Por: Hernando Barreneche Viñas

Que la Secretaría de Cultura del departamento del Atlántico es una entidad de bolsillo proclive a favorecer algunas entidades y personas, es hecho reiterado y conocido por la comunidad cultural de Barranquilla.

Sobre las bondades de su funcionamiento se cuestionan sus precarios logros institucionales, tanto, que en la pasada administración de Eduardo Verano se colocó a Eva Morán al frente de la dependencia con el propósito que alcanzará allí la ansiada jubilación.

Nada quedó de importancia en ese periodo, y la funcionaria, una perfecta desconocida en asuntos del manejo cultural, goza hoy de su merecida pensión. Eso habla muy bien del Gobernador Verano como favorecedor de sus amigos y muy mal de su precaria visión sobre los desarrollos de la ahora llamada economía naranja en la ciudad. Imagínenselo en tal sentido manejando la Región Caribe que constituye su sueño ideal para coronar una carrera política llena más de sombras que luces.

María Teresa Fernández Iglesia, secretaria de cultura del departamento, rodeada de sus amigos.

Precisemos, siguiendo la misma logística burocrática cultural de Verano, que a la actual Secretaria de Cultura, María Teresa Fernández Iglesia, no se le conocen aportes significativos en el universo cultural; ni como creadora, teórica, divulgadora o promotora de la llamada economía naranja, así que su posición al frente de esa dependencia debe obedecer a otros factores y no precisamente los culturales. El Gobernador Verano de la Rosa debe conocerlos muy bien.

Los conceptos negativos sobre el desempeño de la señora Fernández en su función secretarial surgen desde diversos ámbitos. De contratistas desplazados de sus funciones para ser reemplazados por otros que cobran mucho, ¡pero mucho más!, por hacer exactamente lo mismo, por ejemplo. O de personas vinculadas desde hace años a esa secretaría a los que les han reducido o anulado sustancialmente los aportes que recibían o cobraban en sus proyectos sin ningún tipo de explicaciones. Ni siquiera por guardar las apariencias administrativas aduciendo que se trata de recortes presupuestales o cambios de frente en el plan de acción anual, sí es que la citada Secretaría lo tiene.

Lo peor es la renuencia manifiesta de la Secretaría de Cultura Departamental en la entrega de informaciones a los ciudadanos, hecho constitucional y legal insoslayable que produce suspicacias de diversa índole. No se entiende que una obligación legal de transparencia administrativa sea vista como una especie “atentado” de carácter personal al ser solicitada con toda la ritualidad legal y procedimental.

Citemos, por ejemplo, dos recientes casos conocidos por Corrupción al Día en donde la fuhncionaria Fernández se cubre en un halito misterioso sobre las actuaciones de su dependencia. El primero tiene relación con una solicitud de información sobre las cantidades de inversión y contratos en las obras del muelle de Puerto Colombia. Decidió orondamente no responderlas con un largo silencio administrativo. El solicitante de la información pidió reserva de su nombre.

El segundo caso conocido por Corrupción al Día según los reportes presentados en los estados judiciales, tiene relación con la entrega extemporánea e incompleta de información en donde se solicitaban los nombres y cantidades de los contratos y convenios que tiene la Secretaría de Cultura durante el presente año 2018. Por ese motivo el accionante inició una acción de tutela que tras su respectivo reparto fue asumida por el Juzgado Primero Penal de Adolescentes, que al revisar el contenido de la acción, decidió concederla.

Contactado el accionante por Corrupción al Día, solicitó la reserva de su nombre, entregando el contenido de la respuesta otorgada por la Secretaría de Cultura Departamental por tener la condición de documentos públicos en donde se presentan, uno por uno, los contratos y dineros dados por esta entidad en lo que va de transcurso el presente año. Es pasmoso lo que allí se presenta pues todos son contratos absolutamente terminados, lo que equivale a decir, entregados a plena satisfacción del contratante, en este caso la Secretaría de Cultura del departamento del Atlántico.

En lo referente al muelle de Puerto Colombia, cuyas obras futuras sobre las ruinas en aras de un hipotético turismo cubriendo pudorosamente con cemento los vestigios que dejó la desidia antigua y que tantas polémicas causó, se resuelve otorgándole $5.504 millones de pesos al Fontur para la ejecución del nuevo muelle. Habrá que preguntar si acaso piensan tumbar lo que queda del construido por Francisco Javier Cisneros aunque es prematura indagación cuando todavía no se han iniciado las obras.

Para la banda departamental de música, cuya representante legal es Belkys Castillo se presentan dos partidas. Una de $1.331 millones y otra posterior por 400 millones. Con $1700 millones de presupuesto esa banda debe sonar muy afinada y ser una de las mejores del mundo. Sospechamos que se trata de la famosa Banda de Baranoa que se da el lujo de emprendimiento de producir casetas de carnaval para cubrir sus gastos y que además pide recursos para sus desplazamientos.

A la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, de carácter privado, administradora del complejo cultural del edificio de La Aduana en donde se encuentran las instalaciones administrativas de la Cámara de Comercio de Barranquilla, le otorgaron varios contratos. Uno de ellos para el Proyecto díptico cultural, valoración del patrimonio para fortalecer la identidad por un valor de $400 millones. También le dieron $878 millones a la misma entidad para el archivo histórico y a la galería Plaza de la Paz, $971 millones, a los que se sumarían $200 para un total de $2.449 millones de pesos. Suma ligeramente superior a los $2400 millones que el Distrito de Barranquilla a través de su Secretaría de Cultura reparte en diversas modalidades para los creadores locales a través de la convocatoria pública del portafolio de estímulos. En una sola de estas alcabalas financieras de la Secretaría de Cultura Departamental del Atlántico se va, a punta de ilegal puro dedo, similar presupuesto lo cual constituye un claro despropósito en materia de apoyo al emprendimiento cultural pues estas instituciones “pedigüeñas” funcionan como rémoras a las que hay que estarles cazándoles recursos con carácter permanente para garantizarles su supervivencia.

