El pasado 13 de enero la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello abrió investigación disciplinaria contra el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez.

La entidad de vigilancia disciplinaria lo acusa de tres faltas:

• De acuerdo con la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, al superintendente Luis Guillermo Pérez se le abrió investigación por la aparente solicitud que hizo a las Cajas de Compensación Familiar sobre un aporte solidario para la población de Buenaventura.

Superintendente del Subsidio Familiar

Luis Guillermo Pérez

• El segundo caso tiene que ver con solicitar, presuntamente información a las Cajas de Compensación Familiar sobre la totalidad de los trabajadores, incluido el director y cargos directivos, salarios, antigüedad y modalidad de vinculación, entre otros.

• Y un tercer hecho, sobre la apertura de la lista de inscripción de posibles agentes interventores y directores administrativos de cajas intervenidas.

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Al respecto, el Supersubsidio respondió que «El día que yo salga de la Superintendencia de Subsidio Familiar saldré con la cabeza en alto y la ciudadanía sabrá diferenciar entre la semilla y la escoria».

En un comunicado indicó que con «relación a la solidaridad con la población de Buenaventura y el apoyo a la tregua promovida por el obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya que ha conducido al cese de los asesinatos, es obligación constitucional ciudadana y con mayor razón de los funcionarios públicos, de defender la vida y promover la paz en el marco del nuevo gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo - PND para convertir a Colombia Potencia Mundial de la Vida».

Sobre la información de las nóminas de las Cajas, afirma el Superintendente Pérez, que «es labor propia del Superintendente, en su dinámica de vigilancia y control estar al tanto de la administración de un sistema que emplea a más de 100 mil trabajadores en todo el país».

Y finalmente con respecto a la apertura de la lista para postulaciones a agentes interventores y directores de las Cajas intervenidas, aclara que «el Superintendente, mediante acto administrativo, amplió la lista cerrada que dejó su antecesor días antes de entregar su cargo, para darle transparencia al proceso, pluralidad y oportunidad a más ciudadanos».

Cierra el comunicado en donde se reitera que «Desde la Superintendencia de Subsidio Familiar continuaremos con ahínco y transparencia la labor y compromiso de inspección, control y vigilancia por el bienestar social de las y los trabajadores colombianos y sus familias».

En un extenso reportaje que le hizo el periódico El Espectador, Pérez Casas afirmó que tras esta investigación que se le abrió está Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. Un informe de ella, elaborado el pasado 13 de diciembre, hizo que Sonia Téllez Beltrán, procuradora para la Vigilancia Administrativa, le abriera investigación formal a Pérez.

Procuradora para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social

Diana Margarita Ojeda

Subió su pensión de 8 millones a 18 millones

Según Pérez, su caso arrancó chueco porque Ojeda Visbal estaba impedida, pues su hija Paula Marcela Ojeda aspiraba a ser elegida agente interventora en la Superintendencia. Es decir, mientras su madre pedía indagar a Pérez por haber modificado esa lista de elegibles, su hija participaba en un proceso para ser agente interventora en virtud de esa modificación.

Al final no fue elegida porque, según la entidad, «no adjuntó los certificados laborales». Con base en este episodio, Pérez recusó a la procuradora Ojeda Visbal y pidió una investigación disciplinaria en su contra.

El Espectador consultó a la procuradora Ojeda quien señaló que sus actuaciones se han ceñido a la ley, que no tiene impedimento alguno y que a su hija “la metieron” en esa lista.

Cuando se le indagó por esa afirmación, insistió en que su hija jamás ha tenido interés en ese cargo, que tiene una hoja de vida con una larga trayectoria y que fue subdirectora de Subsidio Familiar del ministerio de Trabajo de gobierno de Iván Duque.

«Yo hago el reporte con los insumos de un debate en el Congreso [contra el superintendente] y los que me pasan otras entidades. Y allá [en La Superintendencia] sacan una resolución, el 28 de diciembre, donde meten a mi hija en una lista de elegibles. ¿Eso qué es? No tengo ninguna preocupación por lo que están armando. Que investiguen lo que tengan que investigar. Yo respondo por la integridad y la probidad de la hija mía. Y no conozco que se haya postulado. Ella se entera de eso cuando sale esa resolución y de inmediato dice que no está interesada». Según la procuradora Ojeda Visbal, alguien “metió” a su hija en ese proceso, pero documentos en poder de El Espectador demuestran que no fue así.

