Adlai Stevenson Samper
¿A qué factores se debe que las facturas de energía eléctrica sean elevadas?
En la estructura de las tarifas de energía existen una serie de componentes de del pago tales como la generación —el más costoso—, la transmisión, restricciones (?), pérdidas —con un costo elevado a nivel de fórmula compensatoria que inventaron las comercializadoras de energía para pasarle a los usuarios su negligencia en el recaudo de cartera y operatividad—, su distribución y comercialización. Otros dos factores que veremos a continuación están “agarrados” de la factura de energía como son la prestación del servicio de alumbrado público y la tasa de seguridad.
| Factor relacionado con el consumo real | Factor NO relacionado con el consumo real | Componente Terifario |
| Generación | ||
| Transmisión | ||
| Restricciones | ||
| Pérdidas | ||
| Distribución | ||
| Comercialización | ||
| Alumbrado Público | dei 5% al 10% | |
| Tasa de Seguridad | del 12.5% al 35% |
Con la ola privatizadora neo liberal durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990—1994), se entregaron diversos sectores del estado al capital privado con el fundamento; según las erróneas teorías económicas en boga, que este sector de capitales privados funcionaba mejor y mucho más eficiente que la administración pública olvidando deliberadamente que su animo misional es el lucro muchas veces desmedido. Así el Estado se deshizo de sus compromisos institucionales yendo directamente en contravía a los preceptos hermenéuticos de la recién establecida Constitución de 1991 relacionada con los fines del estado social de derecho entregando concesiones de energía, gestión del agua, aseo, comunicaciones, servicios, vías, control de software, seguridad social a sectores financieros y vinculados con la actividad política.
Alumbrado Público de Barranquilla
APBAQ, siglas de Alumbrado Público de Barranquilla reemplazó a la empresa Eléctricas de la Sabana en la prestación del servicio, desde el 20 de octubre de 2020 cuando la gobernadora Elsa Noguera le otorgó un contrato interadministrativo de $50.000 millones de pesos.
Después hizo una mutación de razón social denominándose K—Yena SAS, en dónde el Distrito de Barranquilla tiene el 65% de participación y el privado se encuentra en cabeza de la empresa Barranquilla Capital de Luz SAS con el 35% restante de acciones. Sus socios son Alutrafic Led SAS, con un accionariado del 20%, el megacontratista antioqueño William Vélez Sierra, llamado el “Zar de las Basuras” con un 77% y 3% de la empresa de Medellín —también de Vélez Sierra— Celsa SAS.
K—Yena SAS apareció también con una jugosa tajada de la empresa Triple A en donde los socios Daes, de forma pública, cedieron las acciones (20%) al Distrito de Barranquilla. Al inicio del presente año el Concejo de Barranquilla les aprobó un alza en el cobro del servicio que se refleja en las tarifas de energía. Expertos calculan, de acuerdo al estrato socio económico y comercial, que ese cobro de alumbrado público constituye entre el 5% al 10% en el componente tarifario.
Tasa de Seguridad
Este cobro tiene una larga historia dentro de la estructura de las tarifas de energía eléctrica. Según analistas, de acuerdo al estrato socio económico y la actividad comercial tiene un porcentaje en la estructura tarifaria del 7.5 al 25%. En suma, entre alumbrado público y tasa de seguridad tienen un costo en la estructura tarifaria, según estratos y actividad comercial entre el 12.5% y 35%. Precisamente debido a estas circunstancias, la región Caribe durante la próxima década pagará un 40% más que el resto de Colombia afectando gravemente su economía y competividad, condenándonos a una pobreza extrema.
El inicial impuesto de seguridad fue creado por la asamblea del Atlántico mediante ordenanza No. 59 de 1958. En 1995 el mismo ente legislativo departamental reestructura sus componentes a través de la ordenanza No. 000061 de 1995 bajo la presidencia en esa corporación de Jorge Gerlein Echeverría. Específicamente se modifico el artículo 9 de la ordenanza de 1958 respecto a los porcentajes de destinación para sus recaudos.
Simultáneamente en esa misma década se entroniza a nivel nacional un fondo de seguridad para combatir las arremetidas del tráfico de narcóticos y la guerrilla a través de la Ley 418 de diciembre 26 de 1997 también conocida como Ley de Orden Público durante la presidencia de Ernesto Samper.