Mueve entonces a interrogantes la estabilidad y sostenibilidad de estas instituciones privadas culturales sostenidas en gran parte con dineros del estado. Peor aún que la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta ejerza control sobre la junta directiva del Parque Cultural del Caribe que se vino, por deficiente gestión administrativa, a pique con múltiples consecuencias. Entre ellas, que era la entidad que manejaba el presupuesto de construcción del edificio del Museo de Arte Moderno cuya obra se encuentra actualmente paralizada por los efectos causados por la administración de la antigua directora del Parque Cultural del Caribe María Eulalia Arteta, pues no se alcanzó en apariencias el cierre financiero del proyecto para esta etapa de la construcción y ello ha impedido que ingresen nuevos recursos para la terminación del edificio.

Por cierto al Museo de Arte Moderno le dieron $1.050 millones con un contrato llamado Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del carnaval departamental lo cual sería en la practica un nuevo frente cultural en el objeto integral del museo de difícil aplicabilidad dado su gaseoso objeto. Sospechamos que se trata –y eso es abiertamente ilegal por donde se le mire- de una maniobra para aprovisionarlo de recursos para la feliz culminación de obras de la nueva sede.

Si algunos de esos contratos tienen relación con edificios y objetos, hay una buena parte de ellos que tienen un carácter difuso y etéreo. No se sabe exactamente cuál es el objeto  o necesidad del contrato ni mucho menos como se evalúa su intervención. Empecemos con la Fundación Funcaribe cuyo representante legal es Lisdany Blanco con el contrato Fortalecimiento de las manifestaciones culturales tradicionales por un valor, agárrense de la silla para evitar un mal golpe, de $1.100 millones. Fortalecimiento de las manifestaciones culturales? Hágame el favor! Acá el único fortalecido es Lisdany con semejante cantidad de dinero.

Otro contrato de la antología etérea de la contratación cultural estatal es el concedido a la Fundación Solidaridad y Sueños cuyo representante legal es Yanes Palma con el contrato Aunar esfuerzos para el rescate de la décima por un valor de $850 millones, una suma similar –fíjense en la extraordinaria coincidencia-  a la otorgada a la Corporación Líderes Impactando Vidas cuyo representante legal es Javier Llanos con el contrato Fortalecimiento de fiestas y festivales. Observen los nombrecitos de los contratos: aunar esfuerzos para el rescate –se perdió?- de la décima y el fortalecimiento –en qué sentido?- de fiestas y festivales. Gas, más gas y no propiamente de muy buen olor.

La feria de contratos abstractos de la Secretaría de Cultura departamental del Atlántico sigue con la Fundación para el Desarrollo Social y Ambiental Naturaleza Social cuyo representante legal es Jairo Valencia. A este se le dio un contrato cuya finalidad específica es Convivencia y promoción de formación de las casas de cultura departamentales a través de la formación Cultolab, por la bicoca de $1.044 millones. Convivencia y promoción de formación? Eso que es exactamente y cómo se evalúa su impacto social?

En el mismo sentido abstracto y gaseoso  hay otros contratos en donde descuellan los otorgados a la Fundación para el Desarrollo Caminos del Progreso (lindo nombre para su promotor) representado legalmente por Jorge Marchena cuyo contrato tiene el grandioso nombre de Fortalecer las actividades de apropiación social del patrimonio cultural inmaterial del departamento con el propósito de recopilar y divulgar la riqueza patrimonial y la memoria histórica.  Costo de esta maravilla? $500 millones. Fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial? Esa mínima cantidad no le alcanza para semejante y titánica empresa.

Seguimos con los contratos con los cuales la Secretaría de Cultura del departamento del Atlántico plantea sus renovaciones conceptuales en materia de difusión masiva y contacto con la comunidad –eso creería uno analizando el título-, suscribiendo con la Cooperativa de Trabajo Asociado de Comunicadores Sociales de la Costa Atlántica –pomposo y elegante nombre-, representada por Jaime Loaiza un contrato de Servicios de apoyo a la gestión de emisión por medios masivos de comunicación de estrategias para el fomento de la apropiación de las plazas del departamento como espacios colectivos. Aleluya por el descubrimiento que hace la citada cooperativa de comunicadores de que las plazas son espacios colectivos en donde se intercambia información para darlas a conocer sus pesquisas en tal sentido a la opinión pública por los cuales les cancelaron servicios por la suma de $226 millones.

Son muchos más los contratos con estos fines difusos, gaseosos, abstractos que promueven serias sospechas sobre su cumplimiento y utilidad cultural y que desde este medio digital de lucha contra la corrupción vamos a investigar para contactar si fueron hecho cierto cumplido con la debida necesidad pública satisfecha o se trata de defraudaciones artificiosas al presupuesto usando mamparas y subterfugios. Basta señalar que un gran porcentaje de estos contratos fueron otorgados sin licitación pública, vía contratación directa con todos los riesgos inherentes a esta condición jurídica.

2 Comentarios

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.