Tal como estaba previsto, el proyecto de Reforma a la Salud, naufragó en la Comisión Séptima del Senado de la República.

Pero no precisamente porque existiera una amenaza real de que con la reforma dejara sin servicios de salud a millones de colombianos, conforme lo gritaron a los cuatro vientos sus opositores. Detrás de su hundimiento hubo un interés claro y de conocimiento público por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que evidentemente resultarían las más perjudicadas con la reforma.

La reforma buscaba, en síntesis, eliminar la intermediación que hacen entre el Estado y los ciudadanos, para tener servicios de salud, las EPS, desde que se reglamentó la Ley 100 de 1993, y que les ha permitido por décadas, administrar, y no precisamente de la mejor manera, recursos públicos del sistema de salud.

Recursos públicos que además han sido dilapidados por los accionistas y propietarios tanto de EPS como de IPS, que toca decir, ahora impostan de víctimas.

Por eso, se puede concluir que, al proyecto de reforma a la salud, lo archivó la corrupción.

La corrupción de senadores que aun declarándose impedidos por conflicto de intereses, al reconocer que recibieron dinero de EPS para sus campañas electorales, continuaron con el debate, con el único propósito de hundir el proyecto.

El asunto es que apenas se radicó la ponencia de archivo en la Comisión, por parte de ocho de los 14 senadores que hacen parte de esa sala, varios militantes y seguidores del Gobierno, radicaron ante la Comisión de Ética del Senado, recusaciones contra los ponentes, al demostrar que varios de ellos habían recibido dinero de algunas EPS para financiar sus campañas al Congreso en 2022.

Así lo revelan los informes consignados por las colectividades en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, en los que cada partido hace transparentes las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie.

Y aunque el ingreso de estos recursos, que suman más de $365.000 dólares, es un porcentaje pequeño del total de los aportes que recibió cada partido, era motivo suficiente para saber que su voto no iba a ser distinto al de no dejar pasar el proyecto.

En un informe publicado por el periódico El País de España, se señala que el Partido de la U, al que pertenece la senadora Norma Hurtado, una de las firmantes de la ponencia de archivo, recibió $15 millones de pesos de la Organización Sanitas Internacional, un poco más del 0,01% de la suma de todas las contribuciones.

De acuerdo con el documento, el concepto de la donación es “Donación Keralty S.A.S.”. El grupo Keralty es dueño de la EPS Sanitas y de las empresas de medicina prepagada Colsanitas y Medisanitas. La colectividad también recibió aportes de dos empresas del Grupo Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. Y también recibió $100 millones de pesos de Tecnoquímicas S.A., fabricante de productos farmacéuticos y suplementos multivitamínicos.

En sus argumentos, Zamora también aseguró que el esposo de la congresista Hurtado, Fernando Gutiérrez, fue secretario de Salud del Valle del Cauca, y trabajó en la extinta EPS Cafesalud y en la liquidada Empresa Social del Estado Antonio Nariño.

El Centro Democrático, partido al que pertenecen los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, también recibió un aporte de Keralty en 2022. La empresa le donó $35 millones al partido del expresidente Álvaro Uribe para la campaña al Congreso de 2022, el 0,4% de todas las donaciones. Dos aseguradoras del Grupo Bolívar hicieron tres desembolsos; Davivienda otras tres, para un total de aportes $768 millones de pesos, el 8,94% del total. Tecnoquímicas donó $15 millones.

El partido Liberal, del que hace parte Miguel Ángel Pinto, también recibió dinero de Keralty. Según el reporte oficial, la empresa dueña de la EPS Sanitas le donó $10 millones a la campaña para el Congreso, el 0,78% de los aportes. Las dos aseguradoras del Grupo Bolívar hicieron sendas donaciones y el Banco Davivienda otra más, para un total de $144 millones de pesos, el 10,12% de todas las contribuciones. Tecnoquímicas hizo tres donaciones que sumaron $180 millones, un 13,96% de todo el dinero. (Ver anexos)

Pinto, quien fue el líder de la ponencia de archivo de la reforma, ha dicho en medios nacionales que no hay conflicto de interés “cuando el voto negativo lo que hace es mantener la legislación actual y aquí no estamos beneficiando a nadie porque se mantiene lo que hoy está rigiendo en Colombia desde hace muchos años y, por lo tanto, no hay beneficios personales y por eso no hay conflictos de interés, ni impedimentos para quienes firmamos la ponencia de archivo de la reforma a la salud”.

