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 El esquema de procedimiento del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en sonados casos nacionales es sospechosamente parecido. Ante problemas de funcionarios públicos reñidos con el Código Disciplinario único se mueve con sigilo de animal en caza, despacio, auscultando la opinión de las redes sociales y la magnitud del caso planteado. Cuando estos foros públicos se encuentran a punto de ebullición y es evidente que hay un perfil de consenso de responsabilidad de los funcionarios implicados a través de medios de comunicación, twitter y Facebook, allí entra el procurador en tono justiciero a intervenir para calmar a las multitudes.

No son conjeturas, suposiciones ni mucho menos injurias a la majestad de la figura política que encarna el Procurador Carrillo. No. Es una metodología que a fuerza de repetirla se le desgastó y la prueba de esta afirmación es precisamente este artículo con los ejemplos precisos y concretos que se expondrán. Cinco en total, pero que por supuesto pueden ser muchos más.

  1. El caso del asesinato de la líder María del Pilar Hurtado en Tierralta, Córdoba

A raíz de los procesos de narcotráfico y paramilitarismo en la zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, se generó un proceso de desplazamiento de sus habitantes que culminó con la invasión de cinco hectáreas en el centro de Tierralta. Estos terrenos en donde se asentaron los habitantes pertenecen a Fabio Leomar Otero Paternina, padre del actual Alcalde de Tierralta, Fabio Otero, médico militante del partido Centro Democrático.

Los lotes lo consiguió por permuta Otero padre, con cédula de ciudadanía 15.605.783, de la empresa Urra a través de escritura pública #315 otorgada por la Notaría única de Tierralta. Le dieron 17 hectáreas con 5.856 metros cuadrados segregados de los predios Nueva Orleans y Campamento. A su vez Urra ESP recibió de Otero 17 hectáreas 5.856 metros cuadrados por el predio Lucero utilizados por la empresa en la construcción de la variante que conduce a la central hidroeléctrica.

El Alcalde Otero Avilés, el 30 de mayo, en el Consejo de Seguridad municipal dio instrucciones a la policía para la recuperación del predio de su padre con la anuencia del secretario de Gobierno Willington Ortiz. Los hechos se desencadenaron con el asesinato de una de las líderes de la invasión de tierras, María del Pilar Hurtado, produciendo un llanto amargado y desesperado de su hijo registrado por un video que recorrió al país y al mundo por su alta carga conmovedora.

Al día siguiente, pese a la magnitud nacional del hecho, aparece una comunicación del secretario de gobierno encargado de la Alcaldía, Willington Ortiz Naranjo, colocado allí para desviar la atención sobre la cuota de responsabilidad del alcalde titular Otero en los sangrientos hechos.

Aparecen firmando la comunicación la personera municipal María Alexandra Torrado Negrete, el defensor comunitario Víctor López, el comandante del distrito de Policía de Tierralta mayor David Quintero Ibarra y el jefe de la Sijín de Tierralta intendente Amet Díaz, acompañados de Manuel del Cristo de Río Velásquez esposo de María del Pilar Hurtado Montaño desvirtuando las afirmaciones en redes sociales en el sentido que la asesinada no era ninguna líder social y en consecuencia, no tenía relación con las tierras invadidas del padre del Alcalde Otero.

Posteriormente la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en donde señaló que ningún representante suyo estuvo en la citada reunión.

En medio de las presiones en redes sociales y en los medios de comunicación aparece la Procuraduría investigando irregularidades en el control del orden público originada por la invasión de lotes, con apertura de investigación disciplinaria y una suspensión por tres meses del cargo del alcalde Otero considerando que “la permanencia de Otero podría interferir con el proceso disciplinario ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración para la recuperación de uno de los predios invadidos”.

Un asunto gravísimo. Con asesinato, claro favorecimiento a familiares, sin emitir una declaración en donde debería declararse el alcalde impedido para el conocimiento de los asuntos del predio invadido, manipulando torticeramente la verdad al indicar que no era una líder social la difunta Hurtado, justificando o minusvalorando el crimen en donde el alcalde y su familia son protagonistas.

El procurador Carrillo lo suspendió por tres meses mientras “adelanta la investigación” que seguramente culminará, tras el paso del temporal, con un reintegro del alcalde a su puesto mientras “continúa abierta la investigación”.

  1. El caso del Rector Carlos Prasca de la Universidad del Atlántico

Otro caso de resonancia nacional con controversiales decisiones de la Procuraduría General de la Nación fue el del rector de la Universidad del Atlántico Carlos Prasca en donde diversos audios lo muestran implementando una red de tráfico sexual con estudiantes de la institución dentro de las oficinas administrativas a cambio de prebendas académicas, burocráticas y económicas que perfila sin ningún problema en el tipo penal de proxenetismo.

