Una carta filtrada revela que el Centro Democrático supo quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay, contaba con informes de inteligencia confirmados por dos presidentes, y eligió el más cómodo de los recursos políticos: quedarse callado.
«El Centro Democrático nunca hizo precisión o referencia alguna al informe de inteligencia confirmado por el presidente Duque y después por el presidente Petro.» — José Félix Lafaurie, carta al CD, 23 de enero de 2026
Hay momentos en que el escándalo más grande no es lo que alguien dijo, sino lo que todos decidieron callar. El 23 de enero de 2026, José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, envió una carta de ocho páginas a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. En la página cinco, casi de paso, como quien menciona el clima antes de cerrar una conversación, reveló algo que debió haber sacudido los cimientos del uribismo: el partido sabía quién había ordenado el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Lo sabía desde el gobierno de Iván Duque. Lo confirmó el gobierno de Gustavo Petro. Y no dijo absolutamente nada.
La carta, filtrada ese mismo día por la periodista Darcy Quinn y convertida de inmediato en trending topic, fue leída por casi todos como una disputa de egos entre senadores, un berrinche de los perdedores de la consulta interna que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial del uribismo. Los medios se concentraron en los 32 puntos de Lafaurie sobre las presuntas irregularidades del proceso, en la propuesta de escisión, en el drama de dos figuras que se sienten traicionadas por su propio partido. La espuma tapó el fondo. Y en el fondo había un magnicidio sin resolver, un partido que guardó silencio y una pregunta que todavía espera respuesta: ¿por qué el Centro Democrático calló?
LO QUE DICE LA CARTA: EL PUNTO QUE NADIE QUISO VER
En el numeral sexto de la sección donde Lafaurie destaca la trayectoria de la senadora Cabal, aparece la revelación más explosiva del documento. Vale la pena citarla con exactitud para que no quede duda de lo que se está denunciando: el autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe Turbay fue el mismo alias Zarco Aldinever, comandante de la Segunda Marquetalia, quien durante el gobierno de Iván Duque habría pagado mil millones de pesos por asesinar a María Fernanda Cabal o a algún miembro de su familia, hecho que obligó a la pareja a sacar a sus hijos del país con un alto costo emocional. Y a pesar de haberlo denunciado en su momento, el Centro Democrático, dice la carta, nunca fijó posición ni hizo referencia alguna al informe de inteligencia que confirmaron los presidentes Duque y Petro.
Eso no es un rumor de pasillo. Es una denuncia formal de un cofundador del partido, miembro de su dirección nacional, a su propio director. Y sin embargo, mientras la carta circulaba por todos los grupos de WhatsApp de Colombia y los medios producían decenas de análisis sobre la fractura del uribismo, el punto central apenas mereció una nota al pie. La corrupción del silencio, como diría el periodismo de investigación más lúcido, no siempre tiene cara de funcionario que roba. A veces tiene cara de partido que sabe y decide no hablar.
El silencio del Centro Democrático frente a la inteligencia sobre el magnicidio de Uribe Turbay no es una omisión. Es una decisión política.
EL ZARCO ALDINEVER: DEL GESTOR DE PAZ AL AUTOR INTELECTUAL
José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, fue durante meses una figura con doble vida institucional en Colombia. Mientras la Fiscalía General de la Nación adelantaba investigaciones que lo señalaban como uno de los comandantes más letales de la Segunda Marquetalia, el Gobierno de Gustavo Petro lo incluyó, mediante la Resolución 065 del 28 de febrero de 2024, como gestor de paz en el marco de la política de paz total. Un hombre con órdenes de homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de armas, sentado en una mesa de diálogo, mientras el sistema político colombiano hacía como si eso fuera perfectamente normal.
El 7 de junio de 2025, alrededor de las 5:30 de la tarde, el senador Miguel Uribe Turbay adelantaba un acto político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Al menos ocho disparos rompieron la tarde. Uribe Turbay cayó inconsciente. Murió el 11 de agosto de 2025 tras una larga batalla en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe. Un sicario menor de edad fue el ejecutor material. Pero la cadena que lo llevó hasta ese parque venía de más lejos.
