Que una banda de delincuentes de cuello blanco se robe casi $28 mil millones de pesos de la empresa de servicios públicos Triple A en Barranquilla, es un hecho desafortunadamente frecuente y común: pero que la misma defensa jurídica de la Alcaldía no haga esfuerzos por recuperar el dinero robado, argumentando que esa plata ya se perdió –con la posible intención de proteger a los delincuentes– ya es el colmo del descaro de la corrupción
Eso esta ocurriendo en el Distrito de Barranquilla, dentro del proceso radicado 11001600000020180086402 –sobre el robo de dineros con estrategias administrativas ingeniosas en la Triple A– que actualmente cursa en la sala penal del Distrito Judicial de Barranquilla.
Este proceso judicial tiene en el banquillo de los acusados a Julia Margarita Serrano Monsalvo, quien al momento de la desaparición de los $27.879.761.912 de pesos, fungía como gerente financiera de la Triple A.
Otro de los acusados es Ramón Navarro Pereira, un siniestro personaje que salió por la puerta trasera de la entidad por sus actuaciones dolosas en el ejercicio de su cargo. Otro de los vinculados al proceso son Edmundo Rodríguez Sobrino, a la postre gerente de INASSA SA y accionista mayoritario de la Triple A, Diego Fernando García Arias y Juan Acosta.
Julia Margarita Serrano Monsalvo, estando contra la pared por la robusta carga probatoria en su contra llegó a un acuerdo con la Fiscalía, admitió su responsabilidad y declaró contra su antiguo jefe de faenas delictivas, Ramón Navarro Pereira y tres funcionarios más, dejando al descubierto en ingenioso entramado para saquear a la Triple A.
Los dineros fueron sustraídos en un tiempo de 24 meses –a cuentagotas– pero de manera fluida, mediante la expedición de órdenes de pago que eran autorizadas de manera soterrada y escandalosa, aún frente a auditores que preguntaron –mas de una vez– a la gerencia por la autenticidad de esas órdenes, pero fueron “regañados” y trasladados de cargo.
Estos contratos, con motivaciones exóticas, permitieron a los delincuentes de cuello blanco tomar dinero legalizado de la empresa, y desviarlo hacia sus arcas frente a la complicidad de los supervisores jefes.
El proceso inicio a finales del año 2015, cuando dos funcionarios de la oficina de control interno de la empresa Triple A, descubrieron que estaban circulando un río de “órdenes de pedidos y pagos inmediatos” y cuatro contratos de cuantía millonaria, que –de manera ordinaria– debían ser tratados y avalados en reuniones de alta gerencia.
En el expediente quedó sentado:
“El señor RAMÓN NAVARRO PEREIRA, Gerente de TRIPLE A SA ESP junto con el señor EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO, Gerente de INASSA SA, y accionista mayoritario de TRIPLE A SA ESP, hicieron suscribir a los señores DIEGO FERNÁNDO GARCÍA ARIAS (por INASSA SA) y JUAN ACOSTA (por TRIPLE A SA ESP ), cuatro contratos denominados "consultoría para el estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional con base en la Resolución CRA628 de 2013” por valor de$4.500.000.000.00, violando el manual de contratación el cual indica que el gerente de TRIPLE A SA ESP, solo puede suscribir contratos por un máximo de 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para la fecha de los hechos correspondía a $644.350.00 para un total de $1.127.612.500.00, y con el objeto de dar apariencia de legalidad, se fraccionaron asi: 1. 25 de marzo de 2014 por valor de $900.000.00000 2. 14 de mayo de 2014 por valor de $1.100.000.000.00 3. 15de junio de 2014 por valor de $1.000.000.000.00 4. 12 de septiembre de 2014 por valor de $1.200.000.000.00 Como se indicó, los cuatro contratos fueron suscritos por DIEGO FERNÁNDO GARCÍA ARIAS, gerente de proyectos de INASSA SA, y JUAN ACOSTA, por TRIPLE A SA ESP, previa imposición de los señores EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO y RAMÓN NAVARRO PEREIRA, el mismo día en el año 2015 pero con fecha del año 2014, por un objeto contractual inexistente y con el propósito de apropiarse para INASSA SA de recursos de TRIPLE A SA E.S.P”.
