El 29 de enero de 2021 el Contralor General de la Nación Carlos Felipe Córdoba reveló una cifra dramática. Lo que pierde el país al año por causa de la corrupción administrativa en una sesión semipresencial de la Corte Constitucional. El monto total equivale a dos de las reformas tributarias que pretendía implementar el gobierno de Iván Duque, una cantidad que equivale el 17% del presupuesto general de la nación que el pasado año pandémico fue de $303 billones. Solo en pérdidas de regalías las cifras llegaron el año pasado a $1,3 billones.
Aunque comúnmente se cree que los mayores contratistas del gobierno colombiano son las empresas de infraestructura, se tienen plenas pruebas que hay otras en diversos sectores con facturación que las superan ampliamente. Por ejemplo, en el sector de logística militar, apoyos educativos, sanitarios y la implementación de redes y equipos de tecnología de comunicaciones como es el caso que expondremos del mega contratista Funtic-Novatic, dos entidades nominales y una sola en la práctica.
En diciembre de 2018 la Contraloría anunció la implementación de la plataforma Océano, una especie de big data que reúne secops, sireci, informaciones tributarias (NITS), direcciones, nombres de los responsables legales, objeto de contratación y mucho más. Todas estas informaciones se entrecruzan en la citada plataforma ofreciendo interesantes datos. Por ejemplo, los nombres se repiten en diversos negocios figurando en algún momento como contratistas, luego como interventores o sus representantes legales. Son uniones temporales o consorcios alternando nombres de empresas, marcas –ya lo veremos en el caso Funtic-Novatic–, con similares direcciones y que tratan de camuflarse o esconderse tras parapetos legalistas, pero en definitiva son los mismos.
La Contraloría revisó 4.5 millones de contratos en la plataforma Océano con un costo de $441 billones de pesos. De ese gran total, $147 billones (33,7% de la contratación estatal), se encuentran concentrados en estas difusas mallas empresariales. La más gigantesca de estas mallas tiene 13.203 integrantes con 113.000 contratos con una suma de negocios de más de $60 billones de pesos. Esta red mencionada tiene el 13.8% de la contratación del país entre los años 2015 y 2018.
La Contraloría hizo un rastreo por regiones para dilucidar la organización y funcionamiento de estas mallas y cuantos contratos han conseguido en los recientes años. Allí están siempre, prestos, apostándole, sirviendo de pivote, de testaferros, de la entrega de coimas a los funcionarios permitiéndoles cada vez mayores niveles de contratación. Incluso se han perdido los límites de la vergüenza pública y la transparencia administrativa pues algunos de estos entes se encuentran severamente cuestionados y sin embargo, siguen ganando contratos, ya sea por licitaciones amañadas o por contratos directos.
Según la Contraloría, en la región Caribe existe una de las mallas más sólidas –por concentración de poder político en unos grupos puntuales– con 41.029 contratos por $20 billones de pesos. El mayor contratista, según el ente de control, es la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics) con contratos –hasta el 2018- que superan los $3 billones de pesos. Ahora es una cantidad mucho más con los entregados por el Mintic en el 2020 para proveer de internet a escuelas, poblaciones y otros.
Los socios de Funtic y su millonaria historia
El nombre inicial del ente era Fundación Nuevas Tecnologías de la Información en Colombia, cobijado bajo la figura cómplice de “fundación”, o sea de entidad sin ánimo de lucro. Tiene el NIT 9004858610 y en los momentos iniciales su sede o domicilio era la carrera 42 No. 78B-113 edificio de viviendas Palma Vela, en el barrio Ciudad Jardín de Barranquilla. Una empresa con tantos contratos funcionando en un apartamento de un barrio clase media alta? Esa es la primera suspicacia que surge. Después se mudaron al mismo sector, o colocaron una nueva dirección, en la calle 83B No. 42D-201. Otra dirección, la última de Funtics, ahora Novatic, los ubica en la calle 77B No. 57-103 Of. 1803 edificio Green Tower.