El 9 de julio de 2025, un mes después del atentado, el presidente Petro firmó la Resolución 203 revocando la designación del Zarco Aldinever como gestor de paz. La Segunda Marquetalia confirmó su muerte el 5 de agosto de 2025, supuestamente en una emboscada del ELN. Sin embargo, el 24 de marzo de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón salió a confirmar que la Segunda Marquetalia es la autora intelectual del magnicidio, y que el Zarco Aldinever sigue con vida, con orden de captura vigente y recompensa de cuatro mil millones de pesos. Así que además de un magnicidio, hay un debate sobre si el principal señalado está vivo o muerto. En Colombia, hasta la muerte de los criminales es un asunto de versiones en disputa.
La confesión la aportó Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión por coordinar el atentado. En su declaración ante la Fiscalía, el 9 de febrero de 2026, fue categórico: la orden la impartió el Zarco Aldinever. El pago por el crimen: mil millones de pesos. Con otros 600 millones adicionales disponibles para sobornar jueces o, en su defecto, eliminar testigos. El sistema corrupto no solo tiene un precio para matar: también tiene presupuesto para callar.
LA PREGUNTA QUE EL PARTIDO NO QUISO RESPONDER
Lo que revela la carta de Lafaurie es un hilo que conecta el magnicidio con una omisión institucional deliberada. Si los informes de inteligencia existían desde el gobierno Duque, si fueron confirmados por el gobierno Petro, y si la propia pareja Lafaurie–Cabal denunció ante su partido que el mismo actor que amenazó a María Fernanda era el presunto cerebro detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay, la pregunta que el Centro Democrático debe responder no es interna ni electoral: es una pregunta de Estado.
¿Por qué el partido que más ha explotado políticamente la muerte de Miguel Uribe Turbay no dijo absolutamente nada sobre la inteligencia que identificaba a su autor intelectual? ¿Calcularon que revelar esa información dañaría la mesa de paz total? ¿Prefirieron usar el magnicidio como arma electoral sin hacer nada para esclarecer el crimen? ¿O simplemente les resultaba más cómodo culpar al gobierno Petro en abstracto que señalar a un actor específico y asumir las consecuencias políticas y jurídicas de esa denuncia?
El libro El desgobierno de lo público, del jurista español Alejandro Nieto, describe con una precisión casi quirúrgica lo que ocurre en estos casos: la corrupción estructural no se manifiesta únicamente en el robo de recursos públicos. Se manifiesta también en la captura de la información, en la decisión de ciertos actores de retener datos que comprometerían sus propios intereses, en el uso estratégico del silencio como herramienta de poder. El Centro Democrático no necesitó robar un peso para comportarse de manera corrupta en este caso. Le bastó con callar.
Un partido puede volverse cómplice sin firmar un contrato. A veces basta con guardar silencio cuando la verdad incomoda.
EL CICLO SECRETO: LA CARTA QUE NO ERA DE RENUNCIA
La narrativa oficial del episodio fue construida velozmente: Cabal y Lafaurie eran malos perdedores. No aceptaron el resultado de la consulta interna. La carta era un berrinche bien redactado. Esa versión convenía a todos: al Centro Democrático, que así podía esquivar las denuncias de fondo; a Paloma Valencia, que así proyectaba magnanimidad ante una competidora resentida; a los medios, que así tenían un relato de drama político con personajes reconocibles. La versión del berrinche es más simple, más digerible y, sobre todo, más útil para quien no quiere hablar de un magnicidio sin resolver.
Pero si uno se sienta a leer las ocho páginas de la carta, el punto sobre el magnicidio no aparece en el contexto de la disputa electoral. Aparece en la sección donde Lafaurie argumenta por qué María Fernanda Cabal merece un trato digno de su partido. Es una denuncia de abandono institucional: hemos arriesgado nuestras vidas, hemos sacado a nuestros hijos del país, y ustedes ni siquiera dijeron nada. Eso no es una queja de campaña. Es una acusación de negligencia ante un crimen político.
