El examen más importante que cualquier nuevo rector de la Universidad del Atlántico debe pasar en su primer año de labores al frente del alma mater, es la presentación de su plan de gobierno, o plan de acción, que, según manda los estatutos generales de la institución, debe hacerlo en un término máximo de seis meses después de su posesión.
Carlos Prasca no lo hizo. Ni se le ocurrió mandarlo a hacer. Ya cumplió un año en el cargo y sigue haciendo caso omiso a este deber, lo que ha sido calificado como el primer revés del nuevo rector y no es visto con buenos ojos por la comisión de pares del Ministerio de Educación para la Certificación de la universidad.
La importancia de este examen
El Plan de Acción es la carta de navegación para administrar en todos los ámbitos la universidad, es la hoja de ruta con que el rector basa sus argumentos administrativos, financieros y pedagógicos para encausar la institución hacia metas de corto, mediano o largo plazo.
Este plan de acción o de gobierno debe plegarse al Plan de Desarrollo general que sostiene la universidad, y que actualmente se encuentra en su fase final pues fue implementado por la rectoría de Ana Sofía Mesa para un período inicial de 2009 hasta 2012. Sin embargo, por exigencia de la comisión ministerial de la Ley 550, este Plan de Desarrollo debió extenderse hasta 2019.
Se entiende, entonces, que Carlos Prasca, perdió el primer año por la importancia que tiene en este momento el Plan de Acción, y que ad portas de la finalización del Plan de Desarrollo 2009-2019, las razones y argumentos de este plan han perdido sentido.
El Plan de Desarrollo implementado por Ana Sofía Mesa estaba concebido para sacar a la institución de la quiebra, del déficit presupuestal que la estaba ahogando, a causa, principalmente, de que la universidad tomaba el dinero que giraba la Nación para pagar la nómina de los pensionados. Este desorden financiero y el manejo corrupto de todos los estamentos institucionales la llevaron a ampararse en la Ley 550. La única institución de educación superior del país que ha tenido que llegar a esas instancias.
Pero hoy, opinan los estudiosos de esta institución, las condiciones son totalmente distintas, la asfixia financiera ha sido superada y el Plan de Desarrollo ha dejado de ser la hoja de ruta para las acciones institucionales.
Para el grueso de los profesores, el rector Carlos Prasca ha pasado el año haciendo anuncios de impacto mediático, enmarcados en un discurso populista cuyo máximo logro fue el de introducir a los predios sagrados de la universidad a los vendedores ambulantes, fomentando la tugurización y la informalidad. Pero los verdaderos retos, que deben estar plasmados en su Plan de Gobierno, brillan por su ausencia en su discurso promocional en la radio y en la prensa.
La comunidad universitaria espera este plan de Prasca para enfrentar retos como:
—La actualización del Estatuto General, el Estatuto de Docente, el Estatuto Estudiantil que viene desde 1989 (es más viejo que la Ley 30),
—Mejoramiento de las condiciones académicas.
—Implementación de verdaderos comités curriculares y de evaluación que trabajen nuevas alternativas de programas de pregrado y postgrado de acuerdo a las necesidades de la región.
—Viabilización de estudios que posibiliten el desarrollo de programas adecuados a las necesidades de la ciudad, el departamento y la región.
—Adecuación y mejoramiento de la infraestructura.
—Implementación de procesos de evaluación adecuados que den testimonio de la calidad del estudiantado y el profesorado, para enfrentar los problemas de calidad y proyectar las convocatorias de profesores.
—Promoción de investigaciones.
—Estructuración de un mejor bienestar universitario que cuente con restaurants, auditorios, mesas de trabajo, salas y cubículos para profesores, construcción de nuevas aulas y mejorar las condiciones de la biblioteca con tecnología de punta.
El “plan” de Prasca
En vista de la falta de compromiso del nuevo rector con la presentación de este primer examen, sus acciones comienzan a denotar un plan que podemos sintetizar en los siguientes términos:
—Manejo y manipulación directa de los nuevos estudiantes que entran a la universidad. Esto se puede traducir en un buen potencial de votos para el grupo político que lo sostiene.
—Manejo del Consejo Superior, tratando de sumar el mayor número de aliados para sostenerse como rector, para lo cual ya hizo nombrar a Danilo Hernández, de las toldas de Cambio Radical, como representante de las Directivas Académicas. Y como suplente a Álvaro González, el nuevo jefe de admisiones y más conocido como el líder de los rectores de las escuelas del sur que le erigieron un busto al alcalde Alejandro Char. González no ha dejado que Hernández asista a las reuniones de Consejo Superior, presentándose siempre en su nombre.
Esto quiere decir que de los nueve miembros del Consejo Superior, en la actualidad, el rector Prasca cuenta con el gobernador Verano, la representante del Presidente de la República, Lourdes González (este nombramiento viene de la presidencia de Juan Manuel Santos, quien le dio este puesto al senador Miguel Amín), el representante de las directivas académicas y el representante de los egresados, Leyton Barrios.
| En los pasillos de la universidad aseguran que para consolidar el compromiso de Lourdes González, el rector Prasca le ofreció al senador Miguel Amín la vice rectoría de Bienestar, un fortín estratégicos para contrataciones y manejo de presupuesto. Pero todo indica que el senador también pidió la jefatura de extensión, donde posiblemente se manejen los $25.000.000.000 que el gobierno nacional gira para el plan de desarrollo de los municipios del Atlántico |
Entonces, el rector Carlos Prasca cuenta en el momento con 4 votos en el Consejo Superior, pues hasta ahora no se ha podido elegir al representante de los gremios económicos de la ciudad. Integremial, que era la organización que nombraba a este miembro del Consejo Superior, ya no tiene ella sola esta potestad, pues el Comité Itergremial Unido por el Atlántico CIUPA, que agrupa a medianos y pequeños comerciantes del departamento, ha exigido su derecho a intervenir y decidir.
—Manejo del sindicato de profesores universitarios ASPU, extendiéndole el manejo de cuota burocrática y los servicios de salud.
—Manejo de los 718 profesores contratados, que también, en últimas representan votos para sus intereses partidarios y apoyo a sus actuaciones. Actualmente la universidad cuenta con 1.330 profesores, de los cuales solo 439 son de planta, lo que también redunda en el bajo nivel académico pues muchos de los contratados no cumplen con los criterios académicos para ser profesores de ese nivel educativo.
—Manejo del presupuesto de la universidad que en la actualidad suma para este año $322.000.000.000 aproximadamente, si sumamos lo que está en caja por Estampilla Prociudadela desde la gobernación de Segebre ($59.000.000.000), el recaudo de la estampilla en 2017 ($19.000.000.000) y los $14.000.000.000 girados por la CRE.
Todo indica que las cosas no van por buen camino para este segundo año.
