En febrero de este año el Observatorio de Justicia e Impuniad del Instituto Anticorrupción en Colombia, daba cuenta de los elevadísimos niveles de corrupción que ahogan a Colombia, pero sobre todo, de las pocas condenas que la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia habían logrado contra funcionarios involucrados en este tipo de delitos.
Y se preguntaba ¿Cómo entender que en ocho años no haya caído un solo corrupto en el Chocó y la Guajira?, los departamentos donde el peor mal es la corrupción; o que en ese largo periodo no haya sido merecedor de una condena al menos un corrupto en Magdalena, Santander, el Eje Cafetero o los Llanos Orientales.
La razón, simple: o la mismos funcionarios al interior de este par de instituciones terminan también siendo corruptos, como ya se ha visto en varias oportunidades; o los abogados de los sindicados, resultan ser unos expertos en toda clase de artimaña bien para evadir a la justicia o conseguir dilatar el proceso hasta conseguir su preclusión, que es una de las modalidades más utilizadas por los ladrones del erario público.
Y tal es lo que está sucediendo con el proceso por corrupción contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien desde el año 2020 está siendo procesado, pero aún, no se consigue concretar la audiencia para una imputación de cargos.
Resulta, que el pasado 7 de agosto, era el día en que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema acusaría formalmente al exgobernador por su presunta participación en el cartel de la hemofilia.
Sin embargo, el abogado del investigado, su pariente, Álvaro José Lyons, presentó por tercera ocasión una excusa médica, aduciendo una fuerte infección, con fiebre, diarrea y vomito.
Su ausencia frenó nuevamente la diligencia completando ya tres años, haciendo lo mismo y evitando así el llamado a jucio del exmandatario acusado de participar en el desfalco de dineros públicos, presentando listados falsos de pacientes con hemofilia.
Frente a tal descaro, la Corte le ordenó a la doctora que incapacitó al abogado del exgobernador de Córdoba emitir un concepto sobre el estado de salud del abogado Álvaro José Lyons Villalba.
“A través de la secretaria de la sala, el abogado Álvaro José Lyons Villalba, a las 7:47 de la mañana de hoy, envía solicitud de aplazamiento de la continuación de audiencia de formulación de acusación por presentar quebrantos de salud; específicamente, manifiesta que padece infección gastrointestinal, con fiebre, diarrea y vómito“, señala la Corte Suprema
“Aporta el certificado de incapacidad en el que se registra una infección viral como diagnóstico y tres días de incapacidad a partir del 7 de agosto de la presente anualidad”, dice el documento de la Corte.
La Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, ante la molestia pedirá al Instituto Colombiano de Medicina Legal que emita un concepto también sobre el estado de salud del abogado, para corroborar esa información y, basado en ello, tomar medidas.
“Obtenido lo anterior, se oficiará al Instituto Nacional de Medicina Legal para que se designe médico forense para que en el menor tiempo posible realice una valoración al profesional del Derecho Álvaro José Lyons Villalba, lo mismo que analizará su historial clínico para que emita concepto acerca del diagnóstico de la profesional de la salud que lo atendió, si la misma amerita o no incapacidad e informe i) si la patología se presentó, y así como ii) si ameritaba o no incapacidad laboral y por cuánto tiempo” se lee en el documento.
El alto tribunal evalúa si a futuro aplica alguna medida correctiva contra el abogado de Alejandro Lyons y determinará si compulsa copias para que lo investiguen. La Corte Suprema evaluará esta situación y definirá cuándo será la nueva fecha para la acusación contra el exgobernador de Córdoba.
Según el historial de la Sala, la primera vez que el abogado de Lyons presentó una incapacidad fue en noviembre de 2020, explicando que tenía una bronquitis que lo marginaba de su cargo por cinco días. Luego, en noviembre de 2021, un día antes de la audiencia, aseguró que tenía una hernia inguinal que lo incapacitaba para defender a Lyons por cinco días.
Vale recordar que según el informe de febrero del Observatorio del Instituto Anticorrupción, el número de denuncias que llegaron entre el 2014 y 2021 a la Fiscalía fueron: 489 casos de presunta celebración indebida de contratos, 466 por peculado, 177 por cohecho, 127 por concusión, 36 por enriquecimiento ilícito y la lista sigue. En total han sido más de 1.800 procesos, pero solo ha habido 30 condenas.
Y algo similar pasa a nivel de la Corte Suprema de Justicia y las investigaciones que deberían ser adelantadas por la Fiscalía delegada ante ese tribunal, que se dedica a avanzar en los casos que involucran a servidores públicos aforados como congresistas, ministros, gobernadores, magistrados o generales de la fuerza pública. Allí, de 1.813 procesos sólo 6 han terminado con sentencia condenatoria.