Los socios iniciales fueron Juan Carlos Cáceres con CC. 13540884 y Shirley Castellar (su esposa), Ronald Leonardo Cáceres con CC. 91521140 y Harold Núñez Aguirre con CC. 22889177. El cerebro de Funtics y Novatic es Juan Carlos Cáceres –por lo menos es lo que parece– un bumangués que ha desarrollado todo su emporio empresarial desde el 2011 en Barranquilla. Ese año se graduó como tecnólogo en sistemas de la Corporación Universitaria de Desarrollo e Investigación, UDI, en la capital de Santander.
Antes de su graduación ya estaba trabajando en el negocio desde 2008, lo que muestra que tras percibir las posibilidades del negocio debía reforzarlo con un cartón académico que lo acreditará. O se percató que tenía mayor credibilidad mostrando un cartón expedido por una entidad de educación técnica. Por ello fue contratado por Media Commerce, una empresa telecomunicaciones con sede en Barranquilla como director comercial regional. La primera inconsistencia del cuento laboral-educativos es si trabajaba en Barranquilla, como logró graduarse en esos mismos años en Bucaramanga?
Las zonas de movimiento de Cáceres fueron la costa Caribe y los santanderes, en especial, el norte. En esa empresa trabajó hasta marzo de 2010, reapareciendo en noviembre de 2011, ya con el cartón debajo del brazo y con empresa propia creando la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información, Funtics. La idea de fundación era su aparente ausencia de lucro con un capital inicial de $50 millones de pesos. Los primeros contratos los hizo como subcontratista de Asproa (una asociación sin ánimo de lucro de Riohacha que ha contratado suministro de Internet allí) y de Tricom (empresa que suministra internet en varios municipios de Norte de Santander).
Los objetivos y misión de Funtics: “Somos una empresa enteramente colombiana, que nació del interés de un grupo de experimentados con el objetivo fundamental de desarrollar todo su potencial técnico y humano, enfocándose en el diseño, desarrollo, de productos y servicios con valor agregado para las áreas de las Telecomunicaciones buscando el beneficio social y la apropiación de las tecnologías en las diferentes regiones del país. Contamos con los conocimientos y el apoyo de un equipo de trabajo especializado para ofrecerle nuestro portafolio de productos y servicios, seguros de convertirnos en su mejor proveedor por calidad, servicio, cumplimiento, garantía y precio”.
Historial de contratos y problemas
Con tan solo un año de creada, la empresa de telefonía fija de Barranquilla Metrotel –hoy propiedad de Movistar, creada mediante Escritura Pública No. 1586 del 9 de mayo de 1994 otorgada en la Notaría 5a del círculo de Barranquilla– le encargó a Functics dos contratos que valían la suma de $6.500 millones. Bastante para esa época.
Tal es el estilo de su creador Cáceres, el próximo contrato saltó desde Barranquilla a la Universidad Francisco de Paula Santander (La Pachito) de Cúcuta y Ocaña en una de las ejecuciones del programa del Mintic Vive Digital durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Regresa entonces a Barranquilla en un contrato con la Alcaldía de Soledad y con el municipio de Maicao en la Guajira. Dos centros urbanos ampliamente conocidos a nivel nacional por sus problemas de corrupción administrativa.
Según se desprende de varias informaciones el contrato tenía como objeto el suministro de internet, el cableado de redes y su instalación en colegios públicos. Igual hizo con la alcaldía de Cúcuta y la gobernación de Norte de Santander. La suerte le sonría de tal modo que Funtics pasa en papeles de tener un capital de $50 millones a uno de $140 millones declarando sus socios que poseían el capital para recapitalizarla. En los cuatro contratos anotados; los dos de Norte de Santander y Maicao fueron el único oferente y solo participaron en proceso de selección en el de Soledad.
El 2015 fue un año de ascensos para la empresa de Cáceres. En el departamento de Norte de Santander se ganó cinco contratos, más otros dos en Arauca y Maicao. Los ingresos fueron de $35.820 millones en el sector público, lo cual quiere decir, $31 mil millones más que el año anterior. Vida maravillosa la de los empresarios que ganan estos contratos multimillonarios sin competencia. Durante la gobernación de Edgar Díaz en Norte de Santander, de Cambio Radical, grupo con el que mantiene muy buenos nexos, tuvo su mayor corone en esos tiempos. Un contrato por $13.000 millones para suministrar internet en 300 colegios a todo lo largo y ancho de ese departamento.
