La noticia de la captura de Aida Merlano un mes después de haber sido elegida senadora de la República por el Atlántico, se volvió el escándalo de las elecciones en el 2018. Luego, su fuga tras ser condenada, se convirtió en todo un novelón, que supuestamente involucró a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). 

Posteriormente su recaptura en Venezuela, ocupó los titulares de los diarios y su pedida en extradición del gobierno de Iván Duque al supuesto presidente Juan Guaidó se prestó no solo para burlas, sino para toda clase de conjeturas, sobre el real interés del Gobierno por traerla de vuelta al país. 

A medida que avanzaba el proceso también fueron involucrados otros políticos y personalidades de la capital del Atlántico en el presunto andamiaje de compra de votos en esta sección del país. 

Y paralelamente en las entrañas del Senado, los conservadores hacían lo posible por no dejarse arrebatar la curul. 

A estas alturas han pasado dos años y siete meses desde que Merlano fue capturada y más de un año desde que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción al sufragante agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, y lo único real es que ni ella, ni ningún otro peso pesado de la política están detenidos y en cambio cinco trabajadores de la campaña electoral, están hoy pagando condenas de casa por cárcel. 

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El tema de la curul y la “silla vacía” 

El pasado 30 de septiembre la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ratificó en todas sus partes la sentencia proferida el 12 de agosto del 2020 por la Sala de Casación Civil de la misma corporación, donde ratificó la figura de la “silla vacía” para la curul de la ex senadora Ayda Merlano, al fallar un último recurso de impugnación que había interpuesto Soledad Tamayo Tamayo para “atornillarse” de manera ilícita en el Congreso de la República. 

Soledad Tamayo Tamayo

Tamayo (conservadora) había sido posesionada el 29 de mayo del 2019, por el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, alegando que no aplicaba la silla vacía y que el partido Conservador no perdía su curul. 

Sin embargo, en segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte por sentencia del 27 de mayo de 2020, procedió a desatar los recursos de apelación interpuestos contra la decisión de primer grado por la defensa de Aida Merlano y modificó el castigo, pero ratificó la condena a 136 meses de prisión y multa de 222 s.m.l.mv., y de inmediato, en su numeral segundo, remitió a la Mesa Directiva del Senado copia de esta decisión, con el fin de que diera aplicación al artículo 134 de la Constitución Política, es decir, se declarara la “silla vacía”. 

Es decir, tuvieron que transcurrir cuatro meses más y surtirse toda clase de procesos jurídicos desgastantes, para hacer cumplir un simple artículo de la Constitución que de manera clara señala cómo proceder en estos casos. 

Por la actuación de Macías, el representante a la Cámara David Racero solicitó a la Procuraduría General de la Nación la apertura de investigación disciplinaria en contra Macias por haber posesionado de manera irregular a Soledad Tamayo el 28 de mayo de 2019. 

Para Racero, la mesa directiva del Senado debió declarar silla vacía en la curul de la entonces congresista Aída Merlano, ya que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en repetidas ocasiones, afirmando que quienes incurran en delitos electorales en ningún caso podrá ser reemplazados en su cargo. 

Y señaló que el senador Macias, teniendo pleno conocimiento de la sanción que acarreaba para el Partido Conservador los delitos cometidos por Aída Merlano, decidió de igual manera posesionar a Soledad Tamayo, ocasionándole al Estado un detrimento por más de mil millones de pesos, por lo que pidió a al Senado y a la Procuraduría que interponga la acción de repetición en contra de los funcionarios que hicieron posible esta “jugadita” y se realice la devolución de todos los salarios y prestaciones sociales pagados a Soledad Tamayo y a su Unidad de Trabajo Legislativo, desde el día de su posesión, hasta el día en que se hizo efectivo su retiro del Senado de la República. 

Los otros involucrados 

En el fallo condenatorio de Aida Merlano, la Corte Suprema involucró a otros políticos y personajes del Atlántico: 

Margarita Ballen: diputada conservadora que actualmente es procesada en libertad por hacer parte presuntamente de la compra de votos. Está a la espera de la audiencia preparatoria de juicio para enero próximo. 

Aissar Castro: concejal por el partido conservador, hijo del exconcejal Aissar Castro Reyes, ambos procesados por la Fiscalía como presuntos coordinadores de líderes barriales para gestionar la compra de votos a favor de la campaña de Merlano. 

Vicente Támara: exconcejal de Soledad vinculado por la Fiscalía a la ‘Casa Blanca’. 

Juan Carlos Zamora: conservador, está siendo procesado y paralelamente buscó repetir curul en el Concejo de Barranquilla sin éxito.  

Jorge Rangel: concejal de Barranquilla por el partido conservador y según la Fiscalía hace parte de la red de compra de votos que a favor de Merlano. 

Lilibeth Llinás ex candidata a la Cámara de Representantes, quien era fórmula de Merlano.  

Mientras que la Procuraduría vinculó al concejal de Soledad, Jorge Mejía Iriarte y al ex diputado Adalberto Llinás, de Cambio Radical, médico de profesión, catedrático y exalcalde de Malambo. 

Y el empresario Julio Gerlein, hermano del ex senador Roberto Gerlein, padrino político y por un tiempo compañero sentimental de Aida Merlano. 

El empresario Julio Gerlein Echeverría.

Ninguno de estos implicados está detenido, y sus procesos avanzan de manera lenta.  

Solo Arturo Char rindió versión libre ante la Corte Suprema en julio pasado. 

En cambio están pagando condenas: 

María Camila Valencia Lugo, condenada a 36 meses de prisión por corrupción al sufragante. Ella fue detenida en la llamada Casa Blanca, que era el comando de la campaña de Merlano. 

Jeferson Jesús Viloria Mieles, hoy tiene casa por cárcel y cumple una pena de 78 meses de detención por los delitos de porte ilegal de armas; concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Cumplía las labores de auxiliar de sistemas en la sede de campaña. 

Edwin Martínez Salas. Tiene casa por cárcel y cumple una pena de  82 meses de detención. Tenía el cargo de ingeniero de sistemas en la sede de la campaña. 

Evelyn Carolina Díaz Díaz. Cumple una condena de 78 meses de prisión. 

Y Sara Luz Jiménez. Tiene casa por cárcel y cumple una pena de 75 meses de prisión. 

En cuanto a los funcionarios acusados de haber ayudado a la congresista para fugarse de la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, el único que estuvo detenido fue el capitán David Alexander Álvarez Cárdenas, exjefe de custodia de la prisión, pero dos meses después, en diciembre del 2019 fue dejado en libertad. 

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía señaló que el uniformado dio la orden verbal y escrita para que Merlano fuera sacada de la cárcel y que así lo testificaron varias personas que lo escucharon dando por radio instrucciones en ese sentido. ​ 

En síntesis, el caso Merlano, ya casi olvidado por los medios de comunicación y por lo visto hasta por las mismas autoridades judiciales, lo que produjo fue un show de grandes proporciones, donde la impunidad y la corrupción reinan. 

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