En marzo del año pasado, la Fiscalía General de la Nación capturó a 13 personas vinculadas a la comercialización ilegal de medicamentos de alto costo, muchos de ellos adulterados o vencidos, y vitales para pacientes de cáncer, hemofilia o diabetes.

Los imputados adquirían medicamentos para enfermedades de alto costo (cáncer, hemofilia, diabetes, etc) de manera irregular para luego ofrecerlos a las EPS y hospitales como productos originales.

Según las investigaciones de la Fiscalía, en este caso concreto, los delincuentes a través de dos IPS Fundasalud y Fuindasalud Gold, ofrecían los servicios de atención a pacientes de alto costo, pero no acudían directamente al laboratorio para pagar las costosas patentes y adquirir así los medicamentos, para los tratamientos de los pacientes, sino que se abastecían del mercado negro y utilizaban varios trucos ilegales para ingresarlas en el sistema.

El ente acusador reveló que el punto de acceso a las medicinas se distribuía en la frontera con Venezuela y Ecuador. La organización entraba los medicamentos por la frontera y luego les cambiaba la fecha de caducidad y el lote de fabricación. Y además, algunos miembros de la red contactaban a pacientes con enfermedades catastróficas para comprarles sus medicamentos y luego revenderlos a mayor precio.

Sin embargo, este es uno de los cientos de casos, que a lo largo de los últimos años se han ido conociendo sobre el mercado negro de medicamentos y las prácticas corruptas que se dan a lo largo del país con los llamados fármacos de alto costo, que se medican para pacientes con cáncer, hemofilia, diabetes o enfermedades huérfanas.

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Pero, ¿por qué es atractivo este mercado?, ¿qué lo hace tan lucrativo?

Lo primero que hay que decir es que los tratamientos para el cáncer se ubican entre los más costosos que ofrece hoy en día la medicina, lo cual los vuelve atractivos no solo para los laboratorios y farmacéuticas internacionales que invierten cientos de millones de dólares en investigaciones que permitan dar con medicinas mucho más eficaces para la cura de esta enfermedad, que las ofrecen y comercializan a los Estados con miras a ser distribuidos a través de sus sistemas de salud; sino para el mercado negro de las drogas, que usando toda clase de artimañas ofrecen a costos aparentemente más económicos estos fármacos, pero en un gran porcentaje son adulterados, o fraudulentos.

Esto, sumado a la restricción que tienen muchos pacientes al acceso a estos medicamentos por tortuosos trámites administrativos del sistema de salud, no solo en Colombia, sino en muchos países del llamado Tercer Mundo, exponen a los enfermos a tener que acudir a la utilización de inescrupulosos, pues traficar con este tipo de medicamentos implica saltarse todas las normativas jurídicas que existen al rededor del pago de las patentes para así obtener el permiso para la venta y aplicación del tratamiento.

Según un estudio adelantado en Bolivia, los fármacos adulterados provienen en un 90% de la India y China. Y para colmo de males, estos productos no solo se expenden en puestos callejeros, sino que se han detectado en farmacias autorizadas y hasta en hospitales, tal como sucedió con la red que desmanteló la Fiscalía el año pasado.

Adicional a que el florecimiento de ese tráfico prospera en gran medida gracias a internet, cuyas ofertas en línea han acarreado el año pasado, según Interpol, el cierre de 3.671 sitios web, el arresto de 859 individuos y la confiscación de 500 toneladas de medicinas ilícitas.

En Colombia

El costo de un tratamiento para cáncer puede ser hasta 40 veces mayor que el de cualquier otra enfermedad.

En octubre de 2017, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, presentó el “Análisis de impacto presupuestal de 21 tecnologías para el manejo quimioterapéutico del cáncer en Colombia”, en el cual evidenció por un lado la variación de los precios de medicamentos para el tratamiento de este padecimiento.

En el año 2015, las EPS presentaron recobros por estos 21 medicamentos al sistema de salud, por la suma de $39.118,3 millones de pesos, con los cuales se atendió a un total de 11.339 pacientes con cáncer.

