Un nuevo anuncio de entrega de la Megabiblioteca que lleva seis años construyéndose en Santa Marta fue dado a conocer esta semana por la Contraloría General de la República, un tema de corrupción que ahora ha mostrado relaciones insospechadas e impensables por la postura ideológica de su impulsor, el hoy gobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar.

Según la última reunión realizada con el Distrito de Santa Marta y veedores, las obras que incluyen la dotación estarán finalizadas este 16 de febrero, pero a juicio de muchos, eso no será realidad, pues ya son varias las veces que se ha proclamado lo mismo.  Y aunque a vuelo de pájaro, cualquiera diría que las obras están concluidas, o al menos avanzadas en un 90%, no ha sido posible ponerla en funcionamiento. 

La Megabiblioteca se ha convertido con el correr del tiempo en un ‘elefante blanco’ al ser una de esas obras inconclusas e inservibles que suelen hacer los mandatarios, en este caso del entonces alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo (hoy gobernador del Magdalena), quien el 16 de septiembre del 2015 anunció con bombos y platillos que la ciudad contaría con “la biblioteca pública más grande del Caribe colombiano”, cuando ya habían iniciado las obras, y que además, ya tenían un atraso. 

La ejecución del proyecto Megabiblioteca “Ciudad de la Equidad” fue dividido en dos fases, las cuales contemplaban la construcción en terrenos de la IED Normal Superior, seis módulos en forma de anillos simulando las terrazas de los Tayronas en la Sierra Nevada. El diseño fue del arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti, el mismo de los siguientes fracasados proyectos culturales: la biblioteca España de Medellín, el Parque Cultural del Caribe y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla.

Pero pasados más de 6 años de aquella promesa, aún sigue sin abrir sus puertas al público a pesar de que después de Caicedo, pasó por la Alcaldía, Rafael Martínez y la actual mandataria Virna Jhonson, todos del mismo movimiento político, supuestamente abanderados de la educación como herramienta fundamental de progreso. 

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En cambio, lo que sí ha pasado durante estos meses es que se les han concedido a los contratistas prórrogas y prórrogas para ampliar el tiempo de entrega y encima, le han adicionado millonarios recursos a los contratos iniciales. 

Lo primero por decir es que, aunque en la estructuración de las licitaciones supuestamente el proyecto contemplaba dos fases de ejecución, y así se les llamó tal vez para hacer parecer una división temporal, lo cierto es que no hubo tal división temporal en las obras, no hubo una fase primera y una segunda, sino una división de los trabajos a realizar, es decir se hicieron dos contratos, para un mismo proyecto. Lo que se hizo desde el Distrito fue una repartición de las labores a ejecutar.  

Todo un enredo incomprensible e incoherente alejado de la transparencia.

De ahí que la suscripción de los contratos (de la Fase I y la Fase II) solo tuvo una diferencia de nueve meses, y si se cuentan los meses que demoró en arrancar la llamada primera fase, los trabajos comenzaron con poco tiempo de diferencia, aclarando que en los pliegos de condiciones no se describe específicamente qué parte o estructura haría cada contratista, lo cual bien podría explicar las dificultades que de todo tipo se han presentado para la entrega de las obras.  

Fase I

Para la fase I el contrato inicial firmado en diciembre del 2014 fue por $10.044.443.985. Luego el mismo Caicedo, en agosto del 2015, firmó una adición de $1.897.622.894 y 90 días de prórroga para la entrega. 

Más adelante, el 9 de diciembre de ese mismo año se otorgan otros 120 días de prórroga. En mayo del 2016, cuando ya estaba en la Alcaldía Rafael Martínez le conceden otra prórroga de 90 días a los ejecutores, plazo que empezaría a contar a partir del 10 de mayo de 2016; en ese orden, la Fase I debería estar lista en fecha 10 de agosto de 2016. 

Pero a pocos días de vencerse el plazo anteriormente concedido, el 4 de agosto de 2016 Martínez nuevamente amplía el plazo de ejecución de la obra en 90 días más, es decir hasta el 10 de noviembre de 2016. El 4 de noviembre de 2016, vuelve y conceden otro aplazamiento de finalización por 54 días, pero el 28 de diciembre se da otra prórroga hasta julio del 2017, y se adicionan $857.837.386 al presupuesto del contrato. 

Posteriormente, el 27 de julio de 2017, a tres días de vencerse el nuevo período de entrega, el alcalde Rafael Martínez firma la Adición #7, ampliándolo una vez más en 184 días, y adicionando por una parte, la suma de $2.890.884.849 y renglón seguido otros $901’602.920, a menos de 24 horas transcurridas, el 28 de julio de 2017  

En conclusión a este contrato de la Fase I de la Megabilblioteca, que valga decir no ha sido recibido por la Alcaldía, se le hicieron ocho adiciones al contrato, y a los $10.044.275.255 iniciales se le sumaron $6.547.984.049, lo que equivale que solo en su primera etapa le costará al Distrito $16.592.223.304, un 65% más de lo previsto. 

Fase II 

En cuanto a la segunda fase, el contrato se firmó en septiembre del 2015 por $6.988.403.595 y un plazo de ejecución de 3 meses. La primera prórroga se les otorgó por 150 días hasta junio de 2016 y se le adicionaron recursos por $1.216’815.048.

Las obras fueron suspendidas en diciembre de ese mismo año y se retomaron el primero de febrero del 2016. En junio de ese año le conceden una nueva prórroga de 180 días. Pero en diciembre le autorizan una nueva prórroga de hasta agosto del 2017 y le adicionan otros $2.277’384.907.