Nuevamente hubo aumentos de capital entrando un nuevo socio y así, lentamente Funtics fue creciendo, expandiéndose por toda la región Caribe, en desarrollo de su objeto social bajo la mampara de la figura jurídica de la fundación, pues su carencia de ánimo de lucro le daba aptitud legal para recibir contratos bajo figuras como convenios de apoyo a programas de interés público, asistencia y asesorías.
En realidad, era una ingeniosa salida jurídica profusamente utilizada por parte de las administraciones para evadir convocatorias y licitaciones públicas de selección buscando los mejores proponentes produciendo en consecuencia un engranaje de mordidas, coimas, comisiones a los encargados de entregarles los contratos. Ante el evidente abuso de la figura jurídica de la fundación para efectuar contratos una directriz en el 2017 del Departamento Nacional de Planeación prohibió su uso cuando en el mercado existieran empresas que podrían competir en la prestación del servicio contratado.
Entre los años 2014 y 2015 Funtics estuvo al frente de 17 contratos con un costo total de $64.597 millones en proyectos de conectividad de internet y suministro de equipos que permitieran instalar ese tipo de redes. De todos, 16 se los adjudicaron a dedo o en licitaciones con único oferente.
El más grande se lo dio, directamente, en gobernador del Magdalena Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, por $24.000 millones y que por tal hecho fue investigado por corrupción. Un contrato fue entregado por el entonces gobernador de la Guajira José María Ballesteros Valdivieso por $10.000 millones, al que encarcelaron por un contrato para la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y un contrato para la investigación del dengue. Otro entregado directamente por el gobernador de Córdoba Alejandro Lyons por $4.000 millones, personaje delincuencial de marca mayor vinculado como testigo clave al ‘cartel de la Toga’ y acusado de desfalcar el departamento por el ‘cartel de la hemofilia’ con la adjudicación irregular de varios contratos.
Funtics hacía negocios con gobernadores cuestionados por sus actuaciones por la Fiscalía y Procuraduría. Para decirlo en palabras mansas: nadaba con holgura en aguas corruptas. En el 2016 esta empresa ejecutó entre Norte de Santander, gobernación del Tolima y el Caribe 14 contratos, 10 de ellos recibidos de forma directa como único oferente con un gran total de los negocios de $36.000 millones.
En el caso del Tolima le suspendieron el contrato por inconsistencias y disminución de su alcance. En Córdoba, municipio de Lorica, indicaron que le habían cancelado a Funtics para conectar a 43 colegios y solo lo hizo con algunos.
Entre 2017 y 2018 la empresa Funtics se encuentra consolidada como una de las grandes contratistas del Caribe según reportes de la Auditoria General de la Nación quedándose con la ejecución de 22 contratos por $44.000 millones. De esos, 12 contratos por $10.000 millones, 8 fueron hechos de forma directa con único oferente y en los otros cuatro ganó porque la competencia no presentó la respectiva documentación.
La Contraloría señala que recursos con el que se les iba a mejorar el internet, se le dieron a gobernaciones y empresas que nunca prestaron el servicio. Por ello en el 2020 muchas de estas redes chuecas, mal hechas o diseñadas, fracasaron en conectividad durante la pandemia. Por lo general los dineros surgían del pago de regalías destinadas a crear y afianzar puntos y nodos de conexión en escuelas y bibliotecas públicas de la Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Meta.
La Contraloría, en enero de 2020 presentó un comunicado –mucho antes de la licitación y adjudicación- en donde hizo su denuncia: “$55 mil millones de pesos se desvanecieron cuando las gobernaciones contrataron de forma directa a la empresa Funtics para proveer esos servicios, que se pagaron doble vez o que nunca se materializaron”. ¿Pronóstico o estaban informados de los pasos previos de la contratación que se dio en septiembre?
