Conglomerado colombiano Grupo Aval y su subsidiaria bancaria pagarán $40 millones de dólares para resolver violaciones de la FCPA

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Washington DC, 10 de agosto de 2023 — La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores S.A., alias Grupo Aval S.A., y a su filial bancaria, Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

El Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar $40 millones de dólares para liquidar los cargos de la SEC. Según la orden de la SEC, Corficolombiana y un socio de empresa conjunta ganaron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura vial de 328 millas en Colombia.

La SEC afirma que Corficolombiana, a través de su ex presidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos $28 millones de dólares en pagos ilícitos se cancelaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana.

De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente $32 millones.

Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, dijo Charles Cain, Jefe de Unidad FCPA de la SEC.

«Este caso destaca una vez más la importancia de que los emisores tengan suficientes controles contables internos sobre los pagos de terceros». Grupo Aval y Corficolombiana dieron su consentimiento a una orden de cese y desistimiento y encontraron que violaron las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno de la FCPA. Al determinar aceptar la oferta, la SEC consideró la cooperación y remediación de Grupo Aval.

Corficolombiana también acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pagar más de $20 millones para resolver cargos penales.

La investigación de la SEC fue realizada por Ernesto Palacios, Maria F. Boodoo y Thierry Olivier Desmet de la Unidad FCPA de la SEC, con la asistencia de James Connor. La SEC agradece la asistencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Análisis

Mientras en Colombia las autoridades de control y justicia, han archivado la mayoría de procesos por la participación del Grupo Aval (Luis Carlos Sarmiento Angulo), en el entramado de corrupción que rodeó la adjudicación de las obras de la Ruta del Sol, en la que solo se ha desviado la atención a la constructora brasilera Odebrecht, en Estados Unidos, la justicia acaba de condenar a la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), filial del Grupo Aval, pagar más de $80 millones de dólares para resolver las investigaciones paralelas sobre sobornos realizadas por autoridades penales, civiles y administrativas de los Estados Unidos y Colombia. 

Concretamente la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC), cerró las investigaciones que venían realizando desde hace cinco años sobre el papel de Grupo Aval y Corficolombiana en el caso de corrupción de Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol II, para construir e instalar un peaje en la paralela Ocaña-Gamarra. Es decir que contrariamente a lo que el Grupo Aval ha sostenido en Colombia, las autoridades estadounidenses sí encontraron que Corficolombiana junto a Odebrecht conspiraron para pagar los sobornos a funcionarios colombianos. 

Además, confirmaron el esquema de pagos ficticios por medio de los cuales se pagaron los sobornos, detectados por el fallecido controller de Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano. Por estas prácticas corruptas, Corficolombiana habría obtenido ganancias de 28.6 millones de dólares. 

Según la resolución del Departamento de Justicia de EE. UU. Corficolombiana firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) de tres años con el Departamento en relación con una querella penal presentada en el Tribunal de Distrito de Maryland en la que se le imputaba el cargo de asociación delictuosa para violar la disposición contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Corficolombiana era propiedad mayoritaria y estaba controlada por el Grupo Aval Acciones y Valores S.A., un holding colombiano y emisor en los Estados Unidos. 

Los documentos del tribunal señalana que, entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió a Odebrecht para ofrecer y pagar más de $23 millones de dólares en sobornos, con el fin de obtener el contrato para construir y operar la Ampliación Ocaña-Gamarra.  

Y agrega que para llevar a cabo el ardid de sobornos, Corficolombiana provocó que otras entidades firmaran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que pasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano.  

“Corficolombiana, junto con sus coconspiradores, acordó pagar más de $20 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del Gobierno colombiano para conseguir un gran proyecto de infraestructuras,” declaró la fiscal general adjunta en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia. “La resolución de hoy, la primera coordinada con las autoridades colombianas en un caso de soborno en el extranjero, refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro a hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional y exigir responsabilidades a las empresas que descaradamente pagan sobornos para obtener beneficios económicos”. 

“Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades,” dijo el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron. “En virtud del DPA, la empresa está pagando una importante sanción penal y seguirá cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta. Mi oficina se complace en ser parte de este primer procesamiento conjunto con las autoridades colombianas por sobornos en el marco de la FCPA”. 