El cobro tenía un carácter temporal provisional pero se fue transformando en permanente. Precisamente los fondos de seguridad fueron prorrogados por el artículo 1 de la Ley 548 de 1999 (23 de diciembre) por 3 años y por la Ley 782 de 2002 (23 de diciembre) por 4 años. En virtud de la esa ley se crearon fondos de seguridad con carácter de «fondos cuenta» en todos los departamentos y municipios del país donde no existían. Los recursos de los mismos se distribuirían según las necesidades regionales de seguridad administrados por el gobernador o por el alcalde, según fuese el caso.
Posteriormente durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se expidió la Ley 1421 de 2010 que en su artículo 8 permite que ingresen aportes voluntarios de la comunidad a los fondos territoriales de seguridad permitiéndose a departamentos, distritos y municipios el suministro de sus propios recursos —en Barranquilla y el Atlántico tal situación específica no ha sucedido— o la donación de particulares, una arista peligrosa por sus consecuencias, para efectos de garantizar la seguridad y convivencia.
Igualmente esta ley facultó a los departamentos y municipios para la imposición de tasas o sobretasas especiales con destino al financiamiento de los fondos cuentas territoriales de seguridad.
Según opinión de José Antonio Luque, secretario del Interior del departamento del Atlántico en enero de 2024 la tasa de seguridad tienen su origen en la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 la cual dispuso en el artículo 119 la creación de los fondos de seguridad, con carácter de «fondos cuenta, en los departamentos y municipios del país para financiar las actividades de seguridad y orden público».
Por supuesto, que en medio de la polémica por los excesivos costos de la energía en la región Caribe con acervas críticas a tales tarifas por el gobernador Eduardo Verano, internautas expusieron en redes sociales, foros y medios de comunicación este contradictorio hecho de posiciones ambiguas a lo que ripostó la gobernación defendiendo las bondades del recaudo que desde el año 2020 recibió $538.083 millones de pesos. Con este recurso; según el secretario departamental del Interior se han «adelantado inversiones para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento», aunque tales recursos se usen para disimiles objetivos tales como la construcción de parques bajo el ingenuo pretexto que con estos espacios—mal aplicando la teoría sociológica de la ‘ventana rota’— se previene la inseguridad y delincuencia barrial.
Precisamente durante el mandato en el departamento de Elsa Noguera se adjudicó a un solo proponente en el 2020, en plena pandemia, los contratos para adecuar, mejorar y construir parques por el monto de $233.000 millones mientras a la población se les daba, en medio del drama por la propagación del virus, unas raquíticas ayudas de alimentación. La multimillonaria licitación se subió al sistema electrónico de contratación pública (SECOP) bajo el número LP—006—2020 el 31 de marzo del 2020 a la 9:31 p.m. justo 7 días después que el presidente Iván Duque expidiera por decreto la cuarentena en todo el territorio nacional.
Las cifras muestran el jugoso botín que proveen los atribulados usuarios de la energía eléctrica en el departamento del Atlántico: en el 2020 ingresaron $107.111 millones, en 2021 ascendió a $130.041 millones, para 2022 el recaudo siempre al alza estuvo en el orden de $141.351 millones y en 2023 fue de $159.579 millones. En suma, durante los últimos 4 años se recibieron $538.803 millones por concepto de esta tasa anexada en su cobro a la factura de energía eléctrica.
Por su parte la expoliadora empresa A-ire, propiedad del antioqueño —sigue la racha!— Alberto Ríos Velilla, uno de los magnates de servicios públicos en Colombia, expusieron su posición en la problemática a través de su jefe jurídico Fermín de la Hoz, indicando que «la tasa de seguridad no es una gestión que la empresa desarrolla a modo propio, sino que le ha sido impuesta por el departamento». Además, para que no quedaran dudas sobre la estructura tarifaria de energía, señaló una posible fórmula para deshacerse del entuerto del recaudo con la cesión o eliminación en la factura de la tasa de seguridad que «se podría traducir en un alivio en la facturación para los ciudadanos, teniendo en cuenta que las contribuciones tienen un peso cercano al 30 %». Un pertinente ejemplo es si su factura llega por $500.000 pesos para la tasa de seguridad van $150.000 pesos. Un artilugio terrible para la ciudadanía sin ninguna contraprestación.