De extrema gravedad pues el ejercicio de la pedagogía, y por ende sus posiciones directivas deben surtirse, según precisas directrices constitucionales, en manos de personas de reconocida idoneidad ética. El Estatuto de Ética de la Universidad del Atlántico, con fuerza vinculante probatoria con el Código Disciplinario de los servidores públicos, expedido por el Consejo Superior bajo el número 000011 del 28 de noviembre de 2008 señala su finalidad:

Fomentar el respeto por el marco normativo institucional y una cultura transparente que prevenga actos contrarios a la ética y demás prácticas que vayan en contravía a una gestión honesta y eficiente.

El mismo estatuto de ética previene sobre el concepto de honradez:

Los servidores públicos de la Universidad del Atlántico deben actuar con probidad en su conducta personal, en el desempeño de sus funciones, relaciones interpersonales con los demás funcionarios y los usuarios del servicio público que están llamados a prestar.

Lo curioso del caso es que el mencionado Estatuto de Ética fue sancionado por Eduardo Verano de la Rosa en su primera gobernación y ahora, como presidente del Consejo Superior de la Universidad, se le olvidó lo que firmó.

Pues bien, el procurador envió cartas –entre ellas a Corrupción al Día– para que le suministraran información sobre audios, pidió testimonios suspendiendo al inmoral Prasca –el termino no constituye injuria ni maledicencia– de las funciones rectorales por tres meses mientras recababan material probatorio que debía, por fuerza mayor de hechos de público conocimiento y nunca desvirtuados, culminar con la destitución de Prasca.

Pero así no sucedió. Por el contrario, se les olvidó pedir audios, no recibían información de los implicado, no enviaron notificaciones para recepcionar pruebas y al filo de los tres meses, en una decisión ajustada a negociaciones burocráticas politiqueras de cambio de posiciones, la procuraduría regional reintegró orondo a sus funciones al cuestionado rector que empezó una remoción de parte de la cúpula administrativa para cumplir los pactos suscritos con la procuraduría regional del Atlántico y su jefe político.

Los estudiantes han encabezado en la última semana una recolección de firmas –van 10.000– con el propósito de enviar una petición al procurador Carrillo –ya que consideran que la regional del Atlántico se encuentra cooptada por políticos– y el proceso disciplinario se mueva a Bogotá para desvincular definitivamente a Prasca de su posición rectoral.

Igualmente, 32 profesores de esta universidad firmaron y enviaron una carta documentada al procurador Carrillo, pidiendo el traslado del proceso disciplinario a una Procuraduría Delegada en Bogotá para que “de forma objetiva siga su curso y se establezcan las responsabilidades que ameritan la gravedad del asunto”.

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Pese a las públicas denuncias sobre la sospechosa e irregular actuación de la Procuraduría sobre estos hechos y que hay acusaciones muy serias sobre su gestión y parcialidad en este caso, ninguno de sus representantes, ni en el Atlántico ni nacionales, has desmentido las denuncias. Bien lo dice el dicho: “El que calla otorga”.

  1. Gloria Ortiz, militante del Centro Democrático, directora de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural

Claudia Sofía Ortiz Rodríguez fue una de las candidatas polémicas al inicio del gobierno de Iván Duque cuando fue nombrada en septiembre de 2018 para ocupar el cargo de directora de la Unidad Nacional de Protección debido a que en diversas comunicaciones había mostrado un abierto sesgo ideológico político en contra de las víctimas que supuestamente debería proteger.

Al final, el presidente Duque dio un reversazo del nombramiento de la abogada boyacense vinculada al sector del partido Centro Democrático liderado por el senador Ciro Ramírez.

Duque no se amilanó con el compromiso nombrándola en la jefatura de la Agencia de Desarrollo Rural, pese a que el Ministro de Agricultura Andrés Valencia conceptuó que carecía de la experiencia para desempeñar el cargo. Eso no importó y al final fue nombrada contra viento y marea, presentando débiles soportes de trayectoria profesional.

En marzo de 2019 el Procurador Fernando Carillo la suspendió por tres meses abriendo expediente disciplinario a Gloria Ortiz por la participación indebida en política apoyando, a través de eventos oficiales de la Agencia de Desarrollo Rural la precandidatura por el Centro Democrático de Guillermo ‘Mono’ Sánchez, aspirante a la gobernación de Boyacá.

