Cuando los generales se reúnen para discutir la compra de un edificio, nadie habla de las patrullas que faltan en los barrios marginales. Cuando un patrullero se alía con delincuentes para secuestrar y violar, nadie menciona que probablemente aprendió en su institución que la ley es solo un formalismo. Son las dos caras de una misma moneda: la corrupción policial en Colombia.
El arte de robar sin dejar huella: la ingeniería financiera detrás del uniforme
La historia del edificio de Avianca es apenas la punta del iceberg. Más de $210.000 millones de pesos —aproximadamente $50 millones de dólares— estuvieron a punto de desaparecer en una operación inmobiliaria que llevaba todas las marcas de un desfalco sofisticado.
Como siempre, el modus operandi siguió los principios no escritos del manual de la corrupción colombiana: intermediarios fantasmas, comisiones injustificadas y la participación de oficiales con un historial cuestionable. Un sistema diseñado para que todos cobren y nadie responda.
«Entre consultorías, capacitaciones y estudios, se va el dinero que no se ve», reza uno de los principios no escritos de la corrupción colombiana. Y así fue. La diferencia entre los $177.000 millones que pedía Avianca y los $210.000 millones presupuestados por la Policía no era un error de cálculo. Era una comisión. Un sobrecosto invisible diseñado para beneficiar a «un intermediario cercano a un alto oficial«.
Lo más revelador no es el intento de robo, sino la metodología empleada. Como señala uno de los principios del documento filtrado sobre corrupción en Colombia: «Las licitaciones son teatro, las urgencias son negocio». En este caso, la «urgencia» era reunir dependencias que «hoy pagan arriendo o despachan en oficinas vetustas«.
El patrón detrás del escándalo
Lo verdaderamente alarmante es el patrón. Un oficial con más de 30 años en la institución, que pasó por varias comandancias incluida la Policía Fiscal y Aduanera, aparece mencionado tanto en este escándalo como en investigaciones relacionadas con la red de corrupción de ‘Papá Pitufo’.
Como explica otro de los principios anticorrupción: «El contrato es el mapa, pero la ejecución es el crimen». Aquí, el crimen estaba en la ejecución financiera, en la reasignación sospechosa de $15.000 millones de pesos desde la dirección de este oficial hacia la compra del edificio.
Y aunque sus allegados insisten en su inocencia, el documento filtrado nos recuerda: «La mejor evidencia no es el documento: es el patrón». Y el patrón aquí es inconfundible: altos mandos moviendo enormes sumas de dinero con poca transparencia.
Cuando el uniforme protege al depredador
Mientras los generales negociaban millones en sus oficinas con aire acondicionado, en las calles de Bogotá un patrullero utilizaba su placa y su uniforme para cometer crímenes atroces.
Daniel Andrés Arciniegas Arciniegas, patrullero activo de la Policía Nacional, no solo participó en el secuestro y violación de una joven vendedora de paquetes turísticos. Utilizó su conocimiento institucional para extorsionar a la familia de la víctima y vaciar sus cuentas bancarias.
Este caso ilustra perfectamente otro principio de la corrupción sistémica: «Nunca subestimes al funcionario de bajo rango». Los grandes desfalcos pueden venir de generales, pero el verdadero daño al tejido social lo causa el uniformado de a pie que traiciona la confianza ciudadana.
El Sistema Silencioso que permite ambas corrupciones
Lo que conecta estos dos casos aparentemente distintos es lo que podríamos llamar un «Sistema Silencioso«: una estructura institucional que premia la lealtad por encima de la integridad, que normaliza el abuso de poder y que carece de verdaderos mecanismos de control interno.
Como revelan los principios anticorrupción filtrados: «Nadie roba solo, y nadie cae sin traición». Tanto el general vinculado al caso del edificio como el patrullero involucrado en el secuestro operaban dentro de redes de complicidad y silencio. Uno desde los altos mandos, negociando millones; otro desde las calles, abusando de ciudadanos vulnerables.
La distracción perfecta
La institución policial colombiana ha perfeccionado el arte de la distracción. Mientras la opinión pública se escandaliza por casos como el del patrullero Arciniegas, desfalcos potenciales de cientos de miles de millones pasan desapercibidos o son archivados silenciosamente.
Y viceversa: cuando escándalos de alto nivel capturan los titulares, cientos de abusos policiales cotidianos quedan en la impunidad. Es la aplicación práctica de otro principio: «Sigue el silencio, no el ruido».
¿Por qué este ciclo parece imposible de romper?
La razón es simple pero devastadora: «La corrupción más rentable es la legalmente blindada». Los altos mandos policiales han creado un sistema donde las decisiones cuestionables siempre tienen justificaciones técnicas, donde los documentos siempre están en regla, y donde cualquier investigación puede ser desviada hacia chivos expiatorios convenientes.
Como señala el documento filtrado: «Si el contrato tiene más de 50 páginas, probablemente esconde algo«. La complejidad administrativa se convierte en el camuflaje perfecto para el saqueo institucionalizado.
El costo real: más allá del dinero
Lo verdaderamente trágico no son los $210.000 millones que casi se pierden en un edificio sobrevaluado. Ni siquiera es el trauma indescriptible de una joven secuestrada y violada por quienes debían protegerla.
El verdadero costo es la erosión sistemática de la confianza ciudadana en sus instituciones. Es la normalización de la corrupción como «costo de hacer negocios» en Colombia. Es la sensación generalizada de que nada puede cambiar.
Como dice otro principio del documento: «El sobrecosto real siempre está en lo intangible». Y nada es más intangible —ni más valioso— que la confianza pública.
Una luz al final del túnel
Pero hay esperanza. El hecho de que el negocio del edificio se frenara demuestra que existen mecanismos de control que, aunque imperfectos, pueden funcionar cuando se activan correctamente.
El arresto del patrullero Arciniegas y sus cómplices muestra que, con suficiente presión ciudadana y mediática, hasta los uniformados pueden enfrentar la justicia.
La filtración de documentos como «Principios No Escritos y Atajos Mentales» demuestra que dentro del sistema hay personas dispuestas a arriesgarse para exponer la verdad.
El primer paso para desmantelar un Sistema Silencioso es hacerlo visible. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora.
