Publicidad

Por: Jan Slodvak

 

Si alguien conoce los vericuetos de corrupción ejercidos por la Constructora Odebrecth para ganar contratos de infraestructura alrededor del mundo es la justicia brasilera cuando descubre –y pone en alerta a la norteamericana– con su operación Lava Jato desde  2015, presentando los enredos de la empresa de ingeniería con la estatal de hidrocarburos Petrobras.

En la trama aparecieron involucradas figuras de todos los órdenes: magistrados, alcaldes, presidentes, miembros del legislativo, todos plenamente identificados en una operación que llevó a la cárcel a Lula Da Silva, comprometió con la destitución a Dilma Rouseff y Michel Temer, su reemplazo en la presidencia.

Todo el mundo habló. Todos delataron en un verdadero sálvense quien pueda denominado por la prensa brasilera como La Confesión del Fin del Mundo.

A la etapa 23 de la investigación se le llamó Operación Acarajé. Allí se encuentran 300 políticos de 25 partidos en las planillas del contratista, aprehendidas en las oficinas de Benedicto Barbosa Silva Júnior, presidente de Odebrecht Infraestructura. La lista incluye a 16 senadores y 55 diputados y los documentos se encuentran relacionados con “donaciones” –al igual que las entregadas en Colombia– relacionadas con las campañas electorales hechas por Odebrecht en 2012 y 2014.

Del staff de Odebrecth hablaron 77 ejecutivos. Todos se echaron al agua y relataron, para obtener beneficios, a quien y cuando le habían dado sobornos a través del Departamento de Divisiones Estructuradas de la compañía. Los que se encontraban en Colombia representando legalmente las operaciones de la empresa, también hablaron y señalaron, con absoluta claridad, en qué forma se planeó la operación y los sobornos para que los socios de la concesión Ruta del Sol II se quedaran con ese multimillonario contrato.

El enorme escándalo internacional de corrupción ha puesto sus muertos. No solo en Colombia con el caso Pizano sino en el mismo país de origen de Odebrecth, en Brasil. Teori Zavascki, investigador que llevaba el caso de corrupción de Odebrecht, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil murió en un avión que cayó en un extraño accidente el 19 de enero de 2017.

Un año antes, el 6 de marzo de 2015 Zavascki autorizó la apertura de una investigación a 47 políticos sospechosos de haber formado el esquema de corrupción de Petrobras. En noviembre de 2017 sentenció a cuatro años de prisión al senador Delcidio do Amaral, a su abogado Edson Ribeiro y a su jefe de Gabinete, Diogo Ferreira Rodrigues. La misma pena recayó sobre el bancario Andrés Esteves, por tentativa de obstrucción de la justicia en el caso. Nada más para empezar.

El acucioso juez se había convertido en un problema para la clase política corrupta brasilera. Lo habían tratado, sin éxito, de destituir. Logró que todas las investigaciones en primera instancia de la Justicia Federal en las que estuviera involucrado el ex jefe de Estado Lula da Silva y políticos con fueros fuesen remitidas al Supremo Tribunal Federal. El juez dijo que Dilma Roussef, presidenta, pretendió nombrar a Lula en el cargo de ministro de la Casa Civil para eludir su competencia. Así siguió la cosa hasta la muerte del juez en enero de 2017 justo cuando se aprestaba a validar las indagaciones judiciales en febrero de ese mismo año hasta el Tribunal Supremo. No le alcanzó el tiempo.

Para investigar el extraño y providencial accidente, que algunos sostienen fue un asesinato, la policía federal designó a Adriano Antonio Soares, abatido en un extraño tiroteo en Florianopolis en un club nocturno. Hasta allí llegaron las pesquisas sobre la muerte del juez Zavascki.

Los ejecutivos brasileros de Odebretch en Colombia

Cuando se habla de la presencia de Odebrecth en Colombia se piensa en una sola y monolítica empresa. No hay tal, pues se encuentra diversificada para asuntos estratégicos de negocios. Las empresas en donde son visibles son en Concesión Ruta del Sol II, a través de dos de sus accionistas: Constructora Norberto Odebrecth de Brasil con el 25.01% de acciones y Odebrectch Latinvest Colombia SAS con 37.00%. Los otros accionistas son Estudios y Proyectos del Sol EPISOL, de propiedad de Corficolombiana, corporación financiera del grupo Aval con 33.00% y una minúscula participación de los Solarte con 4.99%.