De conformidad con el DPA, Corficolombiana pagará una sanción penal de $40.6 millones de dólares estadounidenses. El Departamento ha acordado descontar hasta la mitad de esa sanción penal del dinero que la empresa y su filial, Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol), pagaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, por violaciones de las leyes colombianas relacionadas con la misma conducta, siempre que la empresa y Episol desistan de apelar la resolución de la SIC.  

Además, Corficolombiana pagará más de $40 millones de dólares en concepto de reembolso por daños y perjuicios e intereses como parte de la resolución de la investigación paralela de la SEC. 

De conformidad con el DPA, Corficolombiana ha acordado seguir cooperando con el Departamento en cualquier investigación penal en curso o futura relacionada con esta conducta. Además, en virtud del acuerdo, Corficolombiana acordó seguir mejorando su programa de cumplimiento normativo y proporcionar informes al Departamento en relación con la reparación y la aplicación de medidas de cumplimiento normativo durante el término del DPA. 

“La resolución de hoy demuestra que la justicia tiene un precio muy alto para quien intenta sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros,” declaró el subdirector Luis Quesada, de la División de Investigaciones Penales del FBI. “Ardides como este violan la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y son un intento de socavar fundamentalmente el espíritu de la competencia económica. El FBI se dedica a proteger la integridad del mercado mundial, lo que significa investigar los sobornos de cualquier cuantía y prevenir la corrupción de funcionarios a todos los niveles”. 

El organismo estadounidense reconoció igualmente que Corficolombiana cooperó con la investigación en curso y se comprometió a tomar medidas correctoras que incluían, entre ellas, la realización de un análisis de las causas profundas de las conductas detectadas durante las investigaciones internas y la pronta adopción de medidas para mejorar su gobierno corporativo y sus controles en las entidades de empresas conjuntas, así como la mejora de su supervisión de las empresas conjuntas e inversiones no controladas, logrando una reducción del 30% de las multas establecidas.    

La Brigada de Corrupción Internacional del FBI en Miami seguirá no obstante investigando el caso junto a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que les ha tocado proporcionar asistencia sustancial en el asunto. 

En Colombia 

En una extensa investigación publicada por el portal Cuestión Pública, titulada, ‘Corrupción y Castigo’, se revela que de al menos 10 ejecutivos del Grupo Aval que conocieron o participaron de los sobornos junto a Odebrecht en la adjudicación del Tramo 2 de la Ruta del Sol, solo uno fue condenado: José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana. Pero las consecuencias legales no han acabado para el conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

Señala la investigación de Cuestión Pública, que en el 2009, Luiz Bueno, director de Odebrecht en Colombia, pactó con Melo el pago de 6,5 millones de dólares a Gabriel García Morales, el entonces viceministro de Transporte, (Alvaro Uribe Vélez), para asegurar la adjudicación del billonario contrato del tramo 2 de la Ruta del Sol. 

Melo solo puso un pero: “por un tema del Grupo Aval, no podría concretar su participación” en esa primera coima, por lo que Odebrecht pondría la parte de Corficolombiana y resolverían los siguientes desembolsos en el transcurso del proyecto.  

Así las cosas, Melo sería el encargado de informar a Luis Carlos Sarmiento Junior, presidente del Grupo Aval, de la ‘mordidita’ a García Morales vinculada con esta mega obra. Los directivos del Grupo Aval y su entonces abogado, Néstor Humberto Martínez, ignoraron las alertas emitidas por el controller de proyecto Jorge Enrique Pizano. Pizano murió en su finca en Subachoque el 8 de noviembre de 2018 por una falla cardiaca, según dictaminó Medicina Legal, pero alcanzó a enviar al FBI una serie de correos e informes de los pagos irregulares. 

El consorcio constructor de la Ruta del Sol 2 estaba conformado por las siguientes empresas: Odebrecht (62.01%), CSS Constructores SA (4%) y Estudios y Proyectos del Sol S.A. Episol S.A. (del Grupo Aval) (33%). 