Para Iván Sánchez Arango, delegado para las TIC de la Contraloría, hay una explicación para encontrar los detalles técnicos dónde estuvieron las irregularidades: “se contrató una cantidad de megas que se tenían que entregar a cada colegio y que realmente no se entregaron. Eso significó que se dejaron de entregar 50,223 megas a estas instituciones educativas. Con esa cantidad de megas hubiéramos podido darles conectividad a más de 5000 colegios”.
Dice también el informe de la Contraloría que también se pagaron más de $9 mil millones de pesos por servicios de internet que nunca se utilizaron. Según Sánchez, delegado ante las TIC “No puedo yo llegar a contratar un servicio de internet cuando los muchachos no están, pero así se pagaron y eso le significó al Estado $9.405 millones de pesos”.
Según el informe de la Contraloría Funtics les cobraba un valor millonario a las gobernaciones por una cantidad de megas, que luego las compraban a proveedores por menos valor y se quedaban con el dinero restante.
Otros hallazgos fueron los llamados elefantes blancos virtuales. Las gobernaciones de Nariño y Norte de Santander pagaron plataformas de “software” para bibliotecas virtuales y servicios educativos digitales que después de cancelado por más de $15 mil millones de pesos todo quedó arrumado y obsoleto. Esa misma tipología conductual la repiten en otros departamentos en donde tienen contrataciones colocando en riesgo $100.000 millones de pesos adicionales por detrimento patrimonial.
No son ninguno angelitos cibernéticos los que “premió” con el contrato de más de un billón de pesos la Ministra de Tecnologías de la Información Karen Abudinem.
El caso Niutelco con la gobernación del Norte de Santander
El 23 de agosto de 2019 la Procuraduría General de la Nación suspendió al gobernador de Norte de Santander William Villamizar y la gerente de la empresa Niu Telco S.A.S. Se trataba de un contrato de bilingüismo en ese departamento que se daría por espacio de 3 meses. Villamizar era, aparte de gobernador, presidente de la junta directiva de la empresa de economía mixta Niu Telco con quien se celebró el contrato de $11.998 millones.
El clásico contrato yo con yo pero con una característica adicional que era el de tener contextura de empresa de economía mixta (privada-publica) pues del otro lado del privado, está Funtics. La investigación cobijó también a la representante legal de Niutelco Mayret Zoraida Niño Moreno por vulneración del ordenamiento jurídico e irregularidades en la formación, adjudicación y celebración del contrato interadministrativo No. 00740 del 22 de marzo de 2019.
En septiembre, todavía con el gobernador suspendido, se presentaron denuncias sobre unos tipos de tretas jurídicas basadas en alianzas interadministrativas hechas de forma abiertamente irregular creando empresas mixtas con el objetivo de evadir la Ley 80 de contratación administrativa.
La empresa Nuevas Tecnologías Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones, Niu-Telco S.A.S., fue creada como empresa público-privada, pero que en sus funciones figura como pública, lo que le permite obtener beneficios tributarios y de otras características. El socio privado de esta empresa es Cáceres, dueño de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), “que igualmente ha venido contratando con la Gobernación de Norte de Santander”, y que además estaría vinculada a casos de contratación en la Guajira, por los cuales el gobernador de ese departamento también está suspendido”. Al final la Procuraduría le amplió el periodo de suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2019 y por tanto no pudo culminar su periodo tal como ocurrió en su primera administración cuando la Contraloría los suspendió 15 días antes de terminar su periodo.
Lo curioso del caso es que la gobernadora encargada de Norte de Santander posesionada el 30 de agosto de 2019, Sonia Arango Medina, se descubrió que en el respectivo registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta figuraba la funcionaria como miembro suplente de la junta directiva de Niu Telco S.A.S.
Es interesante presentar la evolución administrativa empresarial de NiuTelco S.A.S. pues desde 2017 el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar empezó a cranear, seguramente con los auspicios de Cáceres que le presentaba las ventajas y el “know how” –por lo menos en apariencias- del negocio, con carácter de economía mixta (pública-privada) para instalar, operar y mantener las redes de telecomunicaciones de ese departamento.