Y el sistema respondió con su mecanismo más confiable: el ruido. La escisión, la respuesta de Vallejo, la reacción de Paloma Valencia, los trinos de la oposición, los análisis electorales, las encuestas de intención de voto. Todo eso funcionó como pantalla. La maquinaria mediática colombiana, con sus urgencias del ciclo noticioso de 24 horas, es perfecta para enterrar lo que importa bajo capas de lo que distrae. En eso consiste, exactamente, el Sistema Silencioso que permite que la corrupción estructural sobreviva: no en la conspiración explícita, sino en la arquitectura cotidiana del ruido, el olvido y la conveniencia mutua.
LO QUE CONFIRMA LA FISCALÍA: TARDE, PERO LLEGÓ
El 24 de marzo de 2026, nueve meses después del atentado y dos meses después de que la carta de Lafaurie pusiera el tema sobre la mesa de la opinión pública, la Fiscalía confirmó lo que ya era vox populi en los círculos de inteligencia del país: la Segunda Marquetalia ordenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Las órdenes de captura incluyeron a alias Iván Márquez, alias Jhon 40, alias Rusbel, alias Gonzalo y al propio alias Zarco Aldinever. Las recompensas suman miles de millones de pesos. El director de la Policía presentó el cartel de los más buscados.
Todo eso es bienvenido. Pero llega en marzo de 2026, con elecciones presidenciales en mayo, cuando la información ya tiene un valor político y no solo judicial. Y mientras se anuncian capturas y recompensas, alias Yako, el eslabón que conectó a la red urbana de sicarios con los mandos de la Segunda Marquetalia, sigue sin ser capturado. Se sospecha que está en Venezuela con Iván Márquez. El dinero del crimen puede rastrearse. Los nombres ya se conocen. Pero los principales señalados siguen libres.
La pregunta que el periodismo de investigación está obligado a sostener, por incómoda que sea, es esta: si la inteligencia del Estado colombiano durante el gobierno Duque ya tenía identificado a quien sería más tarde el autor intelectual, y esa información fue confirmada por el gobierno de Petro, ¿por qué el Zarco Aldinever fue nombrado gestor de paz hasta julio de 2025, es decir, un mes después de que el atentado ya había ocurrido? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Con qué información? ¿Quién sabía qué y cuándo? El Estado también tiene preguntas que responder. No solo el partido.
LA RESIGNACIÓN NO ES UNA OPCIÓN: LO QUE PUEDE HACER LA CIUDADANÍA
James Buchanan, premio Nobel de Economía, definió la sociedad civil como la comunidad de ciudadanos que vigila el poder y exige rendición de cuentas. En Colombia, esa sociedad civil existe, pero enfrenta una trampa permanente: cuando el escándalo es tan grande que paraliza, cuando hay tantas capas de corrupción que agotan, cuando el sistema se vuelve tan opaco que parece imposible de cambiar, la reacción más humana es la resignación. Y la resignación, como ha documentado ampliamente el análisis político colombiano, es el recurso que más conviene a quienes tienen algo que esconder.
Lo que reveló la carta de Lafaurie no es solo una crisis interna del Centro Democrático. Es un síntoma de algo más profundo: en Colombia, incluso los partidos de oposición, los que se presentan como guardianes de la democracia y la transparencia, operan con la lógica del Estado Profundo. Saben cosas que no dicen. Toman decisiones que protegen intereses propios. Usan el dolor ajeno, incluso el de un compañero de partido asesinado, como combustible electoral sin necesariamente hacer todo lo que podían hacer para que se hiciera justicia. Eso no es democracia. Es el teatro de la democracia, con el guion escrito en pasillos sin cámaras.
La verdad sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay no llegará sola. Requiere ciudadanos que pregunten, periodistas que insistan y jueces que no cedan. El silencio, a estas alturas, ya es un acto político.
El sistema que permite que un partido sepa quién amenazó de muerte a su propia senadora, sepa quién ordenó asesinar a su propio compañero de bancada, tenga informes de inteligencia confirmados por dos presidentes de ideologías opuestas, y decida guardar silencio… ese sistema no necesita corruptos con maletines. Le basta con silenciosos con argumentos.
La pregunta no es si el Centro Democrático sabía. La carta de Lafaurie confirma que sí sabía. La pregunta es qué va a hacer Colombia con eso.
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