moreno, Alberto Acosta Perez y su Esposa Gina Eugenia Diaz Buelvas) los dejó sin salida, mostrando de esta manera que la injusticia puede ser la norma a la hora de tomar decisiones influidas por poderes poco visibles. Y eso no es todo, la peor imagen que proyecta este caso, es cuando varios personajes involucrados en la trama han afirmado que temen por su vida, por todo lo que se teje detrás de todo esto.
Para las víctimas de este caso de la Universidad Metropolitana, les resulta que, con todo lo ocurrido, no solo han sido víctimas de los delitos que cometieron los hoy imputados, sino también, de muchos togados que han impartido “justicia” en este caso, por lo tanto esperan que esta historia se termine cuando todos los pertenecientes a este clan, estén tras las rejas; y es aquí cuando nace una gran pregunta ¿Qué clase de justicia restaurativa puede ofrecerle el Estado a esa persona que está acostumbrada a delinquir, como lo son los hoy aquí cuestionados?
JUECES Y MAGISTRADOS “UNTADOS”
Una tira de funcionarios públicos, entre ellos del Ministerio de Educación Nacional y de la Rama judicial, están en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, y que empezó a destaparse con la imputación cargos hecha por el Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de justicia contra el Magistrado Mola Capera este viernes 21 de febrero de 2020 en Bogotá, convierte en la primera fase de la estrategia de un posible “Cartel de la Toga del Caribe” en casos de corrupción en la justicia, con los togados de bolsillo.
EL MODUS OPERANDI
Manipulan el sistema de reparto, o de no, presentan infinidades de tutelas hasta que le corresponda a un juez o magistrado amigo. En esto también hay abogados implicados en la red de corrupción quienes consiguen a través de tutelas que los jueces entregaran los beneficios jurídicos, tales como Medidas provisionales para suspender imputaciones, restablecimientos del derechos, entre otros.
Por la manipulación del reparto, existe una denuncia en la fiscalía presentada por la jefe de la oficina judicial de la Rama judicial de Barranquilla, Heidi Parodi Ropain.
CAPTURAS
Una fuente de la Fiscalía manifiesta que avanzan en la investigación y que en las próximas semanas se conocerán resultados en Barranquilla, Cartagena y en otras zonas del país, donde ésta es apenas la primera fase de una gran redada contra la corrupción en la justicia.