El primer representante legal que tuvo la concesión Ruta del Sol II fue el ejecutivo brasilero Marko Harasic con cedula de extranjería 377.992, encargado de firmar el contrato de inicio de obras el 14 de enero de 2010. Obvio que Odebrecth, por mayor capacidad accionaria con el 58.01 % colocaba sus fichas en la junta directiva. Episol, del grupo Aval, conocedores de los métodos de los brasileros en el manejo financiero de las empresas tal como se verá más adelante por confesión de Luiz Bueno, decidieron buscar en el 2010 los servicios de un “controller”, el ingeniero Jorge Pizano, un experto en detectar fugas de capital en este tipo de negocios de infraestructura para que informará al contratante Corficolombiana y grupo Aval de cualquier novedad o situación irregular en el pago de las cuentas.

Lo que NO le advirtieron a Pizano es que parte de los pagos del soborno pactado con el ex viceministro y ex director del INCO, Gabriel García, saldría de las mismas cuentas que iría generando el proyecto. Esos fueron parte de los hallazgos que alarmaron a Pizano y proveyeron de comunicados a los ejecutivos de Aval y su abogado Néstor Humberto Martínez Neira. Según la declaración de Bueno, ejecutivo brasilero de Odebretch, éstos sabían perfectamente, desde el principio, de qué se trataban los pagos: unos sobornos enmascarados con contratos ficticios, de papel, para los aspectos contables.

Los ejecutivos brasileros de Odebrecth logran salir de Colombia sin ningún requerimiento al respecto por parte de la Fiscalía que conocía de su importancia procesal en una investigación para dilucidar los hechos de soborno, corrupción e incumplimiento contractual de la empresa. Ellos son Luiz Bueno, Luis Mameri y Luis da Rocha, (en Brasil les dicen Los Tres Luises) llamados a declarar en indagatoria por la justicia brasilera en diciembre de 2016 respondiendo Luiz Bueno así:

Juez brasilero: En relación con José Elías Melo, ¿cuál fue la participación de él?

–En realidad tuvo conocimiento de toda esa historia, de todas las negociaciones que tuve con Gabriel (García; ex Viceministro de Transporte y ex Director del INCO). Por ser presidente de banco, existe una preocupación de cumplimiento, nunca participó. Pero yo, sobre todos los movimientos que hice, sin excepción alguna, le avisé a José Elías Melo lo que estaba haciendo con Gabriel y tuve autorización de él.

Juez brasilero: ¿Y consultó el costo de esos dineros con él? ¿Del soborno?

–Lo consulté sí y ajustamos las cuentas en el marco de nuestro consorcio ya en el transcurso de las obras.

Juez brasilero: De esos seis millones y medio de dólares, usted dijo que una parte fue pagada por José Elías Melo ¿es así?

–Eso. Hicimos un acuerdo de pagos dentro de la obra. Quien pagó 100% [de ese soborno] fuimos nosotros [Odebrecht], pero cuadramos cuentas dentro del proyecto [Ruta del Sol Tramo II]. (Fuente: Cuestión Pública)

Aparecen aquí, claramente expresado en este testimonio, varios hechos puntuales:

  1. Los movimientos de sobornos eran conocidos por José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.
  2. Fue aceptado y llegaron a un acuerdo para el pago de los sobornos.
  3. El pago del soborno inicial fue por cuenta de Odebrecth, con la condición de sacar la cuota parte correspondiente a Episol, de Corficolombiana, dentro de las actividades y pagos del contrato.
  4. En otra parte de la declaración señala que Luiz Bueno era el que producía los contactos y transacciones mientras que Luis Mameri era el que los aprobaba.

Para que no haya ninguna duda sobre la participación activa de Episol y Corficolombiana en los sobornos, en la declaración de Luiz Bueno a la justicia brasilera puntualiza el método empleado para asumir los respectivos pagos: “Contacto a José Elías Melo, informándole del compromiso en cuestión, quien me autorizó a actuar en la forma ya mencionada. Así, acordamos dividir tales costos durante el desarrollo del proyecto, solo entre la compañía (Odebrecht) y EPISOL, sin la participación de CSS Constructores”.

En definitiva, algunos de estos pagos son los que detecta Pizano y los informa a sus empleadores del grupo Aval que hicieron caso omiso de sus advertencias por las circunstancias presentadas por el ejecutivo brasilero Luiz Bueno. Simplemente ya los conocían y desde esta perspectiva; Martínez Neira se las “se hace el desentendido” adoptando el tono de asombro y guasonería que se advierten en las grabaciones filtradas por Pizano mientras éste, para los miembros del consorcio, se convierte en una especie de “loquito” temático.

