Radiografía Profunda del megaproyecto vial que, a pesar de estar adjudicado desde 2015, permanece en el papel mientras el conglomerado de Sarmiento Angulo reclama billones al Estado
Diez años. 3,650 días. Y ni un solo tornillo colocado.
Así podría resumirse la historia de la vía 4G Mulaló-Loboguerrero, un proyecto que prometía revolucionar la conexión con el puerto de Buenaventura y que hoy se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo funcionan los mecanismos invisibles detrás de la contratación estatal en Colombia.
La historia que nunca cuentan: dinero público sin carreteras
En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. (Covimar) —controlada por el emporio de Luis Carlos Sarmiento Angulo a través de Corficolombiana— recibió la adjudicación de este megaproyecto bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. Una década después, los colombianos seguimos esperando.
Lo que resulta verdaderamente revelador no es solo la ausencia de la obra, sino el ciclo secreto de demandas, reclamaciones y exigencias económicas que ha surgido a raíz de esta parálisis:
- $700,000 millones reclama la concesionaria por supuestas inversiones en estudios, planos y compra de predios.
- $2.8 billones es la cifra del supuesto «desequilibrio financiero» que alegan.
- $2.2 billones permanecen congelados en un patrimonio autónomo, dinero público que espera ser utilizado mientras el país aguarda una carretera que no existe.
«¿Cómo es posible que una constructora con tanta experiencia en concesiones viales desconozca los riesgos y las implicaciones ambientales que conlleva intervenir en zonas de montañas y parques naturales?«, sería la pregunta lógica. A menos que el objetivo nunca haya sido construir.
El entramado de poder detrás de la obra fantasma
Aquí es donde la red subterránea comienza a hacerse visible. Covimar no es cualquier empresa: es parte del holding de Corficolombiana, el gigante con el que Luis Carlos Sarmiento Angulo maneja su emporio de peajes y carreteras.
Los actores clave en esta obra que nunca comenzó tienen nombres y apellidos:
- José Elías Melo, presidente de Corficolombiana hasta 2016, quien se vio involucrado posteriormente en el escándalo de Odebrecht.
- María Lorena Gutiérrez, exministra del gobierno Santos, contratada por Sarmiento Angulo en 2018 para presidir Corficolombiana y quien lideró la demanda contra el Estado exigiendo la terminación del contrato.
Esta puerta transparente nos permite ver cómo funciona el sistema: las mismas personas que estuvieron en el gobierno adjudicando contratos aparecen después del otro lado, demandando al Estado.
La estrategia circular: ganar sin construir
El caso de la vía Mulaló-Loboguerrero revela la lógica invisible detrás de muchos proyectos de infraestructura en Colombia:
- Se adjudica un contrato millonario bajo esquemas de APP.
- Se argumentan obstáculos (en este caso, consultas previas y licencias ambientales).
- Se paraliza la obra durante años.
- Se demanda al Estado alegando «desequilibrios financieros».
- Se busca una compensación billonaria sin haber construido prácticamente nada.
Mientras tanto, el desarrollo económico del Valle del Cauca y el acceso eficiente al puerto de Buenaventura —crucial para la economía nacional— permanecen estancados.
El silencio cómplice: una década sin responsables
La Contraloría ha denunciado repetidamente esta situación, calificando el proyecto como un elefante blanco. Sin embargo, la conexión perdida entre las instituciones de control y la capacidad para tomar acciones efectivas es evidente.
En abril de 2023, un tribunal de arbitramento negó la terminación anticipada del contrato, sugiriendo que las partes llegaran a acuerdos para retomar la construcción. ¿La respuesta de la concesionaria? Una nueva demanda.
Más allá del titular: el verdadero costo para los colombianos
El impacto oculto de esta paralización va mucho más allá de los miles de millones comprometidos:
- Competitividad perdida para las exportaciones colombianas.
- Sobrecostos logísticos que encarecen productos para todos los colombianos.
- Desarrollo económico estancado en una región que depende crucialmente de esta conexión.
- Desconfianza institucional al ver cómo los mecanismos de contratación parecen beneficiar a los mismos grupos de poder.
¿Quién responde por 10 años perdidos?
La verdad oculta es que mientras el país espera una infraestructura crucial, el dinero público sigue comprometido y los mismos actores que no han cumplido ahora exigen compensaciones billonarias. El sistema silencioso que permite esta situación permanece intacto.
Los colombianos merecemos saber: ¿Quién responderá por una década perdida? ¿Cómo es posible que se exijan miles de millones por una carretera que nunca ha existido más allá del papel?
Porque la verdad no solo se lee, se siente. Y lo que se siente con la historia de la vía Mulaló-Loboguerrero es que el sistema está diseñado para funcionar exactamente como lo hace: generando beneficios para unos pocos, a costa de lo que debería ser el progreso colectivo.