El partido Colombia Justa Libres, al que pertenece la senadora Lorena Ríos Cuéllar, también recibió financiación del grupo Keralty. Aunque fueron solo $5 millones de pesos, es el 15% del total; la colectividad solo reportó contribuciones por menos de $34 millones de pesos en 2022 —los otros $28 millones son aportes de personas naturales e iglesias cristianas. (ver anexos)

El partido Conservador, al que pertenecen Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, recibió $280 millones de pesos de empresas del Grupo Bolívar, el 4,24% del total. Tecnoquímicas, que donó $270 millones, aportó otro 4,08%. La senadora Blel presentó un impedimento para votar la reforma a la salud dados esos aportes.

El Partido Alianza Social Independiente (ASÍ), al que pertenece Berenice Bedoya, la última firmante de la ponencia que hundió la reforma, también recibió dinero de Keralty y el Grupo Bolívar. La donación de la primera compañía fue de $10 millones, y las del segundo conglomerado otros $30 millones, por lo que estos donantes aportaron casi el 10% del total.

En total, Keralty, dueño de EPS Sanitas, le donó a los partidos $75 millones de pesos (unos $19.250 dólares); el grupo Bolívar, incluyendo a Davivienda, propietario de Salud Bolívar EPS, les donó $1.352 millones (alrededor de $346.700 dólares), y Tecnoquímicas hizo aportes totales a los seis partidos por $465 millones de pesos (aproximadamente $119.250 dólares).

Ninguno de los partidos que pertenecen al oficialista Pacto Histórico y tienen senadores en la comisión séptima recibió financiación de empresas vinculadas con el sector de la salud.

Las recusaciones

Volviendo a las recusaciones, éstas debían ser estudiadas por la Comisión de Ética que tendría que decidir si permitía avanzar con el debate. Sin embargo, los recusados sabían que debían actuar rápido, pues esa Comisión la integran en su mayoría congresistas afines al Gobierno y podían enfrentarse a una investigación disciplinaria, por no haber informado, que tenían conflictos de intereses por haber recibido dinero de EPS en sus campañas.

Así que la estrategia de los ocho senadores que propusieron el hundimiento de la Reforma, fue declararse impedidos, es decir, aceptar que tenían conflicto de intereses, antes de empezar el debate en la misma Comisión Séptima. Y ahí, fue que se le dio cristiana sepultura al proyecto de Ley, porque, sin ninguna vergüenza, sometieron a votación de la misma Comisión, cada uno de los impedimentos, consiguiendo no ser aceptados y así, avanzar en el debate.

Por lo general, cuando un congresista se declara impedido para participar en un debate, bien en plenaria o en comisiones, por simple respeto al resto de sus colegas, se retira del recinto, pues de una u otra manera admite que su voto puede estar sesgado en favor de determinado asunto.

Pero esto no fue lo que hicieron los congresistas en cuestión, sino que se quedaron en la sala para poder así votar el hundimiento de la reforma. Los congresistas recusados, que luego presentaron sus impedimentos, y firmaron la petición para hundir el articulado fueron Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), José Alfredo Marín (Partido Conservador), Nadia Blel (Partido Conservador), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente) y Norma Hurtado (Partido Unión por la Gente), que se unió a última hora.

Una vez se votó el archivo del proyecto, varios parlamentarios que se habían aglomerado en la sala, intervinieron; los afectos al Gobierno expresando su desacuerdo y otros, como la representante a la Cámara Katherine Juvinao y la senadora Paloma Valencia mostrando gran satisfacción por haber logrado el hundimiento del proyecto.

Según la senadora Valencia los indicadores no mienten, y agregó lo que para muchos es una gran mentira: “los colombianos están satisfechos con el sistema de salud, que hay problemas, claro que sí. Me impresionaba el senador que hablaba de las cien mil tutelas para reclamar los servicios, que yo sepa, eso no es nada, 100 mil tutelas cuando prestamos 2,5 de atenciones en salud al día y entonces 100 mil tutelas es mucho?” Se preguntó.

Habrá que preguntar entonces a esos cien mil colombianos y sus familias, que para ella no cuentan, si están satisfechos con el funcionamiento del sistema de salud.

O, recordarle a la senadora Valencia que la Corte Constitucional tuvo que intervenir el sistema en el 2008 a través de la sentencia T-760 cuando ordenó a las entidades responsables de la salud en Colombia corregir las fallas que presentaba el sistema de salud pública y garantizar a todos los afiliados, sin distingo alguno, el acceso a los servicios, por ser considerado desde entonces un derecho, calidad que no le otorgó la Ley 100 del 1993.

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