Resulta que el 26 de octubre de 2022, del correo electrónico de Paula Marcela Ojeda se envió a la Superintendencia su postulación para ser agente interventora de esa entidad “Por medio del presente correo me permito enviar la lista de documentos requeridos para la postulación en la lista de elegibles como director administrativo”, escribió.

Y además adjuntó su hoja de vida, sus diplomas universitarios y otras certificaciones. Aun así, la procuradora Ojeda Visbal dio a entender que aquí había algo muy raro y que su hija había recibido información según la cual «la tenían fichada y que la iban acallar a ella y a mi. Yo informé de eso a un abogado, porque son unas amenazas».

Por último dijo: “No se metan con la hija mía. que el único pecado que ha tenido es servirle al Estado”. Más allá de si prospera o no esta recusación contra la procuradora Ojeda Vísbal, los documentos demuestran que su hija si aspiró a un cargo en la Superintendencia de Pérez.

Adicionalmente, Pérez defiende sus actuaciones y revela graves denuncias contra su antecesor por una presunta nómina paralela durante los últimos tres meses del gobierno de Iván Duque por cerca de $7.000 millones.

«Había una nómina paralela que se contrató en pleno proceso electoral por más de $7.000 millones, y hemos estado preguntando qué hacían esas personas: ‘No, nada’, me cuentan. De eso se quejó el sindicato de la Superintendencia. Fuera de eso, Julián Molina, el superintendente anterior, viajó con todo su equipo a rendir cuentas a Santa Marta con la plata nuestra. Eso no tiene ninguna presentación. Y ya denunciamos también a los organismos de control que se pagó un contrato de tecnología por más de $1.000 millones cuya ejecución no pasó del 40 % y que, sin embargo, fue recibido a satisfacción. Además, después se celebró otro contrato con la misma compañía para hacerle mantenimiento a lo que no existía o no entregaron, que costó $200 millones más. Aquí si esperaría yo la celeridad de la Procuraduría», concluye Pérez en su entrevista con El Espectador.

Las cuestionadas decisiones de la Procuraduría

Al margen de este nuevo caso, lo cierto es que desde la Procuraduría se han dado actuaciones que muchos han considerado sesgadas y politizadas.

En el caso del actual superintendente del Subsidio, nombrado por el presidente Gustavo Petro el 26 de agosto, vale recordar que es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Desarrollo en Análisis de Problemas Económicos y Políticos Contemporáneos y durante 30 años fue presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, organización que a lo largo de su historia ha dado duras batallas contra el Estado colombiano.

En la otra orilla en cambio, en una decisión que tomó recientemente, la Procuraduría informó que archivó una investigación que le abrió al ex presidente del Senado Arturo Char, por considerar que no era de su competencia el caso a investigar.

Tampoco se ha sabido nada de la investigación que le abrió en el 2020 al exalcalde Barranquilla, Alejandro Char, por su vinculación con el caso de Ayda Merlano. Sin embargo, sí confirmó el pasado 19 de enero, la totalidad del fallo proferido en única instancia contra la excongresista Merlano, destituida e inhabilitada por 10 años, y negó las pretensiones del recurso con el que pretendía reponer lo decidido en 2020.

¿por qué, si la sancionada ha entregado pruebas de la vinculación que tuvo Char en el escándalo de compra de votos, la Procuraduría no ha actuado con la misma contundencia?

Y tampoco se conoce en qué quedaron las investigaciones abiertas también contra el exalcalde Char, por las irregularidades en la construcción del famoso megatanque del barrio 7 de abril en Barranquilla.

Congresistas de oposición

Por el contrario, en junio del 2021 por los hechos ocurridos en el marco del paro nacional, a congresistas en ese entonces en oposición al gobierno de Iván Duque, se les abrió investigación disciplinaria por los hechos que se presentaron el 26 de mayo en la moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano, en donde los representantes les pidieron a unos oficiales de la policía que estaban en el congreso, que salieran del recinto.

De inmediato la Procuraduría abrió procesos disciplinarios contra los congresistas del Polo Democrático, Alexander López y Wilson Arias, y a los representantes a la Cámara, Inti Asprilla, María José Pizarro y Ángela María Robledo, quienes según una queja, le habrían “faltado el respeto a los oficiales y que los humillaron”, por lo que alegan irrespeto a la autoridad.