Para ello le pidió autorización a la Asamblea del departamento para que el Instituto Financiero del Norte de Santander (IFINORTE) emprendiera la búsqueda de un socio privado para ejecutar el proyecto con una participación del 49%. Muy buena inversión pues lo dejaba recibiendo el 49% de utilidades durante 25 años y además –y esto es lo verdaderamente importante- abría una puerta esencial: la capacidad de contratar directamente, sin licitaciones, con el sector público de todo el país. Por supuesto que la convocatoria se encontraba teledirigida para que Funtics fuera la entidad ganadora.
En la gobernación de Villamizar iba por la friolera de 12 contratos ejecutados por $ 41 mil millones para instalación de redes y suministro de internet.
Funtics al final fue el escogido y en julio de 2017 la constituyeron con un capital de mil millones bajo el nombre de Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones, Niutelco SAS, y el 6 de agosto la matricularon en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Con los planes naranja de Iván Duque en presidencia mejoró el negocio ya que el Plan de Desarrollo les estableció a este tipo de empresas de telecomunicaciones 5 años de exención de impuesto a la renta.
Lo cierto es que en la empresa Niu Telco, de economía mixta, el control lo tomó de salida Juan Carlos Cáceres a través de Funtics, colocando en la junta directiva a personal de confianza: Cáceres por supuesto y su hermano Ronald con los suplentes Carlos Paramo Samper –un abogado que fue asesor de la Alcaldía de Barranquilla- y Luis Alejandro Caballero, un psicólogo de Bucaramanga.
La gerencia de la empresa de economía mixta la ejerció José Rafael Lastre Vergara, coordinador de proyectos de Functics, y luego fue designada Mayret Niño, que venía de Metrotel quien certificó la experiencia de Funtics cuando esta empresa inició. El subgerente Robert Gómez había trabajado en Funtics y revisoría fiscal Mayvel de la Salas quien desempeñaba el mismo cargo en Funtics. En fin, la participación de la gobernación del Norte de Santander en la junta directiva desapareció.
Pero luego descubrieron que había un filón para explotar que no estaba en su objeto social de redes y servicios y era la implementación del bilingüismo en proyectos educativos. Este tipo de contratos tumbaron a los gobernadores de la Guajira (Hernández) y Norte de Santander (Villamizar) cada uno por cuantía de $11.000 millones.
Los enredados con las redes y el bilingüismo
El 3 de agosto de 2019, a la entonces gobernadora de la Guajira Oneida Pinto, del partido Cambio Radical –ya decíamos que esta agrupación tiene relación con parte de los negocios de Cáceres- se le formularon cargos por irregularidades en un contrato de $20.000 millones suscrito con Funtics porque al proceso licitatorio –otra de las mañas de Funtics–, solo acudió un proponente, esta empresa. Fue firmado por la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto en abril de ese año por $20 mil millones para instalación de internet en el departamento.
El objeto del contrato era la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”, indicando en su resolución la Procuraduría que “al parecer se habrían desconocido los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que el proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera“. Otros cobijados con la medida fueron la exsecretaria de Educación, Bely Géneco; el exdirector Operativo, Gilbert Meza Cerchar, y el asesor profesional Gerardo Cujía Mendoza.
El 29 de agosto de 2019, dos meses después de haber sido encargado por el presidente de la republica a Wilbert Hernández Sierra como gobernador de la Guajira tuvo su primer escollo por fondear un contrato de $11.415 millones de pesos para el proyecto denominado “fortalecimiento de las competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento”.
Así que la Procuraduría abrió la investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por 3 meses al gobernador (E) Hernández Sierra. El asunto, ya contado en Norte de Santander con una empresa de supuesta economía mixta, se debe a que en la Guajira se suscribió el contrato horas antes que entrará en vigencia la ley de garantías electorales lo que plantea la hipótesis probable que tales recursos fueron destinados a alguna campaña política. Lo peor es que al igual que en Barranquilla, donde Funtics funcionó en apartamentos de viviendas, la sede de Niu Telco S.A.S en Cúcuta aportada al contrato no apareció. Además, para colmo de la corrupción, los recursos invertidos provenían del reparto de regalías –un club de gobernadores para despacharse recursos- del llamado OCAD Caribe.