Si bien es parcialmente aceptable que se cobre en la factura de energía el alumbrado público, carece de fundamento en un estado social de derecho que se imponga un tributo —que bien podría cobrarse a través de otros medios— relacionado con la seguridad que de contera no sirve para sus fines pues es de público conocimiento la desbordada criminalidad en Barranquilla debido a una serie de factores que no es del caso traer a colación.
Nada raro que debido a este desmesurado aumento en atracos, extorsiones, feminicidios, asesinatos, pandillas, narcotráfico y extorsiones en la ciudad de Barranquilla, plantear como pretexto argumentativo la solicitud de cesión de una parte de los cuantiosos recursos de la tasa de seguridad recaudada a los usuarios de energía eléctrica vía factura que llega a la gobernación del Atlántico.
El alcalde Alex Char en el inicio de su tercera gestión, en acuerdo con su copartidario el gobernador Eduardo Verano, firmaron el convenio interadministrativo No. 202400020 con el propósito de «aunar esfuerzos administrativos y económicos para el fortalecimiento de la gestión de seguridad y convivencia ciudadana en la jurisdicción que comparten el distrito de Barranquilla y el área metropolitana de Barranquilla en el departamento del Atlántico».
En la parte motiva del convenio interadministrativo reconocen que la tasa de seguridad en la práctica no funciona para los fines que fue creada. En un párrafo de su artículo 7 dan las tenebrosas cifras de su fracaso en materia de seguridad y disposición de los fondos recaudados por la tasa de seguridad:
«Durante el año 2023 en el departamento del Atlántico se registraron un total 725 casos de homicidios, esta cifra representa un incremento del 7% con 48 casos más al ser comparado con los homicidios presentados en el año 2022; en cuanto a las lesiones personales encontramos una reducción del 5% con 194 casos menos en este último año, del mismo modo las denuncias por hurto a comercio presentaron una disminución del 34%, con 775 casos menos en 2023 en comparación con 2022; los demás hurtos: a personas, a residencias, a motocicletas y a vehículos mostraron incrementos del 8%, 20%, 14% y 1%, respectivamente. En lo que respecta al delito de extorsión durante el año 2023 se registraron en el departamento del Atlántico un total de 1.221 denuncias, esto refleja un aumento significativo del 90% con 579 casos más que los reportados en el año 2022. Es importante anotar que los municipios que integran el Área Metropolitana de Barranquilla aportan el mayor número de ocurrencia de delitos en su territorio y que para el año 2023 se obtuvo las siguientes participaciones según el tipo: En el caso de los homicidios, el área metropolitana registra una participación sobre el total de los casos del 93%, lesiones personales del 86%, hurto a personas del 97%, en el delito de hurto a comercio una participación del 91%, en hurto a residencias del 82% y en los delitos de hurto a motocicletas y vehículos del 93% y 96% , respectivamente. Finalmente, en el área metropolitana de Barranquilla se registraron el 94% de los casos de extorsión, sobre el total de los reportados en el departamento. Lo anterior se evidencia en la información del análisis estadístico de delitos de impacto en el área metropolitana de Barranquilla, datos comparativos 2022 vs. 2023, documento que hace parte del estudio previo. Lo anterior es fundamental para entender los fenómenos delincuenciales y tomar las acciones que corresponden para abordar las problemáticas de seguridad y convivencia».
Según informaciones de diversas fuentes la cesión de una parte de la tasa de seguridad de la gobernación del Atlántico a la alcaldía de Barranquilla surgió en la campaña electoral. Tan seguro estaba de lo anterior Alex Char que tal acuerdo se cumpliría sin ningún problema que durante su discurso de posesión en diciembre del 2023 mencionó estos recursos como paliativos para la creciente inseguridad en Barranquilla con el airado reclamo de algunos diputados que denunciaron que el alcalde estaba obrando en un tema fuera de sus competencias administrativas. Nada menos que $78.000 millones de pesos engrosaran las finanzas de a la administración distrital que bien puede paliar sus afugias en materia presupuestal.
¡A movilizarnos el 11 de Abril!