Martínez Neira, que conoce toda esta historia en su rol de abogado del grupo Aval e interlocutor de las quejas y hallazgos de Pizano, en su investidura de Fiscal General de la Nación no solamente dejó ir a los brasileros sin ningún problema sino que ha entrabado las declaraciones de los ejecutivos a las justicia colombiana, tal como fue desplegado ampliamente por la prensa nacional a raíz del juzgamiento al detenido presidente de Corficolombiana, José Elías Melo.

Veamos la información que presenta la revista Semana el 4 de diciembre de 2018:

Luiz Bueno, Luis Mameri y Luis da Rocha, tres altos directivos de Odebrecht, estuvieron listos para participar, desde Sao Paulo, en una importante audiencia del escándalo de corrupción, en la que se buscaba concretar los testigos del juicio contra José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, filial del grupo Aval, señalado de conocer y participar de los sobornos que la multinacional brasileña repartió en medio del contrato de la Ruta del Sol II. Los luises, como se les conoce, se quedaron esperando a la Fiscalía colombiana. Así lo cuentan en un acta de la Procuraduría de Brasil, conocida por SEMANA.

Desde su país, los luises estaban conectados a través de una videoconferencia, a la espera de participar en la audiencia que estaba citada en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Solo faltaba la señal de la Fiscalía colombiana para que hablaran. “El acto en Brasil (Sao Paulo, capital) inició puntualmente a las 11h horario de Brasilia. Sin embargo, no fue establecida conexión por parte de las Autoridades Colombianas, resaltándose que el sistema de conexión por parte de Brasil estaba en plena operación y fue debidamente probado”, dice el acta del Ministerio Público brasileño.

“Hasta el momento del cierre de esta acta no hubo cualquier comunicación formal de las autoridades colombianas con el fin de aclarar el motivo de dicho aplazamiento del acto. Extraoficialmente, sin embargo, por medio del contacto con los abogados que estarían presentes físicamente en la audiencia en Colombia, que el aplazamiento habría sido solicitado por la Fiscalía Colombiana al argumento de que habría faltado el envío del documento por parte de la autoridad central brasileña, cual sea el “Otro sí No 01””.

Sin embargo, en su acta, el Ministerio Público del país vecino asegura que ha enviado toda la documentación necesaria a Colombia. “Por intermedio de la Secretaría de Cooperación Internacional, ha enviado, con celeridad y siempre en tiempo razonable, es decir, antes de la realización de los actos judiciales, todas las informaciones y documentos solicitados por las autoridades colombianas”.

En Paloquemao, toda la situación derivó en un regaño del juez a la Fiscalía, pues no era la primera vez que pedía la suspensión de la diligencia con un argumento de esos. Según El Espectador, el juez agregó: “Que los testigos de Brasil sean serios y respetuosos porque esto es una falta de respeto a la justicia Colombia. Que respeten a la autoridad colombiana”. Sin embargo, en Sao Paulo, y según el acta conocida por SEMANA, los luises aguardaban a que la Fiscalía los contactara por videoconferencia, listos para participar de la diligencia.

Tras conocer la decisión del juez de postergar la audiencia, Odebrecht emitió un comunicado en el que aseguró: “atendiendo la solicitud de asistencia jurídica de las autoridades colombianas y las notificaciones expedidas a tales fines por la Procuraduría General de la República de Brasil; en la fecha y hora fijada y en presencia y bajo la coordinación de un Procurador de la PGR de aquel país, los tres colaboradores estuvieron a disposición de las autoridades colombianas para participar de la audiencia adelantada por el Juez 14 Penal, vía video conferencia, lo cual por fin no ocurrió y de ello se dejó constancia en acta”.

En suma, hay una evidente dilación de la Fiscalía para que las importantes declaraciones de los ejecutivos brasileros de Odebrecth no logren, por lo menos hasta ahora, concretarse. Nada extraño, según podemos observar detrás de lo que dijo Luiz Bueno a la justicia brasilera, en que muestra que en ningún momento Corficolombiana, sus directivos, propietarios y abogados, fueron ajenos a los procesos de sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol II y que todos, bajo diversos rangos e importancias, tuvieron coparticipación en los sobornos a autoridades del ramo de la infraestructura.

Lograrán, al fin, desatar el misterio central del caso Ruta del Sol II las declaraciones de los ejecutivos brasileros presentando el panorama completo de implicados o el fiscal actual o el próximo ad hoc seguirá en la tónica de evitar que canten completa toda la opera de la corrupción en donde posiblemente el Fiscal Martinez no saldría bien librado. Es que no se trata de renunciar ni de proteger a un amigo banquero: se trata de proteger su integridad profesional —la ética y la credibilidad la perdió aunque él no parece percatarse— puesta en juego en medio de una vorágine de episodios imposibles de controlar.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.