La Procuraduría compulsó copias de esta decisión para que se investigara al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien habría suscrito un contrato de bilingüismo similar al de La Guajira y que dio origen al proceso contra el gobernador (e) Hernández Sierra.
La mutación de Funtics a Novotic
El primero de junio de 2020, en plena pandemia, se reúnen de forma extraordinaria el Consejo de Fundadores de Functics en su oficina –ahora sí- del edificio Green Tower en Barranquilla, a las 9 am para tomar importantes decisiones que según el orden del día en su punto 3, era la renuncia del presidente ejecutivo (Cáceres, metido en problemas), el punto 4 era nombramiento del nuevo presidente y el 5 reforma del objeto social. Allí surge en la práctica Novatic en reemplazo Functics.
El 25 de septiembre del 2020, un mes antes de presentarse a la licitación convocada por Mintic, cambió su nombre de Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información – Funtics- a Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad y Comunicaciones, Novotic.
Se trataba de participar en una licitación que otorgaba un premio gordo de más un billón de pesos con el MINTIC que empezó el 27 de noviembre y terminó tras 9 suspensiones, acusaciones, debates, el 9 de diciembre con el otorgamiento a la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por tres empresas constructoras que no tienen experiencia en obras de conexión de internet y la fundación Novatic, antigua Funtics cuyo tenebroso currículum de corrupción ha sido expuesto a lo largo de este reportaje con la misión contractual de llevar internet a 7.277 puntos en 15 departamentos del país y Bogotá. De los dos contratos para cumplir el mismo objeto con el que ganó el consorcio de Novotic, este es el más grande e implica la construcción y operación de centros digitales en instituciones educativas de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Tal como lo demostró un reportaje de Corrupción al Día, Novotic y Funtics es la misma empresa, con idéntico NIT, sede social y socios a la que se le agregó una nueva “marca”: Novotic. https://corrupcionaldia.com/el-descaro-de-mintics-revive-la-cuestionada-funtics-camuflada-como-novotic-y-le-adjudica-billonario-contrato/
Las otras empresas del consorcio también tenían sus problemas. Por ejemplo, ICM Ingenieros S.A.S. entre 2009 y 2010 pagó 800 millones de pesos en sobornos para ganar varias licitaciones viales en Bogotá. Por esa situación fue condenado Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca que negoció el soborno antes de ser elegido. Sus socios son la empresa Inversiones en Infraestructura S.A.S., de Jorge Iván Rozo Barragán (el cuñado de Cruz), Luis Guillermo Mesa Sanabria, y Jeremías Olmedo Cabrera.
Otra es Intec de la Costa S.A.S. empresa barranquillera que en 2018 hizo parte de un consorcio ganó un contrato, por $12.300 millones de pesos para construir y mantener una vía en San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, y que diez días después cedió a una empresa cuya representante legal estaba casada con Yeimis Rojas, un político cuestionado que había sido candidato a la alcaldía de Achí. De contera tenía en octubre del 2020 las cuentas bancarias embargadas por un juzgado de Barranquilla lo que pone en serias dudas sobre su respaldo financiero dentro del consorcio. Los socios de la empresa son Miguel Antonio Martínez y Lastor Inversiones del Caribe S.A.S., una empresa inmobiliaria de Montería. Estas empresas, al igual que Novatic, cambiaron sus estatutos antes de la licitación incluyendo la “planeación, instalación, operación y mantenimiento de infraestructura para prestar servicios de internet”. Es decir, hasta antes de este contrato no solo no tenían experiencia en el tema central de la licitación, sino que ni siquiera podían hacerlo. La tercera empresa es la barranquillera Omega Buildings Constructora, que tiene como único socio y representante legal a Juan Carlos Jubiz Rivera, con una única experiencia en proyectos de vivienda y construcción de edificios.