El Juez investigador, detalló en un informe lo que las pesquisas de la fiscalía hallaron en la Triple A: “El señor RAMÓN NAVARRO PEREIRA, exgerente de la empresa TRIPLE A. S.A. E.S.P., junto a la señora JULIA MARGARITA SERRANO MONSALVE, (Gerente Financiera de TRIPLE A S.A E.S.P.), funcionarios de la empresa INASSA.S.A., y funcionarios de la Empresa RECAUDOS Y TRIBUTOS S. A, (RY T S. A), entre los años 2012 a 2015, en beneficio propio y de la sociedad INASSA SA, abusando de sus funciones, dispusieron de los bienes de la sociedad de manera irregular y se apropiaron de la suma de $27.879.761.912, mediante la creación de 54 "ORDENES DE PEDIDO" ficticias y CUATRO CONTRATOS DE CONSULTORÍA SIMULADOS cuyo objeto era el "estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional con base en la Resolución CRA628 de 2013«.
La investigación logró establecer, que el directamente afectado por este escandaloso proceso delictivo es el Distrito de Barranquilla, puesto que los dineros desviados a las cuentas de los funcionarios deshonestos corresponden a los dividendos que pertenecen a la alcaldía distrital.
En este sentido el Juez de la causa aseguró:
“La señora JULIA MARGARITA SERRANO MONSALVE, como gerente FINANCIERA de TRIPLE A, conociendo que el contrato de CONCESIÓN disponía la obligación de cancelar al DISTRITO DE BARRANQUILLA el treinta por ciento (30%) de las utilidades después del ejercicio fiscal de cada año, creo, junto con el señor RAMÓN NAVARRO PEREIRA, 54 ORDENES DE PEDIDO para la adquisición de bienes y servicios, entre los años 2012 a 2014, por la suma de $ 23.379.761.912.00.”
Este escandalo dejó sumergido al cuestionado gerente Ramón Navarro Pereira en un nuevo revés, que meses después le costaría el cargo.
“Dejó el cargo básicamente por este bochornoso escándalo, y hasta enfrenta problemas penales, pero supo argumentar otras causales por las cuales ahora tiene su cómoda casa como cárcel. Disfrutando de la fortuna que de la que se apropió”, dijo un abogado vinculado al proceso.
La justicia llegó a conocer detalles de la verdad en el proceso cuando Julia Margarita Serrano Monsalvo decidió confesar todo su entramado criminal y propuso un preacuerdo con la fiscalía, para el que solo se le atribuya el delito de “administración desleal agravada”, aunque ella fue pieza fundamental en el equipo de delincuentes que saqueó la Triple A.
El preacuerdo se hizo oficial el 22 de enero de 2024 y correspondió al Juez Quinto Penal Especializado del Circuito de Barranquilla adelantar los trámites. Este proceso quedó sentado en el expediente sin que la justicia exigiera a la procesada “devolver los dineros públicos extraídos de manera dolosa de las arcas de la Triple A, como lo indica la ley”.
La Fiscalía –de manera increíble– avaló el preacuerdo sin exigir a la procesada devolver el dinero robado:
“la Fiscalía señaló que tal reintegro no era exigible atendiendo a que el incremento patrimonial fue para un tercero y no representó beneficio alguno a la procesada, de tal manera que dicha obligación no recaía a ella, sino sobre quien materialmente hubiese incrementado su patrimonio con el ilícito endilgado”.