La Fiscalía General de la Nación, el 13 de junio de 2019, a través de oficio del CTI, conminó a la Agencia de Desarrollo Rural a que remita a la Fiscalía 5° de Duitama “los actos administrativos de nombramiento y acta de posesión” de Ortiz.

Pasados los consuetudinarios tres meses de suspensión tras el escándalo por la carencia de idoneidad de la funcionaria y sus transgresiones disciplinarias por participación en actividades políticas, nuevamente se reintegró Gloria Ortiz a la jefatura de la Agencia de Desarrollo Rural.

  1. La burla a los ciudadanos de Honda

En septiembre del año 2018 un grupo de ciudadanos de Honda (Tolima) se reunió en Bogotá con el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, preocupados por la corrupción que se había apoderado de la ciudad de Honda, como el robo del PAE, la venta empresas públicas a Triple A, y muchos  contratos indebidos y sospechosos, etc.

Carrillo, según le consta a la comisión de ciudadanos de Honda, envió un mensaje de urgencia al procurador provincial sobre los temas conversados.

En noviembre circularon unos audios en Honda, donde funcionarios de la alcaldía expresaban que el alcalde se había enterado de la reunión de la comisión de ciudadanos en la procuraduría.

Los audios revelaban que el alcalde Juan Guillermo Beltrán Amórtegui había hablado con Emilio Martínez su padrino político, y amigo personal del procurador Carrillo, para que hiciera nombrar un procurador de “bolsillo” de apellido Triana.

Unas semanas después aparecieron en las redes las fotos de una reunión social en El Espinal, con Emilio Martínez, el alcalde de Honda, y el procurador Fernando Carrillo, lo que puso en alerta a los ciudadanos denunciantes de la corrupción en esta ciudad.

El martes 26 de noviembre de 2018 la comisión de ciudadanos de Honda volvió a reunirse con el procurador Carrillo, quien los atendió en su despacho en compañía del Viceprocurador y su jefe de prensa. En esta reunión el Procurador dijo que no conocía al alcalde, pero sí a Emilio Martínez.

Carrillo fue enfático en que no cambiaría al procurador provincial que estaba investigando al alcalde y que no se iba a prestara para ninguna maniobra ilegal. Así el procurador Carrillo envió un mensaje de tranquilidad a la población y dejó registro fotográfico de esa reunión.

El juicio disciplinario al alcalde de Honda

En los primeros días de abril de 2019 el Procurador Provincial de Honda, Pedro Jesús Núñez Castellanos,  citó a audiencia de imputación al alcalde de Honda (por primera vez pasaba algo en una región donde nunca a pasaba nada) Juan Guillermo Beltrán, y a dos funcionarios más, los notificaron por edicto ya que habían evitado por semanas que los notificaran personalmente.

Juan Guillermo Beltrán, alcalde de Honda.

La primera audiencia fue el 23 de abril de 2019. Allí el alcalde Beltrán con su abogado, solicitaron aplazar la diligencia para enterarse bien del proceso. Se aplazó para el 3 de mayo, pero entonces comenzaron a filtrarse más audios donde se hablaba que el alcalde estaba nervioso pero que le habían asegurado que le cambiarían el procurador antes de cualquier fallo.

“En Bogotá están trabajando en eso en la PGN, Sammy Mereck, y Emilio Martínez”, se escucha en los audios.

En la audiencia publica del 3 de mayo, el alcalde y su abogado reconocieron la falsedad pero alegaron ausencia de dolo, y pidieron se aplazara de nuevo la diligencia para aportar pruebas, solicitaron 64 testigos en un claro acto de dilatar.

La postergan para el 10 de Mayo, pero ese día presentaron excusas de los testigos, se enfermaron todos, por lo cual se aplazó para el 28 de mayo.

Días después se hizo pública el nombramiento del 8 de mayo de 2019 de la nueva procuradora provincial que iba a reemplazar al actual, y por tal motivo no se pudo realizar las audiencias programadas, pues debe conocer el tema primero, lo que le llevara meses,

El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, le incumplió y mintió a toda al ciudadanía de Honda y el Norte del Tolima, pudieron más las artimañas y palancas de un alcalde cuestionado por corrupto para cambiar a su juez natural a su acomodo, un alcalde denunciado por el mal manejo de los recursos del PAE y el transporte escolar entre muchos delitos más, motivo que hace que los niños tengan que abandonar su escuela y prostituirse  en la carretera como lo cuenta el documental Los Angeles Azules, filmado precisamente  en esa ciudad y exhibido en España.

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