La única que tiene experiencia en estas lides de instalación, construcción, de redes de telecomunicaciones es Novatic, que es una nueva mascara de la corrupta Funtics que ha tumbado con sus contratos municipios, departamentos y gobernadores tal como se ha expuesto. Una empresa de fantasía nueva que es la misma pues su nuevo nombre es Fundación de las Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación con la sigla Novotic. El anterior nombre era Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, con la sigla Funtics. El NIT de ambas es el 900.485.861-0 con domicilio principal en Barranquilla y sede en el edificio Green Tower calle 77B No. 57-103 Of. 1803. Los mismos registros de Novatic al que se le agregó la experiencia previa –con todo y sus problemas- de Funtics para poder acceder al contrato que de todos modos se muestra hilvanado cuidadosamente durante gran parte del 2020 y varios hechos lo comprueban.
Los relevos en la presidencia del acta 20 de junio 1 de 2020 en sesión extraordinaria e igualmente la escogencia de socios de empresas cuestionadas previamente en actos dolosos o ambiguos como ICM e INTEC. Tal como se lo pregunta Corrupción al Día cómo es posible que un contrato tan importante y de un costo extraordinario se le hubiese pasado por alto a los asesores jurídicos de la ministra de Tecnologías de la Información, la barranquilla Karen Abudinem para entregarlo a una entidad enmascarada, con un historial de sobrecostos e incumplimientos a lo largo de todo el país que ante su evidente desprestigio profesional decide cambiar de nombre y apartar; por lo menos de apariencias, a su creador, famosa por hechos públicos conocidos, publicitados por la prensa nacional y con un envidiable records de mandatarios suspendidos por las características de sus contratos?
No se conoce una razón de peso pero podrían haber razones de pesos. Más de un billón es una cifra apreciable que deja sentado, de una, a quien tenga a bien disponer de ella, máxime si es un contrato difuso que no se especifican escuelas ni municipios para intervenir, lo cual convierte esta inversión en un objeto de caprichos particulares por parte del contratista que bien tiene el albedrio de descartar o meter en la cochada a quien le interesa. Esto da indudables réditos políticos en un año electoral que se presupone reñido y en el cual la misma Ministra Abudinem no se escapa, pues el rumor desde hace dos años es que sería la sucesora de Jaime Pumarejo en la alcaldía de Barranquilla. Pero esto es especulación y bien puede ser para otra persona o simplemente, aplicando los métodos usuales en este tipo de contratos multimillonarios aplicar la hipótesis del 10% por comisión lo que da la “ínfima” suma de $100.000 millones, situación sustentada por el historial de Functics-Novatic que en la practica la convertían en inelegible en la licitación en donde se descartaron de plano –increíble!- a reconocidos consorcios internacionales que además tienen satélites propios de comunicaciones en el espacio.
Vamos con nombres propios. El Mintic inhabilitó a tres grandes empresas internacionales especializadas en el tema: la norteamericana Hughes de Colombia S.A.S. Por otra parte BT Latam Colombia y China Great Wall Industries tienen satélites propios. El Mintic fue impecable en pedirles requisitos a los otros participantes, como el caso de Red Iris, un consorcio de empresas norteamericanas, al que no le permitió usar la información financiera de sus casas matrices porque en los registros mercantiles de Cámara de Comercio no aparecen como subsidiarias de ellas. En cambio, le permitió a una “nueva” cambiar de nombre sin revisar sus antecedentes previos en incumplimiento contractual y negociados.
Tras el premio del millonario contrato aparecen otros negociados de Funtics
Funtics, ahora Novatic –y en algunos casos puntuales Niu Telco S.A.S.-, todas controladas por Cáceres y su familia, tras la adjudicación del contrato multimillonario por más de un billón se constituye en líder en contratación pública. Por eso la Contraloría General de la República señala en las mallas de contratistas que esta empresa, por facturación, es la líder en la región Caribe con presencia nacional.
[…] socios de Unión Temporal Centros Poblados son Novotics, antes llamada Funtics (https://corrupcionaldia.com/las-mallas-y-redes-de-la-mega-contratacion-el-caso-fintics-novatics/ , Intec de la Costa, Omega Building Constructora S.A.S. e ICM, vinculada a Emilio Tapias polémico […]