Alberto Ruiz Gallardón acude a declarar a la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid. ÁLVARO GARCÍA | ATLAS
Por: Jan Slodvak
Mientras en España la justicia actua pronta y eficazmente en el caso de la defraudación a la empresa Canal Isabel, a través de la empresa Canal Extensia, comprando una sociedad off shore en Panama para apropiarse del accionariado de Inassa, en Colombia, pese a las alharacas del Fiscal Humberto Martinez Neira, no pasa nada. Pero nada.
El pasado 7 de junio el diario español El Confidencial revelaba las intrépidas excusas del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón para salir con pie derecho ante la Audiencia Nacional insistiendo que la compra del 75% de Inassa fue una operación absolutamente legal “y de grandes beneficios para los madrileños”. Sobre lo primero, hay que sugerirle a Ruiz-Gallardon que cambie de bufete jurídico pues si algo tuvo cierto esa operación, fue su absoluta ilegalidad y, sobre lo segundo, es cierto que el citado raponazo (o pelotazo, en opinión de otro de directivos implicados) trajo “beneficios a los madrileños”. Especialmente a ese equipo de delincuencia política que armó el partido Poder Popular en la presidencia de la Comunidad de Madrid y que tiene a algunos de sus antiguos cuadros directivos en la cárcel o en procesos judiciales.
Gallardón –ese apellido no es que le cuadre mucho- ha sido acusado de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, prevaricación y falsedad documental. Casi nada. Se mostró “dolido” cuando la fiscal le inquirió si en esos negocios opacos, difusos, cobró comisiones. Según el, la operación de compra de Inassa a SAA una empresa oof shore en Panamá creada un mes antes de la compra y desarmada unos días después, no le llevo a sospechas sobre la legalidad, confiando, dice él, el virtud y honestidad de su ex consejeros que por cierto también los está investigando la justicia española.
Recapitulemos el novelón de Inassa y la Triple A . El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Gallardón, dio vía libre aprobando la compra de Inassa el 29 de noviembre de 2001. Lo hizo a través de una empresa vehiculo –sin duda otra anormalidad con dineros públicos- creada para esos objetivos, Canal Extensia que compra el 75% de Inassa por la suma de 73 millones dólares (83 millones euros). Quedó Tecvasa (Técnicas Valencianas de Agua, que sigue dando vueltas por los acueductos del sur del departamento del Atlántico en otro contrato ilegal). Creada la empresa vehículo esta no compró directamente a Inassa. No. Lo que hizo fue adquirir una empresa fantasma creada en Panamá llamada SAA que tenía el 75% de las acciones de Inassa.
De malas Gallardón que le tocó admitir a la justicia española que compró una empresa fachada en un paraíso fiscal con todo lo que presupone tal situación en materia de impuestos, coimas y porcentajes. Pero Gallardón se manifestó “dolido” por esta suspicacia judicial. A la justicia española han acudido todos los consejeros, ex presidentes, directivos en una verdadera oleada de corrupción cuyos desenlances los acaban de pagar con la salida aparatosa del poder. En fin, parece que allá la justicia les funciona.
En Colombia, en cambio no. El único capturado, Diego García, se encuentra en tal situación por un pedido de la justicia española que lo tiene ad portas de la extradición.