María Marta Gómez Barranco, apoderada de la procesada Julia Margarita Serrano Monsalvo, se frotaba las manos al llegar a tan cómodo y conveniente preacuerdo para acusar a su defendida solo por un delito menor –y sin tener que devolver un solo peso del dinero sustraído de la Triple A– estando inmersa hasta el cuello en un entramado criminal de proporciones descomunales, por ser miembro de una banda que robó $27.879.761.912 de pesos a los barranquilleros, representados en el Distrito de Barranquilla.
La prensa de Barranquilla, brindó muy poca atención a este escándalo y coadyuvó la versión de Ramón Navarro Pereira, quien salió de la gerencia de la Triple A sin recibir el escarnio de los barranquilleros.
El Ministerio Público apeló el preacuerdo y se programó esta última diligencia para ventilar la posición.
«…no satisface los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente, con el mismo se deja de lado lo establecido en el artículo 349 CPP, en virtud del cual en todo cuando exista un incremento patrimonial con ocasión de la comisión de un delito se debe realizar el reintegro correspondiente«, conceptuó.
Ya en la diligencia el acucioso abogado Yamil Ospino Pérez, en representación de las victimas puso el dedo en la llaga.
“La ley es clara para poder llegar a un preacuerdo con la justicia y –para poder recibir los beneficios que otorga la ley, para quienes admiten su responsabilidad– la procesada debe devolver a la entidad Triple A por lo menos el 50 por ciento de los dineros de los que se apropió. Esto no tiene ninguna discusión”.
En el expediente está reseñado:
“La señora JULIA MARGARITA SERRANO aceptó que cometió el delito de Administración Desleal en favor de un tercero, lo cual indudablemente conlleva a que le era exigible a ésta el reintegro de al menos el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido por el tercero y que se asegurara el recaudo del remanente, para la suscripción y aprobación del preacuerdo”.
El abogado Ospino Pérez, anota que se hace necesario dar una interpretación con sentido de pertenencia por los intereses de los barranquilleros sentados en la Triple A. Por tanto, lograr recuperar los dineros sustraídos era una tarea de la justicia y…“obligar que la procesada devuelva parte de esos dineros, es forma de hacer justicia” dijo a los medios.
Esta severa apelación hizo cavilar al Magistrado Luigi Reyes Núñez, quien tomó atenta nota del sujeto procesal.
Pero lo que más despertó comentarios entre quienes conocieron el proceso posterior a la audiencia, fue la posición del abogado que debía defender los intereses de los barranquilleros ante los señalados defraudadores.
Se trato del abogado Guillermo Puyana Ramos, quien argumentó que no era dable que la procesada devolviera esos dineros a los barranquilleros porque –palabras más palabras menos– esa platica ya se perdió.
Este jurista tomó la palabra y dijo:
“…que no conocía un caso de connotación económica donde, como en el concreto, todos los procesados hubieran estado dispuestos a preacordar o tuvieran intención de allanarse, y a pesar de ello ocho (8) años después no hubiera una sentencia en firme. Indica que en el particular no ha sido posible acudir a la reparación integral, que es el principal interés de las víctimas.”
Se atrevió a decir, además, que esa exigencia podría ser contraria a los “derechos de los intervinientes”. Y puso de presente el sonado caso de defraudación por $70 mil millones de pesos con la empresa Centros Poblados. El expediente quedó sentado:
“Inclusive, develó que en el caso de Centros Poblados el Ministerio Público ha apoyado que los procesados suscriban preacuerdos, a pesar de que esos casos igualmente se han dicho por parte de la Fiscalía que se trata de procesados que no han producido y no tienen lugar al reintegro porque el incremento no se produjo en beneficio de ellos, sino en terceros.”
Y remató:
“…que en el particular no ha sido posible acudir a la reparación integral, que es el principal interés de las víctimas”.
En merito de lo expuesto la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó el preacuerdo del 22 de enero de este año por Juez Quinto Penal Especializado del Circuito de Barranquilla y ordenó rehacer las actuaciones para lograr una propuesta nueva frente a este caso.
