Los bancos saldrán bien gananciosos con la pandemia del Covid-19 (II)

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Mientras se siguen escuchando quejas por la poca solidaridad que las entidades bancarias han tenido con la sociedad colombiana en medio de la propagación del virus Covid-19, el Gobierno nacional, obviando tales reparos, lo que ha hecho es facilitarles cuantiosas sumas de dineros, para que con respaldo del Estado sigan colocando créditos, y ganándose las comisiones con dineros que no les tocó desembolsar de sus arcas.

Así lo explicó de manera detallada el senador del Polo Democrático, Wilson Arias Castillo, quien indicó que con la rebaja del encaje bancario, del 11 al 8% que hizo el Banco de la República a las entidades crediticias, “les puso en el bolsillo a los bancos $9,8 billones adicionales”.

A esto se suma que el 15 de abril, a través del Decreto 562 el Gobierno les creó a los bancos una obligación temporal de invertir en títulos de deuda pública denominados títulos de solidaridad y cuyos recursos serían destinados a la emergencia económica y esos títulos devengarían un rendimiento del mercado  4,2% aproximadamente, “es decir los recursos obtenidos por los bancos con el encaje bancario deberían ser prestados por los bancos al Gobierno central y el Gobierno ha explicado que con esos 9,8 billones espera activar más los flujos de créditos al sector empresarial, pero dado que los créditos no los hace el Gobierno a través del Banco de la República, sino las entidades crediticias privadas termina el Estado haciéndole un negocio redondo a los bancos porque les está poniendo en su bolsillo unos recursos que no tenían, en cambio sí endeudando al Estado con unos intereses tan solo por dar la vuelta por sus arcas”.

Para el senador Arias, esos intereses bien los hubiera podido ganar el Banco de la República, y dichas utilidades hubieran podido contabilizarse dentro del Presupuesto General de la Nación.

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Las decisiones

En efecto, el pasado 14 de abril la junta directiva de la entidad, anunció que redujo los encajes que aplica al sistema bancario sobre varios de sus productos de captación, como las cuentas de ahorro, corriente y certificados de depósito a término (CDT) y de esta forma los intermediarios cuenten con más recursos para irrigar crédito a la economía.

Según la norma, el encaje bancario se refiere al porcentaje de recursos que deben mantener ‘congelados’ los intermediarios financieros que captan dinero del público, recursos que pueden mantener, como reservas en sus cajas, o en sus cuentas en el Banco de la República.

También se disminuyó un punto porcentual el requisito de encaje sobre productos cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 4,5 por ciento (CDT de menos de 180 días). Así, el requisito de encaje para estos pasa de 4,5 a 3,5 por ciento, indicó el Banco.

“Esta disminución aplica a partir de la bisemana de cálculo de encaje requerido que comienza el 22 de abril de 2020”, según el Banrepública, esta decisión “inyecta liquidez a la economía de manera permanente por un monto cercano a los 9 billones de pesos. Con ello se busca estimular la generación de préstamos de la economía”.

También por medio del decreto 562 del 15 de abril de 2020, el Gobierno obligó a las entidades de préstamo a comprar, temporalmente, títulos de deuda pública denominados Títulos de Solidaridad (TDS). Los recursos serán incorporados al Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) y se utilizarán para lidiar con las consecuencias económicas y sociales del COVID-19.

Los TDS serán títulos de deuda pública a la orden, libremente negociables, que tendrán un plazo de un año contado a partir de la fecha de su emisión y pagarán rendimientos que reflejan la tasa de mercado de la deuda a corto plazo, según el decreto.

Según le dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a Bloomberg, la medida tiene el objetivo de fomentar el gasto en un contexto en el que el sector privado se muestra cauteloso sobre el riesgo de crédito.

Carrasquilla dijo que muchos problemas están relacionados con la falta de apetito por el riesgo y que, por lo tanto, el Gobierno necesita intervenir y asumir riesgos con estos recursos.

Lo que no explicó es que mientras el Estado corre los riesgos, los bancos se quedan con las ganancias de esos riesgos, que no quisieron asumir.

Las entidades de préstamo estarán obligadas a comprar una cantidad de deuda equivalente a hasta el 3 % de sus depósitos a la vista y el 1 % de los depósitos a plazo a fecha de 31 de marzo. Las instituciones y las personas que no están obligadas a comprar los títulos también pueden invertir en ellos.

“El valor total del capital será pagado en la fecha de vencimiento del plazo del título, siempre y cuando no sido renovado. Los intereses se reconocerán anualmente. El monto y demás condiciones de emisión y colocación de los títulos serán establecidos por el Gobierno Nacional”, indica el documento.

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