En el 2018, se le conceden dos aplazamientos más a los trabajos. Y a la fecha aún tampoco termina esta segunda fase. 

Al igual que la primera, esta segunda etapa, recibió varios aplazamientos y quedó costando $10.482.603.550, es decir $3.400 millones más. 

Luego, se firma un tercer contrato en diciembre de 2019, para la “Dotación mobiliaria de la Megabiblioteca” por $324.891.612 que tenía un plazo de ejecución de 13 días, pero que fue liquidado de manera bilateral el 16 de abril de 2020. 

En resumen una obra que supuestamente iba a costar poco más de $17 mil millones de pesos en sus dos fases, resultó costando $27.399.718.466 y lo peor, aún no se concluye. 

Los contratistas 

Hasta ahora el único órgano de control que ha puesto los ojos en este proyecto es la Contraloría, y su actuación de acuerdo a algunos, ha sido parca, frente a otros temas que han demandado su atención, y hasta de la Fiscalía; como por ejemplo el retraso en las obras de los puestos de salud del Distrito, por los cuales estuvo detenido en prisión domiciliaria Rafael Martínez varios meses. Después de este proceso, el Distrito ha ido terminando las mencionadas obras. 

Lo anterior podría explicarse analizando los contratista participantes, su poder y sus relaciones políticas, lo cual nos puede llevar a vasos comunicantes insospechados.

La responsabilidad de este proyecto que está a punto de catalogarse como ‘elefante blanco’, no es exclusiva del Distrito, pues, también, quienes claramente han incumplido con la entrega son los contratistas, que han “pasado de agache” en todo este asunto. 

La fase I fue encomendada al Consorcio Megainstituciones, conformado por: Construmarc ltda, nit 900190374-8 con un 45% de participación y Valco Constructores ltda, nit: 900010332-8 con un 50% de participación.  

De la primera firma hay que decir que tiene sede en Valledupar y solo le aparece en el Registro Único de Proponentes un contrato en su historial, del año 2019 y una multa por el mismo contrato. 

De la segunda, Valco Constructores Ltda. Propiedad de los hermanos Valderrama de Bucaramanga, reconocidos por ser los principales contratistas de la administración del ex gobernador Richard Aguilar, hoy, senador de Cambio Radical y quien enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia por actos de corrupción en la contratación cuando fue gobernador de Santander entre el 2012 y 2015. 

Según datos que manejan los órganos de control, los hermanos Mario, Fernando y Ricardo Valderrama Cordero, dueños de tres empresas (Valco Constructores, Constructora VC y VG Constructores), solo entre 2014 y 2015 llegaron a contratar en consorcios $631 mil millones entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander. 

La firma está cuestionada por demoras en las entregas de obras, sobrecostos y presuntos sobornos para ganar licitaciones e incluso se habla de arreglar pliegos a su medida para ganar dichas licitaciones. 

Curioso que un Gobierno de la corriente política de Fuerza Ciudadana termine contratando con una empresa supuestamente contraria a toda su filosofía. 

En cuanto a la segunda fase, fue adjudicada al Consorcio Megabiblioteca conformado por Empresa Proyectistas y Construcciones SAS con un 30% de participación, y Scala Construcciones SAS con un 70%.  

En ninguno de los documentos que reposan en el Secop, como son las actas de adjudicación, o de evaluación, ni en el mismo contrato aparecen los Nit de estas empresas. 

En el caso de Scala Construcciones SAS aparece en el RUES con cuatro Nit, distintos nombres, pero supuestamente el mismo grupo empresarial, con sede en Montería, y no registra un solo contrato en su historial, luego, es difícil conocer si el Distrito de Santa Marta tuvo en cuenta o verificó la experiencia de esta firma. 

En cuanto a Empresas Proyectistas y Construcciones SAS, no figura en el RUES; la que sí figura es Empresa de Proyectistas y Constructores SAS registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá con el NIT: 900235928 – 3. Llama la atención el “error” en el nombre del contratista en todos los documentos de la Alcaldía. 

Registra en su historial seis contratos, cuatro en concesiones, uno en unión temporal y otro en solitario, todos en el departamento de Cundinamarca.  

A estas empresas, probablemente más que al mismo Distrito, les cabe tanta responsabilidad en el atraso de las obras, y por eso llama la atención el poco interés que han mostrado los organismos de control a la hora de exigir a estas empresas cuentas sobre lo actuado. 

Una cosa son las cosas en el papel y otra es la construcción. Existieron fallas en el diseño. No sé por qué dicen que hubo detrimento, si aún hacen falta cerca de 4 mil millones de pesos para la obra, valor que me ha tocado asumir a mí. La obra fue una pérdida económica
Rafael Bejarano
R.L. del Consorcio Megainstituciones

En su defensa, los contratistas han alegado en debates que se han realizado al interior del Concejo de Santa Marta, que hubo cambios en los diseños y en los materiales de construcción. Rafael Bejarano, representante legal del Consorcio encargado de la Fase I dijo en julio del 2019 en un debate, que el mayor afectado por los impases de la obra es él, ya que, a mayor tiempo de entrega, más han sido las inversiones en seguridad y mantenimiento de la Megabiblioteca. “Una cosa son las cosas en el papel y otra es la construcción. Existieron fallas en el diseño. No sé por qué dicen que hubo detrimento, si aún hacen falta cerca de 4 mil millones de pesos para la obra, valor que me ha tocado asumir a mí. La obra fue una pérdida económica”, dijo en esa oportunidad.

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