«Cero impunidad, cero corrupción» es el programa más articulado legislativamente de la campaña presidencial de 2026. Fajardo propone crear la única entidad anticorrupción genuinamente nueva del debate electoral, regular por primera vez el lobby en Colombia, blindar a los denunciantes con ley y vigilar con lupa los 30 proyectos de mayor riesgo de desvío. Aquí, la disección técnica componente por componente.
Sergio Fajardo llega a su tercera campaña presidencial con un activo que los otros candidatos no tienen: un registro gubernamental propio en gestión pública, cuya transparencia fue reconocida nacional e internacionalmente durante su alcaldía en Medellín y su gobernación en Antioquia. Esa trayectoria define la naturaleza de su propuesta anticorrupción: no es solo un programa, sino la extrapolación de un modelo de gestión con antecedentes verificables al nivel nacional.
Fajardo fundó en 1999 el movimiento Compromiso Ciudadano, basado en la transparencia y la educación, y como alcalde de Medellín lideró la transformación de la ciudad con «Medellín, la más educada», destacando por el urbanismo social y los Parques Biblioteca. Como gobernador de Antioquia replicó ese modelo priorizando la equidad territorial y la innovación. Esa historia importa porque la propuesta anticorrupción que hace en 2026 no emerge del vacío retórico, sino de la práctica institucional acumulada.
El diagnóstico: corrupción como problema de seguridad nacional
Fajardo aseguró que la corrupción en Colombia se convirtió en un problema de seguridad nacional y planteó un conjunto de «principios de la política decente» que seguiría en su administración. Esa caracterización de la corrupción como amenaza a la seguridad nacional es técnicamente relevante: implica que la respuesta institucional debe tener la misma prioridad, velocidad de acción y asignación de recursos que se aplican a las amenazas al orden público.
Fajardo afirmó que Colombia pierde cada año miles de millones de pesos por prácticas corruptas que afectan servicios básicos como educación y salud, y recalcó que «los recursos públicos son sagrados».
Transparencia por Colombia clasificó el enfoque de Fajardo como uno de alcance «macro», junto al de Cepeda, coincidiendo ambos en el reconocimiento de las diferentes escalas de la corrupción y en el impacto que esta genera en la confianza institucional, la legitimidad del Estado y la inequidad en el desarrollo.
Lo que distingue a Fajardo del resto no es el diagnóstico, que comparte con varios candidatos, sino la ruta de implementación. Su programa «Cero impunidad, cero corrupción» tiene un decálogo de diez medidas con nombre, un paquete de tres leyes con fecha de radicación anunciada, una arquitectura institucional nueva y una herramienta pedagógica para que el ciudadano dimensione el problema en pesos concretos.
La Agencia Nacional Anticorrupción: el componente más ambicioso y más debatido
Una de las piedras angulares del plan anticorrupción de Fajardo es la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción, concebida para funcionar directamente bajo la Presidencia, con autoridad para investigar, sancionar y recuperar activos de casos de corrupción, operando de manera independiente de otras entidades como la Procuraduría o la Fiscalía.
El fundamento de esta propuesta es el diagnóstico de fragmentación institucional. Colombia tiene hoy la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Contraloría General, la Procuraduría, la Fiscalía con su Unidad Anticorrupción, la DIAN con funciones de persecución tributaria y la UIAF para análisis financiero. Ninguna de estas entidades coordina de manera sistemática con las demás en tiempo real. El resultado es exactamente lo que los datos muestran: 94% de impunidad en delitos de corrupción.
La propuesta concreta de Fajardo es transformar la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en una Agencia Nacional Anticorrupción mediante directiva presidencial, complementada con el fortalecimiento de la Unidad Anticorrupción de la Dijin y la creación de una lista de control anticorrupción.