En el caso del entonces senador Alexander López, la investigación se abrió porque presuntamente intervino en un procedimiento policial el primero de mayo de ese año, en medio de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en el marco del paro nacional.

El senador, tras conocerse la noticia, aseguró durante la plenaria de este martes que: «yo no me rehúso a que me investiguen, de hecho, he sobrevivido a más de 10 montajes judiciales, pero la señora procuradora no me podía sacar hoy de un debate, en un proyecto que ella presenta y que es un proyecto que va en contravía de la propia Carta Interamericana de Derechos Humanos».

Alcaldes de oposición

También llama la atención que de los ocho alcaldes con el mayor número de investigaciones en la Procuraduría, cinco hayan sido elegidos por grupos políticos de la oposición durante el gobierno de Iván Duque.

Entre ellos figuran el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, quien ya tiene un llamado a juicio por el supuesto irrespeto que tuvo hacia directivos de la Universidad de Cartagena. Le sigue Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Daniel Quintero, alcalde de Medellín; Juan Felipe Harman, mandatario de Villavicencio, y Virna Lizi Johnson Salcedo, alcaldesa de Santa Marta. Todos estos alcaldes pertenecen a movimientos de izquierda o independientes, afectos al actual gobierno de Gustavo Petro.

Parca en cambio ha sido la Procuraduría, a la hora de sancionar y castigar a ladrones de cuello blanco al servicio del Estado.

La archivadora

Desde el 15 de enero del 2021, día en que se posesionó Cabello, empezó una maratón de archivo en la Procuraduría. En el mismo mes se archivó el proceso en contra de la expresidenta de 4/72, Adriana Barragán, por un millonario contrato suscrito entre esta entidad y el Sena, que en ese entonces era dirigido por su esposo Alfonso Prada.

Se archivó también la investigación preliminar al excomandante del Ejército Nicacio Martínez por las directrices dadas al Ejército para “mejorar los resultados operacionales”, que fueron denunciadas por The New York Times por ser bastante parecidas a las que en otrora suscitaron los, al menos, 6402 falsos positivos por cuenta de las Fuerzas Armadas.

A pesar de las conocidas fallas en los protocolos de seguridad en el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, en 2019, también se archivó la investigación en contra de dos generales por presunta omisión aduciendo que «ambas personas cumplieron con su labor el día del atentado» a pesar de que este dejó el saldo de 22 cadetes muertos.

Tuvo el mismo destino la investigación contra el general (r) Juan Buitrago, quien dijo, sin ninguna prueba, que “una banda de traficantes conocida como “Mercaderes de la Muerte” habría aportado las armas a los asesinos de la candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García Sierra”, porque, según el informe de la Procuraduría el general fue “malinterpretado”.

Pese a que todos vimos cómo Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, viajó a San Andrés un puente festivo, en plena pandemia, con su familia y hasta con amigos de su hija, utilizando recursos públicos y un avión de la Policía Nacional, pasó lo mismo con esta investigación.

La misma suerte tuvo la investigación disciplinaria que ese órgano adelantaba en contra de exdirectivos de Ecopetrol por las irregularidades en el proyecto Reficar, que es probablemente el peor caso de corrupción de la historia del país.

También se archivó la indagación preliminar contra un general, dos coroneles y otros militares por manejo indebido de recursos que, como mostró Noticias Caracol, tenía un robusto acerbo probatorio para dar por ciertas, por lo menos fácticamente, las denuncias de varios militares. Todo esto sucedió en paralelo a una reforma al Código General Disciplinario, propuesta por Margarita Cabello y aprobada por el Congreso, el 16 de junio del 2021, con la que se le otorgó mayor poder a la Procuraduría y, burlando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de julio de 2020, en contra del Estado colombiano, se le conceden incluso funciones jurisdiccionales.

En lo que lleva en la institución, Margarita Cabello ha convertido a la Procuraduría en una entidad que muchos consideran desacreditada, amañada y parcializada, asunto desafortunado en un país donde urgen instituciones fuertes, independientes, serias, y cumplidoras de su misión constitucional; y no que se conviertan en el vehículo “legal” para “perseguir” a opositores.

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