Los datos que no quieren entregar
Pero allí no paran los litigios y las controversias sobre la tasa de seguridad, su recaudo y destinación. El 22 de agosto de 2023 el abogado Herman Garrido presentó en el juzgado 61 administrativo de Bogotá una acción de pedido de información no suministrada en contra de la empresa A-ire , colocando como vinculados a la gobernación del Atlántico, asamblea del Atlántico y terceros indeterminados que muestran los enigmas y misterios que hay alrededor del recaudo y disposición de la tasa de seguridad. El accionante solicitó una información en donde requería las siguientes informaciones:
1.En qué municipios del departamento del Atlántico se viene incluyendo en la factura del servicio de energía eléctrica la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.
2.Copia del convenio y/o instrumento suscrito con la gobernación del Atlántico para incluir en la factura del servicio de energía eléctrica la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, efectuar su recaudo, descontar el porcentaje pactado por el servicio de facturación y recaudo y girar los excedentes a la gobernación del Atlántico.
3. Mes a mes, desde el mes de octubre del año 2020 a la fecha, cuál ha sido el monto del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana para cada uno de los municipios del departamento del Atlántico donde se viene incluyendo en la factura del servicio de energía eléctrica dicho concepto.
4. Mes a mes, desde el mes de octubre del año 2020 a la fecha, cuál ha sido el costo cobrado por A-ire ESP para cubrir los gastos de emisión y reparto de las facturas para el cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana para cada uno de los municipios del departamento del Atlántico donde se viene incluyendo en la factura del servicio de energía eléctrica dicho concepto.
A-ire ESP fue notificada del petitum el cual fue leído; según información digital, el 26 de agosto de 2023. Dentro de los términos legales no respondió a los requerimientos en respuesta a las preguntas presentadas.
A la gobernación del Atlántico el abogado Garrido envió otro cuestionario solicitando las siguientes informaciones:
1.En qué municipios del departamento del Atlántico se viene incluyendo en la factura del servicio de energía eléctrica la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.
2.Copia del convenio y/o instrumento suscrito entre la gobernación del Atlántico y A—ire y/o los recaudadores de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana para incluir en la factura del servicio de energía eléctrica la citada tasa, efectuar su recaudo, descontar el porcentaje pactado por el servicio de facturación y recaudo y girar los excedentes a la gobernación del Atlántico.
3.Mes a mes, desde el mes de octubre del año 2020 a la fecha, cuál ha sido el monto del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana para cada uno de los municipios del Departamento del Atlántico donde se viene incluyendo en la factura del servicio de energía eléctrica dicho concepto.
4.Mes a mes, desde el mes de octubre del año 2020 a la fecha, cuál ha sido el costo cobrado por A-ire para cubrir los gastos de emisión y reparto de las facturas para el cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, para cada uno de los municipios del departamento del Atlántico donde se viene incluyendo en la factura del servicio de energía eléctrica dicho concepto.
5.Copia auténtica con constancia de publicación y/o ejecutoria del Decreto Ordenanza No. 000545 de 2017 compilatorio del estatuto tributario departamental mediante la cual se dispuso que la tasa de seguridad y convivencia ciudadana se le cobrara a los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica regulados y no regulados; y los auto consumidores en calidad de autogeneradores y cogeneradores de energía eléctrica, en jurisdicción del Departamento del Atlántico.
6.Certificar si los actos administrativos que crearon y/o modificaron la tasa de seguridad y convivencia ciudadana han sido demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa y/o ante cualquier otra jurisdicción. En caso afirmativo, solicito copia de las demandas con sus anexos, las contestaciones y los fallos que se hubiesen emitido, indicando si aquellos se encuentran ejecutoriados.
La gobernación del Atlántico respondió el 30 de agosto de 2023 pero eludió las respectivas respuestas a la requisitoria. A raíz de estas negativas constitucionales de entregar información dentro de los términos que fija la ley, el abogado Garrido inicia una acción de cumplimiento ante el citado juzgado 61 administrativo de Bogotá. El proceso sigue vivo en medio de los debates sobre la inconveniencia del recaudo de la tasa de seguridad en las altas tarifas de energía eléctrica frente a la cruda realidad de la inseguridad por la criminalidad desbordada.
Ahora un tercero determinado por un convenio interadministrativo es la alcaldía de Barranquilla que pasa a la condición de accionado en el destino de los recaudos de la tasa de inseguridad por cesión expresa de la gobernación del Atlántico mientras crecen las críticas de la ciudadanía por el cobro desmedido en la tarifa de energía.
