Como si se tratara de una burla a los reclamos que desde comienzos de la emergencia por la llegada del coronavirus, lanzaron distintos sectores de la sociedad colombiana, entre quienes se cuentan los hospitales, los médicos, los pequeños empresarios, quienes se dedican al sector turístico, la población más vulnerable y los miles de desempleados que está dejando la pandemia del Covid-19, el Gobierno del presidente Iván Duque, adquirió en este mes, en plena crisis económica y social, 74 camionetas blindadas que por las que el Estado pagó $22.276 millones de pesos.
Estos recursos, se hubieran podido financiar, miles de mercados o auxilios para la gente más pobre, equipos de bioseguridad para profesionales de la salud, o sencillamente facilitarles equipos de cómputo a miles de estudiantes cuyas clases virtuales no han podido recibir.
Videos como esta denuncia de médicos y asociaciones de galenos circulan por las redes, pidiendo auxilio por las precarias condiciones en cuanto a elementos de protección para atender la pandemia de Covid-19. |
En vez de eso, el Gobierno decidió gastar esos recursos en camionetas blindadas cuya compra podía esperar.
Una primera adquisición se dio pasado 22 de abril y se justificó en que “se requieren vehículos para la protección presidencial”.
A través de tres contratos ese día la Policía Nacional compró 23 camionetas blindadas por 9 mil millones de pesos, en medio de la emergencia por el coronavirus.
La primera orden de compra tiene el número 47467 y allí se evidencia la compra de seis camionetas blindadas nivel III con materiales pesados, por un total de $2.892.049.806.00.
En la segunda orden que tiene el consecutivo 47468, se ordena la compra de siete camionetas blindadas con el nivel IV para un total de $3.527.691.391.00, valor en el que se incluye el gasto de matrícula de cada carro y el mantenimiento preventivo.
La última orden de compra tiene el número 47469 para adquirir 10 camionetas blindadas con nivel III para un total de $3.221.878.140.00 pesos. Las tres órdenes suman 23 camionetas por un total de $9.741.618.000.00 pesos.
En el Ministerio de Defensa reconocieron la compra, pero señalaron que se hizo por los requerimientos de la Presidencia y que la Policía Nacional no compra ese tipo de camionetas de manera voluntaria. Además se explicó que el dinero del sector Defensa está destinado para adquirir este tipo de vehículos y que esos recursos ya están asignados para tales fines, por lo que no se están utilizando de mala manera los recursos.
Llama la atención que justamente en noviembre de 2018, pocos meses después de llegar a la Casa de Nariño, Duque, aseguró que una de las maneras para tener más recursos para distintos sectores sería mediante una reducción de esquemas de seguridad “por ser uno de los rubros en donde más se gasta dinero”.
“Que tengamos en la rama ejecutiva, empezando por el presidente de la República, una reducción en el tamaño de los esquemas de seguridad para ahorrar dinero y que esa plata vaya a los más necesitados del país”, explicó Duque en 2018.
Además de ello, el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, dijo que no es entendible que se esté haciendo este gasto unos días después de que el propio Duque anunciara reducciones entre el 10% y 15% en los salarios de funcionarios públicos durante la vigencia de la emergencia del coronavirus.
“Exijo al presidente de la República que deje de gastar recursos de la Nación en la compra de tanquetas y caminonetas, le exijo que escuche al pueblo que tiene hambre (…) le exijo que en vez de mandar a los obreros ante el virus, financie sus nóminas”, advierte el congresista del Polo Democrático.
La otra perlita
Hoy además se conoció otra compra similar por la Rama Judicial, con autorización del Consejo Superior de la Judicatura, que dio vía libre para la compra de 51 camionetas Toyota blindadas por valor de $13.276 millones de pesos.
La compra estará destinada para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las críticas aumentan debido a que los vehículos no serían utilizados porque los togados se encuentran sesionando virtualmente, por lo que se podría frenar dicha inversión.
En ambos casos, los aludidos argumentan que las compras ya estaban autorizadas desde el año pasado.
Diego molano del departamento administrativo de la Presidencia de la República, salió en defensa de los carros para el Presidente Duque y dijo que “en el estudio que hace la Jefatura de Protección Presidencial se encuentra que el 70 % de los vehículos tienen una vida ya agotada, pues son modelos inferiores al año 2011, y porque el blindaje ya había culminado su vida útil, que era de cinco años, y no se habían renovado”.
Y agregó que “Este es un proceso que fue planeado y ejecutado conforme a todas las normas presupuestales de contratación en el último año y medio”.