Esa ruta de implementación tiene una ventaja técnica crucial sobre otras propuestas similares: al partir de la transformación de una entidad existente, no requiere crear una estructura desde cero, lo que reduce el tiempo de instalación y los costos de arranque. La Secretaría de Transparencia ya tiene personal, mandato legal, relaciones interinstitucionales y experiencia acumulada. Convertirla en una Agencia con mayor autonomía, presupuesto propio y facultades ampliadas es más viable operativamente que fundar una nueva institución.
El riesgo central, que Transparencia por Colombia señala con claridad para todos los candidatos que proponen nuevas instancias anticorrupción, es la superposición de competencias. La creación de una Agencia Nacional Anticorrupción bajo la Presidencia de la República tiene como objetivo centralizar funciones actualmente distribuidas en distintas entidades y mejorar la coordinación entre organismos como la Procuraduría, la Fiscalía y la DIAN. Pero centralizar coordinación no equivale a suprimir duplicidades. Si la Agencia suma funciones sin que las entidades existentes cedan competencias, el resultado puede ser una entidad adicional sobre las mismas funciones que ya existen.
El programa no detalla con precisión qué competencias específicas de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía pasarían a la Agencia, ni si ese traslado requeriría reforma constitucional dado el origen constitucional de esos organismos de control. Es la pregunta técnica más relevante que el programa deja abierta.
El paquete legislativo del primer día: tres leyes con contenido específico
Lo que distingue al programa de Fajardo del resto de la campaña es que no solo nombra sus propuestas, sino que anuncia un paquete legislativo con contenido, fecha de radicación y justificación técnica. El decálogo contempla expedir una directiva presidencial anticorrupción desde el inicio de un eventual gobierno, así como la radicación de tres leyes enfocadas en regular el lobby, proteger denunciantes y eliminar beneficios judiciales para corruptos.
Ley de regulación del lobby. Colombia no tiene una ley que regule el cabildeo o lobby político. La inexistencia de esa regulación significa que los intereses privados pueden influir sobre las decisiones públicas sin ningún registro obligatorio, sin transparencia sobre las reuniones con funcionarios y sin restricciones sobre quién puede hacer lobby y bajo qué condiciones. Esa opacidad es un vector documentado de corrupción de alta sofisticación, distinto al robo directo de contratos pero igualmente lesivo para el interés público.
Una ley de lobby que obligue al registro de cabilderos, la publicación de las reuniones con funcionarios y la declaración de los intereses representados es una reforma técnicamente madura, que existe en países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y varios países latinoamericanos. Su implementación no requiere reforma constitucional y puede tramitarse con mayoría simple en el Congreso. Es la propuesta legislativa de mayor impacto para el largo plazo en cualquier estrategia anticorrupción, precisamente porque actúa sobre la fase de captura del Estado antes de que se produzca el acto corrupto.
Ley de protección a denunciantes. Colombia tiene mecanismos dispersos de protección a testigos, pero no una ley integral específica para los denunciantes de corrupción. Esa ausencia es una de las razones por las cuales la tasa de denuncia de actos de corrupción es estructuralmente baja: el costo personal de denunciar, en términos laborales, sociales y de seguridad, supera con frecuencia el beneficio percibido.
Transparencia por Colombia señala que uno de los desafíos estructurales que persisten es garantizar plenamente las condiciones de seguridad para quienes ejercen el control social. Una ley de protección a denunciantes que garantice anonimato en las investigaciones, protección laboral frente a represalias, incentivos económicos vinculados a la recuperación de activos y un mecanismo de seguimiento obligatorio de las denuncias radicaría en el Congreso el mismo día ocho del gobierno. Tiene precedentes exitosos en la Dodd-Frank Act estadounidense, en la legislación europea de denunciantes y en la Ley Whistelblower de varios países de la OCDE. Transparenciacolombia
Ley de eliminación de beneficios judiciales para corruptos. Esta propuesta es compartida por varios candidatos, pero Fajardo es el único que la articula como proyecto de ley con fecha de radicación, no como promesa discursiva. El contenido específico incluye la eliminación de subrogados penales, suspensión condicional y prisión domiciliaria para condenados por delitos de cuello blanco de alta lesividad, en línea con lo que también proponen De la Espriella y Valencia.
