Luis Eduardo Bermúdez, representante de una empresa contratista del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), fue acobijado con medida de detención domiciliaria (casa por cárcel) por haber participado en posibles hechos de corrupción de contratación pública con el Distrito.
De acuerdo con la Fiscalía, Bermúdez habría participado en la apropiación de dineros destinados a la construcción y adecuación de andenes en cinco localidades de Bogotá. El material probatorio reveló irregularidades como prórrogas y adiciones presupuestales a dos contratos suscritos en 2016. El primero (contrato de obra 933) con un valor que ascendía a $12.875 millones y, el segundo (convenio 934) había sido pactado en $1.880 millones.
En las investigaciones adelantadas por la Fiscalía se constató que, 39 meses después de la firma del contrato, faltaba por ejecutar el 10 % de las obras en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero. De igual forma, se encontraron otras anomalías como la utilización de material reciclado, varillas de baja calidad y recebo recuperado de la calle; así como el supuesto pago de $10 millones a un interventor para que avalara los cambios en los diseños.
Con los resultados de estas indagaciones, el ente acusador imputó a Bermúdez Cárdenas por interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza, y cohecho por dar u ofrecer. El procesado no aceptó dichos cargos y fue enviado a su lugar de residencia con medida de aseguramiento, después de acreditar “grave estado de salud” ante un juez de control de garantías.
Cabe aclarar que, por estos mismos hechos, ya fueron judicializados otros cuatro implicados: Germán Corredor Aguilera (exasesor del IDU), Marcos Mafioly Cantillo (director de la interventoría), Julio César Montaño (coordinador de interventoría) y, Tomás Pachón (contratista de la obra).