Estas mismas compañías crearon la Concesionaria Ruta del Sol para tramitar los sobornos que se desembolsaron por partes a lo largo del proyecto a través de contratos fachada. Ya con la Ruta del Sol ejecutándose y con el entramado de sobornos en marcha, Odebrecht contrató en 2012 al exsenador liberal Otto Nicolás Bula para que hiciera lobby en favor de Consol para quedarse con la construcción del trayecto Ocaña – Gamarra. 

En septiembre de 2018, a través de la Resolución 67837, la SIC formuló pliego de cargos por “pago de soborno” a la Concesionaria Ruta Del Sol, a Corficolombiana, al viceministro de Transporte Gabriel García, José Elías Melo, Luiz Bueno, Manuel Ricardo Cabral y a tres directivos más de Odebrecht. Dos meses después, a través de un comunicado de prensa, Corficolombiana rechazó “cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht habría efectuado pagos de soborno para obtener los mencionados contratos”. 

En diciembre de ese mismo año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca multó por $800 mil millones a Gabriel García, José Elías Melo, Otto Bula, Luiz Bueno, Luiz Mameri, Eduardo Da Rocha y a la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por Odebrecht y Episol. Esto, por violar “la moralidad administrativa”; es decir, por incurrir en hechos de corrupción para obtener el proyecto. 

Y añade el informe de Cuestión Pública que en julio de 2023 el Consejo de Estado emitió fallo de segunda instancia revocando esa multa al ser ocho veces mayor a los $109 mil millones que Odebrecht propuso pagar a cambio de la inmunidad en los procesos penales contra sus directivos. Si bien el Estado se negó a la propuesta, los exdirectivos de Odebrecht Luiz Bueno Junior, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha Soares apelaron el fallo. 

El alto tribunal estudió la acción popular del exprocurador Alejandro Carrillo fallada por el Tribunal de Cundinamarca en 2018. El Consejo de Estado determinó que si bien existieron violaciones administrativas por parte de los demandados como la libre competencia y la defensa del patrimonio público, el Tribunal no era la entidad competente para emitir la sanción. Con el fallo, también tumbó la inhabilidad de la constructora para contratar con el Estado. 

Para 2020, la SIC solo archivó la investigación contra dos ejecutivos de Odebrecht: Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía brasileña. En teoría, siguen en firme las pesquisas contra Sarmiento junior y los demás directivos del Grupo AVAL. 

Por otra parte, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema archivó el 11 de marzo de 2021 una investigación preliminar contra Sarmiento Junior, al determinar que no había méritos para indagar si participó en el entramado de sobornos. 

De acuerdo con esto, en siete años —desde la conformación del Consorcio hasta el estallido del escándalo en 2016— Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez no se enteró de los movimientos realizados desde Corficolombiana y Odebrecht, aunque al menos diez de sus ejecutivos (a través del Grupo Aval, Corficolombiana y Episol) estaban enterados del entramado de corrupción y testimonios de directivos de Odebrecht destacan que las coimas le habrían sido reportadas a él a través de Melo. 

Al parecer, tampoco se enteraron de los reportes del controller Jorge Pizano, en los que denunció pagos irregulares y contratos fachada por parte de Corficolombiana que sumaron 34 millones de dólares para 2016. 

Cuestión Público consultó al Grupo Aval sobre su vinculación y la de sus ejecutivos en el pago de sobornos y maniobras ilícitas para obtener la adjudicación del Tramo 2 de la Ruta del Sol y sus adiciones, a lo que respondió que “repudia toda forma de corrupción. La postura de Grupo Aval y/o de sus filiales frente a acusaciones relacionadas con el Tramo 2 del Proyecto Ruta del Sol ha sido presentada en las correspondientes instancias judiciales o administrativas en las cuales se ha aportado el material probatorio que la soporta”. 

En resumen, en Colombia el Grupo Aval niega sus prácticas corruptas, pero en Estados Unidos, además de negociar el valor de las multas a pagar, sí hace un “mea culpa” y acepta sus cuestionadas prácticas para conseguir jugosos contratos pagados con dineros públicos.

Pero lo más grave es que aún con las investigaciones y multas que pesan sobre el Grupo Aval, los órganos de control y justicia en Colombia no han tomado ninguna medida para evitar que siga presentándose a participar en millonarias licitaciones públicas, pese a su historial corrupto.

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