El control de los 30 proyectos de mayor riesgo: la propuesta más operativa
Entre las propuestas también se encuentra el seguimiento a 30 proyectos de inversión considerados prioritarios, con mecanismos de control específicos.
Esta es la propuesta más concreta, más inmediatamente implementable y la que tiene mayor coherencia con la experiencia gubernamental previa de Fajardo. En Medellín, la gestión de proyectos estratégicos con seguimiento público y veeduría ciudadana fue uno de los mecanismos que permitió reducir la corrupción en la contratación de grandes obras.
Aplicado al nivel nacional, el principio es el siguiente: en lugar de intentar vigilar la totalidad del gasto público simultáneamente, con capacidad institucional insuficiente para hacerlo bien, se identifican los 30 proyectos con mayor volumen de inversión y mayor historial de riesgo de corrupción, y se les aplica un sistema de seguimiento de altísima intensidad: auditorías externas, veeduría ciudadana, publicación de avances en tiempo real, mecanismos de alerta temprana y rendición de cuentas periódica.
Esa estrategia de focalización tiene respaldo en la evidencia de gestión pública internacional: los sistemas de control que intentan abarcar todo terminan controlando nada, mientras los que se focalizan en los puntos de mayor riesgo generan impacto real y aprendizaje institucional que se puede escalar.
La pregunta técnica es el criterio de selección de esos 30 proyectos. El programa no especifica qué metodología se usará para identificarlos: ¿por tamaño del contrato, por historial de irregularidades previas, por sector, por concentración geográfica, por nivel de exposición a redes de corrupción conocidas? La respuesta a esa pregunta determina si el mecanismo es realmente técnico o si tiene margen de discrecionalidad política que lo desvirtúe.
La protección a denunciantes y la lista de corruptos: componentes de cambio cultural
Fajardo también propuso prohibir que condenados por corrupción puedan volver a contratar con el Estado e impulsar auditorías ciudadanas a proyectos públicos.
La prohibición de contratar con el Estado para condenados por corrupción ya existe parcialmente en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y en la Ley 1778 de 2016. El problema documentado es el cumplimiento: la inhabilitación existe en el papel, pero las bases de datos de inhabilidades no están integradas con los sistemas de contratación de manera que los operadores contractuales puedan verificarla en tiempo real. Fajardo no especifica si su propuesta implica crear esa integración de bases de datos o si simplemente endurece las penas de inhabilitación existentes.
Otra de las propuestas incluye la recuperación de bienes y activos ilícitos para destinarlos a reparación social, junto con la implementación de procesos de selección meritocrática para servidores públicos, evitando el uso de cargos como pago de favores políticos.
La meritocracia en el servicio público es, junto con la regulación del lobby, la reforma estructural de mayor impacto a largo plazo en cualquier estrategia anticorrupción. La nombrada, en Colombia, es uno de los mecanismos más arraigados de pago de deudas políticas, lo que convierte a los cargos del Estado en moneda de intercambio entre partidos y grupos de poder. Sin servicio civil profesional y estable, toda reforma anticorrupción se enfrenta a que las instituciones que deben implementarla están ocupadas por personas que le deben el cargo a los mismos actores que la corrupción pretende perseguir.
La calculadora anticorrupción: pedagogía ciudadana como componente estratégico
Como parte de un componente pedagógico, la campaña anunció la disponibilidad de una herramienta digital denominada calculadora anticorrupción, a través de la cual los ciudadanos pueden estimar el impacto de la pérdida de recursos.