Según el estudio, la tecnología que generó un mayor impacto fue Oxaliplatino, con un valor por persona de $2.363.250,76 pesos, usada en 3.170 pacientes, para un total de $7.491.504.923,90 pesos anuales; mientras que el Megestrol fue la tecnología con menor impacto, con un costo por persona de $383.791,06  pesos, siendo usada en 34 pacientes, tiene un valor total de $13.048.896,00 pesos anuales. La tretinoina fue la tecnología más económica por paciente, con un valor de $97.996,50 pesos, usada en 242 personas para un total de $23.715.153,00 pesos anuales.

En otras palabras, un solo medicamento o tecnología para tratamiento de cáncer no se baja de los 100 mil pesos en la actualidad.

Luego los verdaderos mercaderes de los tratamientos para el cáncer, terminan siendo los mismos laboratorios que imponen precios, muy a pesar del esfuerzo que ha hecho el Gobierno nacional por ejercer un control de los mismos desde la fuente primaria, es decir, las farmacéuticas.

Caso Imatinib

Bien recordada es la pelea que cazó el Ministerio de Salud con laboratorios Novartis, al procurar la disminución del precio del Imatinib y declararlo de interés público, luego de que la revista Blood, de la Sociedad Americana de Hematología, publicó en el 2013, un texto firmado por 120 especialistas en leucemia mieloide crónica (LMC), que resumía la grave situación que se estaba viviendo debido a los altos precios de los medicamentos. En el documento, firmado por un grupo de oncólogos de América, Europa, Australia, Asia y África, y liderado por Hagop Kantarjian del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston EE.UU., advertía que los costos de los antitumorales eran “demasiado elevados, insostenibles y ponían en riesgo el acceso de los pacientes que los necesitaban”. El mejor ejemplo de ello, decían, era el imatinib, un fármaco que para la época en Colombia estaba bajo la lupa de varias organizaciones médicas por su desbordado valor y por las no tan bien vistas prácticas de Novartis, la compañía que lo produce.

El inicio de la discusión lo dio la Federación Médica y al Observatorio del Medicamento (Observamed) al enviar una carta al entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que tomara decisiones rigurosas al respecto en el proceso de declaratoria de interés público.

En otras palabras, pedían que Novartis dejara de tener los derechos exclusivos de propiedad para explotar ese medicamento comercialmente. ¿La razón? En los últimos seis años, y debido a la falta de competencia en el mercado, el país había tenido que pagar por él $396.962 millones de pesos.

En síntesis, el monopolio que ejercen los laboratorios a la hora de defender su derecho a una patente, conlleva la imposición de precios exagerados en dichos tratamientos.

Las cifras del cáncer

Según datos de la Cuenta de Alto Costo (CAC), en Colombia hay 275.348 personas diagnosticadas con cáncer para el último periodo analizado (2 de enero de 2017 al 1 de enero del 2018). Durante este periodo se reportaron 37.630 casos nuevos y 19.814 personas con diagnóstico de cáncer fallecieron. El cáncer de mama, tumores en la piel y cáncer de próstata son los más frecuentes entre la población atendida en el sistema de salud de Colombia en el mismo año.

Del total de casos, 173.494 son mujeres con una edad media de 59 años y 101.854 hombres con una edad media de 63 años. Los tipos de cáncer con mayor número de casos reportados en las mujeres fueron: cáncer de mama, de cuello uterino y de glándula tiroides; en los hombres los cánceres más frecuentes fueron: cáncer de próstata, de piel y de colon y recto.

El 67% de los casos de cáncer reportados se encuentran afiliados al régimen contributivo, y el 28.2% son afiliados al régimen subsidiado. El 4.3% de los casos restantes, se distribuye entre los regímenes de excepción y especial. El 0,5% de los casos no se encuentran afiliados al sistema.

Con estas cifras, lo que se concluye es que mientras el cáncer siga su aumento acelerado entre la población colombiana y las entidades encargadas del aseguramiento en salud (EPS), las IPS, y las entidades territoriales, no adopten modelos serios de prevención del riesgo de los diferentes tipos de cáncer, sin lugar a dudas, el mercado legal e ilegal de tecnologías y tratamientos, seguirá siendo atractivo para los mercaderes de la salud, que aprovechándose de la esperanza que guardan las familias del enfermo en una posible cura, terminan siendo presas fáciles de sus intereses económicos.

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