Este componente, aparentemente menor, tiene una función estratégica que los otros programas no abordan: conectar el costo abstracto de la corrupción con el costo concreto que el ciudadano puede entender en términos de su vida cotidiana. Cuántas escuelas, cuántos médicos, cuántos kilómetros de vía equivale el desvío de un contrato específico. Cuando la corrupción tiene ese nivel de tangibilidad para el ciudadano, el reclamo de rendición de cuentas deja de ser una actitud cívica abstracta y se convierte en una demanda personal.
El programa de Fajardo insiste en aterrizar las políticas de transparencia en proyectos específicos y medibles, y la calculadora es exactamente ese aterrizaje: convierte la política pública en lenguaje ciudadano sin perder rigor técnico.
La coherencia sistémica: prevención, investigación, sanción y recuperación
El elemento que distingue al programa de Fajardo desde el punto de vista técnico es que articula las cuatro dimensiones de una política anticorrupción completa: prevención, a través de la regulación del lobby, la meritocracia y la transparencia en contratación; investigación, a través de la Agencia con capacidad de investigación propia y coordinación con la DIAN, la UIAF y la Dijin; sanción, a través de la eliminación de beneficios judiciales y la prohibición de contratar con el Estado; y recuperación, a través de la extinción de dominio destinada a reparación social.
Transparencia por Colombia señala que se destaca la posibilidad de aterrizar estas apuestas en proyectos específicos y prioritarios, identificando en el programa de Fajardo una característica que diferencia su propuesta de las más genéricas de la campaña.
La coherencia entre esas cuatro dimensiones es precisamente lo que hace al programa más robusto desde el punto de vista teórico. Sin embargo, la robustez teórica no garantiza la viabilidad práctica.
Lo que el programa necesita precisar
Tres pendientes técnicos relevantes. El primero es la arquitectura exacta de la Agencia Anticorrupción: qué competencias asume, cuáles cede la Procuraduría y la Contraloría, si requiere reforma constitucional para tener funciones sancionatorias propias, y cómo se garantiza su autonomía cuando depende orgánicamente de la Presidencia, la misma tensión que identificamos en el programa de De la Espriella y en el de Cepeda.
El segundo es el criterio de selección de los 30 proyectos estratégicos de seguimiento. Sin una metodología técnica transparente para esa selección, el mecanismo queda expuesto a la discrecionalidad política.
El tercero es la financiación. Crear una nueva agencia, dotar la Dijin anticorrupción, financiar la protección a denunciantes y operar el sistema de seguimiento de proyectos tiene costos presupuestales que el programa no cuantifica en el contexto de la crisis fiscal que el propio Fajardo identifica como una de las bombas que debe desactivar.
Síntesis: el programa más completo legislativamente, con la implementación institucional más compleja
El programa anticorrupción de Fajardo es el de mayor articulación legislativa entre todos los candidatos de 2026. Tiene componentes específicos en todas las dimensiones del problema, nombra instrumentos con contenido jurídico preciso, anuncia fechas de radicación de proyectos de ley y ancla la propuesta en una trayectoria gubernamental verificable.
Sus fortalezas están en la regulación del lobby como reforma estructural de largo plazo que ningún otro candidato propone con esa especificidad, en la protección integral a denunciantes como palanca para incrementar la tasa de denuncia, en la focalización en 30 proyectos de alto riesgo como estrategia de control realista con capacidad institucional limitada, y en la calculadora anticorrupción como herramienta de activación ciudadana.
Sus pendientes están en la definición precisa de las competencias de la nueva Agencia frente a los organismos constitucionales de control, en el criterio técnico para la selección de los proyectos estratégicos de seguimiento, y en la cuantificación de los costos de implementación en un contexto de ajuste fiscal que el propio programa reconoce como urgente.
El aporte más singular de Fajardo al debate anticorrupción de 2026 no está en ninguno de los instrumentos individuales, varios de los cuales comparte con otros candidatos. Está en la regulación del lobby, una reforma que Colombia necesita desde hace décadas y que ningún otro programa de gobierno en esta campaña nombra con la misma contundencia y especificidad técnica.
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